Ciudad de México / 08 de enero de 2017 / Por: Sergio Pérez Trejo / Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx
Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria, en la Ciudad de México, la cual será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad, y tenderá a disminuir la desigualdad social, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta Magna, que fue aprobado ayer por la Asamblea Constituyente.
Con la adición de propuestas de los constituyentes, se incluyeron disposiciones para que se destinen a ciencia y tecnología recursos no menores al dos por ciento del presupuesto de la capital, además de que se elaborará un programa sectorial con visión de largo plazo, mismo que se actualizará cada trienio.
Asimismo, se establecieron medidas para garantizar a todas las personas el derecho a la educación en todos los niveles, sin que importe su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, género o discapacidad.
En ese sentido, los legisladores aprobaron reservas que asegurarán la protección de los derechos de niños y niñas a recibir educación de calidad, además de que grupos de población como el de los indígenas o las personas sordas también recibirán una atención especial.
El contenido del artículo 13 constitucional –que fue aprobado, en lo general, el pasado jueves– se enriqueció en la sesión de ayer, con el debate de reservas interpuestas por representantes de las diversas fracciones parlamentarias.
Los asambleístas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jaime Cárdenas Gracia e Irma Eréndira Sandoval, pusieron a discusión si los avances educativos deben tener carácter “progresivo” y cuestionaron las deficiencias gubernamentales por las que, subrayaron, ahora se pretende hacer corresponsable a la sociedad en la solución de los problemas en la materia. Sus propuestas para modificar el Apartado A del citado artículo no fueron admitidas para su discusión en el Pleno.
De acuerdo con esta mecánica legislativa –exposición de reservas, votación sobre las mismas y eventual discusión–, fueron rechazadas otras propuestas de los asambleístas de Morena, Irma Eréndira Sandoval y Jesús Ramírez Cuevas, y del perredista Jesús Valencia, que buscaban modificar numerales del citado Apartado A para que la educación en todos los niveles tuviera como eje el “pensamiento crítico”, en el primer caso, y de lograr que la educación comunitaria fuera prioritaria en el gasto social, en el segundo.
AMPLIO CONSENSO EN CAMBIOS A LOS APARTADOS A, B Y C
En nombre de legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, la priísta Cynthia López Castro planteó en tribuna una reserva para modificar y agregar numerales de los apartados A (“Derecho a la educación”), B (“Sistema educativo local”) y C (“Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”), en una propuesta de consenso. (La reserva fue suscrita por los asambleístas de Morena, Bernardo Bátiz, Clara Brugada y Jesús Ramírez Cuevas; José Andrés Millán Arroyo y Hugo Eric Flores, legisladores del Partido Encuentro Social, los perredistas Dolores Padierna, Katia D´Artigues y Roberto López, el panista Juan Carlos Romero Hicks; Alejandro Bustos, (Partido Verde Ecologista de México), y la propia López Castro.
Aprobada por el Pleno, la reserva plantea que las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos.
Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio.
De igual forma, las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación superior, en prevención de que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia. Se destaca la importancia de la formación continua para los docentes y la educación ambiental.
Por otra parte, se establece que la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los alumnos, para asegurar el desarrollo progresivo e integral conforme a las capacidades y habilidades personales. Además, se reconoce a la lengua de señas mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación en lengua de señas mexicana y español.
También se aprobó que no podrá negarse el acceso a la educación a nadie que no cuente con documentos de identidad y se incorporó la obligación de que las autoridades faciliten opciones para la tramitación de esa documentación.
IMPULSO A CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En nombre de representantes de los grupos parlamentarios Constitucionalista, PAN, y PRD, el diputado Roberto López, del partido del sol azteca, expuso una reserva para modificar los apartados C (“Ciudad educadora y del conocimiento”) y D (“Derechos culturales”) del artículo 13 constitucional, misma que fue aceptada a discusión, aprobada e incorporada al texto constitucional.
Destacan las disposiciones incluidas para impulsar el uso de tecnologías de la información y la comunicación, además de un numeral relativo al acceso gratuito a internet, de manera progresiva, en todos los espacios y escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Respecto del Apartado D, se estableció que toda persona, grupo o comunidad gozarán del respeto irrestricto de acceso a la cultura. “El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura”, dice el texto del artículo 13.
En lo tocante al patrimonio cultural, material e inmaterial, de comunidades, grupos y personas, considerado de “interés y utilidad” públicas, el Gobierno de la Ciudad de México garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. Asimismo, en el artículo quedó firme que toda persona tenga derecho al deporte y se indica que para ello habrá espacios seguros, suficientes, de calidad, próximos y accesibles para las personas con discapacidad.
El diputado Javier Jiménez Espriú, de Morena interpuso una reserva para modificar el Apartado C (“Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”), misma que fue discutida y aprobada, la cual se anexó al texto del artículo 13. Destaca la disposición de que se destinen a ciencia y tecnología recursos no menores a 2 por ciento del presupuesto de la capital. Además, se elaborará un programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión de 20 años, que se actualizará cada trienio.
Este programa estará integrado al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y será elaborado por el Instituto de Planeación. También se incluyeron medidas para la formación de técnicos y profesionales, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad. Con apoyo unánime, también se acordó el establecimiento de empresas tecnológicas.
APROBADO, EN LO GENERAL, EL ARTÍCULO 14
El artículo 14, titulado “Ciudad solidaria”, fue aprobado en lo general con 82 votos en favor, dos en contra y dos abstenciones. En éste se establecen los derechos a la vida digna, al cuidado, a la alimentación y nutrición, a la salud, a la vivienda, y al agua y su saneamiento.
En favor del artículo se manifestaron la perredista Dolores Padierna, Gabriela Rodríguez, legisladora de Morena, la priísta María Fernanda Bayardo y el panista Santiago Taboada, quienes destacaron, entre otros aspectos, la creación de un sistema público integral de cuidados; enfatizaron la necesidad del derecho al agua para satisfacer otros derechos, como la vida digna; el ingreso básico universal para los capitalinos; el derecho a una alimentación nutritiva, diaria y de calidad, con prioridad a las personas en situación de pobreza. De igual forma, el acceso a servicios de salud de calidad y la garantía de que no podrá negarse a nadie el servicio de salud.
Irma Eréndira Sandoval y Jaime Cárdenas, asambleístas de Morena, se pronunciaron en contra del artículo. El segundo mencionó que en materia de salud no hay claridad de que no se privatizarán los servicios de salud mediante asociaciones público privadas.
Finalmente, la segunda se refirió a la progresividad que se menciona en el artículo, el cual establece que la cobertura de los derechos estará en función de la disponibilidad presupuestal.
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