El 9 de marzo se convoca una huelga general de educación con el propósito de exigir al Gobierno la reversión de los recortes en educación, el incremento presupuestario destinado a la educación pública, la derogación de la LOMCE, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las «contrarreformas» universitarias y de las prácticas no remuneradas en Formación Profesional, y la bajada de las tasas universitarias.
También para conseguir la recuperación de las plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.
Esta huelga general educativa está apoyada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STES; los Movimientos de Renovación Pedagógica; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de Estudiantes (SE); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest); Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes y apoyada sin fisuras en León por Marea Verde de León y por Izquierda Unida, al menos.
Desde Izquierda Unida se viene denunciando el continuo menosprecio del Gobierno hacia la escuela pública. Los presupuestos en educación en el conjunto de las Administraciones se han reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). Con respecto al PIB, el gasto total en educación ha descendido en España a partir de 2009, pasando de un 5,07% del PIB en ese año a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%), siendo ya uno de los más bajos de Europa. Para el año 2017 está previsto además que este porcentaje caiga por debajo del 4%.
Con las últimas políticas realizadas por sucesivos gobiernos en materia educativa, estamos sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están recortando hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus hijos/as.
Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más. Si a esto añadimos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros. Y el recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos y que los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidades Públicas.
Por otro lado, el estudiantado de FP se ha visto afectado por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480€, y una de grado medio entre 120€ y 220€ de media. Además, encontramos las nuevas tasas de la PAU que suponen una barrera económica más para acceder a la educación superior.
Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. Por ello esta huelga también cuestiona las políticas antisociales que refuerzan la segregación de clases arrebatando al pueblo su mayor fuente de acceso al conocimiento, la educación.
Lo que defendemos con esta huelga es ante todo una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, mediante la supresión progresiva de los conciertos educativos, por ser la única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia. Reclamamos asimismo financiación suficiente para garantizar la gratuidad de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la universidad, incluyendo libros y servicio de comedor y transporte.
Pero también se exigen aspectos claros y concretos:
1. Reversión inmediata de los recortes: no más precariedad del profesorado, ni masificación en aulas, ni recorte de becas y recursos.
2. No a la privatización: supresión progresiva de conciertos mediante integración voluntaria y negociada en una red única pública.
3. Derogación LOMCE: por una nueva ley educativa consensuada con la comunidad educativa: https://
4. Incremento inversión en educación pública hasta 7% del PIB.
5. Dignificación de la profesión docente: Derogación RD 14/2012. Estabilidad profesorado interino, cobertura inmediata de bajas.
6. Medidas efectivas de inclusión educativa: recuperación apoyos, desdobles y todas las medidas de atención a la diversidad.
7. Aumento plantillas. 18 horas lectivas. Disminución de ratios (20 en obligatoria).
8. Recuperación sistema becas que garantice igualdad oportunidades.
9. Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
10. Derogación acuerdos Vaticano. Religión fuera de la escuela.
11. Recuperar autonomía pedagógica con auténtica participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y gestión de los centros.
12. Supresión de las prácticas no remuneradas en FP.
13. Eliminación de contrarreformas universitarias.
14. Derechos laborales para investigador@s pre y post doctorales.
15. Recuperación empleo en Universidades públicas.
16. Recuperar tasas universitarias no superiores a las anteriores licenciaturas y avanzar hacia gratuidad estudios universitarios
Sobran, por tanto, razones para apoyar la huelga de la comunidad universitaria el 9 de marzo, en contra este proceso de “liberalización” y privatización de la educación pública que está empeñado en dejar como legado el Gobierno actual.
Pero esta huelga general educativa también pretende visibilizar que la comunidad educativa tiene una alternativa educativa, otra educación posible que se ha construido “desde abajo”. Por eso esta huelga llama también a la sustitución de la LOMCE por una ley fruto del debate con la comunidad educativa mediante un amplio acuerdo social y político, asumiendo como documento de mínimos para ese gran Pacto Nacional el «Documento de bases para una nueva Ley de educación» de Redes por una nueva política educativa, que ha surgido de la propia comunidad educativa y se ha elaborado por una amplia representación de la misma a lo largo de más de dos años de debates, consensos y trabajo compartido por quienes están día a día en las aulas.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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