El sistema de educación superior chileno tuvo un explosivo crecimiento debido, entre otras razones, al incremento de la oferta y la mayor disponibilidad de ayudas estudiantiles, especialmente el CAE. Así, los estímulos estuvieron puestos en el aumento de la cobertura del sistema a través del financiamiento a la demanda, especialmente aquella asociada a las nuevas instituciones privadas.
La falta de atención del Estado en sus instituciones, a las que puso a competir en un sistema poco regulado hasta hace algunos años, sumado a los impulsos económicos dados a las instituciones privadas, tuvo consecuencias: en los últimos 20 años, las universidades del Estado son las casas de estudio de menor crecimiento en el sistema, pese a ser las que concentran las preferencias de los estudiantes. En otras palabras, se diseñaron políticas públicas que no han permitido a los jóvenes la real opción de elegir.
Al analizar la propuesta presupuestaria de 2021, calculando el flujo incremental (positivo y negativo) entre las principales asignaciones en educación superior, incluyendo la gratuidad, obtenemos que las universidades estatales perderían cerca de $10 mil millones en 2021, cifra similar a las instituciones del G9. En tanto, el flujo hacia las instituciones privadas aumentaría en más de $70 mil millones. En 2021, cerca del 70% de los nuevos recursos inyectados al ítem de gratuidad se irían a cinco nuevas casas de estudio privadas que adscribirían al beneficio.
La reducción de fondos basales a las instituciones estatales para repartirlo en todo el resto del sistema privado refleja ya una tendencia en las propuestas presupuestarias de este gobierno; considerando su evolución entre 2019 y 2021, la suma del AFD y del Aporte Institucional (recursos que explican más del 75% de los fondos basales) ha disminuido en un 11%, llegando a un nivel inferior al observado en 2016.
El financiamiento de la gratuidad a expensas de los fondos basales de las universidades estatales contradice el principio contemplado en la Ley 21.091 que fija un mecanismo objetivo para expandir el beneficio, basado en las condiciones macroeconómicas del país. Así, se suponía que todo avance se haría con nuevos recursos y no con redistribuciones presupuestarias. Esto se ve reforzado tanto por informes de Dipres, que sostienen que la Ley 21.091 “compromete un gasto incremental”, como con el Informe Financiero de la Ley, cuando se refiere al “mayor gasto fiscal” que significaría el avance de la cobertura.
Más allá de las cifras mismas, lo preocupante es el nulo aprendizaje que deja la pandemia y la crisis social. Se ignora la necesidad de una mayor inversión en educación superior en períodos de crisis, particularmente en investigación. Resulta esencial un Ministerio de CTCI fortalecido, la entrega de becas necesarias para crear capital humano avanzado formado en nuestras universidades, y un mayor gasto en el ítem de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. Como antecedente, durante el duro período de la crisis subprime en la UE, países como Alemania y Francia aumentaron su inversión en educación superior pública, particularmente en el área de investigación.
¿Qué medidas son necesarias para enfrentar esta situación? i) Revertir la rebaja presupuestaria de fondos basales y de proyectos correspondientes a las universidades estatales, para recuperar al menos el nivel que presentaban en 2020; ii) Posibilitar el acceso de las universidades a créditos de largo plazo con garantía del Estado, junto con un compromiso del Ejecutivo de permitir procedimientos simplificados y rápida tramitación. En este punto, hay una evidente desigualdad al comparar con las facilidades que tienen las instituciones privadas. En el máximo de los contrasentidos, los créditos con garantía estatal vía Fogape son accesibles solo a las instituciones privadas; iii) Cambiar la redacción de glosas sobre el uso de los excedentes del Fondo Solidario para incluir los excedentes acumulados, sin limitarlos al año anterior y sin la restricción de un máximo de 30% aplicada en 2020; y, finalmente, iv) Autorizar una mayor flexibilidad en el uso de recursos asignados a proyectos, especialmente aquellos correspondientes a bienes de capital.
Todas estas medidas darían algo de oxígeno a instituciones que están siendo muy poco valoradas por el propio Estado, pero que siguen y seguirán cumpliendo un rol crucial para el desarrollo del país.
Fuente: https://noticiasporelmundo.com/chile/presupesto-2021-noticias-chile
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