Chile: Control en las salas, recortes en los SLEP, prohíben celulares y descargan la crisis educativa sobre docentes.

La entrada en vigencia de la Ley 21.801, publicada en el Diario Oficial y que prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos educacionales desde el inicio del año escolar 2026, marca un nuevo capítulo en la gestión educativa del país. A través del lanzamiento de la campaña gubernamental “Modo Aula”, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo ha defendido esta normativa como un intento por “fortalecer la convivencia, el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología”.

Pero más allá del discurso oficial, la medida se implementa en un sistema educativo asfixiado presupuestariamente y con una sobrecarga laboral creciente para las y los docentes.

El Partido Comunista y la administración del modelo

No es un dato menor que Cataldo sea militante del Partido Comunista de Chile. Un partido que históricamente levantó banderas contra la mercantilización de la educación hoy administra, desde el ministerio, el mismo modelo de financiamiento vía subvención por asistencia heredado de la dictadura.

El actual gobierno decidió no tocar el corazón del sistema: la lógica de que los recursos dependen de la matrícula y la asistencia. Es decir, si un establecimiento “no tiene buena matrícula, no hay plata”. Este esquema, impuesto en los años 80, fue mantenido por los gobiernos de la ex Concertación, de la derecha y ahora también por una administración que se reivindica transformadora.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se avanzó en reformas como la eliminación del copago y el Sistema de Admisión Escolar, pero el mecanismo central de financiamiento no fue modificado. Y hoy, bajo un ministerio encabezado por un dirigente comunista, tampoco.

La consecuencia es clara: faltan profesores, faltan psicólogos, trabajadores sociales, equipos de apoyo a la inclusión. Mientras tanto, se imponen nuevas exigencias y regulaciones.

Más exigencias, menos recursos

En este marco, la Ley 21.801 amplía responsabilidades sin resolver carencias estructurales. La prohibición no solo alcanza a estudiantes: incluye a docentes, asistentes y directivos dentro de la sala de clases. Serán los propios profesores quienes deban fiscalizar el cumplimiento, modificar reglamentos internos y enfrentar los conflictos derivados de la medida.

Todo esto ocurre en un contexto de recortes y ajustes.

La creación de los Servicios Locales de Educación Pública fue presentada como el fin de la municipalización. Sin embargo, sin modificar el modelo de financiamiento, el cambio resulta más administrativo que estructural.

El caso del Servicio Local de Educación Pública Del Pino es ilustrativo: tras un primer año respetando las condiciones heredadas, ahora —en medio de una reducción presupuestaria asociada a la política de subvenciones— se proyecta el recorte de 5.000 horas docentes. Eso significa menos profesores, más estudiantes por sala y menor acompañamiento profesional.

¿Dónde queda la “prioridad por la educación pública” cuando se recortan horas en establecimientos que atienden principalmente a familias trabajadoras?

Entre la continuidad y la profundización del ajuste

El desfinanciamiento sostenido de la educación pública no comenzó con este gobierno, pero sí continúa bajo su administración. Y mientras tanto, la ultraderecha de José Antonio Kast ya anuncia que buscará profundizar esta orientación, avanzando aún más en la lógica de mercado.

La paradoja es que hoy es un ministro del Partido Comunista quien aplica políticas de ajuste indirecto al mantener intacto el sistema de subvención y al priorizar medidas de control antes que inversión estructural.

Control sin transformación

Se habla de recuperar la concentración y mejorar la convivencia, pero no se garantiza financiamiento basal suficiente, estabilidad laboral ni dotación adecuada de profesionales. Se exige educar en ciudadanía digital mientras se restringen herramientas y no se entregan recursos tecnológicos públicos suficientes.

La discusión de fondo no es solo sobre celulares. Es sobre quién paga la crisis de la educación pública y qué modelo la organiza.

Mientras no se rompa con el sistema de subvención por asistencia y no se garantice financiamiento estable, cualquier normativa —por bien intencionada que se presente— seguirá descargando la crisis sobre docentes y comunidades educativas.

Y eso no es un problema técnico. Es una decisión política.

Preparar la resistencia desde las comunidades educativas

Frente a este escenario de más control y menos presupuesto, la pregunta no puede ser solo cómo se implementa la ley, sino cómo respondemos colectivamente a un modelo que sigue deteriorando la educación pública.

Las y los profesores en Chile han sido protagonistas de una historia de lucha. Las y los docentes históricamente han salido a las calles contra la municipalización, por el fin del lucro, por el pago de la deuda histórica, por mejores condiciones laborales y por el derecho social a la educación. Si hoy la educación pública no está aún peor, es en gran medida gracias a esa organización y movilización sostenida desde abajo.

No se trata únicamente de defender nuestras condiciones de trabajo, que ya son precarias, sino también de defender el derecho a la educación de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes de familias trabajadoras que estudian en el sistema público. La educación pública importa, y mucho, en los barrios populares.

Por eso no podemos desentendernos del rol que históricamente que han jugado los docentes. Son parte de las comunidades educativas y somos, también, trabajadores que conocemos desde dentro las necesidades reales de nuestras escuelas y liceos. Son los primeros que debemos proteger las necesidades educativas de nuestras comunidades frente a recortes, sobrecarga laboral y políticas que eluden el problema estructural del financiamiento.

Preparar la resistencia no significa solo rechazar una ley puntual. Significa abrir espacios de deliberación en los establecimientos, fortalecer la organización docente, articularnos con asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, y exigir un financiamiento basal suficiente que rompa con la lógica de competencia por matrícula.

Porque si el ajuste continúa, y si sectores como la ultraderecha buscan profundizarlo, la defensa de la educación pública dependerá, una vez más, de la fuerza organizada de quienes la sostenemos día a día.

La crisis no la provocamos docentes ni estudiantes. Pero sí podemos ser quienes la enfrentemos colectivamente.

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