Rusia: La erosión de legitimidad del régimen de Putin

Europa/Rusia/Septiembre 2016/Noticias/http://kaosenlared.net/

Reproducimos resolución política del Sexto Congreso del Movimiento Socialista de Rusia (MSR), que se celebró en Moscú el 8 y 9 de mayo. Fue publicada el 12 de mayo de este año en la página web del MSR [1] con la siguiente explicación: “Este es nuestro análisis de las tendencias actuales del sistema político ruso: la evolución del ‘Putinismo’ (el “consenso patriótico”), su curso socio-económico, su creciente militarización, sus temores ante la revuelta social, así como el estado de las fuerzas que se oponen al régimen”.

Durante casi un cuarto de siglo, Rusia ha estado en un callejón sin salida histórico. La imposibilidad de un desarrollo armonioso de las antiguas formas socio-económicas de la sociedad llevó a la ruptura del orden constitucional en 1993. Las perspectivas que se impusieron como resultado en las siguientes décadas implicaron la regresión social y la destrucción de las instituciones que habían organizado la vida de millones de personas. A finales de 1990, con el fin de preservar la nueva arquitectura de la sociedad y al mismo tiempo evitar la agitación social en Rusia, el régimen de Putin se impuso como un compromiso entre la profundización de las transformaciones bajo el reino del mercado y el fortalecimiento del papel del Estado .

1. La victoria de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales de marzo de 2012 marcó un giro conservador del régimen, la redefinición del contenido del consenso en torno a la figura del presidente. La reacción agresiva contra el Maidan en Kiev, la anexión de Crimea y la interferencia “híbrida” en el este de Ucrania buscan transformar las relaciones entre el régimen y la sociedad. En este sentido, los acontecimientos de 2014 han confirmado el viejo lema de Clausewitz: “La guerra es la continuación de la política [por otros medios].” Desde entonces, el apoyo al régimen existente ya no se presenta como una elección racional, sino como un deber ciudadano, similar a la devoción patriótica al propio país. Este nuevo contenido ideológico fue sucintamente formulado por Vyacheslav Volodin: “Con Putin, Rusia existe, sin Putin no hay Rusia.” Tal personificación significa efectivamente que la figura de Putin como “padre” simbólico se eleva por encima de la política del día a día. Se puede ser liberal o nacionalista, estar a favor del control estatal de la economía o ser partidario del libre mercado, exigir la dimisión del gobierno, de ciertos ministros o gobernadores, pero el enlace “Putin-Crimea-Rusia” no puede ser cuestionado o discutido. Los que no están de acuerdo fundamentalmente con ello, simplemente se situan fuera de los límites del espectro político ruso y se convierten en “traidores a la nación”.

En esta lógica, la responsabilidad por la fuerte caída de los niveles de vida y las consecuencias adversas de las medidas neoliberales “anti-crisis” es asumida por todos, o por quién se quiera – excepto por el Presidente. Incluso ahora, cuando el efecto de la propaganda sobre el “retorno de Crimea” está, obviamente, empezando a decaer, el índice de apoyo personal de Putin sigue siendo alto. El apoyo al régimen existente no está cuestionado y se convierte en un deber cívico. Y el status de Crimea reemplaza completamente el problema de quién posee Rusia.

2. Es en este contexto de cambios ideológicos en la estructura del régimen, se esta desarrollando la preparación de las elecciones legislativas de septiembre. A lo largo de la era Putin, las elecciones legislativas y presidenciales han sido parte del mismo ciclo político, con un solo escenario: el éxito triunfal del partido “Rusia Unida” era incuestionable y garantizaba el éxito aún mayor de Vladimir Putin. En diciembre de 2011, este mecanismo falló: el fraude a gran escala en favor de “Rusia Unida” provocó manifestaciones de masas, cuyos participantes expresaron su rechazo al sistema político en su conjunto.

Hoy en día, la nueva lógica política del “tercer período” de Putin pretende romper este ciclo. En el contexto de una fuerte pérdida de confianza en el gobierno, el Kremlin tomó la decisión, en el verano de 2015, de adelantar las elecciones legislativas de diciembre de 2016, y posponer la elección presidencial a marzo de 2018 – prolongando así el mandato del presidente a seis años. El significado de una maniobra de este tipo es obvia: a partir de ahora en las elecciones presidenciales y legislativas ya no deben ser las dos caras de una misma situación, sino dos procesos políticos totalmente diferentes. En la primera etapa, el número limitado de partidos que componen la sinfonía del “consenso patriótico” va a criticar al gobierno y sus oponentes, compitiendo entre sí para ganar la simpatía de los sectores descontentos de la población. En una segunda etapa, el apoyo a Putin como candidato a presidente debe fluir de un instinto patriótico orgánico.

Ya en la actualidad, los partidos de la “oposición oficial” – el Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) y “Rusia Justa” – centran su campaña en duras críticas al gobierno e incluso exigen su renuncia. Estos dos partidos están controlados por la administración del Kremlin, sirven como un barómetro de la crítica tolerable. Guennadi Ziuganov y Sergei Mironov han apoyado todas las iniciativas políticas importantes del Kremlin, desde las nuevas leyes represivas contra los “agentes extranjeros” al apoyo militar al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Al mismo tiempo, situándose como el flanco izquierdo del espectro político, despliegan una amplia gama de puntos de vista dentro del consenso de Putin, que permite la crítica de algunas decisiones impopulares. En un cuadro de creciente descontento social (en su mayor parte pasivo) “Rusia Unida” – que no sólo dirige el gobierno, sino que tiene la mayoría de los gobernadores regionales-, puede convertirse en el “cabeza de turco” ritual.

Sin embargo, este escenario predecible, desarrollado en el Kremlin, podría ser suplantado por otro, relacionado con el fortalecimiento de las estructuras militares y de policía y su competencia interdepartamental cada vez más activa. Este proceso, que se inició con la creación de la Guardia Nacional, está creciendo en importancia: cada estructura de poder se dedica a su auto-promoción, no sólo para recordar a la gente su existencia, sino también para demostrar a los ministerios rivales su capacidad de lucha, única e insuperable, frente a la amenaza potencial.

Por ejemplo, Alexander Bastrykin, en un reciente artículo programático, propone la anulación de las elecciones, ya que podrían ser demasiado peligrosas. Llama sin rodeos a que se deje de “jugar a la farsa de la democracia” y dar a los enemigos una “seria, adecuada y simétrica respuesta (…) en la perspectiva de las próximas elecciones.” Con el nombramiento de Tatiana Moskalkova, incluso el aparato del mediador para los derechos humanos, que hasta ahora era neutral, parece estar convirtiéndose en un nuevo bastión de la lucha contra las conspiraciones.

Obviamente, esta gesticulación se relaciona con el hecho de que la crisis económica y social se profundizan pero por el momento no tienen consecuencias políticas visibles: no hay levantamientos de masas espontáneas, no hay huelgas industriales sectoriales (mientras que el volumen total de los conflictos laborales aislados esta aumentando).

La disminución de la función de los órganos electos de las entidades administrativas de la Federación, en beneficio de los funcionarios designados que representan los intereses de los poderes ejecutivos, es una parte integral de la degradación de todo el sistema político. La reforma del gobierno local de 2014, que abolió la elección directa de alcaldes en algunas grandes ciudades y el recorte del poder de las asambleas municipales para definir cómo se eligen los jefes de pueblos y distritos, es parte de esta lógica con el objetivo de privar a la población de los poderes de los gobiernos locales e instalar en ellos a las élites políticas locales en armonía con la comunidad de negocios. En el contexto de la asignación de presupuestos por el centro federal y la concentración de poder en manos de los líderes locales inamovibles ( “principitos”), que no son de ninguna manera responsables ante el público, el modelo de gobierno represivo de Putin está cada vez más generalizado .

3. Las consecuencias sociales de la crisis económica están afectando a la mayoría de la población. La propaganda que justifica esta situación por las maquinaciones de Occidente es cada vez menos convincentes. La aplicación de sanciones internacionales y la caída de los precios del petróleo, que comenzó en el año 2014, han acelerado la caída de la producción que se inició a partir de 2012. Además, a finales de 2014, cuando el colapso del rublo en el mercado del tipo de cambio alcanzó su punto máximo, el primer ministro Medvedev admitió que Rusia “no estaba saliendo de la crisis de 2008.” la crisis mundial no sólo se refleja en la debilidad de la economía rusa, sino que ha provocado el lento colapso de todo el sistema capitalista post-soviético, lo que ha llevado a un mayor fortalecimiento de la actividad militar y el endurecimiento del régimen en el país. Del mismo modo, en los últimos dos años, una fuerte disminución de los ingresos del petróleo, combinada con la imposibilidad de los bancos rusos de refinanciarse en Occidente, ha reducido el margen de maniobra del gobierno. La estrategia anterior de ir tapando los agujeros en la economía con la ayuda del enorme fondo de reserva del gobierno, está casi agotada. Pero la magnitud de la crisis actual hace más real la perspectiva de una catástrofe.

Así, al final de 2015, la desaceleración de la economía rusa se caracterizó por una disminución del 3,7 por ciento del PIB; la inflación alcanzó el 15,5 por ciento (con un máximo de 16,9 por ciento en marzo de 2015). En este corto período, el aumento de la tasa de pobreza ha sido impresionante: el número de personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza aumentó de 16.100.000 a 19.200.000 personas (el 13,4 por ciento de la población). Cabe señalar que a finales del año pasado, la línea de pobreza se estableció oficialmente por el gobierno en 9.452 rublos (alrededor de 123 euros) al mes. Y ¿cuántas personas tienen ingresos sólo ligeramente superiores a esta cantidad insignificante, justo por encima de la línea oficial de la pobreza? Por otra parte, de acuerdo con una encuesta reciente, el 73 por ciento de los rusos no tienen reservas “para un día de lluvia” y gastan todo su salario en necesidades básicas.

En este contexto, las cifras de desempleo, a primera vista, no son tan malas: las estadísticas oficiales indican una tasa del 5,8 por ciento (4,4 millones de personas). Este número también incluye a aquellos que buscan empleo sin estar inscrito en la bolsa de trabajo. Al mismo tiempo, durante los tres primeros meses de 2016, el número de los que se declararon ‘parados’ aumentó en 70.000 personas, el 6 por ciento de la población activa, según la oficina de estadísticas Rosstat. El crecimiento relativamente bajo del desempleo en una situación de muy rápida disminución de los niveles de vida se explica por las medidas del gobierno para preservar el empleo formal (con salarios más bajos y la reducción de las horas de trabajo). Por ejemplo, la práctica de los permisos sin sueldo a largo plazo es común en las grandes empresas industriales. El “mantenimiento de la estabilidad social” es una razón importante para ello, no en las grandes ciudades, donde en caso de despidos es posible encontrar otro trabajo mal pagado, pero si en los llamados “pueblos mono-industriales” construidos en la época soviética alrededor de industrias clave. Si hubiera una reducción drástica de los puestos de trabajo en dichas empresas, una parte significativa de la población de la ciudad automáticamente pasaría a la categoría de desempleados de larga duración, y esas ciudades se convertiría en focos potenciales de explosiones sociales.

Esta contradicción – entre el mantenimiento del empleo (para evitar una caída repentina de los ingresos de la población) y el uso de las recetas de austeridad contra los efectos de la crisis – ha sido la base de la política fiscal de Rusia durante los últimos dos años. Durante la aprobación del presupuesto de 2016, el primer ministro Medvedev anunció: “No podemos lograrlo sin una racionalización del gasto, pero no podemos hacerlo sólo, como hemos hecho con demasiada frecuencia, mediante el aumento de la presión fiscal sobre las empresas, sino reduciendo los gastos ineficientes”. Entre dichos gastos, Medvedev incluye, por ejemplo, la indexación de las pensiones con el costo de vida. Por lo tanto, se propone eliminar completamente la indexación para los trabajadores pensionistas (14,9 millones) y limitar las subidas a un 4 por ciento (cuando la inflación se espera oficialmente que sea al menos del 10 por ciento). El aumento de la edad de jubilación a los 65 es una de las medidas indicadas para luchar contra el déficit presupuestario. Sin embargo, la aplicación práctica de esta medida ha sido pospuesta por razones obvias hasta después de las elecciones legislativas, o de hecho de las elecciones presidenciales (el número total de pensionistas en la Rusia actual se sitúa en 41,4 millones, casi un tercio de la población total).

El mecanismo de indexación de los salarios en el sector privado no está desarrollado en el derecho laboral en Rusia y, de hecho, tiene el carácter de una “recomendación” (a decidir en los convenios colectivos, que sólo existen en las empresas más grandes). En los últimos dos años, los trabajadores del sector público no se han beneficiado de la indexación de los salarios. Es significativo que el aumento de salarios para este sector (que ni siquiera puede compensar la pérdida causada por la inflación) este prevista para el otoño de 2016, y, obviamente, será utilizado con fines de propaganda en la víspera de las elecciones legislativas.

Aunque la austeridad es la principal característica del presupuesto de 2016, con recortes de gastos significativos en la educación y la salud, pocos meses después de su adopción se redujo otro 10 por ciento. La estructura misma de los ingresos del gobierno – en el que las ganancias de la exportación de petróleo y gas son esenciales (hasta el 70 por ciento) – significa que habrá recortes continuos en el futuro.

4. Al parecer, la élite de Putin no tiene un plan a largo plazo para rescatar a la economía nacional. Las “medidas anticrisis” que se toman apuntan más bien a preservar el status quo social hasta que haya un aumento de los precios del petróleo, por ejemplo. El cinismo sin límites de la élite rusa se acompaña de una manera espectacular de una fe casi mística en “la mano invisible del mercado”, que la salvará, más o menos como en la década del 2000, cuando los altos precios del petróleo parecían ser un verdadero regalo del destino. En diciembre de 2014, justo después del “Martes Negro” (cuando el rublo se desplomó en 15 puntos), Vladimir Putin, fue bastante sincero al afirmar que “el crecimiento es inevitable, en particular debido a que el entorno económico externo va a cambiar.”

La lógica de los “megaproyectos” – programas prioritarios con responsabilidad personal de quienes los ejecutan y plazos limitados, concentran los recursos y los esfuerzos del aparato burocrático (por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, la integración de Crimea, la construcción del cosmódromo Vostochny [oriental] etc.) es un rasgo característico de Putinismo. Los grandes proyectos de construcción, desde mediados de la década de 2000, exigen grandes inversiones presupuestarias, y se presentan como la manera de orientar socialmente los beneficios extraordinarios del petróleo: cada proyecto implica la creación de puestos de trabajo y la inversión en infraestructura, y debe suponer un efecto económico positivo. De hecho, los beneficios de este tipo de obras de gran volumen acaban en las grandes empresas, que reciben órdenes estatales y garantías bancarias. En cuanto a los “puestos de trabajo” creados, han demostrado rápidamente ser una trampa para los trabajadores que, bajo la presión de sus empleadores y la maquinaria burocrática del Estado, no pueden defender sus derechos (lo que ha sido evidente con el engaño de los trabajadores durante la construcción de las instalaciones para los Juegos de Sochi y el cosmódromo Vostochny).

En resumen, el concepto de megaproyectos, presentado por el Estado ruso como un medio de redistribución de los ingresos del petróleo en beneficio de la gente, resulta ser en realidad una herramienta para enriquecer rápidamente a una élite microscópica a expensas de la población. Sin embargo, los propagandistas logran centrar la atención en el “éxito” de estos proyectos (gracias a la autoridad de su principal patrocinador, el Presidente de la Federación de Rusia) y hacen caso omiso de su perversidad catastrófica. Por lo tanto las acciones “anti-crisis” del gobierno están determinadas principalmente por el deseo de garantizar a toda costa la reelección de Vladimir Putin en 2018. Sin embargo, ¿qué pasará? Por el momento, a nadie le preocupa.

Al mismo tiempo, otra lógica, neoliberal, aparece claramente detrás de todo esto: usan la recesión económica y el empobrecimiento de la población para promover “reformas estructurales” que recortan radicalmente los derechos sociales y el coste de la mano de obra. Por lo tanto, de acuerdo con estimaciones de los expertos del banco estatal Vnesheconombank, la indexación incompleta y la continua caída de los ingresos de la población significará que, en 2017-2018, el porcentaje de los beneficios brutos superará el porcentaje total de los salarios y el país volverá a ser atractivo para los inversores.

Las discusiones acerca de la posible privatización de los grandes activos públicos del Estado, como los ferrocarriles o Sberbank, el banco más grande de Rusia, están relacionados con está lógica neoliberal. No es casualidad que, con la continuación de las sanciones, la misión conjunta del FMI y el Banco Mundial, reunida en Moscú en marzo de este año, alabara el curso “anti-crisis” del gobierno ruso. El reciente nombramiento de Alexei Kudrin al Consejo Económico del Presidente es parte de esta tendencia.

5. Es importante hacer hincapié en que la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos del Estado en el contexto de la profundización de la crisis y de la caída de los precios de los hidrocarburos conducirá a una mayor militarización de la economía, y, en consecuencia, a una política exterior más agresiva. En los últimos años, las inversiones a gran escala en la producción de armas han sido una de las principales prioridades del gobierno: en 2016 el presupuesto militar ha llegado al 4 por ciento del PIB (0,8 por ciento más que el año anterior). Más allá de sus objetivos de política exterior, la intervención en Siria ha cumplido con claridad la tarea de dar a conocer las últimas innovaciones militares. Por lo tanto, uno de sus resultados han sido los pedidos y compras de la India, Argelia y otros países, por un total de 7 mil millones de dólares, de los bombarderos y helicópteros militares rusos.

Tanto la agresión “híbrida” en Ucrania y las operaciones militares en Siria no están relacionadas exclusivamente con razones geopolíticos y la lucha para hacer valer la posición de Rusia contra Occidente. También están directamente vinculadas a la crisis, cada vez más profunda, de todo el sistema político y económico del capitalismo ruso. Las opciones militaristas hacen que sea posible reforzar la legitimidad del gobierno dentro del país, tanto ante la población general, como la élite.

6. Uno de los principales componentes del “consenso patriótico”, hasta hace poco, ha sido la criminalización de cualquier descontento político o social. La masiva propaganda anti-ucraniana que ha llenado los medios de comunicación gubernamentales desde principios de 2014, ha subrayado sistemáticamente la relación entre las protestas a gran escala y la inevitabilidad del caos y el empobrecimiento general. El argumento conservador clásico de la “inutilidad” de hacer concesiones sociales [2], según el cual satisfacer los deseos de las masas al final sólo conduce a un empeoramiento de la situación social, se ha empleado desde el principio. La otra cara de la misma argumentación es denunciar el carácter externo de todos los conflictos sociales: detrás de cada uno de ellos se oculta la ambición de fuerzas extranjeras de desestabilizar la situación y provocar, en última instancia, un cambio de régimen que tendría consecuencias catastróficas para la independencia nacional del país. Toda huelga o movimiento social local ha sido acusado de inmediato de intentar “organizar una nueva Maidan”. Además, la nueva retórica “post-Crimea” del Kremlin ha consolidado la posición de la oligarquía estatal y empresarial local. Para conservar el poder, sólo necesitan denunciar cualquier competidor político como un agente de las fuerzas revolucionarias subversivas. Sólo hacia finales de 2015 estas fórmulas de propaganda comenzaron a perder su fuerza.

Las protestas, en relación con las diferentes manifestaciones de la crisis y la política “anti-crisis” del gobierno, son cada vez más numerosas, aunque están todavía muy lejos de formular su propio programa alternativo, o de coordinarse a nivel nacional.

La más importante ha sido la acción de protesta de los camioneros que comenzó en noviembre de 2015 [3]. Desde el principio, el gobierno tomó una posición inequívoca: no haría concesiones sobre los impuestos que tienen que pagar. La fuerte presión política del gobierno, pero también la ausencia de una organización fuerte de los conductores de camiones capaz de coordinar su protesta en una situación difícil, llevaron a la extinción gradual de su movimiento.

Desde 2015, el número de protestas de los trabajadores se ha incrementado, tanto las acciones espontáneas o las organizadas por los sindicatos independientes contra los despidos, los recortes en los salarios o los retrasos en el pago de los salarios. Así, el año pasado el número de protestas aumentó en un 40 por ciento en comparación con 2014. Entre las personas que participan en huelgas (huelgas de un día o paradas de trabajo), destacan los trabajadores de las grandes empresas del sector productivo, los trabajadores del sector público (hospitales, los empleados municipales), los que trabajan en el sector de los servicios e incluso las fábricas de armamento.

Los partidos de la oposición pertenecientes al “consenso patriótico”, el PCFR y “Rusia Justa”, desempeñan un papel cada vez mayor en la desorientación de los participantes en estas acciones hasta ahora dispares. No existe ninguna organización poderosa decidida a participar en el combate de los que luchan; por lo tanto, buscan intermediarios políticos entre quienes tienen recursos y están, evidentemente, integrados en el sistema, pero que son capaces de trasladar sus reivindicaciones. Esta función de “válvula de seguridad”, que era habitual de los “comunistas” de Rusia en la década de 1990, se traslada cada vez más al Kremlin y es incorporada de manera orgánica en la lógica de la campaña electoral legislativa.

Por su parte, la oposición liberal, que normalmente se encuentra fuera del sistema político institucional y que hace hincapié en la necesidad de su democratización radical, permanece aislada de la creciente indignación social. En primer lugar, esto se debe a su tradición política y su carácter social. Siguiendo a los “reformadores liberales” de la era Yeltsin, líderes como Mikhail Kasyanov y Alexei Navalny consideran que la clave del cambio radica es el creciente descontento de algunos sectores del capital mediano y grande. Además, Kasyanov – al igual que el exiliado político Jodorkovski – reconoce la posibilidad de un trabajo conjunto en una futura “Rusia libre” con representantes del “ala liberal” del establishment de Putin, como el ex ministro de Finanzas, Alexei Kudrin, la actual jefa del Banco Central, Elvira Nabiullina y el director del banco estatal Sberbank, German Gref. Las exigencias de “purga” de funcionarios corruptos y de democratización del sistema son combinadas, por parte de la oposición liberal radical, con el reconocimiento de la necesidad de “reformas estructurales” y el “fin de la confrontación con Occidente.” Creen que el desmantelamiento del régimen personal [de Putin] debería ser más bien una transformación en la parte superior, en colaboración con la presente élite, y consideran que los movimientos de protesta extraparlamentarios solo pueden ser un factor secundario de presión.

7. La izquierda radical, que no es parte ni de la oposición del “consenso patriótico” ni de la liberal, debe encontrar una conexión con este creciente movimiento de protesta social, que aún no está estructurado organizativa o políticamente. El problema, sin embargo, es que esta izquierda radical está ella misma en decadencia. Algunos de sus portavoces más conocidos, como Sergei Udaltsov y Alexei Gaskarov, siguen en prisión. Los acontecimientos en Ucrania también han provocado una profunda división en la izquierda, parte de la cual ha apoyado de manera activa la intervención rusa.

En esta situación, debemos comenzar a desarrollar un amplio programa de cambio, basado en la exigencia de una revisión de las relaciones de propiedad existentes, que tienen su origen en las privatizaciones de Yeltsin y Putin. La consecuencia natural de esta revisión es la demanda de desmantelar todo el sistema político engendrado por la Constitución ultra-presidencial de 1993, que debe ser reemplazada por una república parlamentaria. Este programa debe garantizar el reconocimiento del valor de la democracia política no como un instrumento, sino como un principio fundamental del poder popular, esencial para la realización coherente de las aspiraciones de igualdad social.

La profundización de la crisis y el debilitamiento constante de la magia del “consenso patriótico” ofrecen nuevas oportunidades para promover políticas democráticas y socialistas. Las tácticas para la acción de la izquierda en la situación actual tendrán que ser desarrolladas sobre la base del análisis y los objetivos estratégicos que aquí se recogen.

Notas:

[1]http://anticapitalist.ru/%20Documents/%20rezolyuczii%20/politicheskaya_rezolyucziya_vi_sezda_rsd.html

[2] Su argumento se basa en la observación selectiva de los efectos de la agitación social: por ejemplo, ya que después de la revolución en Ucrania, el poder fue nuevamente tomada por un puñado de miembros de la élite anti-popular, esto se repetirá en todos futuros levantamientos: de esta manera todos los intentos de transformación social se declaran sin sentido e incluso perjudiciales. Para demostrar la inutilidad del cambio, siempre se toman como ejemplo esas revoluciones que terminan en restauración reaccionaria. Los efectos positivos del cambio social nunca se mencionan. (Nota que acompaña al texto de la resolución publicada por el RSD).

[3] Este fue un movimiento contra el impuesto sobre el kilometraje, fijado en 3,73 rublos por kilómetro, impuesto a los vehículos de más de 12 toneladas desde el 15 de noviembre de 2015. Conocido como “Platón”, una abreviatura de “Platit za Tonu” (impuesto por tonelada), este impuesto es recaudado por RT-Invest transportnye Systemy, creado a tal efecto por Igor Rotenberg, hijo de un amigo de Putin, y la corporación nacional de Rusia Rostec (que emplea a 900.000 personas). RT- Invest transportnye Systemy invirtió 29 mil millones de rublos, de los cuales 27 mil millones corresponden a un préstamo concedido por el banco público Gazprombank, dirigido por gente cercana a Putin.

Movimiento Socialista de Rusia Organización de la izquierda alternativa de Rusia.
Fuente:
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4666
Traducción: G. Buster

Fuente:

Noticias kaosenlared.net Contrainformación

Fuente imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/ir7DMrV8BOBGGT4J_l7X0ZaZ-z_gn88pDSWXCaAUffx5ERRKGtV7xhQetSPfVRVLgBWJ=s152