Menos guarderías allí donde más se necesitan: desigualdades territoriales en la primera infancia

Por: Pau Rodríguez

En Santa Coloma de Gramenet, uno de los municipios más pobres de la provincia de Barcelona, sólo un 20% de los niños de 0 a 2 años en una guardería. En Sant Cugat, el pueblo más rico, la cobertura de esta etapa llega casi al 60%. Hay menos cobertura de guarderías allí donde más se necesita. O, lo que es lo mismo, hay indicios de que la política educativa de primera infancia es «regresiva», en palabras de Jaume Blasco, autor de un estudio De la guardería a las políticas para la pequeña infancia, publicado por la Fundación Jaume Bofill.

«La red de guarderías se ha desarrollado más en los municipios con mayor renta y nivel educativo y con menor paro», sostiene Blasco. La desigualdad territorial afecta también a la relación de centros públicos y privados. Sant Feliu de Llobregat, con un 38,5% de los niños menores de dos años en guarderías públicas, cuadruplica la cobertura de ciudades como Badalona (9,9%) o Blanes (12,7%).

Esto es especialmente problemático, según el autor del informe, si se tiene en cuenta que la escolarización entre los 0 y los 3 años es especialmente beneficiosa para los niños de familias sin recursos . Fuera de la guardería, sus padres y madres suelen tener más dificultades para garantizarles un entorno rico en estímulos y experiencias.

En general, el informe evidencia que es en los municipios grandes -las zonas urbanas- donde hay un déficit de plazas más «grave». La ciudad de Barcelona, a pesar de conseguir que más de la mitad de los niños de esta edad estén escolarizados -muy por encima de la media-, sólo puede atender el 56% de las demandas. Esto quiere decir que el curso 2014-2015 se quedaron sin plaza 3.000 solicitantes.

Pasa al contrario en los municipios pequeños, expone Blasco, donde muchos ayuntamientos «afanan» para no cerrar guarderías que se abrieron la década pasada y que, por el descenso demográfico y los efectos de la crisis económica, no consiguen llenar sus plazas . En el conjunto de Cataluña cada año quedan aproximadamente un 10% de plazas en la pública sin ocupar.

El Gobierno recorta el 50% de su aportación

Esta desigualdad territorial, que supone un agravio para muchas familias en función del lugar donde viven, tiene su origen, según el estudio, en una política que se ha limitado a regular y expandir esta etapa, sin dotarla de coherencia , y que además se ha visto agravada por los recortes. Desde 2004 -año en que se aprobó la llamada Ley de las 30.000 plazas- hasta 2015 se ha duplicado el número de guarderías públicas en Cataluña (de 422 a 883). Este impulso ha situado Cataluña por encima de la mayoría de comunidades autónomas y de la media europea en cuanto a tasa de escolarización a los dos años (un 44%), pero no ha corregido las desigualdades que existen entre sus municipios.

No ha contribuido, por el contrario, que la Generalitat haya recortado drásticamente su parte de financiación de las cuna: de 146,9 millones en 2009 a 71,6 en la actualidad, poco más de la mitad. Esta tijeretazo, en un sistema que se financiaba por tercios (un tercio la Generalitat, un tercio los ayuntamientos, un tercio las familias), ha supuesto, a grandes rasgos, que los municipios que han podido han tenido que aumentar su aportación, y el resto lo han confiado en el bolsillo de las familias. Las matrículas se han encarecido un 10% de media. Que el gasto en pequeña infancia haya sido de las más recortes prueba que «no ha sido una prioridad», dice Blasco.

Para hacer frente al desequilibrio del mapa actual, el estudio propone de entrada que el departamento de Enseñanza vuelva a asumir la parte que le toca de la financiación. Pero añade otras recomendaciones, como una «estrategia de expansión selectiva» de la red de escuelas -en función de los municipios con más necesidad-, o subvenciones para acceder al sector privado a aquellas familias que hayan quedado fuera de la pública y no tengan suficiente dinero para pagar la matrícula de la privada.

El informe recoge también que cada vez más municipios adoptan algún tipo de tarifación social, es decir, que las familias pagan por tramos en función de su renta. En la provincia de Barcelona estos pueblos ya representan el 61% del total.

Y el 55% que no va a la cuna?

Si un 44% de los niños de dos años van a guarderías, ¿qué pasa con el 55% restante? Algunas familias no acceden a pesar de solicitarlo, otros consideran que no es necesario que sus hijos vayan a la cuna, algunos padres y madres en paro optan por quedarse con los hijos en casa por razones económicas … La foto aquí es más difícil de encuadrar. Pero lo que sí constata el estudio es que las políticas de apoyo a este 55% de familias «son casi inexistentes».

«O te toca todo o no te toca nada», resume Blasco, en referencia a los sorteos para acceder a plaza. En este sentido, defiende que se deberían potenciar otras políticas de infancia como los permisos remunerados de parentalidad.

Este ha sido uno de los motivos -entre otros- que ha hecho aflorar los últimos años iniciativas al margen del sistema para el cuidado de los niños: desde servicios de espacio familiares, donde los padres y madres se encuentran para compartir dudas e ideas , hasta ofertas de horario flexible por parte del sector privado, pasando por iniciativas como las llamadas madres de día (educadoras que se hacen cargo de grupos muy reducidos de niños, a menudo en el propio hogar). A esta diversidad de iniciativas las une el haber proliferado al margen de la regulación vigente.

En este sentido, el estudio aconseja regular estas actividades menos para garantizar unos «mínimos de calidad» y unas «condiciones de funcionamiento».

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