Blanca Heredia
Las instituciones formales fuertes nunca han sido lo nuestro. Contra viento y marea, sin embargo, a lo largo del siglo XX y, también, a principios del siglo XXI, los mexicanos fuimos capaces de construir una pequeña constelación de instituciones estatales que han contribuido decisivamente –aunque cada vez con mayores dificultades– a apuntalar la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Destacan, entre la que fueron formalmente creadas o fortalecidas entre finales del siglo pasado y el comienzo del que corre, las siguientes: el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral), el Instituto Federal de Acceso a la Información (en la actualidad: Instituto Nacional de Acceso a la Información) y el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Me concentro en las citadas arriba, pues encarnan mejor que otras –tanto en su arquitectura legal e institucional, así como en el perfil de las personas seleccionadas para comandarlas en su primera etapa en el caso del IFE y del IFAI y, desde su fortalecimiento y hasta la fecha, en lo que toca a Banxico e Inegi– la voluntad política de crear instituciones dignas de tal nombre. Es decir, de armar entidades públicas en las que el comportamiento de sus integrantes estuviese constreñido por arreglos organizacionales y normas legales capaces de asegurar (o al menos maximizar) imparcialidad, objetividad y rigor técnico y , con ello, ofrecer certidumbre en el manejo de elementos clave (el dinero, los votos, la información sobre la operación del gobierno, y la información estadística y geográfica de México) para el funcionamiento económico y político de la colectividad.
Para funcionar y ser mínimamente viable, cualquier sociedad requiere de asideros que la provean de certidumbre en áreas básicas. Ello es así, especialmente en contextos en los que las fuentes de incertidumbre más allá del control de dicha sociedad se multiplican.
La creación o fortalecimiento de las instituciones mencionadas arriba se da en México justo en ese tipo de contexto. Uno marcado por el fortalecimiento y diversificación de las fuentes de incertidumbre, tanto económica como política, derivados del quiebre del modelo partido hegemónico/economía cerrada, así como del tránsito al mercado y a la competencia electoral efectiva. En un contexto así resultaba de vital importancia –para ordenar la convivencia, así como para maximizar los potenciales beneficios del giro a una economía abierta y un sistema político competitivo– proveerle al país anclas ciertas en temas nodales (el valor del peso, de los votos y la información requerida para operar y planear).
Fue en parte la convicción de actores clave dentro y fuera del gobierno, pero sobre todo la necesidad y la incapacidad de ningún grupo político para imponerse sobre el resto, lo que hizo posible que México creara o fortaleciera su andamiaje institucional. Por desgracia, de un tiempo a esta fecha, fuera de unas cuantas notables excepciones, la clase política parece empeñada en destruir lo poquito de institucionalidad generadora de certidumbre que todavía tenemos.
El caso más reciente del desinterés completo de la mayoría de nuestros gobernantes y nuestra clase política en cuidar las pocas instituciones que nos quedan es el intento por imponer a Paloma Merodio como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.
Como ha documentado(1) la Comisión de Población y Desarrollo del Senado –presidida por el senador Armando Ríos Peter–, así como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2), la ciudadana y maestra Merodio no cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo para el cual la está postulando el Ejecutivo federal. Adicionalmente, se observan indicios de falta de ética tanto en su curriculum vitae como en los documentos –solicitados por el senador Romero Hicks– presentados por el Ejecutivo federal para acreditar la idoneidad de la candidata al cargo.
Resulta grave en extremo el que se intente imponer a una persona que no cumple con los requisitos legales para ser parte del órgano directivo de la institución cuya función es darnos certeza sobre la información estadística y geográfica del país. Triste, asimismo, el que los defensores de esa designación intenten desacreditar a los críticos acusándolos de discriminación por género y/o edad. Tanto o más preocupante el que aquellos que se han ocupado de documentar que la candidata no cumple con los requisitos legales y exigir no se le considere para el cargo hayan sido objeto de amenazas, como la experimentada por el doctor Enrique Cárdenas, director ejecutivo del CEEY y destacadísimo historiador económico, a manos del senador Carlos Puente, del Partido Verde, el miércoles pasado.(3)
No hay calendario establecido para el nombramiento. El primer turno lo tiene la Comisión de Gobernación, presidida por la senadora Cristina Díaz. ¿Patearán, sus integrantes, el balón más allá del fin de periodo ordinario? ¿Se empeñarán en designarla?
Está en juego muchísimo más que un nombramiento en esta decisión. Nos jugamos todos la defensa de una institución centralísima –de las poquitas que nos quedan–; el saber si el gobierno ha renunciado de plano a asumir la responsabilidad en la conducción de lo que es, no suyo, sino de todos, así como a respetar el derecho ciudadano para disentir y exigir el cumplimiento de la ley.
(2) http://www.ceey.org.mx/reporte/documentos-no-idoneidad-paloma-merodio
(1) http://www.senado.gob.mx/comisiones/poblacion_desarrollo/docs/PMG
Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mas-destruccion-institucional.html
Fuente de la imagen:
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