13 de diciembre de 2017 / Por: Keila López Alicea / Fuente: https://www.elnuevodia.com/
Tribunal de Apelaciones decide que paralización de litigios por Promesa no aplica a Educación Especial
En momentos en que decenas, si no cientos de reclamaciones judiciales en torno a los servicios que requieren los estudiantes con impedimentos y condiciones de salud se encuentran detenidos, el Tribunal de Apelaciones determinó que la paralización automática de ciertos litigios contra el gobierno que impone la ley federal Promesa no aplica a los casos de Educación Especial.
En una demanda iniciada este verano, los padres de un menor de edad matriculado en Educación Especial reclaman que el gobierno cubra los gastos de los servicios que necesita el niño para asistir a un centro educativo en Estados Unidos. La ubicación del menor fuera de Puerto Rico fue aprobada por el Departamento de Educación luego que se determinara que la agencia no tiene los servicios adecuados para él en la isla, explicó el abogado de los demandantes, José E. Torres Valentín.
Educación accedió a pagar por los servicios educativos, pero aún quedan costos que no se ha determinado qué agencia cubrirá, establece la demanda.
El pago de servicios educativos, de salud mental, terapias y hospedaje que requiere el menor son parte de las garantías que establece la Ley federal para la Educación de Individuos con Impedimentos (IDEA, por sus siglas en inglés) para que los niños reciban una “educación pública, gratuita y apropiada”.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones –emitida el 9 de noviembre pero dada a conocer el 5 de diciembre– deja claro que las secciones 7 y 304(h) de la ley federal Promesa “impiden al gobierno ampararse en la ley para incumplir con sus obligaciones procedentes de legislación federal”, como lo es la ley IDEA.
Dado que no fue una sentencia del Tribunal Supremo, otros tribunales no están obligados a seguir esta determinación del Apelativo. No obstante, los abogados en reclamaciones similares sí pueden usarla como parte de sus argumentos, señaló el representante legal de la familia demandante.
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