La falta de personal ensombrece la lucha contra el maltrato infantil en Japón

Japón ha emprendido una carrera contra reloj para poner fin al maltrato infantil tras una serie de casos mortales que han conmocionado al país, pero la laxitud de la normativa y la acuciante falta de recursos humanos podrían obstaculizar esta lucha.

Como parte de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno, el Parlamento japonés promulgó el pasado 19 de junio una revisión de la ley de prevención del maltrato infantil que prohíbe a los padres y tutores con autoridad parental usar castigos físicos, aunque algunos expertos consideran que podría ser insuficiente.

Otras voces han señalado que el Código Civil nipón, cuyo artículo 822 recoge el derecho de los padres a disciplinar a un niño «en la medida necesaria» para su cuidado y educación en beneficio del menor, puede dificultar la efectividad de la normativa.

La propia enmienda de la ley exige una revisión de esos derechos disciplinarios en el marco de dos años desde su entrada en vigor, que tendrá lugar en abril de 2020. Un panel asesor del Ministerio de Justicia ya ha comenzado a debatir sobre la potencial revisión.

«La situación que rodea al maltrato infantil es muy grave y el Ministerio de Justicia ha estado considerando una revisión, dado que el derecho (disciplinario) se ha seguido usando como excusa», ha reconocido el titular de Justicia, Takashi Yamashita.

Según datos de la Agencia Nacional de Policía, en 2018 se investigaron en Japón 80.104 casos de supuestos maltratos y abusos sexuales a menores, una cifra récord que, además, supone un incremento del 22,4 % con respecto a un año antes.

«El Centro de Consulta Infantil es principalmente el encargado de este problema, pero a menudo siento que esta organización no es lo suficientemente poderosa por falta de recursos humanos», dice Ito.

Japón cuenta actualmente con un trabajador social por cada 40.000 habitantes y el Gobierno central quiere que la cifra sea de uno por cada 30.000 para 2022, según datos facilitados por el Centro de Consulta Infantil de Tokio. Esto supone un aumento de más del 30 %.

Este objetivo pone presión sobre estos centros, que en muchos casos se ven desbordados y tienen competencias limitadas.

Sólo en Tokio, donde se concentra en torno al 10 % de la población nipona, esta meta supone aumentar el número de trabajadores sociales en más de 200 personas. Actualmente hay 315.

«Asegurar el número de personal es el gran problema, porque ya hace falta actualmente. Además de tener que aumentarlo, hay que formarlo. Aunque puede llevar más tiempo, para que tengan cierta experiencia se necesitan unos tres años», explica la responsable del departamento de asesoramiento familiar del centro capitalino, Yukyo Takenaka.

Estos trabajadores deben estudiar ciertas asignaturas, además de practicar y aprender a redactar documentos bajo asesoramiento de supervisores y expertos, porque los casos a veces van a juicio.

La política del Gobierno ha dado un giro desde el fallecimiento en marzo de 2018 en Tokio de Yua Funato, de 5 años. La niña, que tenía síntomas de desnutrición, murió dejando por escrito súplicas a sus padres para que la perdonaran y dejaran de maltratarla.

Su padrastro había sido detenido en dos ocasiones antes de mudarse a la capital bajo sospecha de haberla maltratado. Aunque esta información se transmitió al centro social en la capital pertinente, la madre de la niña impidió que los servicios sociales la visitaran.

Mia Kurihara, de 10 años, murió en enero de este año en su casa en Chiba, al noreste de Tokio, tras sufrir maltratos como ser privada de comida y sueño. Una investigación posterior reveló que también en este caso los servicios sociales, la escuela donde estudiaba y las autoridades locales estaban al corriente de la situación.

Ambos progenitores declararon que las estaban «disciplinando».

Más recientemente, Kotori Ikeda, de 2 años, murió a principios de junio en Sapporo (norte), y su madre y la pareja de ésta fueron detenidos bajo sospecha de agresión. La policía cree que la niña no estaba siendo alimentada correctamente y que podría haber sido maltratada regularmente, ya que presentaba múltiples contusiones.

También en este caso, la madre de la menor había sido cuestionada por un trabajador social tras recibir un aviso y por la policía.

La actuación de los servicios sociales fue duramente criticada en estos casos, una de las razones por las que el Gobierno ha puesto especial ímpetu en aumentar el personal y ampliar sus competencias.

Además de enmendar la ley de prevención del maltrato infantil para prohibir el castigo físico, el Parlamento japonés también ha aprobado la revisión de otra ley para fortalecer la habilidad de los centros sociales para «intervenir» en casos de maltrato y abuso.