Por: Andrés Mideros Mora
La desigualdad de oportunidades es la mayor limitante para el logro de justicia social, erradicar la pobreza, y para encaminar a una sociedad en una senda de desarrollo.
La desigualdad expresa restricciones estructurales que limitan a unas personas, las empobrecen; mientras que impulsan a otras, las privilegian. Las oportunidades se heredan, no son fruto del esfuerzo.
Esta es la naturaleza de una sociedad injusta. La vida que una persona tendrá está condicionada por su origen. Es la realidad del Ecuador. El nivel de instrucción que se alcanza es un claro ejemplo de esta problemática. A 2021, apenas el 8,8% de las personas, de entre 25 y 35 años, cuyo padre o madre (cabeza de hogar) no tuvo instrucción, alcanzó la educación superior.
En comparación con el 86,4% de personas cuyo padre o madre tenían educación superior. La condicionalidad de origen también se expresa en la etnia y el área de residencia. El 23,7% de las personas indígenas, de entre 25 y 35 años de edad, tienen educación superior. Mientras que este porcentaje es del 46,5% para personas que se autoidentifican como mestizas o blancas.
Por área de residencia, se observa que el 50,2% de personas entre 25 y 35 años del área urbana tienen educación superior, mientras que este porcentaje es de apenas el 24,3% en el área rural. Nacer pobre, condiciona a vivir pobre.
El racismo excluye a gran parte de la población. Las brechas territoriales hacen que en la práctica la educación sea un privilegio y no un derecho. La desigualad es lo que explica la pobreza de unas personas y el privilegio de otras. Cambiar esta realidad, cohesionar a la sociedad, y garantizar derechos y oportunidades, demanda mayor inversión social y redistribución de la riqueza. Si no lo asumimos seremos un país inviable.
Si insistimos en el individualismo y en las visiones dogmáticas de austeridad fiscal y libre mercado, seguiremos privilegiando a pocas personas a costa de la mayoría.
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