Con motivo del Día Internacional de la Educación, la Campaña Mundial por la Educación renueva su compromiso de este derecho humano fundamental y refuerza su llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional para que continúen con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible y los compromisos de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación.
Tal y como afirmó la UNESCO, 6 de cada 10 niños son analfabetos y no comprenden una historia sencilla a la edad de 10 años; 244 millones de niños y jóvenes siguen sin escolarizar, mientras que el número de jóvenes con empleo cayó a 34 millones en el 2020, con un porcentaje superior al de los adultos[1]. En todo el mundo, según la “Educación No Puede Esperar” (Education Cannot Wait)[2], las emergencias climáticas están afectando a la educación de 40 millones de niños cada año. En todo el mundo, hay 222 millones de niñas y niños que se ven afectados por conflictos, desastres producidos por el clima, desplazamientos forzosos y crisis prolongadas y, por lo tanto, necesitan recibir un apoyo educativo urgentemente.
Está claro que detrás de la crisis del aprendizaje, la educación está también pasando por una crisis de violencia y desigualdad, que afecta especialmente a las personas y comunidades marginadas, por lo que el derecho a la educación debe ser prioritario si queremos acelerar el progreso hacia la consecución de todos los ODS en un contexto de recesión mundial, desigualdades crecientes y emergencias climáticas.
La CME ha adoptado un nuevo plan estratégico destinado a fortalecer nuestro trabajo en todas sus dimensiones del derecho a la educación, encontrándose entre ellas la atención a los aspectos sociales, económicos y políticos asociados a sus retrocesos. Uno de los aspectos evidentes que debilita este derecho es su falta de financiación sostenible. De hecho, el déficit de financiación anual para alcanzar el ODS 4 en los países de renta baja y media-baja se estima en 148.000 millones de dólares.[3]
No podremos alcanzar el ODS 4 para el 2030 sin un aumento significativo y bien orientado de la financiación, especialmente en los países que más lejos están de lograr una educación de calidad para todos a todos los niveles educativos. Por lo tanto, es ahora más urgente que nunca el cumplir con las pautas de referencia internacionales y regionales de asignar eficazmente al menos entre el 4 y el 6% del Producto Interior Bruto y/o al menos de entre el 15 y el 20% del gasto público total a la educación. Las normas internacionales también instan a los países desarrollados a alcanzar el objetivo del 0,7% del Producto Nacional Bruto (PNB) para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a los países en vías de desarrollo[4].
La Cumbre sobre la Transformación de la Educación adoptó un enfoque global de los problemas más acuciantes de la financiación de la educación, haciendo un llamamiento con el fin de movilizar más recursos, potenciar la equidad y la eficacia de las inversiones en educación y establecer unos datos y una rendición de cuentas más sólidos y precisos sobre la financiación de la educación.
Los escasos avances en este ámbito exigen mayores esfuerzos para así poder superar las formas contemporáneas de colonialismo que siguen pesando sobre los países en vías de desarrollo en materia de financiación pública.
Lamentablemente, las connotaciones coloniales siguen siendo sesgadas en todo lo referente a la naturaleza de los problemas financieros, llevando a creer que la escasez de recursos se debe a la falta de capacidad de los pueblos para resolver sus problemas nacionales, razón por la cual a menudo se propone la ayuda internacional como panacea de ingresos nacionales, ocultando así las ambiciones empresariales y la dominación política que se esconden tras ella.
La CME insiste en que la ayuda y la cooperación internacionales no están llamadas a definir los contenidos de las políticas públicas de los países en vías de desarrollo y que uno de los principales retos de nuestros días está en cómo fortalecer los presupuestos nacionales. Por lo tanto, es necesario transformar la agenda financiera y adoptar un acuerdo mundial, que garantice que la agenda financiera transformadora (que se encuentra en la acción sobre los impuestos, la deuda, la austeridad y la masa salarial del sector público) enmarque los debates nacionales y mundiales en materia de financiación en los próximos años.
La financiación de la educación no debe desvincularse de sus objetivos. No basta con aumentar los presupuestos escolares si ello no conduce a la democratización de la inversión y a hacer de la escuela un espacio seguro y democrático para todos y todas. La sensibilidad presupuestaria[5]debe ser un elemento vital que oriente las políticas educativas e implique el priorizar las inversiones en aquellas poblaciones históricamente excluidas.
El aumento de la financiación de la educación no basta por sí solo para romper los ciclos de exclusión, si no se orienta conscientemente a fortalecer la justicia social a través de la educación. La financiación de la educación debe tener una dirección política y por ello es necesario desarrollar sistemas de seguimiento y análisis de datos que guíen dicha política educativa. El Observatorio de la Financiación de la Educación de la CME es un paso adelante en este sentido.
La CME hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que sigan trabajando en la consecución del derecho a la educación, incluyendo la igualdad de género, la justicia para las personas con discapacidad y las que viven en situaciones de emergencia, la educación de la primera infancia, la educación y el aprendizaje de adultos, y la creciente participación de los niños, docentes, estudiantes y OSC en la gobernanza de la educación. Asimismo, la CME también desea unirse a la UNESCO en su llamamiento para que levante de inmediato la prohibición que pesa sobre las niñas y las mujeres de Afganistán y que restringe su acceso a una educación.
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