Ismael Juarez – El Salto – OVE 12 de junio dde 2025
Recursos insuficientes, sobrecarga docente y reformas sin inversión han desatado una de las mayores huelgas educativas en Asturias, con implicaciones que van más allá del curso escolar.
La recta final del curso 2024/2025 en Asturias ha estado marcada por una de las mayores movilizaciones docentes de las últimas décadas. Miles de profesores y profesoras de todas las etapas no universitarias han protagonizado una huelga indefinida que no solo ha paralizado parte del sistema educativo, sino que ha destapado un malestar latente que venía gestándose desde hace años.
La protesta estalló formalmente a finales de mayo, pero su raíz es mucho más profunda. Al desgaste acumulado por la falta de recursos, la precariedad del profesorado interino, el envejecimiento de las plantillas o el exceso de carga burocrática, se sumó una medida concreta del Gobierno autonómico que funcionó como la chispa que prendió el polvorín: la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre.
La respuesta del profesorado no se hizo esperar y, tras un primer ciclo de paros y movilizaciones, los cinco principales sindicatos del sector (CCOO, UGT, SUATEA, CSIF y ANPE) unieron fuerzas en una huelga indefinida que ha generado una auténtica crisis institucional, con la dimisión de la consejera de Educación Lydia Espina y la implicación directa del presidente Adrián Barbón en el intento de desescalar el conflicto.
El detonante: jornada reducida y comedor
En abril de 2025, la Consejería de Educación anunció la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria, con el objetivo de extender el servicio de comedor escolar durante esos meses. Aunque la medida respondía a una demanda de muchas familias trabajadoras, su aplicación inmediata y sin recursos adicionales provocó una fuerte reacción en el profesorado.
Tradicionalmente, en esos meses las clases terminaban a las 13h, permitiendo a los docentes afrontar tareas burocráticas acumuladas. La propuesta gubernamental implicaba que el profesorado asumiera una hora más de atención diaria sin refuerzo de personal ni compensación, lo que fue interpretado como una sobrecarga laboral encubierta. Para el sindicato SUATEA, se trataba de una “imposición unilateral” que desvirtuaba una medida social legítima, mientras CCOO denunció que la Consejería pretendía “ahorrarse contratar personal” y trasladar el trabajo extra al profesorado “como horas no retribuidas”.
La supresión de la jornada reducida no fue el único foco de tensión. Los sindicatos ya venían reclamando desde el curso anterior una batería de mejoras
El intento de solventar la situación proponiendo actividades no lectivas en el patio o equipos administrativos de apoyo fue visto como una solución improvisada, especialmente en etapas como Infantil, donde un solo adulto no puede gestionar grandes grupos en exteriores.
Pero la supresión de la jornada reducida no fue el único foco de tensión. Los sindicatos ya venían reclamando desde el curso anterior una batería de mejoras: equiparación salarial con otras comunidades, más recursos para atender al alumnado con necesidades específicas, desburocratización del trabajo docente, estabilidad para el personal interino y reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años.
La eliminación de la jornada reducida actuó, así, como catalizador de un malestar más profundo y extendido, que acabaría estallando en una de las huelgas más relevantes de la historia reciente del sistema educativo asturiano.
Las primeras movilizaciones y la ruptura
La respuesta del profesorado fue casi inmediata. En un ambiente de creciente tensión en los centros educativos, los sindicatos comenzaron a convocar paros parciales, concentraciones y movilizaciones simbólicas. Sin embargo, cada organización lo hizo por su cuenta, lo que reflejaba una estrategia todavía fragmentada.
CSIF abrió la vía de la huelga indefinida desde el 27 de mayo. CCOO, UGT y SUATEA, que representan alrededor del 60% de los docentes, impulsaron dos jornadas de paro (27 de mayo y 5 de junio) y ANPE optó por huelgas de una hora diaria entre el 9 y el 13 de junio, centradas en el cuerpo de maestros. También la CNT-AIT, sin representación en las mesas, expresó su apoyo.
El Gobierno hablaba de un seguimiento de la huelga del 30 %, pero las organizaciones lo situaban por encima del 90 % en Infantil y del 77 % en Secundaria
Pese a esa diversidad, pronto se impuso la necesidad de unificar fuerzas. El intento de la Consejería de Educación de reunirse por separado con los sindicatos el 26 de mayo fracasó: SUATEA, CCOO y UGT acudieron conjuntamente, y la reunión terminó con un rechazo rotundo a las propuestas del Gobierno.
El 28 de mayo, los sindicatos organizaron en Gijón la acción simbólica “Lydia Crucis” —en referencia a la consejera Lydia Espina—, un recorrido por once centros escolares que escenificaba el “calvario docente” con humor y rabia contenida. Ese mismo día, el presidente asturiano Adrián Barbón anunció la retirada de la medida sobre la jornada reducida. Pero el gesto no frenó la huelga: las demandas estructurales seguían sin respuesta.
Escalada del conflicto
El lunes 3 de junio, Lydia Espina presentó su dimisión irrevocable como consejera de Educación, alegando un desgaste personal derivado de ataques que, en sus palabras, “traspasaron los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal”.
La decisión llegó tras una histórica manifestación en Oviedo/Uviéu, que reunió a decenas de miles de personas —30.000 según los sindicatos, 19.000 según Delegación del Gobierno— y consolidó la huelga indefinida con el respaldo unánime de los cinco principales sindicatos.
Tras su salida, la interlocución quedó en manos de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Mientras tanto, se sucedían encierros sindicales en la sede de Hacienda y movilizaciones en varios centros educativos.
Los sindicatos denunciaron que los servicios mínimos establecidos desactivaban de facto la huelga, especialmente en Infantil y Primaria. El Gobierno hablaba de un seguimiento del 30 %, pero las organizaciones lo situaban por encima del 90 % en Infantil y del 77 % en Secundaria.
Avances, bloqueos y fractura final
El 5 de junio tuvo lugar una reunión de más de siete horas entre el comité de huelga y el Gobierno del Principado. Hubo avances significativos en cuestiones pedagógicas: refuerzo en atención a la diversidad, impulso a la especialidad de llingua asturiana, personal administrativo adicional para desburocratizar y compromiso con la reducción progresiva de ratios.
También se abordaron mejoras en Formación Profesional y la creación de nuevos departamentos en Secundaria. Pero el punto clave quedó sin resolver: los salarios.
El viernes 6 de junio, más de 50 direcciones escolares, principalmente de Primaria, presentaron su dimisión como acto de protesta
El Principado propuso una subida de 105 euros brutos mensuales, con un complemento de 65 euros para quienes no alcanzaran los seis años de antigüedad. La oferta fue calificada de insuficiente. Los sindicatos pedían equipararse con comunidades como Cantabria, donde los incrementos previstos superaban los 200 euros. La brecha, en algunos casos, podía alcanzar los 450 euros mensuales.
“En materia pedagógica hemos avanzado, pero no podemos aceptar una subida tan baja tras tantos días de huelga”, resumió Borja Llorente (CCOO). El Gobierno consideró su propuesta razonable y en línea con la media nacional, pero los sindicatos dieron por rota la negociación.
La tensión no hizo más que aumentar tras la ruptura. El viernes 6 de junio, más de 50 direcciones escolares —principalmente de Primaria— presentaron su dimisión como acto de protesta, en cumplimiento de la amenaza lanzada el día anterior en una carta firmada por 130 centros. La huelga indefinida continúa, y los sindicatos han anunciado una nueva movilización el domingo en 8 de junio en Oviedo/Uviéu, así como una radicalización de las protestas a partir del lunes, que podría incluir cortes de carretera, barricadas y encierros en centros educativos.
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