Por: Aníbal Amado Nunes
Prácticamente todos los políticos paraguayos hablan a diario con grandilocuencia que la educación es el factor más importante para el desarrollo económico y social de un país, sin embargo en la práctica, como gobierno, legislan como vulgares mercaderes de la educación.
El Poder Legislativo sancionó y el Ejecutivo promulgó el 4 de julio pasado la ley Nº 5633/2016, en la cual le pone topes a los aranceles que cobran las universidades públicas para completar el raquítico presupuesto destinado anualmente para el funcionamiento de las mismas. Esa Ley, ya en vigencia, tendrá un impacto del 50% aproximadamente en las recaudaciones denominadas técnicamente «Fuente 30», que son los recursos propios.
Bien por los estudiantes que serán los beneficiarios de esa Ley. ¿Pero acaso se analizó cómo afectará a las universidades públicas que funcionan con un determinado presupuesto hace años? ¿O acaso se dispuso una fuente de ingresos alternativa para paliar ese 50% menos de ingresos propios que tendrán desde ahora las universidades? ¿O acaso se analizó la posibilidad de que en un país pobre como el Paraguay, las universidades deberían ser gratuitas, es decir con arancel cero?
Increíblemente tenemos aún personajes con cerebros fosilizados que creen que la gratuidad de la enseñanza universitaria es una utopía. Haciendo una rápida investigación, encontramos que las universidades públicas son gratuitas en once países. Estoy seguro que son más de once, pero citemos: Argentina, Uruguay, México, Cuba, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Grecia y Austria. Lamentablemente, en nuestra Constitución Nacional no se previó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Amerita una enmienda constitucional. Pero volvamos a la Ley 5633/2016.
Esta ley viola la autonomía de las universidades. El Art. 79 de nuestra Carta Magna, dice textualmente en su segundo párrafo:»Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio». consecuencia, la Ley de marras debe ser atacada de inconstitucional por todas las universidades públicas.
Queda claro que con ganar eventualmente un juicio por el carácter inconstitucional de la Ley 5633/2016, el problema central no se resuelve. Al contrario, vuelve a su estado anterior, es decir, los estudiantes tendrán que seguir aportando cuotas y aranceles diversos para que las universidades públicas puedan seguir brindando una educación básicamente aceptable en términos de calidad.
Lo que el gobierno debe hacer es encontrar fuentes de financiación para evitar que las universidades nacionales recurran a los bolsillos de los estudiantes estableciendo cuotas y aranceles para que puedan tener un funcionamiento mínimamente acorde con las necesidades actuales requeridas para una educación de calidad, y convencerse definitivamente que apostar por la educación es el único camino que conduce hacia la vida en una sociedad desarrollada, más justa, más libre.
Por las características de nuestra pirámide poblacional, hoy la demanda de capacitación profesional es muy alta. Más del 80% de la matrícula universitaria está en las universidades privadas que son como un paraíso fiscal para inescrupulosos empresarios de la educación, que solo buscan el lucro porque el Estado les permite. Tenemos un Estado que ingresa en tributos apenas el 49% de lo que debe recaudar. Ese 51% que es evasión impositiva, es una fuente potencial de ingresos para lo que proponemos. Los fondos del Fonacide son otra fuente importante que puede utilizarse en lugar de engrosar los bolsillos de los intendentes. Y finalmente, el aumento o la creación de impuestos a los vicios como el tabaco y el alcohol, así como a las exportaciones de granos en estado natural, también forman parte del paquete de fuentes de ingreso para que tengamos universidades públicas gratuitas.
Nuestra juventud se merece el arancel cero, y se puede.
Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/8674291/PARAGUAY-Golpe-bajo-del-gobierno-a-las-universidades-publicas-10072016