Author: Abelardo Carro Nava

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Criterios para la admisión docente 2022-2023; de nuevo “la burra al trigo”

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Tendría que tener una ponderación más alta un “examen” que toda la formación pedagógica recibida en una escuela normal, UPN o CAM o el promedio general que obtuvo en éstas un participante?»

Sin modificar la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros (LGSCMM) aprobada en 2019, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) emitió hace unos días, el Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica, Ciclo escolar 2022-2023. Con ello, una vez más, esta Órgano Administrativo Desconcentrado, incumple con lo estipulado en la misma ley y, por tanto, viola los preceptos normativos que, curiosamente, exige que los participantes en los distintos procesos que tiene a su cargo cumplan a cabalidad. Un claro ejemplo de esto, lo expongo brevemente para, después, adentrarme en aquellos aspectos que llamaron mi atención luego de haber realizado un análisis de este documento sobre dos o tres cuestiones porque, es claro, seguimos con la misma inoperancia, ineficiencia, ineficacia o, tal vez, peor. Me explico.

En la LGSCMM (2019), Capítulo II, De la admisión y promoción en educación básica, Sección Primera, De la admisión en educación básica, Art. 39, Fracción V, inciso f), se estipula que, uno de los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta, como parte del proceso de admisión, comprenderá: los programas de movilidad académica (LGSCMM, 2019); sin embargo, en el referido Acuerdo, emitido hace unos días para el ciclo escolar 22-23, específicamente en el Art. 26 se señalan los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta como parte del proceso de admisión en educación básica, consistentes en: “I. Formación docente pedagógica…, II. Promedio general de carrera…, III. Cursos extracurriculares…, IV. Experiencia docente que contempla: a) La práctica para la docencia de egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio…, b) El ejercicio de la docencia frente a grupo en una escuela pública o particular…, c) Participación en acciones de alfabetización impulsadas por la SEP…, V. Apreciación de conocimientos y aptitudes…” (Acuerdo Admisión EB, 2021).

¿Cuál fue el criterio que tomó la USICAMM para eliminar el elemento multifactorial establecido en la LGCSMM denominado programa de movilidad académica del Acuerdo para el proceso de Admisión en Educación Básica 22-23? Vaya, ¿un Acuerdo Secretarial es, legamente superior a una Ley Secundaria como lo es la LGSCMM, misma que se desprende del Art. 3º Constitucional? Es cierto, desde que se echaron a andar los procesos de admisión a este nivel educativo, muchos colegas criticamos hasta el cansancio, la poca viabilidad del referido elemento multifactorial porque, la realidad que se vive, por ejemplo, en las escuelas normales, sobrepasa lo que en la misma ley se establece puesto que, ni todos los estudiantes podían acceder a programas de movilidad académica por diversas razones como la socioeconómica, ni todas las escuelas favorecían este programa por carecer de personal e infraestructura para ello; hecho que propiciaba la más completa injusticia e inequidad en el proceso, pero, insisto, de una buena vez: ¿no podría la USICAMM realizar un proceso conforme a las disposiciones legales para que los procesos administrativos gozaran de esa legitimidad que se requiere? Es decir, ¿un participante en el proceso de admisión 22-23 no podría impugnar o demandar la emisión de este Acuerdo Secretarial porque, como se ha visto, es contrario a lo que establece la LGSCMM misma que a su vez, no ha sido modificada en su respectiva instancia legislativa? Vaya, si un servidor desea participar y, en mi proceso formativo tuve la oportunidad de realizar algunas movilidades académicas, insisto, ¿puedo demandar la aplicación irrestricta de lo establecido en la LGSCMM Art. 39º? Desde luego, porque un Acuerdo no se sobrepone a una ley.

Ahora bien, ya que estamos hablando de los elementos multifactoriales que son considerados en este proceso de Admisión, la LGSCMM de 2019, en el citado Art. 9, Fracción V, establece que se tomarán en cuenta: a) Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos; b) La formación docente pedagógica; c) La acreditación de estudios mínimos de licenciatura; d) El promedio general de carrera; e) Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial; f) Los programas de movilidad académica; g) Dominio de una lengua distinta a la propia, o h) La experiencia docente (LGSCMM, 2019).

Por su parte, el Acuerdo para la Admisión en Educación Básica para el ciclo escolar 22-23, señala en su Art. 26, sobre los elementos multifactoriales a considerar: I. Formación docente pedagógica, comprende los estudios formales de licenciatura, maestría o doctorado afines al área docente pedagógica; II. Promedio general de carrera, corresponde al resultado de las calificaciones obtenidas por el participante en la licenciatura con la que participa; III. Cursos extracurriculares, refiere a los procesos de capacitación y actualización vinculados al nivel, servicio o materia educativa en el que participa, los cuales serán determinados por la Unidad del Sistema en los términos de este Acuerdo; IV. Experiencia docente, que contempla lo siguiente: a) La práctica para la docencia de egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, en términos de este Acuerdo; b) El ejercicio de la docencia frente a grupo en una escuela pública o particular en el nivel, servicio o materia educativa en la que desea participar, realizado con posterioridad a la fecha de titulación, o c) Participación en acciones de alfabetización impulsadas por la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y V. Apreciación de conocimientos y aptitudes, es un sistema que permite identificar lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos, a través de instrumentos objetivos (Acuerdo Admisión EB, 2021).

Acuerdo y elementos multifactoriales que, si usted los observa y analiza con detenimiento, de alguna manera busca especificar o detallar las generalidades establecidas en la LGSCMM y que, de cierta forma, han causado infinidad de problemáticas en el momento en que se hace la valoración de dichos elementos multifactoriales por la instancia correspondiente; en todo caso, detallarlos, como parece que es el caso, no significa que no son susceptibles de interpretación; interpretación que, en todo caso, queda en manos de la USICAMM tal y como se lee en el Art. 5 del referido Acuerdo para la Admisión 22-23: “La interpretación del presente Acuerdo y la atención de las circunstancias no previstas corresponden a la Unidad del Sistema en términos de las disposiciones aplicables. En todo caso, esta facultad será ejercida tomando en cuenta los contextos regionales y locales, así como las necesidades del servicio educativo para garantizar su prestación. Las autoridades educativas de las entidades federativas podrán solicitar a la Unidad del Sistema la interpretación de las disposiciones contenidas en este Acuerdo para la aplicación que corresponda conforme al párrafo anterior”.

¿De qué sirve que se hayan especificado o detallado algunos aspectos de los citados elementos multifactoriales si, para acabar pronto, al momento en que se sometan a valoración, serán interpretados por la instancia que, desde que comenzó a operar se ha convertido en juez y parte? Vaya, lo que tanto se ha cuestionado y criticado a la USICAMM, es todo aquello que tiene que ver con los procesos que opera porque, indiscutiblemente, lo que una y otra vez salta a la vista, es una pregunta que jamás ha sido respondida: ¿quién evalúa a los evaluadores y bajo qué criterios se realiza esa evaluación? Porque, si de ponderación se trata, una buena parte de maestros y maestros no aprueban el ejercicio que esta instancia viene desarrollando, precisamente porque sus procesos son los que fallan, y bueno, hasta aquí dejo por el momento este breve análisis sobre dos o tres cuestiones que, de manera inicial, llamaron mi atención del documento publicado.

Desde luego que hay otros que merecen su especial tratamiento, por ejemplo, el puntaje final total de la valoración consistente en 100 puntos, puesto que, en formación pedagógica, se obtendría 15 sobre un esquema de 100; promedio general de carrera, 20 sobre 100; cursos extracurriculares, 15 sobre 100; experiencia docente, 20 sobre 100; y, apreciación de conocimientos y aptitudes, 30 sobre 100.

¿Tendría que tener una ponderación más alta un “examen” que toda la formación pedagógica recibida en una escuela normal, UPN o CAM o el promedio general que obtuvo en éstas un participante? Sí, con seguridad alguien podría decir que formación o promedio no es sinónimo de calidad, pero, a fuerza de ser sincero: ¿un examen si lo es cuando sabemos que solo es un elemento más de una valoración más robusta?

Sin lugar a dudas que esta “Cuarta Transformación”, sigue impulsando una de las políticas que, cada “mañanera” no se cansa de criticar: las neoliberales. ¿En verdad no existen otras formas de ingresar al magisterio que no sea a través de un examen?, ¿por qué no se robustece y enriquece la formación docente inicial para este propósito?, ¿por qué demeritar y menospreciar el trabajo que se realiza en las instituciones formadoras de docentes?

Curiosamente, sobre este asunto, hace unos días la Secretaria de Educación de Michoacán, afirmó categóricamente que hablar de plazas automáticas es hablar de corrupción o de palancas para evitar la normativa; habría que recordarle, a esta funcionaria pública, que el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, en febrero de este año aseguró que todo egresado de una escuela normal tiene garantizada su plaza. Entonces, los dichos de esta Secretaria significan: ¿que el mismo presidente es corrupto?

Al tiempo.

Referencias:

DOF. (2019). Ley General para la Cerrera de las Maestras y los Maestros. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSCMM_300919.pdf

Acuerdo Admisión EB. (2021). Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica, Ciclo escolar 2022-2023. Recuperado de: http://public-file-system.usicamm.gob.mx/2022-2023/compilacion/EB/Acuerdo_Admision_EB.pdf

Fuente: https://profelandia.com/criterios-para-la-admision-docente-2022-2023-de-nuevo-la-burra-al-trigo/

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El anacronismo de la SEP en la 4T: simular para… ¿avanzar?

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Si tanto recurso económico se ha destinado al sector educativo a través de los años para el mejoramiento de su infraestructura y con la intención de contar con escuelas “dignas”, por qué miles de escuelas no se encuentran en óptimas condiciones…?»

Se ha vuelto una costumbre en nuestro país que, distintos funcionarios de gobierno, específicamente aquellos que llegan a estar al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), festejen con bombo y platillo una gran cantidad de “éxitos” en sus gestiones que, pareciera ser que el pasado hubiese quedado rebasado, pero, desafortunadamente, los millones de trabajadores de la educación que laboran en el intricado Sistema Educativo Nacional (SEN) saben, porque les consta, que no es cierto.

Por ejemplo, hace unos cuantos años, Aurelio Nuño, ex Secretario de Educación, anunciaba pomposamente que se invertirían 80 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas del país, de los cuales, 50 millones se destinarían a dejar en condiciones dignas a 33 mil planteles de educación básica logrando con ello, superar las inversiones de los dos sexenios anteriores cuyo monto fue superior a los 16 millones (SEP, 2017).

Por su parte, Josefina Vázquez Mota, también ex Secretaria de Educación, allá por el 2009, en este mismo rubro, festejaba la puesta en marcha del programa “Infraestructura Educativa, Inversión de Futuro 2009”, el cual contemplaba recursos federales por más de 8 mil millones de pesos, lo que representaba una aportación sin precedente en el sector (SEP, 2009).

En este mismo orden de ideas, en su momento, el ex Secretario de Educación Reyes Tamez Guerra, resaltaba con gran optimismo, la inversión para el año 2002 de más de 270 millones de pesos para la educación que, sumada a la inversión privada, alcanzaba el 6.8% del producto interno bruto; inversión que nunca había ocurrido antes (Cimacnoticias, 2002).

Entonces, ¿si tanto recurso económico se ha destinado al sector educativo a través de los años para el mejoramiento de su infraestructura y con la intención de contar con escuelas “dignas”, por qué miles de escuelas no se encuentran en óptimas condiciones para recibir a cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en sus respectivas aulas escolares?, ¿por qué, hasta nuestros días, más de 41 mil escuelas primarias, secundarias y de bachillerato de nuestro país no tienen acceso a agua potable y más de 47 mil no cuentan con infraestructura para el lavado de manos (Poy, 2021)?, ¿por qué, de acuerdo al estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 81% de los inmuebles escolares se ubicaban en condiciones mínimas de sanidad y de matrícula de 25 estudiantes por docente, cifra que rebasa la cantidad de alumnos recomendada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Salinas, 2021)?

Cifras y datos expuestos, de una y otra parte que, si usted quiere están ahí, y que pueden ser consultados en el momento en que así se considere pertinente. De hecho, existen diversos reportes de la Auditoría Superior de la Federación (y que han hecho públicos diversos medios de comunicación digitales), mediante los cuales, se han hecho evidentes, las grandes contrariedades que párrafos atrás he señalado pues, en diversos asuntos, se han encontrado retrasos, irregularidades y falta de apoyo para, por ejemplo, la reconstrucción de escuelas que no fueron dañadas por los sismos de 2017: “la evolución del Programa Escuelas al Cien no ha cubierto las expectativas planeadas por lo que la ASF advirtió, que parece complicado que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa cumpla con la meta de 33, 852 centros de trabajo beneficiados con más de 50 millones de pesos en tres años. Hasta diciembre de 2017, el programa había ejercido apenas 26% del presupuesto y atendido el 40% de los centros de trabajo proyectados… además, la ASF, resaltó que los centros de trabajo ubicados en zonas menos rezagadas fueron favorecidos por encima de localidades con rezago alto y medio” (Expansión Política, 2018).

Tenemos entonces, por un lado, los discursos pomposos llenos de datos y cifras alegres que cotidianamente nos regalan los funcionarios públicos; por el otro, una realidad lacerante que los trabajadores de la educación, padres de familia y, principalmente, NNA, viven a diario; y, por otro lado más, una ley que nada más no acaba de dejar de ser letra muerta porque, en los hechos, hasta donde mi conocimiento me lo permite, sé de pocos, pero poquísimos funcionarios públicos que han sido sancionados por las irregularidades y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al sector educativo. Tres realidades, un solo hecho: simular para avanzar.

Muchas veces me han preguntado y, con seguridad, usted que está leyendo esto se habrá preguntado: por qué no denuncian estas irregularidades los trabajadores de la educación si, como he venido comentando reiteradamente, son los que viven y padecen los estragos de programas y políticas mal implementadas en el sector. La respuesta es simple: desafortunadamente, la denuncia, viene cargada de una serie de amedrentaciones, amenazas o atropellos de sus propias autoridades educativas o de algunos de sus compañeros de trabajo, aunado a que tal trabajador de la educación forma parte de un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se ha vendido y se vende al mejor postor; consecuentemente, guardar silencio parece ser la mejor opción.

No obstante, lo anterior, debo señalar que el magisterio, como parece obvio, ya no es el mismo de antes. Sí, con todas sus complejidades, pero ha cambiado; ya no se deja engañar como en antaño. Muestra de ello es lo que en el pasado inmediato se observó en cada uno de los planteles escolares para el regreso a clases presenciales, o bien, en la implementación del programa más neoliberal de este gobierno para la admisión y promoción del personal docente del SEN. Vaya, en el primer caso, fue irrisorio la paupérrima cantidad de “insumos” que se enviaron a las escuelas para que éstas se convirtieran en espacios seguros y se pudieran evitar contagios: un par de litros de gel, dos escobas, dos trapeadores, un litro de cloro y algunas jergas fue parte de ese kit sanitizante. En el segundo caso, para pocos es desconocido el desastre que es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM); el sello de esta Unidad ha sido la inoperancia, ineficacia e ineficiencia, aunado al raquítico presupuesto asignado para, por ejemplo, la promoción horizontal.

Y bueno, ya mejor ni hablamos de la puesta en marcha del Plan de Estudios de esa cosa extraña que se ha denominado Nueva Escuela Mexicana o de los libros de texto gratuitos que, por donde se vea, no avanzó como debiera.

Sí, con seguridad alguien podría decir que hace unos años se implementaron unos foros de consulta para concretar lo que se conoció como gran Acuerdo Educativo Nacional mediante los cuales ¿se les dio voz a los trabajadores de la educación? Al respecto bien valdría preguntarse: ¿qué pasó con todas las propuestas que el magisterio depositó para que fueran tomadas en cuenta en dicho Acuerdo?

Sí, con seguridad alguien me podría decir que se encuentra operando el Programa la Escuela es Nuestra, solo que, como bien sabemos, dicho programa no beneficia a todas las escuelas públicas del país y, sus reglas de operación, son otro de los tantos misterios que no han logrado resolverse porque, mientras en el papel se establece una cosa, la realidad dista de lo que en éste puede leerse. Miles de escuelas siguen teniendo dificultades para brindar un servicio educativo de “calidad”.

Sí, con seguridad alguien podría decir que la estrategia Aprende en Casa fue todo un éxito y que, por tal razón, tal y como lo ha asegurado la profesora Delfina, “llegó para quedarse”; al respecto, sugiero que se lean los resultados de la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que fueron publicados hace unos meses y, en los que se señala, que menos de la mitad de estudiantes y padres de familia, recurrieron a los programas televisivos para darle continuidad a su proceso formativo.

Ahora bien, si por anacronismo entendemos que éste es un hecho o circunstancia actual que no es actual sino propia o característica de las costumbres del pasado, podríamos comprender el escenario actual que estamos viviendo en materia educativa en estos momentos.

Los datos ahí están, para ser investigados, analizados, comprendidos y valorados.

Referencias:

SEP. (2017). Anuncia Nuño Mayer inversión de 80 mil millones de pesos para mejorar infraestructura escolar. Boletín 141. Recuperado de: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-141-anuncia-nuno-mayer-inversion-de-80-mil-millones-de-pesos-para-mejorar-infraestructura-escolar

SEP. (2009). Lanza gobierno federal inversión histórica para programa de infraestructura educativa. Subsecretaría de Educación Media Superior. Recuperado de: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/02012009_lanza_el_gobierno_federal_inversin_histri

Maya, R. (2002). Refrenda Reyes Tamez el carácter laico y gratuito de la educación. Cimacnoticias. Recuperado de: https://cimacnoticias.com.mx/noticia/refrenda-reyes-tamez-el-caracter-laico-y-gratuito-de-la-educacion/

Poy, L. (2021). Más de 41 mil escuelas del país no tienen acceso a agua potable: Mejoredu. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/30/politica/mas-de-41-mil-escuelas-del-pais-no-tienen-acceso-a-agua-potable-mejoredu/

Salinas, C. (2021). La falta de infraestructura y el avance de la pandemia en México impide garantizar el regreso seguro a las aulas. El País. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2021-02-01/la-falta-de-infraestructura-y-el-avance-de-la-pandemia-en-mexico-impiden-garantizar-un-regreso-seguro-a-las-aulas.html

Redacción Expansión Política. (2018). Al programa escuelas al cien, no le salen las cuentas, detecta la ASF. Expansión Política. Recuperado de: https://politica.expansion.mx/mexico/2018/11/01/al-programa-escuelas-al-cien-no-le-salen-las-cuentas-detecta-la-asf

Fuente de la información: https://profelandia.com

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México – Los CAED y PRONI: la precariedad laboral en tiempos de la 4T

Abelardo Carro Nava

Los CAED y PRONI: la precariedad laboral en tiempos de la 4T

Abelardo Carro Nava

Vivimos en un país donde, por un lado, los políticos de todos los partidos que llegan a ocupar un lugar en Palacio Nacional o en distintas Secretarías de Estado, específicamente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), buscan de cualquier forma satisfacer las demandas y exigencias de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial, en materia de inclusión educativa o de incorporación a eso que se le conoce como globalización con la enseñanza de una lengua extranjera, pero, por otro lado, en un país donde esos mismos políticos, diseñan programas que no acaban de concretarse para beneficio de la población a los que están dirigidos: niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar, ya sea en educación básica o media superior. NNA que, indudablemente, sufren las consecuencias de una serie de decisiones mal tomadas por quienes tendrían que procurar el derecho irrestricto, en este marco, a una educación de calidad.

En este sentido, el tema del Programa Nacional de Inglés (PRONI) o el del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración Educativa (hoy Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, FFSEE), impulsado hace unos años por gobiernos emanados de otros partidos políticos muy diferentes al que hoy dirige los destinos del país, nada más no acaban de tomar forma para hacerse una realidad. Es más, con la mal llamada “austeridad republicana”, sufren los embates de una serie de recortes o ajustes presupuestales pues, como se sabe, para el actual régimen hay de prioridades a prioridades que no se visualizan en el ámbito educativo, pero sí en lo clientelar o corporativo.

Por ejemplo, el pasado 17 de noviembre, profesores del PRONI de los estados de Zacatecas y Puebla, denunciaron en distintos medios de comunicación y/o redes sociales, el adeudo de varias quincenas y falta de prestaciones de ley y servicio médico en plena pandemia, pero también el que, en Guerrero, el 15 de noviembre, terminaría el servicio que éstos prestaban en cada una de las escuelas de esa entidad federativa (Noticias en la mira, 2021). Un asunto que no es nuevo, de hecho, en enero de este año, publiqué un artículo que titulé “El PRONI, entre la corrupción y el limbo” (Carro, 2021). Así ha sido y, tal parece, que así seguirá este programa: entre la corrupción y el limbo.

Ahora bien, por lo que toca al tema de la inclusión educativa, durante el sexenio de Felipe Calderón, se impulsaron los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), como parte de las políticas de equidad e inclusión impuestas por los organismos internacionales referidos y, cuyo propósito, fue el de brindar atención especializada de calidad y pertinente a los estudiantes con discapacidad, así como también, integrarlos a la comunidad escolar. De hecho, en 2016, según la SEP, se tenían en operación 275 CAED, teniendo previsto, abrir 225 más en el periodo 2016-2018, y por el cual se aseguraba que, al término del sexenio, se tendrían 500 en todo el país (Boletín 131, SEP, 2016). No obstante, con la llegada del actual régimen, y bajo el pretexto de esa mal llamada “austeridad republicana”, desde hace un par de años, alumnos, padres de familia y maestros que laboran en los CAED, han denunciado por diversos medios de comunicación y redes sociales, la presunta eliminación de estos CAED, así como también, una serie de irregularidades en sus pagos, pero, lo más preocupante, el que los alumnos que cursan sus estudios en estos Centros, tenían serias dificultades para obtener los documentos que avalan la culminación (certificación) de sus estudios (Dis-capacidad, 2019). Un asunto que, hay que decirlo, así se ha mantenido hasta nuestros días. ¡Vaya forma de implementar las políticas educativas de carácter incluyente en nuestro país! En fin.

En este sentido es importante señalar que, en ambos programas, la figura del docente que estaría a cargo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, tanto para los que cursan el nivel básico para la adquisición de una lengua extranjera o, en media superior, para la atención de alumnos con alguna discapacidad, no reciben esta denominación, la de docentes, sino aquella que, por más que se diga lo contrario, es totalmente incomprensible y hasta denigrante: “asesores externos”. ¿Acaso estos “asesores externos” no planean, desarrollan una clase y evalúan los aprendizajes? Cierto, en ambos casos, no ha habido una completa formalización del servicio educativo que prestan estos profesores; ello explica el por qué no tienen una base definitiva o el que se les pague irregularmente por honorarios (previo contrato), pero ¿ello justifica esa irregularidad a la que han estado sujetos desde hace varios años?, ¿no un gobierno, que se dice del pueblo y para el pueblo, tendría que velar por brindar una atención integral a todos los sectores de la población que así lo requiera con personal calificado y especializado en diferentes rubros?

Y es que, como se sabe, con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en la década de los noventa, la implementación de políticas internacionales emanadas de los señalados organismos, y la tan anhelada y mal lograda “calidad” educativa en nuestro país, se ha precarizado y desvalorizado el quehacer docente en diversos rubros afectando, como parece obvio, a los trabajadores que prestan sus servicios bajo estas modalidades, pero, desde mi perspectiva, lo más importante y preocupante, el que los alumnos de todos los sectores sociales, y con diferentes capacidades, no reciban lo que propio derecho les corresponde: una educación que les permita afrontar los retos que la vida misma y la sociedad impone, pero también, ser incluidos en esa sociedad altamente demandante derivado de ese mundo globalizado.

Cierto, habrá quien me diga que se ha avanzado en materia de inclusión educativa en nuestro país, no obstante, en mi defensa, diré que el que un alumno con alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva o motriz asista a cualquier escuela de México no es un signo de un avance mayúsculo pues, como se sabe, desde hace varias décadas, las maestras y maestros de nuestro país no han recibido la formación especializada para tratar a estudiantes con autismo, hipoacusia, etcétera, que se incorporan a sus aulas escolares.

Curiosamente, si el actual régimen tiene la intención de desaparecer programas “neoliberales”, hasta el momento no hemos conocido (y con seguridad no conoceremos) qué programas substituirían a éstos. Vaya, el que la Secretaria de Educación, PROFESORA Delfina Gómez, haya anunciado el pasado 3 de diciembre (día internacional de personas con discapacidad) que, para 2022, se tendría un aumento superior a los 650 millones de pesos en el PFSEE (Profelandia.com, 2021), no asegura que los CAED seguirán subsistiendo. Creo, la profesora, tendría que tener claro que los Centros de Atención Múltiple (CAM), no son los CAED, y punto.

¿Por qué no brindar una certeza laboral y profesional a estos profesores que no son asesores externos para que, de alguna forma, se avance en una adecuada implementación de las políticas en comento?

Con negritas:

Vaya precarización laboral y docente en un gobierno que se dice humanista.

Al tiempo.

Referencias:

 

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/los-caed-y-proni-la-precariedad-laboral-en-tiempos-de-la-4t/

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La USICAMM: el año de la desvalorización docente

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

«Curiosamente, la desvalorización del magisterio en lo que va de este año, ha pasado por las manos de dos profesoras que conocen los recovecos del Sistema Educativo Mexicano…»

Algunos años han pasado desde aquel 19 de septiembre de 2019, cuando se aseguró, que ese día sería histórico para el país en materia educativa pues, según la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, caería de manera completa y plena la mal llamada reforma educativa de 2013 (Diputadas y Diputados de Morena, LXIV Legislatura, 2019). Algunos años han pasado desde que, en tribuna, la misma Diputada afirmó que dicha reforma fue impuesta y violenta y, por lo cual, surgía un gran acuerdo educativo, producto del diálogo y el trabajo colaborativo realizado por el ex Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, a través de diversos foros de consulta. Algunos años han pasado desde que la bancada morenista gritó a los cuatro vientos: ¡ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó! (https://www.youtube.com/watch?v=j6iI-9KxjRI), asegurando el total desmantelamiento de esa reforma que, como sabemos, fue punitiva.

No fue suficiente la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tampoco la “supuesta” eliminación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y, mucho menos, aprobar la reforma educativa del 2019. La precariedad laboral del magisterio sigue a tambor batiente en eso que se ha denominado “la cuarta transformación de México”. Muestra de ello, es el paupérrimo trabajo que ha venido realizando la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) cuya titular, hoy día, es la que en su momento aseguró la caída una reforma violenta y el desmantelamiento de un sistema que agravió a los trabajadores de la educación.

Hay que decirlo, esta Unidad, es una copia mal hecha de lo que en su momento fue la CNSPD. Coordinación que, también hay que decirlo, no ha desaparecido; sigue tan vigente como en aquellos días en los que el peñanietismo, a través de Aurelio Nuño, violentaba los derechos laborales y profesionales de miles de trabajadores de la educación.

Sí, la violencia física que se vivió con la implementación de la mal llamada reforma educativa se trasladó a una violencia simbólica pues, según Bourdieu, dicha violencia es manifiesta cuando en una relación social, el “dominador”, ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente en contra de los “dominados”.

¿De qué otra manera se explica el estado de indefensión al que han sido sometidos los maestros por una autoridad que no acepta que el proceso diseñado para que pueda participar en un determinado “concurso” estuvo mal operado?, ¿de qué otra manera se explica la serie de inconsistencias administrativas que poco favorecieron la posibilidad de que el profesorado mexicano participara en ese proceso cuando cumplía con todos los requisitos pero que no fueron tomados en cuenta porque una plataforma no servía?, ¿de qué otra manera se explica la inoperancia de una plataforma “evaluadora” que enrareció los procesos evaluativos de todos los participantes en esos concursos mal operados?, ¿de qué otra manera se explica el establecimiento de una clasificación entre los mejores maestros que obtuvieron un estímulo en este año de aquellos que, por voluntad propia, no desearon participar?,  ¿de qué otra manera se explica el impulso de un programa neoliberal de estímulos económicos, en un gobierno antineoliberal, y no una mejora sustancial en el salario de todo el magisterio? ¿Gatorpardismo puro?

Sí, hace unos días, mediante comunicado oficial (Boletín No. 286), la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que 24 mil maestras y maestros obtendrían un incentivo económico en los procesos de promoción horizontal en 2021 (SEP, 2021). Sí, en tal comunicado, paradójicamente, la USICAMM informó que en un solo año se estaría otorgando casi la totalidad de los 25 mil incentivos que se asignaron en los últimos años de la administración pasada (SEP, 2021), es decir, ¿que ellos son iguales pero diferentes de aquellos? Esto, solo confirma lo que tantas veces he referido en diversos artículos: la CNSPD solo cambió de nombre.

Y luego, para variar, la aseveración que de nueva cuenta confirma el establecimiento de un programa neoliberal de estímulos salariales en un gobierno que no comulga con el neoliberalismo: en este primer año de operación, a través de los procesos de promoción horizontal que llevó a cabo la USICAMM, se beneficiaron a poco más de 20 mil maestras y maestros con un incentivo económico (SEP, 2021). ¿Y los más de un millón de profesores que laboran en educación básica de qué manera se han beneficiado o se les ha beneficiado si el incremento salarial anual es paupérrimo, el trabajo se ha triplicado y las condiciones laborales y profesionales son, mayormente, inaceptables?

Sí, fue una participación voluntaria del magisterio, pero tanto la convocatoria como el proceso que siguió la operación de, por ejemplo, el programa de promoción horizontal, dejó fuera a muchos de los concursantes quienes, a través de los medios institucionales recibieron las más inverosímiles respuestas a sus demandas que, desde luego, ensuciaron dicho proceso.

No, esto no significa demeritar el logro alcanzado por aquellos que obtuvieron el tan anhelado estímulo. Por el contrario, su preparación, capacidad, habilidad y conocimiento favorecieron el éxito en cada una de las etapas por las que, cuyo calvario, transitaron. Sin embargo, si de equidad y justicia se trata, hay que decir que otros tantos (muchos) se quedaron fuera del mismo por la simple y llana inoperatividad de esa Unidad administrativa y el establecimiento de una serie de requisitos inadmisibles cuando, como se sabe, la docencia se vive en el aula.

Sí, en los últimos días y semanas, se ha dejado ver la titular de la USICAMM en sendas reuniones con diversas autoridades educativas de distintas partes de la República Mexicana, no así con las maestras y los maestros que han padecido los estragos de un programa erróneamente implementado. ¿Diálogos a conveniencia?

Curiosamente, la desvalorización del magisterio en lo que va de este año, ha pasado por las manos de dos profesoras que conocen los recovecos del Sistema Educativo Mexicano (SEM); ¿se imagina lo que en este momento estaríamos dialogando si, los resultados expuestos, los hubiera dado a conocer Aurelio Nuño?

¿Por qué no pensar y actuar para lograr una mejora salarial del profesorado mexicano?, ¿por qué no pensar y actuar para brindar las mejores condiciones laborales y profesionales de los trabajadores de la educación?, ¿por qué no pensar y actuar para contar con un esquema de capacitación, actualización y profesionalización magisterial que redunde en logros efectivos en cada una de las escuelas y aulas de ese SEM?, ¿por qué no pensar y actuar hacia otras formas de valoración del quehacer docente en sus respectivos centros de trabajo?, ¿por qué no pensar y actuar para dejar atrás el romántico discurso de una tan prometida revalorización docente que nada más no acaba de hacerse una realidad?

Al tiempo.

Referencias bibliográficas:

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Los CAED y PRONI: la precariedad laboral en tiempos de la 4T

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

«Vaya precarización laboral y docente en un gobierno que se dice humanista…»

Vivimos en un país donde, por un lado, los políticos de todos los partidos que llegan a ocupar un lugar en Palacio Nacional o en distintas Secretarías de Estado, específicamente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), buscan de cualquier forma satisfacer las demandas y exigencias de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial, en materia de inclusión educativa o de incorporación a eso que se le conoce como globalización con la enseñanza de una lengua extranjera, pero, por otro lado, en un país donde esos mismos políticos, diseñan programas que no acaban de concretarse para beneficio de la población a los que están dirigidos: niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar, ya sea en educación básica o media superior. NNA que, indudablemente, sufren las consecuencias de una serie de decisiones mal tomadas por quienes tendrían que procurar el derecho irrestricto, en este marco, a una educación de calidad.

En este sentido, el tema del Programa Nacional de Inglés (PRONI) o el del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración Educativa (hoy Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, FFSEE), impulsado hace unos años por gobiernos emanados de otros partidos políticos muy diferentes al que hoy dirige los destinos del país, nada más no acaban de tomar forma para hacerse una realidad. Es más, con la mal llamada “austeridad republicana”, sufren los embates de una serie de recortes o ajustes presupuestales pues, como se sabe, para el actual régimen hay de prioridades a prioridades que no se visualizan en el ámbito educativo, pero sí en lo clientelar o corporativo.

Por ejemplo, el pasado 17 de noviembre, profesores del PRONI de los estados de Zacatecas y Puebla, denunciaron en distintos medios de comunicación y/o redes sociales, el adeudo de varias quincenas y falta de prestaciones de ley y servicio médico en plena pandemia, pero también el que, en Guerrero, el 15 de noviembre, terminaría el servicio que éstos prestaban en cada una de las escuelas de esa entidad federativa (Noticias en la mira, 2021). Un asunto que no es nuevo, de hecho, en enero de este año, publiqué un artículo que titulé “El PRONI, entre la corrupción y el limbo” (Carro, 2021). Así ha sido y, tal parece, que así seguirá este programa: entre la corrupción y el limbo.

Ahora bien, por lo que toca al tema de la inclusión educativa, durante el sexenio de Felipe Calderón, se impulsaron los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), como parte de las políticas de equidad e inclusión impuestas por los organismos internacionales referidos y, cuyo propósito, fue el de brindar atención especializada de calidad y pertinente a los estudiantes con discapacidad, así como también, integrarlos a la comunidad escolar. De hecho, en 2016, según la SEP, se tenían en operación 275 CAED, teniendo previsto, abrir 225 más en el periodo 2016-2018, y por el cual se aseguraba que, al término del sexenio, se tendrían 500 en todo el país (Boletín 131, SEP, 2016). No obstante, con la llegada del actual régimen, y bajo el pretexto de esa mal llamada “austeridad republicana”, desde hace un par de años, alumnos, padres de familia y maestros que laboran en los CAED, han denunciado por diversos medios de comunicación y redes sociales, la presunta eliminación de estos CAED, así como también, una serie de irregularidades en sus pagos, pero, lo más preocupante, el que los alumnos que cursan sus estudios en estos Centros, tenían serias dificultades para obtener los documentos que avalan la culminación (certificación) de sus estudios (Discapacidad, 2019). Un asunto que, hay que decirlo, así se ha mantenido hasta nuestros días. ¡Vaya forma de implementar las políticas educativas de carácter incluyente en nuestro país! En fin.

En este sentido es importante señalar que, en ambos programas, la figura del docente que estaría a cargo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, tanto para los que cursan el nivel básico para la adquisición de una lengua extranjera o, en media superior, para la atención de alumnos con alguna discapacidad, no reciben esta denominación, la de docentes, sino aquella que, por más que se diga lo contrario, es totalmente incomprensible y hasta denigrante: “asesores externos”. ¿Acaso estos “asesores externos” no planean, desarrollan una clase y evalúan los aprendizajes? Cierto, en ambos casos, no ha habido una completa formalización del servicio educativo que prestan estos profesores; ello explica el por qué no tienen una base definitiva o el que se les pague irregularmente por honorarios (previo contrato), pero ¿ello justifica esa irregularidad a la que han estado sujetos desde hace varios años?, ¿no un gobierno, que se dice del pueblo y para el pueblo, tendría que velar por brindar una atención integral a todos los sectores de la población que así lo requiera con personal calificado y especializado en diferentes rubros?

Y es que, como se sabe, con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en la década de los noventa, la implementación de políticas internacionales emanadas de los señalados organismos, y la tan anhelada y mal lograda “calidad” educativa en nuestro país, se ha precarizado y desvalorizado el quehacer docente en diversos rubros afectando, como parece obvio, a los trabajadores que prestan sus servicios bajo estas modalidades, pero, desde mi perspectiva, lo más importante y preocupante, el que los alumnos de todos los sectores sociales, y con diferentes capacidades, no reciban lo que propio derecho les corresponde: una educación que les permita afrontar los retos que la vida misma y la sociedad impone, pero también, ser incluidos en esa sociedad altamente demandante derivado de ese mundo globalizado.

Cierto, habrá quien me diga que se ha avanzado en materia de inclusión educativa en nuestro país, no obstante, en mi defensa, diré que el que un alumno con alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva o motriz asista a cualquier escuela de México no es un signo de un avance mayúsculo pues, como se sabe, desde hace varias décadas, las maestras y maestros de nuestro país no han recibido la formación especializada para tratar a estudiantes con autismo, hipoacusia, etcétera, que se incorporan a sus aulas escolares.

Curiosamente, si el actual régimen tiene la intención de desaparecer programas “neoliberales”, hasta el momento no hemos conocido (y con seguridad no conoceremos) qué programas substituirían a éstos. Vaya, el que la Secretaria de Educación, PROFESORA Delfina Gómez, haya anunciado el pasado 3 de diciembre (día internacional de personas con discapacidad) que, para 2022, se tendría un aumento superior a los 650 millones de pesos en el PFSEE (Profelandia.com, 2021), no asegura que los CAED seguirán subsistiendo. Creo, la profesora, tendría que tener claro que los Centros de Atención Múltiple (CAM), no son los CAED, y punto.

¿Por qué no brindar una certeza laboral y profesional a estos profesores que no son asesores externos para que, de alguna forma, se avance en una adecuada implementación de las políticas en comento?

Con negritas:

Vaya precarización laboral y docente en un gobierno que se dice humanista.

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información:    https://profelandia.com

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La otra evaluación del primer periodo: ¿así se evalúa y punto?

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

«Desde mi perspectiva, es necesario que la SEP conozca lo que sucede en un aula para diseñar políticas que permitan o favorezcan una adecuada coordinación entre autoridades, maestros y padres de familia…»

Buena parte del magisterio sabía que no sería nada fácil el regreso a clases presenciales; además de la incertidumbre y temor por los posibles contagios por el SARS-CoV-2 en las escuelas y las innumerables tareas asignadas en los Comités Participativos de Salud Escolar, el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes (NNA) fue un tema en extremo preocupante y ocupante pues, durante más de año y medio en que duró el confinamiento educativo, el profesorado mexicano encontró diversas dificultades, entre las que destacan: a) la incapacidad de una Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar respuesta a las innumerables actividades académicas que tendrían que ponerse en marcha en plena contingencia sanitaria; b) la variable respuesta de padres de familia para apoyar, conjuntamente con los docentes, el proceso formativo de sus hijos; c) la insuficiencia de recursos materiales y económicos, tanto de padres y maestros, para asegurar que los niños no dejaran la escuela; entre otros.

No sería sencillo, sobre todo porque, como sabemos, nunca será lo mismo trabajar a distancia que en un salón de clases. La socialización, el abordaje de los contenidos, la profundidad en el desarrollo de los mismos, el replanteamiento de los temas a partir de los conocimientos previos de los chicos, las adecuaciones curriculares derivadas de ese diagnóstico diario que acontece de manera continua y permanente, el recurso o material didáctico fundamental para situar dicho aprendizaje, el diálogo entre alumnos y profesores sobre las diversas inquietudes que se desprenden del Español, Matemáticas o Ciencias Naturales, la evaluación de las actividades, ejercicios o productos que dictan una mirada hacia el logro de los aprendizajes de los niños, el registro de esos avances en una libreta, cuadernillo o computador son, algunos de los elementos que, por donde quiera que se mire, cobran sentido cien por ciento en el aula y no a través de una pantalla o cuadernillo que, si bien es cierto fueron de ayuda durante todo ese confinamiento, también es cierto que la escuela, y todo lo que acontece en ella, forma parte de un conglomerado de situaciones de aprendizaje que, de cierta forma, aseguran la adquisición de un conocimiento a través de las experiencias.

La casa nunca será la escuela, y es cierto. En la primera, acontece ese aprendizaje informal tan necesario que sienta las bases para un aprendizaje formal que se logra en los planteles escolares. Y luego, ese aprendizaje no formal que se desprende de las charlas cotidianas que se generan entre iguales, es decir, entre NNA, con los amigos, con los conocidos, etcétera. Sí, es todo un andamiaje de conocimientos que se va construyendo progresivamente.

Llegado el día pues, se sabía que una de las primeras actividades a realizar por los profesores sería el diagnóstico, y no es porque la SEP lo determinara, sino porque como parte de su quehacer docente, es algo que se realiza de manera continua, aunque ya se haya trabajado con el mismo grado o grupo o bien, en caso de que tal o cual maestro haya cambiado de grado y grupo, pero también, que recibiera a NNA en un primer grado. Es un tema que se aprende desde las instituciones formadoras de docentes. Y bueno, ¿para qué es útil esa primera valoración? La respuesta es sencilla: para la toma de decisiones. Ahí, independientemente del instrumento que se emplee, se obtiene información en extremo valiosa sobre los conocimientos, actitudes, habilidades o valores de los educandos. Es un elemento fundamental, insisto, para esa toma de decisiones.

Curiosamente la SEP presentó este diagnóstico como si se descubriera el hilo negro, es más, propuso un plan extraordinario de recuperación o reforzamiento cuando, en los hechos, los profesores saben que tienen que reforzar o recuperar ciertos temas porque, independientemente de que la pandemia alteró la forma en que se trabaja con los chicos, es algo que suele realizarse cotidianamente porque, hay que decirlo, el currículo vigente está tan cargado de contenidos y los tiempos son tan limitados para abordarlos que, por más que se quiera, no se logra completamente el aprendizaje esperado.

Cierto, desde hace varios años se ha puesto especial énfasis en el Español y las Matemáticas en todas las escuelas puesto que por mandato “Secretarial” se tiene que lograr la tan anhelada “calidad educativa”; ello, de alguna forma, ha propiciado que nos conformemos con que los NNA sepan leer, escribir y contar, aunque no comprendan o razonen lo que ellos mismos lean, escriba o cuenten. ¿Por qué es tan necesario abordar tantos contenidos en tan poco tiempo? Es una pregunta que, espero, en algún momento pueda encontrar respuesta porque, hasta ahorita no tiene mucho sentido, sobre todo si tomamos en cuenta mi segundo argumento.

Y bueno, con ese diagnóstico, y con una forma de trabajo diversificada caracterizada porque los grupos escolares se tuvieron que dividir desde el inicio de este ciclo dado que la pandemia continua y de acuerdo a las recomendaciones sanitarias en las que se indica que se deben evitar concentraciones reduciendo el número de personas en un determinado espacio y tiempo, es que comenzó el trabajo o las clases, con todas sus vicisitudes. Sin temor a equivocarme puedo decir, que han sido semanas extenuantes y estresantes. No obstante, el magisterio sigue haciendo lo suyo, en mayor o menor medida, pero sigue dando la cara por sus alumnos:

a) Planear para esos dos o tres grupos de alumnos (de su mismo grupo y grado) que asisten en la semana, así como también, para los que aún se encuentran en casa porque, por decisión de sus padres, aún no se han reincorporado a la escuela;

b) ajustar o dosificar los contenidos porque, más allá del reforzamiento que pide la SEP o del abordaje de los temas de acuerdo al Plan de Estudios vigente, se tienen que lograr ambos propósitos dado el nivel de conocimientos de los NNA que, de sobra, conoce el profesorado mexicano, por ejemplo: elaborar una carta siguiendo una estructura determinada, comprender la estructura de un cuento e identificar los personajes, razonar ciertos problemas matemáticos a partir de fracciones, diferenciar entre figura o cuerpo geométrico, o bien, la ubicación de ciertos lugares a través de un croquis;

c) elaborar material o determinado recurso didáctico con un propósito específico dada la intencionalidad didáctica del tema o contenido y, obviamente, el estilo de aprendizaje de los NNA considerando los chicos que aún se encuentran en casa para que, con ello, de cierta forma se sitúe dicho aprendizaje.

d) evaluar de manera continua y permanente, con un carácter formativo, las actividades realizadas en el salón de clases, escuela y casa, con el propósito de retroalimentar los temas y, conjuntamente con los padres de familia, reforzar los aprendizajes; evaluación de la cual se desprende un registro, ya sea a través de unos “post-it”, una libreta, un diario de trabajo, una lista o un concentrado de productos o evidencias, entre otros que, como he dicho, tiene ese propósito valorativo.

e) y luego la clase; ese momento en el que ocurre la maravillosa experiencia que encierra un gran tesoro: la enseñanza y el aprendizaje, y del cual se desprenden todo tipo de cuestiones que solo quienes se encuentran en el aula las viven de una manera inigualable.

Hace unos días, la SEP dio a conocer los Criterios mediante los cuales el profesorado mexicano tendría que evaluar el primer periodo del ciclo escolar 2021-2022; el mensaje enviado hacia las maestras y maestros fue concreto: no importan todas las cuestiones señaladas en párrafos anteriores, se evalúa y promueve por decreto y punto. De qué sirve que el profesor o profesora lleve ese registro de sus alumnos, que entregue reportes o estadísticas de aquellos con los que no ha tenido contacto, que haga los ajustes necesarios para asegurar que sus alumnos (a su ritmo y estilo) aprendan, que planee continuamente y busque los materiales y recursos didácticos e indispensables para la generación de esos aprendizajes, en fin, que haga el trabajo que le corresponde si, de buenas a primeras, la indicación recibida y planeada desde un escrito es: así se evalúa y punto.

Desde mi perspectiva, es necesario que la SEP conozca lo que sucede en un aula para diseñar políticas que permitan o favorezcan una adecuada coordinación entre autoridades, maestros y padres de familia. Se trata pues, de darle el lugar y el valor que merece la función docente, y de establecer un diálogo con los padres de familia para que se comprendan la relevancia social de esa función, pero también, la de la escuela en la educación de sus hijos.

Tengo claro que, al igual que con los maestros, hay padres de familia comprometidos con su rol, que apoyan ese proceso formativo de sus pequeños, que están en constante diálogo con sus profesores, que no delegan a la escuela la responsabilidad que la vida les ha encomendado, que hacen hasta lo imposible por dar lo mejor de ellos mismos para apoyar a los chicos; no obstante, también tengo claro que sucede lo contrario; pienso que es ahí donde tendría que fijarse la atención para la toma de decisiones. Se sabe del problema, se conocen la mayoría de sus causas y se deducen sus posibles consecuencias, pero no se toman las mejores decisiones.

Una calificación, como sabemos, no asegura el logro de un aprendizaje; el proceso para la asignación de ese número es lo valioso en este tema y, por tanto, enviar un mensaje en el que se asegure que todos pasan, nadie reprueba (Dunstan, 2021), poco o nada favorece el proceso educativo porque, en sentido estricto, puede provocar una simulación que no es nada favorable para la educación en su conjunto. Por tanto, un Acuerdo Secretarial o una disposición normativa de esta naturaleza, debe asegurar que esa simulación no se asome a la puerta pues, de lo contrario, estaría tirando al bote de la basura todo ese proceso que puede asegurar la adquisición de aprendizajes en los NNA.

Al tiempo.

Referencias:

Dunstan, S. (2021). La promoción por decreto. Todos pasan, nadie reprueba. Profelandia.com. Recuperado de: https://profelandia.com/la-promocion-por-decreto-todos-pasan-nadie-reprueba/

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Más allá de la USICAMM…

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Bien decía José M. Esteve en su texto La aventura de ser maestro publicado en la década de los noventa: “la enseñanza es una profesión ambivalente. En ella te puedes aburrir soberanamente, y vivir cada clase con una profunda ansiedad; pero también puedes estar a gusto, rozar cada día el cielo con las manos, y vivir con pasión el descubrimiento que, en cada clase, hacen tus alumnos”, y no se equivocaba.

Pienso que detrás de esa ambivalencia, se encuentran innumerables estudios y explicaciones que podrían brindarnos un sinfín de diálogos que conducirían a comprender las complejidades de la enseñanza que son propias de un sector que por décadas ha sido objeto de estudio: el magisterio.

También pienso que, dentro de esa misma ambivalencia, subyace lo extenuante y gratificante de tal ejercicio. Supongo, son parte de una actividad humana que, al igual que otras, con sus propias características y peculiaridades, encuentran momentos diversos de aburrimiento, gusto, cansancio o gratificación. ¿No acaso el hombre por ser hombre tiende a actuar de diferente manera a partir de su propia individualidad y circunstancias?, ¿qué motiva a ese hombre a actuar de tal o cual manera? Interrogantes que, indistintamente, merecen la oportunidad de ser dialogadas, por ejemplo, y de manera específica, con quienes se encuentran inmersos en el sistema educativo nacional. Un sistema que, a través de los gobiernos que lo han maniatado y corrompido, no ha podido valorar la profesión docente como se hubiera querido. Me explico.

Levantarse muy de mañana, preparar (tal vez) el desayuno propio y de sus familiares, dirigirse a sus respectivos planteles escolares en lugares muy diversos (cercanos o alejados de sus hogares), ingresar a una escuela que cuenta con lo necesario para el desarrollo de su labor o, por el contrario, que adolece de lo mínimo; y luego, la recepción de alumnos y el saludo para comenzar el día.

Obviamente la planeación que elabora el profesor, con una determinada estructura (inicio, desarrollo y cierre), por cada una de las asignaturas/contenidos, es fundamental para la generación de aprendizajes. Flexible como lo es, este ejercicio es cambiante, día a día, semana tras semana, mes con mes; no se detiene. Obedece a una lógica; una que se desprende del diagnóstico diario que, si bien es cierto que no siempre queda plasmado o registrado en un papel, también es cierto que el mismo saludo del maestro o maestra hacia sus alumnos, y la respuesta de éstos hacia este hecho, ofrece una gama importante de posibilidades que favorecen la adecuación de tiempos, materiales o de conocimientos.

Indagar ideas previas sobre un tema a partir de un cuestionamiento; reajustar esa planeación y la organización diaria por las respuestas obtenidas de los estudiantes derivadas de esa interrogante, no es un asunto menor. Implica un conocimiento fino por parte de quien tiene en sus manos facilitar el aprendizaje. Claro, en mayor o menor medida, pero el enseñante desenreda el estambre para tejer las diferentes nociones de lo aprendido, hasta ese momento, por sus alumnos. Jamás es o se hace lo mismo, aunque por muchos años se haya dado clases en primero, segundo o tercer grado en una escuela primaria. Siempre es cambiante. Obedece a una lógica inserta en eso que llamamos docencia.

Y luego las actividades de los chicos al interior de los planteles (o en momentos de pandemia), ya sea con el libro de texto, cuadernillos, libretas, con una pizarra eléctrica, o bien, con recursos propios de los contextos: unas piedritas, frijoles o lentejas; todo se ajusta de acuerdo al diagnóstico/asignatura/contenido/alumnos puesto que, ya sea de manera individual o en equipo, se da paso a la interacción social para el andamiaje del conocimiento. Todo en un instante. Sí, un instante que se desprende de lo que el mismo enseñante organiza a través de esas actividades, obviamente, a partir de sus alumnos y de las habilidades que son manifiestas en éstos y, desde luego, aunado a su experiencia y formación académica. Siempre tienen un propósito o, como dirían algunos especialistas: una intencionalidad didáctica. Vaya, hay quienes aseguran, que los momentos de improvisación son parte de este ejercicio, siempre y cuando, no se abuse de éstos.

Y luego la socialización de la actividad realizada; ese intercambio de saberes que permite la reflexión propia en virtud de lo compartido. De todo se aprende. No hay duda. Se descubre, por ejemplo, que no hay un procedimiento único para llegar a un resultado, o que el conocimiento que “yo tenía” sobre tal o cual hecho se nutre con las aportaciones de los otros o de la ciencia.

Este ejercicio, desde luego tiene consigo mismo un proceso de valoración y aprendizaje importante.

Sí, de todo se aprende.

Desafortunadamente, en nuestros días, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) no ha aprendido nada o, tal vez, ha aprendido poco. El último proceso relacionado con el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos, específicamente, en la aplicación del instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas dejó mucho que desear. Se “evaluó”, en los participantes, la capacidad de responder a ciertas cuestiones a través de la construcción de un texto SOBRE su práctica educativa y no EN su práctica docente. Sí, una práctica docente que, como he referido, ocurre en un salón de clases. Sí, en un salón de clases, donde la ambivalencia se hace latente y donde el cúmulo de conocimientos y habilidades son detonantes para la generación y adquisición de aprendizajes.

Y para variar, la emisión de resultados que, indiscutiblemente, acrecentó la incertidumbre y falta de credibilidad en un proceso plagado de irregularidades.

¿En verdad no hay otra forma de “valorar” la práctica docente más que la que desde 1993, con Carrera Magisterial, se ha venido implementando en México?, ¿hasta cuándo se seguirá impulsando un sistema de estímulos salariales que, bajo las recomendaciones del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, tienden a priorizar el mérito y desvalorizar lo que ocurre en el aula en razón del quehacer y profesión docente?, ¿no hay algo más allá de la USICAMM? Esto último lo pregunto porque la docencia, como bien se sabe, siempre ha estado. Sí, ha estado presente.

Al tiempo.

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org/mas-alla-de-la-usicamm/

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