Author: Abelardo Carro Nava

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¡El Mexe vive, la lucha sigue!

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Después del movimiento revolucionario de 1910, la educación en nuestro país tomó un rumbo diferente del que se conocía hasta ese entonces. Desde mi perspectiva, la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, propició un viraje importante puesto que, a través de su titular, José Vasconcelos, se impulsó la educación popular, la creación de escuelas rurales, las bibliotecas populares, entre otras.

Pasados algunos años y con la llegada de Plutarco Elías Calles a la Presidencia, en febrero de 1926 se decretó la creación de la *Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” en El Mexe con un objetivo muy claro: instruir maestros, brindar asesoría a las escuelas rurales, además de realizar un trabajo social importante para las comunidades.

Con la llegada de la educación socialista a nuestro país, esta escuela normal rural, reafirmó esos objetivos a través de una formación de profesores rurales quienes, tenían como misión, concientizar y organizar a la población que vivía en el campo puesto que, por un lado, se pensó que resolver el problema agrario propiciaría la construcción de un país más justo y equitativo, pero también, que los alumnos que asistirían a las escuelas serían educados con base en los dictados de las ciencias ligadas a la naturaleza y a la sociedad; para ello, se reformaron planes y programas de estudio con la finalidad de plasmar en ellos una concepción basada en la lucha de clases, hecho que permitió modificar los libros de texto, tal vez con el mismo propósito, pero con un sentido muy específico: el establecimiento de una diferencia entre los desposeídos y la iglesia. En fin. El cúmulo de estas cuestiones le dieron sentido, identidad y pertinencia a la formación de maestros rurales en El Mexe.

Después de un tiempo en el que, como es natural, bajo un clima político “enrarecido” y en el que predominaba esa idea “modernizadora” de México, muchas escuelas normales rurales sufrieron los primeros embates de una élite en el poder empobrecida y cegada por sus propios intereses. Varias de éstas perdieron sus tierras, talleres, escuelas anexas (Civera, 2015) y, desde luego, el presupuesto que la SEP venía otorgándoles, de ahí que se entienda que varias de las normales rurales que mantuvieron algunas de sus tierras y talleres, a través de sus alumnos y maestros, los trabajaron con la intención de hacerse llegar de recursos económicos y, por supuesto, de alimentos.

A esto le siguió el cierre de varias normales rurales durante la década de los 60’s pues, de ser 29 en los 50’s, de un plumazo quedaron 15. El movimiento estudiantil del 68, la supuesta formación de cuadros de resistencia a las políticas impuestas por gobiernos eminentemente autoritarios, el surgimiento de líderes estudiantiles cuyos ideales eran permeados por los pensamientos de José Santos Váldes, Othón Salazar, Género Vázquez o Lucio Cabañas, entre otras cuestiones, propiciaron los siguientes embates de la federación, y luego, con el decreto de 1984 mediante el cual los estudios realizados en dichas instituciones tendrían el grado académico de licenciatura, aunado a la descentralización de la educación básica y normal propuesta en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), la situación se complicó aún más para estas normales. A los estados se les transfirió un poder enorme para implementar “políticas educativas” que, con el paso del tiempo, afectaron el desarrollo ya de por sí precario de éstas.

Expuesto lo anterior, puede entenderse por qué durante el gobierno de Jesús Murillo Karam (1993-1998) se redujo considerablemente la matrícula, becas y recursos para los estudiantes normalistas de El Mexe. También puede comprenderse la serie de acciones intolerantes, arbitrarias, autoritarias y violentas que se emprendieron en contra de los normalistas y pobladores por parte del gobierno en manos de Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005). Y bueno, como es sabido, durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong (2005-2011), en julio de 2008, el priismo en el estado de Hidalgo cumplió su objetivo: cerrar definitivamente la Escuela Normal Rural “Luis Villareal” de El Mexe, transformándola en una Universidad Politécnica.

Ahora bien, con la llegada del peñanietismo a la Presidencia de la República las cosas no cambiaron mucho, la denostación y desprecio hacía las normales rurales fue más que evidente. Curioso es que Murillo Karam, ex priista y ex gobernador de Hidalgo, haya “enfrentado” desde la Procuraduría General de la República los trágicos sucesos relacionados con los ataques y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Gro. ¿El resultado? Lo conocemos: ineptitud, ineficiencia, ineficacia y escasa credibilidad en las investigaciones realizadas.

Culminado este periodo y con la llegada del lopezobradorismo a Palacio Nacional, se pensó que las cosas podrían ser diferentes puesto que, en plena campaña electoral, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” expresó en mayo de 2018: “tan luego triunfe el movimiento, se cancelará la mal llamada reforma educativa, (se va) a fortalecer la educación pública, no se van a cerrar las escuelas normales, al contrario se abrirá la normal rural El Mexe” (Monroy, 2018); sin embargo, hasta el momento en que cierro estas líneas la reapertura de esta normal rural, tal y como operan las pocas escuelas normales rurales existentes en nuestro país, no se ha concretado. ¿Las razones? Solamente las élites del poder las comprenden; sin embargo, resulta curioso que esas mismas élites “desoigan” los llamados del actual Presidente de México o las “promesas” que éste realizó durante su campaña política. En cualesquiera de los casos algo es cierto: esa promesa no se ha cumplido.

Quiero pensar que lo dicho hace unos días por este mismo presidente, cuando un reportero lo inquirió con relación a este asunto, fue claro: “La maestra Delfina va a escuchar que tenemos ese compromiso pendiente y los compromisos se cumplen y lo más pronto posible tiene que abrirse el Mexe” (Martínez y Garduño, 2021). ¿Ahora si se va a escuchar en la SEP y en otras áreas de gobierno este llamado presidencial?

Hay razones y argumentos suficientes para que esta la Escuela Normal Rural “Luis Villareal” vuelva a operar porque, más allá de una promesa lanzada a los cuatro vientos, es menester del Estado cumplir con el derecho que tienen los niños y jóvenes que viven en zonas rurales o urbanas marginadas, de recibir una educación que les permita contar con un proyecto de vida.

Esperemos pues, que la actual Secretaria de Educación, Delfina Gómez, atienda este llamamiento. De no hacerlo, la ya de por sí afectada credibilidad que tiene este gobierno en cuanto al “fortalecimiento y transformación de las normales públicas” será nula. ¿Acaso se piensa que ya se olvidó el brutal recorte presupuestal que tuvieron las normales para este 2021? No, no se olvida.

Con negritas:

Y a todo esto: ¿cuál es el papel que ha jugado la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) para que, de manera conjunta con pobladores y colectivos de Hidalgo, se luche por la apertura de esta escuela normal rural? Las divisiones internas al interior de dicha Federación puedo comprenderlas, pero no puedo entender que tales divisiones no logren la unidad hacia un mismo propósito: el normalismo rural mexicano.

¡El Mexe vive, la lucha sigue!

Nota: * La Escuela Normal Rural “Luis Villareal” fue fundada como Central Agrícola; en 1932 cambió a Escuela Regional campesina con internado mixto; y años más tarde (1946), se estableció como Escuela Normal Rural para varones con internado.

Referencias:

–Camacho, C. (2008). Adiós a la normal rural de El Mexe. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2008/07/07/index.php?section=estados&article=034n1est

–Civera, A. (2015). Normales rurales. Historia mínima del olvido. Nexos. Recuperado de: https://www.nexos.com.mx/?p=24304

–Martínez. F. y Garduño, R. (2021). Ordena AMLO reabrir normal de El Mexe lo más pronto posible. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/politica/ordena-amlo-reabrir-normal-de-el-mexe-lo-mas-pronto-posible/

–Monroy, J. (2018). Promete abrir normal “El Mexe”. El Economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Promete-abrir-normal-El-Mexe-20180514-0151.html

–Montoya, R. (2021) Parte caravana de normalistas de El Mexe hacia la CDMX. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/16/estados/parte-caravana-de-normalistas-de-el-mexe-hacia-la-cdmx/

–Notimex. (2008). Cierra definitivamente Normal de El Mexe. Dossier político. Recuperado de: https://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=39270&relacion=dossierpolitico

–Padilla, T. (2019). El Mexe: historia, agravios y resistencia. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2019/05/25/opinion/015a2pol

–Proceso. (2018). Anuncias la reapertura de la normal rural de El Mexe, sin internado. Proceso. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/12/14/anuncian-la-reapertura-de-la-normal-rural-de-el-mexe-sin-internado-217136.html

Fuente: https://profelandia.com/el-mexe-vive-la-lucha-sigue/

Imagen: https://www.facebook.com/Escuela-Normal-Rural-Luis-Villarreal-de-El-Mexe-1683020385286107/

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Programas y plataformas digitales: ¿maestros enseñarán inglés sin hablarlo?

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Durante el sexenio de Vicente Fox, uno de los programas que fue anunciado con bombo y platillo porque, se cuenta, era el favorito del presidente, fue el que muchos colegas conocimos como Enciclomedia; éste pretendió ser un sistema de educación en línea que, particularmente, estaba conformado por una base de datos didácticamente diseñada y planeada a partir de los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de educación primaria. Para que funcionara, en ciertas aulas se tendría que colocar un pizarrón electrónico mediante el cual, tanto alumnos como maestros, tendrían acceso a una versión digital e interactiva de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Para el logro de este y otros propósitos, este equipo tendría que estar conectado a una computadora, equipo de audio y, cuando así se “pudiera”, a internet. Su anuncio hizo pensar a propios y extraños, que ahora sí la educación mexicana podría ser equiparable a la que se brindaba en aquellos países denominados de primer mundo. ¿Quién no pensaría que este sistema de aprendizaje que se presentó como una herramienta informática para facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los salones de clases nos llevaría a ello?

No obstante, lo anterior, este programa fracasó debido a varias cuestiones entre las que destacan: la imposibilidad de contar con energía eléctrica en muchas escuelas para el funcionamiento del equipo, la imposibilidad de contar con internet en buena parte de los centros escolares, la escasa o nula capacitación que se brindó al profesorado mexicano, la falta de mantenimiento y actualización de los equipos, entre otras. En este sentido no hay que perder de vista las observaciones que, en su momento, emitió la Secretaría de la Función Pública en la auditoría 034/05, puesto que en ésta se señala que, en este programa, fueron prácticamente “inexistentes los indicadores para medir la eficiencia, eficacia y el grado de avance de los objetivos generales y específicos del programa, así como los lineamientos normativos para la operación de éste” (Aviles, 2006), esto, a pesar de que como bien apuntó Zebadúa en un artículo de opinión en 2009, Enciclomedia “arrancó el 13 de agosto de 2004 en el ciclo escolar 2004-2005 y se instaló en más de 21 mil aulas de 7 mil 211 centros escolares, con una población estudiantil beneficiada de 685 mil 711 alumnos… con un costo de 23 mil 498 millones de pesos – a pagar en cinco años – por la instalación de mil equipos multimedia en salones de quinto y sexto grado” (Crónica, 2009).

Pasado el tiempo y con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de México, prácticamente Enciclomedia llegó a su fin; se transitó hacía algo que llegamos a conocer como Habilidades digitales para todos. El propósito de este programa fue el impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las escuelas de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción a la sociedad del conocimiento (SEP, 2009-2012); para el logro de tal objetivo, se pretendió modernizar el uso de los equipos de las escuelas, principalmente en las aulas en las que se habían instalado Enciclomedia durante el gobierno anterior, dotándolas, según se dijo, de un software sofisticado e internet. Para 2012, como bien afirma Moreno (2016), “las aulas telemáticas recibieron 3 mil 175 millones de pesos y HDT 521 millones 938 mil 900 pesos (pero) la Auditoría Superior de la Federación reportó que el programa no cumplió con el objetivo”.

Las principales razones por las que este programa fracasó, al igual que el del sexenio anterior, tuvieron que ver con los incontables problemas que significaba determinar el ancho de banda que sería empleada para el empleo de los equipos y, con ello, se lograra el acceso y conectividad requerida tal y como Hernández (2012) lo reveló en su momento: “datos de la SEP revelaron que el HDT falló en el cumplimiento de su meta, ya que para diciembre de 2012 había proyectado conectar a la web a 98 mil 128 aulas de secundaria, y solamente 13.4 por ciento tiene conectividad”. Afirmación que, de alguna forma, refuerza lo que en su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó en cuanto a que este programa no cumplió con su objetivo.

Ahora bien, con la llegada de Peña Nieto a Palacio Nacional, Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos quedaron sepultados, en primera instancia, se puso en marcha algo que conocimos con el nombre de Inclusión y Alfabetización Digital pero luego, fue sustituido por el programa @prende.mx 2.0, ambos, con la intención de que los alumnos consiguieran las habilidades digitales para el Siglo XXI. El primer programa tenía como propósito fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos personales (lap top y tabletas), precargados con contenido que, según se dijo, reducían la brecha digital, incentivaban el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje y fomentaban la interacción entre los actores de ese sistema educativo. La inversión, tal y como lo he señalado en otro de los artículos que publiqué en este espacio y que llevo por título “¿La educación pública ya está equipada?”, ascendía a poco más de 3,700 millones 869 mil 669 pesos, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, detectó una serie de insuficiencias en la aplicación de éste dado que la SEP no había otorgado información que demostrara el beneficio que tenían los niños con las computadoras, subrayando que carecía de evaluaciones y un plan integral que explicara la razón por la que comenzó su pilotaje en Colima, Tabasco y Sonora, así como la cantidad de alumnos que tenían equipos y la dificultad que tenían sus usuarios para conectarse a internet (Carro, 2021). Obviamente este programa fracasó y, las computadoras portátiles y tabletas, pasaron a la historia como un dato más de un proyecto fallido.

Por su parte, el segundo programa que se puso en marcha en este sexenio (@prende.mx 2.0), tenía como objetivo fomentar el uso de las TIC para el desarrollo de las habilidades digitales y pensamiento computacional, necesarios en el contexto social y económico del Siglo XXI, para ello se pensó, que se equiparían con aulas digitales las escuelas de nivel básico y se capacitaría a los docentes para que enseñaran a sus alumnos; sin embargo, según los datos consultados el 21 de enero de este año y que expuse en el mismo artículo citado en el párrafo anterior, solamente se instalaron 64 aulas, 1 estaba por instalarse y 761 tenían el status  “canceladas” (Carro, 2021). La razón por la que este programa también falló, puede hallarse en lo que la misma SEP reportó en diciembre de 2017, dado que esta dependencia determinó insolventes todas las ofertas para instalar en mil aulas de primarias públicas de 16 estados el nuevo sistema para desarrollar el pensamiento computacional de estudiantes y maestros (Carro, 2021). De nueva cuenta, insisto, otro programa falló, sin que al momento en que cierro estas líneas se haya sabido de alguna sanción administrativa para los ejecutores de esos programas por dichos fallos y, mucho menos, una sanción mayor por el manejo discrecional de los recursos que la Auditoría Superior de la Federación reportó por esos tiempos.

Pasados algunos años y meses desde que el gobierno peñanietista dejó Palacio Nacional y, en su lugar, ingresó el lopezobradorismo; el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, anunció con bombo y platillo que, en este sexenio, los maestros enseñarían inglés sin saber hablarlo y, para ello, se pondría en marcha una plataforma digital (Alemán y Vicenteño, 2019), sin embargo este funcionario no dio más detalles sobre tal asunto y, por tal motivo, me atreví a nombrar a esta plataforma como “unknown” (desconocida), puesto que poco o nada se sabe sobre ella, tampoco se sabe si ésta es parte de un programa o una plataforma fincada en otro programa como el @aprende.mx 2.0, pero lo más preocupante, es que nada se sabe sobre sus fundamentos, sus orientaciones didácticas y pedagógicas, su política lingüística, su financiamiento, su capacidad de acceso y conectividad, entre otras cuestiones.

Lo anterior, como parece obvio, ha generado una serie de reacciones en el magisterio y en los profesores que laboran en el Programa Nacional de Inglés (PRONI); primero, porque como se sabe, los maestros de educación básica han tenido que impartir dos asignaturas más a las establecidas en la currícula “vida saludable y educación socioemocional” y, tal parece que en próximos días, también impartirán inglés. Esto porque en al menos tres entidades del país (Zacatecas, Puebla y Nuevo León), las Secretarías de Educación recientemente emitieron un comunicado mediante el cual se convoca a los profesores frente a grupo y a directivos, a una capacitación sobre el funcionamiento de la plataforma para la enseñanza del idioma inglés. Insisto, ¿cuál es el fundamento en ello?

Por lo que toca a los profesores que laboran en el PRONI, hace unos días publiqué un artículo titulado “El PRONI: entre la corrupción y el limbo” (Carro, 2021), en el que expuse un breve análisis sobre los claroscuros por los que ha atravesado este programa, pero también, sobre la situación que hoy día viven cientos de maestros que, curiosamente, no han sido contratados o recontratados, para que aporten sus saberes y haceres en la enseñanza del inglés a los alumnos de educación básica.

Desde luego, el anuncio hecho por Esteban Moctezuma en 2019, los comunicados que emitieron estas Secretarías hace unos días, las “irregularidades” en el proceso de contratación y recontratación de los profesores PRONI derivado de unas Reglas de Operación que dan un inmenso poder a los estados y la falta de contratación y recontratación de los mismos en diversas entidades del país dado el “recorte presupuestal” anunciado por el Gobierno Federal para este año, nos obligan a pensar que estamos ante la posible sustitución del profesorado en inglés para dar paso a una plataforma “unknown” de la que, como he dicho, poco se sabe y, de la cual tendrían que hacer uso los docentes frente a grupo aún sin saber inglés tal y como lo apuntó el Secretario. ¿Hay lógica en ello? Es decir, ¿no es necesario tener un conocimiento en cuanto a la morfología y fisiología del individuo que aprende inglés?, ¿no es necesario tener un conocimiento en cuanto al vocabulario y gramática de la lengua que se enseña y que, por obvias razones, el alumno aprende?, ¿acaso no es necesario tener un conocimiento pleno del sistema lingüístico que se enseña?, ¿acaso un maestro de educación básica puede enseñar inmunología en una facultad de medicina cuando no fue parte de su formación profesional?

Desde hace unos años, diversos países han integrado en sus sistemas educativos estrategias para que los alumnos tengan la oportunidad de aprender inglés; el uso de programas y plataformas como las que he mencionado han sido algunas de estas estrategias, pero también, la contratación de especialistas para que asuman esta responsabilidad en las escuelas. Como hemos visto, para el caso mexicano, las primeras no han tenido el resultado esperado: han fallado. Los segundos, viven en la incertidumbre en estos momentos dado el desasosiego que ha generado su contratación o recontratación para la enseñanza del inglés. Lo anterior, si se suma al grueso de actividades que profesores frente a grupo realizan en estos días, podría generar un problema mayúsculo del que no se obtendría nada bueno. ¿Acaso los maestros frente a grupo no se encuentran atiborrados de materias y de trámites administrativos sin sentido?

Es cierto, todos los programas señalados tuvieron como “propósito” brindar un apoyo al maestro que se encontraba frente a grupo, pero también, el que nuestro país avanzara hacía la consolidación de un sistema que brindara, a sus estudiantes y profesores, el acceso a las tecnologías de comunicación y a la tan anhelada sociedad del conocimiento. Recuerdo muy bien que, por esos años, tales acciones generaron una idea un tanto errónea entre el magisterio puesto que quedó en evidencia que jamás podrían ser sustituidos los maestros y que, las herramientas que la SEP ofrecía, eran eso, herramientas; sin embargo, lo que acontece en nuestros días puede ofrecernos varios indicios que podrían llevarme a asegurar, que los profesores que enseñan inglés en las escuelas a través del PRONI, pueden ser sustituidos por una plataforma “unknowm”. En cualesquiera de los casos, espero equivocarme en esta afirmación porque, de lo contrario, la sentencia que Estaban Moctezuma lanzó en 2019 se habrá cumplido “Maestros enseñarán inglés sin saber hablarlo”. Craso error sería este en la nueva escuela mexicana, craso error sería de un gobierno que, según se dijo, sería diferente pero que, en los hechos, está anteponiendo el empleo de una plataforma para la enseñanza del inglés y no a los profesionales en esta materia porque, indiscutiblemente hasta nuestros días, varios de éstos docentes no tienen una certeza laboral que les permita brindar el servicio profesional y educativo para el cual se formaron.

Con negritas:

Independientemente de las filas y fobias, de los colores y los partidos, de las simpatías y antipatías, se ha preguntado en manos de quién ha estado y estará la educación en México.

Referencias:

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Nuevo proceso de admisión con una admisión inconclusa

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Como bien sabemos, a partir de la aprobación de la mal llamada reforma educativa de 2013, las disposiciones legales y normativas para el ingreso al Servicio Profesional Docente cambiaron sustancialmente. Los exámenes de ingreso, conjuntamente con el cumplimiento de ciertos requisitos, fueron algunos de los aspectos que los aspirantes tendrían que realizar para que accedieran y ocuparan un lugar dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN). De ahí que, como también sabemos, una vez que los participantes pasaban los filtros establecidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y, desde luego, si es que los resultados les eran favorables de acuerdo a las listas de prelación y las vacantes disponibles, éstos ingresaban al magisterio de manera provisional, por lo cual se les otorgaba un nombramiento con un código 89 “Alta por Tiempo Fijo, por Ingreso al Servicio Profesional Docente”.

Ahora bien, después de cierto tiempo (que variaba entre los 6 meses a un año, aproximadamente), muchos de estos maestros y maestras tuvieron que realizar un examen de diagnóstico para que pudieran cambiar el código 89 por un FU “Alta Definitiva por Ingreso, SPD”; esto no significaba que ya tenían en sus manos una Alta Definitiva, puesto que la misma ley estipulaba que al término de dos años los recién ingresados al SEN, tendrían que realizar otro examen para que les fuera otorgado el código FV “Alta definitiva por ingreso y evaluación, Servicio Profesional Docente” que, en sentido estricto, no era otra cosa más que lo que muchos conocemos como código 10 “Alta definitiva”.

Todo lo anterior se realizaba con fundamento en lo que se conoció como “Disposiciones en materia del Servicio Profesional Docente” que emitió la CNSPD (CNDSP, 2017) y, de los cuales, hay que señalarlo, las entidades federativas lo aplicaban bajo su propia interpretación y, por tal motivo, muchas de los nombramientos que se dieron durante este sexenio variaron en cuanto a su temporalidad (aplicaciones de exámenes diagnóstico y de los dos años) y características de los formatos de dichos nombramientos. En fin.

Con la aprobación de la reforma a la reforma educativa de 2013, este esquema cambió un poco.

Por principio de cuentas vale la pena recordar, que las leyes y normas relativas a los procesos de admisión se modificaron, siendo lo más significativo, el hecho de la preferencia que tendrían los egresados de las Escuelas Normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio para ocupar un lugar en el SEN.

Ahora, sobre los requisitos y demás cuestiones que los aspirantes a ocupar una plaza deberían atender, de acuerdo a las convocatorias que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) ha emitido hasta el momento, no han cambiado mucho que digamos; la realización del registro previo cumplimientos de ciertos requisitos, el haber tomado un curso sobre la Nueva Escuela Mexicana y la aplicación de un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, son los aspectos que hemos visto, de manera particular, el año pasado.

Y es precisamente esta última cuestión, lo que me lleva a escribir estas líneas porque, como se sabe, el proceso de admisión del año pasado no se completó o quedó inconcluso dada la imposibilidad, por parte de la USICAMM, de realizar la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes (examen) a todos los que participaron en este proceso; esto, por la declaración de contingencia sanitaria decretada por el Gobierno Mexicano generada por la pandemia que ya conocemos; sin embargo, dos etapas sí se llevaron a cabo y, conforme a ello, se otorgaron nombramientos “provisionales o temporales”. Asunto poco fácil de entender porque, mientras la federación ha puesto y dispuesto “ciertas normas” en la emisión de nombramientos a los participantes que obtuvieron un resultado favorable y que les permitió acceder a éste, en las entidades federativas, dichos nombramientos tienen sus propias particularidades, más en el ámbito de la Descripción del código que de éste mismo. Me explico.

Por la imposibilidad de aplicar el instrumento de valoración ya referido, más o menos en mayo del año pasado, la USICAMM emitió un comunicado mediante el cual informaba que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento quedarían suspendidos por la contingencia sanitaria y que, por tal razón, ésta se encontraba analizando las actividades del calendario anual de esos procesos de selección; hecho que generó reacciones diversas entre los participantes. Quiero pensar que, por tal razón, y por la obvia disponibilidad de vacantes en los estados, se entregaron nombramientos con ¿código 99?, esto siempre y cuando se cumpliera con lo estipulado en los “Criterios excepcionales para el proceso de selección para la admisión en educación básica, ciclo escolar 2020-2021” (USICAMM, 2020) que la USICAMM emitió, repito, hace un año por las condiciones sanitarias del país, dejando obviamente, pendiente la aplicación del instrumento de valoración en comento.

¿Por qué un código 99 y no uno 95 “Alta provisional”? La respuesta seguramente se encuentra en la USICAMM, sin embargo, al igual que otros colegas lo han pensado y afirmado, supongo que este código es un “número identificador” que se le asignó a todos aquellos que participaron en el proceso que no ha concluido. ¿Está fuera de toda norma la emisión de este código? Al no encontrarse como tal en los “Lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73º constitucionales”, publicados en el diario oficial de la federación el 15 de mayo, mi respuesta es afirmativa, es decir, este código está fuera de toda norma dado que no se tiene un sustento legal que lo fundamente más que, muy probablemente, la decisión que tomó la USICAMM y que, desde mi perspectiva, afecta a cientos de maestras y maestros que en próximas semanas, verán concluida la vigencia del nombramiento otorgado hace un año.

Este código 99, supongo, puede ser definido como “Alta Provisional”, si es que se tuviera el catalogo o un documento que estableciera los nuevos nombramientos con sus respectivos códigos y descripciones, sin embargo, poco se conoce sobre este tema, aún y cuando este gobierno ha pugnado, desde su inicio, por la “transparencia”. Esto lo digo porque es obvio que al reformar las leyes y dejar sin efecto las disposiciones reglamentarias de la reforma educativa de 2013, tendrían que haberse emitido otras que sustenten los nombramientos, códigos y descripciones a partir de la reforma de 2019 pero, insisto, poco se sabe de ello. Ojalá la USICAMM de a conocer estas disposiciones para que haya mayor claridad y transparencia, principalmente, para los interesados.

Y bueno, todo este asunto se complica en demasía porque, si usted revisa los documentos (formatos) que elaboraron las Secretarías de Educación de las diferentes entidades federativas y que contienen los nombramientos, códigos y descripciones que les fueron entregados a los participantes una vez que obtuvieron un lugar provisional en el magisterio, la cosa no está para creerse puesto que, en estos estados, se emitieron una serie de nombramientos con una variación de códigos y descripciones, aun y cuando la USICAMM diera a conocer que a todos ellos debería asignárseles un código 99; no obstante, en algunos casos el formato con el código 95 no se cambió o se canjeó por parte de los interesados o por cuenta de las áreas responsables del proceso y, por tales razones, aunque se encuentran prestando sus servicios profesionales en alguna zona escolar, el hecho de que en próximas fechas se inicié otro proceso de admisión podría generarles dificultades que, líneas más adelante explico, porque es importante ejemplificar algunas de las inconsistencias que he podido observar en algunos de los profesores que tienen en su formato un código 95 o 99 con descripciones diferentes, situación que puede ser susceptible de variadas interpretaciones al momento de que se tenga que aplicar el instrumento de valoración ampliamente referido, por ejemplo, a un profesor le otorgaron un nombramiento con código 95 “Alta provisional” y la autoridad local no lo ha cambiado por uno 99, a otro le dieron un nombramiento con código 99 pero “En vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, a otro, un nombramiento con código 99 “Alta provisional”¸ a uno más, un nombramiento con código 99 “Tiempo fijo”, etc.

En consecuencia, bien haría el USICAMM en aclarar todo este asunto porque, con el comunicado que emitió en su página hace unos días, en cuanto a que ésta determinará las fechas para aplicar los instrumentos de valoración de conocimiento y aptitudes al personal docente o técnico docente al que se le haya asignado una plaza vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo ha generado, de nueva cuenta, reacciones diversas. Ciertamente, se entiende que las listas de prelación (y los criterios de valoración para la admisión del año pasado) fueron un indicador para el otorgamiento de vacantes definitivas o temporales, sin embargo, como bien sabemos, en las entidades los documentos que se emiten difieren dada la interpretación que las autoridades educativas hacen de éstos. Es decir, si a un profesor o profesora se le entregó “por error” un nombramiento con código 99 “Alta Provisional” cuando tuvo que haber obtenido un código 99 “En vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, ¿deberá ser considerado para la aplicación del instrumento de valoración y no para el nuevo proceso de admisión?

Bien valdría la pena que antes de emitir otra convocatoria para el proceso de admisión para este año, se trabaje en lo que aún se tiene pendiente del año pasado y, sobre todo, se ponga un orden en cuanto a la emisión de nombramientos en las entidades. A muchos profesores el tiempo los está alcanzando, dada la vigencia de la emisión de sus nombramientos y, sería favorable, que todas estas dudas las disipara la USICAMM para que tuvieran una seguridad en cuanto a dos cuestiones: la aplicación del instrumento de valoración, si es que fue otorgado un nombramiento con código 99 “En vacancia definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, o bien, la realización de todo el proceso de admisión dado su nombramiento de carácter temporal. En cualesquiera de los casos, ojo, el que el profesor responda su instrumento de valoración o el que realice otra vez el proceso de admisión, no significa que vaya a obtener un código 10 que, en términos sencillos significa: “Alta definitiva” porque, para como están las cosas y dado el deficiente trabajo que viene realizando la USICAMM, podría esperarse cualquier cosa. Menudo problema tiene en sus manos esta Unidad administrativa.

Desde mi perspectiva, como desde hace años viene sucediendo cuando se “definió” la aplicación de un examen para el ingreso al magisterio, los afectados, por toda esta serie de irregularidades faltas de orden y transparencia, son los maestros y, principalmente, los alumnos, quienes poco saben si contarán en las próximas semanas con el maestro que les estuvo dando clases, o si es que estos últimos serán recontratados bajo el mismo esquema  y con las mismas irregularidades en la emisión de sus respectivos nombramientos.

Referencias:

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/nuevo-proceso-de-admision-con-una-admision-inconclusa/

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USICAMM y MEJOREDU: las contrariedades para la evaluación del Desempeño Profesional en la Promoción Horizontal

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Como bien sabemos, con la llegada del “peñanietismo” a la Presidencia de la República, y con la consecuente aprobación de la mal llamada reforma educativa de 2013, México, en materia educativa, vivió uno de los momentos más desafortunados de su historia. Se priorizó la evaluación docente y se tiró al bote de la basura el esquema de formación continua y de desarrollo del profesorado mexicano que, con altas y bajas, se venía dando a nivel nacional.

De hecho, la “formación continua” que durante este sexenio se brindó fue paupérrima, caracterizándose por ofrecer algunos cursos cuya intención consistía en “preparar” a los profesores para la evaluación docente y para que conocieran el “nuevo modelo educativo”. Un ejemplo de ello es lo que se observa en el documento del Seguimiento de la Estrategia Nacional del Programa de Desarrollo del Personal docente dado a conocer en 2018, mismo que resalta: 1) Que durante el 2018 se ofrecieron 19 cursos en línea sobre el Plan y Programas de Estudio sobre el Modelo Educativo 2017. 2) Para atender las tres líneas que contemplaba la estrategia nacional que se derivó de la evaluación se implementaron: a) cursos sobre la formación del proyecto de enseñanza y los proyectos de las figuras correspondientes; b) para los ATP en tutoría y servicio de asistencia técnica a la escuela (SATE).

Sí, así como lo leyó usted, desde la visión de quien operó en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en esos años, la formación del profesorado se limitó al ofrecimiento de cursos en línea para que los maestros y maestras pudieran afrontar la evaluación de su desempeño docente y para que conocieran el “nuevo” modelo educativo. No se pensó en la adquisición, logro y mejora de los aprendizajes de los niños a través de sus docentes. Quizá, ello explica por qué en ese mismo año se dio a conocer que, en 2017, la capacitación de profesores a través del Programa de Desarrollo Profesional Docente ejerció el presupuesto más bajo de ese sexenio puesto que, aunque fueron aprobados mil 654 millones de pesos, solo se gastaron 949 millones, es decir, tuvo un subejercicio de 42%, cifra que obviamente contrasta con el gastó de 2,680% más del presupuesto aprobado para comunicación (Roldán, 2018) para, irrisoriamente, posicionar la imagen del Secretario.

Ahora bien, es cierto, durante este periodo, y con anterioridad, el tema de la formación continua y desarrollo profesional, dada la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), se trasladó hacia un esquema de “incentivos económicos” mediante los cuales, por voluntad propia del profesorado, se podía acceder a éstos a través de una evaluación de diversos factores que arrojarían un puntaje determinado, mismo traería una repercusión en su salario. Es decir, un aumento salarial dados los porcentajes y niveles establecidos en las normatividades correspondientes.

¿Qué pasó con la Universidad Pedagógica Nacional (y sus respectivas Unidades), los Centros de Actualización del Magisterio (CAM), las Escuelas Normales, los Centros de Maestros o las Áreas o Departamentos dependientes de las Secretarías de Educación en los estados encargados de brindar una formación en el servicio a los profesores? Esa otra historia porque, como bien sabemos, aunque su función tiene sus propias particularidades, algunas de estas instancias se encargaban de ofrecer una capacitación, actualización o profesionalización del magisterio mucho antes de que el esquema por “estímulos” se implementara con el Programa Carrera Magisterial (PCM). Pasamos entonces de una formación y desarrollo del profesorado tendiente a obtener un incentivo “simbólico” (Cordero, 2021), a otro cuya intención consistía, y aún consiste, en la obtención de un estímulo económico por su constante preparación a partir de su desempeño docente.

Este tránsito, desde mi perspectiva, trajo bondades, pero también vicisitudes, puesto que las normas, reglas y criterios que se diseñaron para valorar la formación continua y, más tarde, el desempeño docente, se vieron modificados.

Antes de la reforma educativa de 2013, los profesores que deseaban participar en el PCM podían acudir a para tomar cursos, talleres, seminarios, diplomados que el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica (PRONAP), y otras instituciones, ofrecían, mismas que, en su mayoría, contaba con el aval de la SEP puesto que sus ofertas de capacitación, actualización y profesionalización, habían sido sometidas a una valoración por diferentes áreas, departamentos o instituciones. Luego de algunos años en que operó, particularmente el PRONAP, éste se sustituyó en 2008 por el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio (SNFCSP). ¿La razón? Tuvo que ver con lo que algunos informes señalaban en cuanto a que con el transcurrir de los años, CM había propiciado que los profesores tomaran cursos para acumular puntos. Cuestión, hoy día, todavía debatible. Me refiero a lo señalado en esos informes.

Ahora bien, en 2013, al desaparecer el PCM y todo lo que ello trajo consigo, como el surgimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que sustituyó a los anteriores, se relajaron estos criterios y, por ende, comenzaron a surgir una serie de empresas u organizaciones que ofrecían sus servicios a través de diversos medios de comunicación para que los profesores pudieran obtener alguna constancia, diploma, etc., por haber cursado o asistido a “x” o “y” curso, taller, seminario, etc., aun cuando su carta descriptiva y contenido no fuera valorado, supervisado o aprobado por algún Departamento o Área de la SEP. Consecuentemente, ello podría haber representado que, a mayor cantidad de constancias obtenidas, presumiblemente, mayores posibilidades de lograr un estímulo. ¿Qué pasó entonces con la formación continua en nuestro país? Curiosamente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el 2018, publicó un estudio en el que señaló que: “así como está actualmente conceptualizada, diseñada, e implementada, la Estrategia Nacional de Formación Continua y Desarrollo Profesional de 2016 podría enfrentar serias dificultades para lograr su objetivo de contar con profesionales que garanticen una educación de calidad y aseguren un óptimo aprendizaje de los alumnos en un marco de inclusión y equidad” (Santibáñez, Rucio y Vázquez, 2018). Y efectivamente, las enfrentó, y nunca supieron cómo superarlas porque los tiempos ya no se los permitieron. ¿Qué paso en cada uno de los estados con las instancias de formación docente en esos años? Se desdibujaron y, las empresas y organizaciones capacitadoras tuvieron un auge importante.

Llegado el 2018-2019, y la consecuente aprobación de la reforma a la reforma educativa de 2013, las cosas, al menos en el papel, cambiaron un poco; surgió la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la Educación, y de las cuales se deprendieron la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). La primera, un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría, que tiene su cargo atribuciones que le confiere la ley, entre las que destacan, el normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función, directiva o de supervisión. La segunda, constituida como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, entre otras funciones, le corresponde atender la formación continua, la actualización de conocimientos de las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología e innovación y otras que contribuyan a la superación docente de las maestras y maestros en servicio.

Los propósitos, tanto de la USICAMM como de MEJOREDU, son claros. La ley respectiva así lo específica, sin embargo, después de que hace unos días se anunció el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, la USICAMM emitió un comunicado que generó un debate importante, tanto en las redes sociales, como en otros espacios. Dicho comunicado señalaba, de manera particular que: “a la fecha no se han establecidos los programas de formación, capacitación y actualización previstos en la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, por lo que en la implementación del proceso previsto en el Programa para 2021, no será considerado el factor Desarrollo Profesional y su puntaje (30 puntos), por lo que el puntaje máximo que puede alcanzar el proceso de selección para la promoción horizontal por niveles con incentivos será de 300 puntos” (http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/compilacion/2021.html).

Como era de esperarse, MEJOREDU respondió a tal comunicado porque, si bien es cierto que la Ley a la que alude la USICAMM atañe a algunas de las atribuciones que MEJOREDU tiene especificadas, también es cierto que la USICAMM no ha sabido qué hacer, cómo actuar, ni de qué manera se puede interpretar la ley propiamente dicha, eso lo veremos más adelante. La respuesta que líneas atrás refiero, MEJOREDU la brindó en estos términos, particularmente en el punto 3: “Mejoredu no ha recibido los resultados de los procesos de selección, la promoción y el reconocimiento, de conformidad con lo señalado en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros respecto a los programas de formación”.

Interesante respuesta que me llevó a consultar las leyes señalas y, de las cuales obtuve lo siguiente; se los comparto.

La Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), efectivamente, en su Capítulo III De los ámbitos de competencia, Art. 14, Fracción XVII, establece que le corresponde a la Secretaría (a través del USICAMM): “Enviar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en la LGSCMM, para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros” (DOF, 2019). Por su parte, el Art. 16, de la Ley Reglamentaria del Art. 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación, relativo a la oferta de formación, capacitación y actualización del magisterio, señala que: “El personal elegirá los programas o cursos de formación, capacitación y actualización en función de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica en que participe o de sus necesidades, intereses, habilidades y capacidades, tomando en cuenta además los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos”. En el Art. 17 de esa misma ley se especifica que: “La Unidad del Sistema, enviará a la Comisión los resultados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento previstos en la Ley respectiva, para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros” (DOF, 2019).

No obstante, lo anterior, aún hay más, en el Programa Institucional 2020-2024 de MEJOREDU se señala que esta Comisión: “tiene la atribución de emitir criterios y programas para la formación continua y el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, con base en el análisis de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento propios del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros” (MEJOREDU, 2020).

Consecuentemente, reafirmo que alguien no ha hecho o no está haciendo el trabajo que le corresponde porque, como hemos visto, la ley es clara en cuanto a las atribuciones o funciones que a cada instancia le compete. Es más, si usted revisa lo que estipula el Art. 23 de la Ley Reglamentaria en referencia, sobre las evaluaciones diagnósticas, encontrará que: “La Unidad del Sistema determinará los procesos, criterios e indicadores, además de los mecanismos de participación de las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México y los organismos centralizados, mediante los cuales se realizarán las evaluaciones diagnósticas al personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, en términos de las disposiciones previstas en esta ley”. (DOF, 2019). Evaluaciones diagnósticas que, hasta la fecha, no han sucedido y eso que ya llevamos dos años de gobierno.

Luego entonces, después de este amplio recorrido que he hecho sobre la formación continua y el desarrollo profesional, y considerando el impacto que la decisión tomada por la USICAMM hace unos días en cuanto a eliminar uno de los elementos multifactoriales para la promoción docente en este año, queda preguntarnos si es que no existe la posibilidad de que el trabajo que ésta realiza esté apegado a la normatividad correspondiente porque, si bien es cierto que, como he señalado, con el anterior gobierno este esquema se desdibujo, también es cierto que si MEJOREDU ha declarado que tiene listo su Plan de Formación Continua y de Desarrollo Profesional, por qué los maestros y maestras tienen que ser los afectados dado su interés por participar en estos procesos.

De mi parte, espero que ese plan incluya o amplié su visión para que esa formación continua y desarrollo profesional no se limite a aquellos profesores que desean participar en estos procesos de promoción. Creo, la educación que pueden y deben recibir nuestros alumnos lo amerita porque, en todo caso, sea a través de un incentivo o no, nuestra prioridad debe ser el aprendizaje de nuestros alumnos.

Referencias:

Cordero, (2021). La incentivación del desempeño docente asociada a la formación continua. Educación Futura. Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/la-incentivacion-del-desempeno-docente-asociada-a-la-formacion-continua/

DOF. (2019). Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. SEGOB. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573860&fecha=30/09/2019

DOF. (2019). Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la Educación. SEGOB. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019

MEJOREDU. (2020). Programa Institucional 2020-2024 de Mejoredu. Recuperado de: https://www.gob.mx/mejoredu/documentos/programa-institucional-2020-2024-de-mejoredu?idiom=es

Roldán, N. (2018). SEP redujo recursos para capacitar docentes al mismo tiempo multiplicó su gasto en comunicación. Animal Político. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2018/05/sep-gasto-reforma-educativa-comunicacion/

Santibáñez, L., Rubio, D., y Vázquez, M. (2018). Formación continua de docentes: política actual en México y buenas prácticas nacionales e internacionales. INEE. Recuperado de: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1F226.pdf

SEP (2018). Balance de cierre Prodep 2018. Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica. Recuperado de: http://dgfc.basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/galerias/151/201811/151-3-201811-FILE-19DKffdysH-PresentacinReuninNacionalnoviembre2018_VF.pdf

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La promoción horizontal de la USICAMM. Malas noticias para los maestros

Abelardo Carro Nava 1 comentario

Por: Abelardo Carro Nava

Desde la década de los noventa, cuando el auge por lograr la tan anhelada y prometida “calidad” educativa estaba en todo su esplendor dado el proceso “modernizador” que, supuestamente había impulsado Miguel de la Madrid Hurtado en el país, el gobierno Salinista, conjuntamente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en manos de Elba Esther Gordillo, vendieron la idea al magisterio mexicano de que, a través de un estímulo o incentivo que se vería reflejado en su salario se conseguiría este propósito, pero, además, se estaría dando un paso importante en la revalorización del magisterio. Hecho que, como sabemos, quedó plasmado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

De esta idea nació lo que muchos colegas conocemos como el Programa de Carrera Magisterial (PCM), cuyos propósitos consistían en estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, material y de la condición social del maestro por lo que, de esta forma, se estableció un mecanismo de promoción horizontal para el personal docente frente a grupo que enseñara en los ciclos de la educación básica con la intención de que esos profesores pudieran acceder, si es que así lo decidían, dentro de la misma función, a niveles salariales superiores con base en su preparación académica, la atención a los cursos de actualización, su desempeño profesional y su antigüedad en el servicio y en los niveles de la propia carrera magisterial (DOF, 1992).

Ahora bien, esa promoción horizontal estaba integrada por cinco niveles de estímulo denominados “A”, “B”, “C”, “D” y “E”, y que los profesores podrían lograr, siempre y cuando de manera voluntaria, se evaluaran conforme a los lineamientos establecidos para este objetivo. Los factores de evaluación, y su respectivo puntaje específico en cada una de las vertientes en las que podrían participar, eran: a) aprovechamiento escolar, b) formación continua, c) actividades cocurriculares, d) preparación profesional, e) antigüedad, f) gestión escolar, g) y apoyo educativo. El puntaje máximo (en cada vertiente) no rebasaba los 100 puntos, pero se destaca que el factor aprovechamiento escolar, consistente en el conjunto de logros de aprendizaje obtenidos por los alumnos en un grado o asignatura en un ciclo escolar, de acuerdo a los planes y programas de estudios oficiales vigentes, recibían el mayor puntaje.

Por lo que respecta a los niveles de promoción, se especificaba que éstos eran consecutivos y seriados, es decir, los docentes solo podrían acceder a un nivel inmediato superior por periodo de promoción, previo cumplimiento con la permanencia establecida. Por ello, si un maestro se encontraba ubicado en una Zona Urbana o Rural, debía permanecer en el nivel “A” 3 años, nivel “B” 3 años, nivel “C” 4 años, nivel “D” 4 años y nivel “E” indefinidamente. Pero, si se encontraba en una Zona de Bajo Desarrollo, los docentes deberían de permanecer en cada nivel un periodo de 2 años.

Como se sabe, con el paso de los años este programa se corrompió; quiero pensar que esto sucedió por la gran injerencia y participación que tenía el SNTE en los procesos de evaluación a partir de que, en muchas entidades federativas y en la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), las estructuras educativas oficiales fueron cooptadas por esta organización sindical, pero también, porque el mismo gobierno no tuvo la capacidad de transparentar estos procesos y, mucho menos, de fortalecer la formación continua del profesorado mexicano. No obstante, lo anterior, mantengo firme la postura que he fijado desde hace tiempo con relación a que este programa, tal cual inició, tenía bondades que propiciaron la constante capacitación, actualización y profesionalización del magisterio. Claro, habría que checar los estudios que se han hecho sobre ello para entrar en otro tipo de diálogo, pero, desde mi experiencia, considero y sostengo esa postura que en diversos momentos y en diversos foros he expuesto.

Con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, y con la serie de “reformas estructurales” que, derivado del Pacto por México se aprobaron en las “Cámaras de Representantes”, el PCM desapareció y se vino un tremendo desaguisado. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la SEP, se encargaron de “enrarecer” todo un proceso que, probablemente, perseguiría una mejora en la calidad de la educación que se brinda en México, así como también, un probable estímulo para los diversos actores que serían evaluados en su desempeño, pero también, para la obtención de un incentivo. La consigna fue clara, y ya sabemos de qué manera se desarrolló la evaluación del desempeño docente y, por consiguiente, la de los incentivos. Aún en varios estados de la República Mexicana se mantienen serios litigios para que les sea concedido el pago que les corresponde por haber obtenido el nivel K1.

Y bueno, una de las características que tuvo lo que se denominó Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Básica durante el gobierno peñaniestista, fue aquella clasificación que tanto lastimó al magisterio: “idóneo y no idóneo” y que, en términos sencillos, no significó otra cosa más que el establecimiento de una serie de factores para la evaluación de los maestros y maestras denominados: a) no suficiente, b) suficiente, c) destacado, e d) incremento (ascenso en el programa en la función).

De esta forma, este “programa” contaba de 7 niveles de incentivos de carácter económico cuya vigencia era de hasta 4 años para cada uno y, según se dijo, se otorgaban de manera objetiva, equitativa y transparente, con irrestricto respeto a la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y al programa (SEP, 2015). Cabe mencionar que, en este “programa”, no había variación en cuanto al tiempo (4 años) que debería permanecer el docente una vez que obtuviera uno de los niveles señalados, no así en cuanto a los porcentajes de los incentivos que podía alcanzar un profesor puesto que mientras unos podían lograr 180% con relación a su salario, otros (ubicados en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas), podrían alcanzar hasta un 222%.

Y bueno, para cerrar este punto, resta mencionar que el instrumento de evaluación (examen al profesor), fue el rubro que determinaba si es que el profesor se promovía o, por el contrario, recibiría el acompañamiento mediante algo que denominaron “tutoría”. Esto, sin soslayar la elaboración de un proyecto de enseñanza o de gestión (según fuera el caso) del que, poco o nada se sabe en cuanto a la retroalimentación que le pudieron hacer al profesor evaluado.

En fin, como dije: todo un tremendo caos y desaguisado.

Con el triunfo en las urnas de López Obrador, y su respectiva llegada a la Presidencia, se retomó aquella anhelada y prometida revalorización del magisterio. Consecuentemente, en las mismas “Cámaras de Representantes” se aprobó la reforma a la reforma educativa del 2013 y, como parece obvio, las leyes secundarias que de ella emanaron. Surgió la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), así como también, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) encargada, entre otras cosas, de desarrollar un programa de estímulos e incentivos que favorecieran el desempeño eficiente del servicio educativo para que, de esta forma, se contribuyera al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial. Y bueno, después de algún tiempo en el que nada se sabía de este programa, recientemente la USICAMM lanzó el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, una copia mal hecha, o bien, una continuidad del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Básica implementado por el gobierno de Peña Nieto. Irrisoriamente, aunque la reforma educativa del 2013 fue cancelada, en los hechos, en el gobierno de López Obrador persisten muchos programas que su antecesor impulsó a través de sus Secretarios de Educación, Y es que mire usted, si hace un ejercicio comparativo, particularmente del que nos ocupa, podrá coincidir conmigo en varios rubros.

Comienzo por sus propósitos. Según del documento dado a conocer hace unos días se señala que, entre otros, este programa tiene la intención de mejorar las condiciones económicas, profesionales y sociales de las maestras y maestros a través del reconocimiento del personal docente… por su compromiso, responsabilidad y profesionalismo en la realización de la tarea educativa (USICAMM, 2021); algo así se señalaba en el del 2015, ya que éste se proponía mejorar las condiciones de vida y la valoración social de los participantes de la promoción en la función por incentivos que demuestren calidad en la prestación de sus servicios, compromiso en el desempeño de su labor educativa y vocación magisterial (SEP, 2015). En fin.

Por lo que respecta a la tabla de elementos multifactoriales que considera la promoción horizontal en este programa, se contempla: a) antigüedad, b) reconocimiento al buen desempeño, c) grado académico, d) desarrollo profesional, e) instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, f) autoevaluación y exposición de la práctica educativa consistente en un instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa y entrevista por el colectivo docente. La suma de puntajes que pudieran obtenerse de la valoración al docente participante da un total de 330 puntos. Destaca que el elemento denominado instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes reciba 120 puntos y la autoevaluación y exposición de la práctica educativa consistente en un instrumento de valoración de recursos personales 80 puntos. Dato curioso porque, si usted lee con detenimiento el documento que he referido, el primero rubro corresponde prácticamente a un examen de opción múltiple y, el segundo, a la elaboración de un proyecto de enseñanza, mismos que fueron aplicados durante el gobierno de Peña Nieto. Claro, hay mínimas diferencias, pero, su esencia, se mantiene. ¿Acaso no se ha ido la CNSPD de la USICAMM?,

Por lo que se refiere a los niveles del estímulo de carácter económico, este programa contiene 8, cuya permanencia mínima es de 4 años cada uno aplicables conforme a la normatividad vigente, es decir, al igual que en el PCM se señalaba que los niveles de promoción eran consecutivos y seriados, en éste para la promoción al segundo nivel y subsecuentes, los participantes deberán cubrir, al igual que se hizo en el programa del sexenio anterior, 4 años de permanencia en cada nivel y los demás requisitos. Ahora, el porcentaje específico para cada nivel varia conforme a éste puesto que, en un primer momento, se señala que se podrá alcanzar un máximo de 205%, con relación al salario, mientras que en las zonas de alta pobreza y marginación (esquema similar al aplicable durante el peñismo) se podría alcanzar un 247%. Esto, de conformidad con la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA y en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. Sí, leyó usted bien, este programa está sujeto a esa disponibilidad presupuestaria lo cual significa que, en caso de que los resultados sean favorables para un participante en el proceso, éste será colocado en una lista, denominémosla de prelación y, si las condiciones presupuestales lo permiten, podría ser beneficiado con el estímulo, pero, si no hubiera esas condiciones, simplemente no se le asignaría el mismo. ¿Menudo embrollo no cree?, ¿hablamos de una revalorización del magisterio?

Expuesto todo lo anterior resta mencionar que, una vez más, estamos ante un gobierno y una SEP que, en términos concretos, no sabe qué hacer para cumplir con sus respectivas funciones. Por un lado, el discurso pomposo que señala que todo ha cambiado y que ha comenzado una transformación del país, se derrumba cuando en los hechos se observa una continuidad entre gobiernos que poco o nada beneficia al magisterio. Si en verdad se pretende lanzar un programa que motive al profesorado a participar para su mejora profesional y económica, debería de iniciarse con un esquema de formación continua que verdaderamente fortalezca el quehacer docente. En todo caso, no estaría nada mal revisar los factores de evaluación o elementos multifactoriales para ajustarlos a la realidad que se vive en el terreno docente. No es posible que, al igual que en el sexenio anterior, un examen de opción múltiple esté mejor ponderado que el desarrollo profesional o los grados académicos, pero bueno, esa es otra historia. Lo que si tengo claro es que, en la SEP, el fantasma de Aurelio Nuño sigue presente.

Con negritas:

No sé si usted recuerde, pero con Peña Nieto el proceso de evaluación fue un caos porque, curiosamente, jamás se hizo público el procedimiento bajo el cual eran evaluados los maestros. Es decir, qué se evaluaba, cómo se evaluaba, quién evaluaba y quién evaluaba a los evaluadores, entre otras cuestiones, fue una gran incógnita. Creo, estamos ante la antesala de un nuevo desaguisado, pero, espero equivocarme, peor que el anterior.

Al tiempo.

Referencias:

DOF. (1992) Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Recuperado de: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf

SEP. (2015). Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica. Recuperado de: https://www.sep.gob.mx/work/appsite/VBReglamento_final_2015.pdf

SEP. (2021). Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica. Recuperado de: http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/compilacion/EB/Programa_promocion_horizontal_niveles_EB_2021.pdf

Cuadro comparativo de los distintos programas: PCM, PPFI y PPHNI

Carrera magisterial Promoción en Función por Incentivos CNSPD Promoción por Niveles USICAMM
Aprovechamiento escolar No suficiente Antigüedad
Formación continua Suficiente Reconocimiento al buen desempeño
Actividades cocurriculares Destacado Grado académico
Preparación profesional Incremento (ascenso en el Programa en la Función) Desarrollo profesional
Antigüedad Instrumento de evaluación
Gestión escolar Instrumento de valoración de recursos personales y práctica
Apoyo educativo Entrevista por el colectivo docente

Fuente: Elaboración propia

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/la-promocion-horizontal-de-la-usicamm-malas-noticias-para-los-maestros/

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¿La educación pública ya está equipada?

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Corría el mes de octubre de 2016 y, fiel a su costumbre, Aurelio Nuño anunciaba con bombo y platillo la nueva estrategia digital que sustituiría a las tabletas entregadas durante los primeros meses de la administración peñanietista. A decir de este Secretario, el nuevo programa @prendemx 2.0 buscaría que los alumnos de educación básica consiguieran las habilidades digitales para el Siglo XXI (León, 2016).

Claro, con esta acción, se buscó evadir o enterrar el tema del fallido Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) con el que el gobierno federal había comprado miles de laptops y tabletas para entregarlos a niños de quinto año de escuelas públicas. De hecho, la inversión, transcurridos tres años de este gobierno, ascendía a poco más de 3,700 millones 869 mil 669 pesos. Sin embargo, después de una revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó una serie de insuficiencias en el “programa” dado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no había otorgado información que demostrara el beneficio que tenías los niños con las computadoras, subrayado que éste carecía de evaluaciones y un plan integral que explicara la razón por la que comenzó su pilotaje en Colima, Tabasco y Sonora, así como también, la cantidad de alumnos que tendrían equipos y la dificultad que tenían sus usuarios para conectarse a internet (Ascención, 2016),

Y bueno, volviendo al tema del programa @aprendemx 2.0 se pensó que, a partir de su puesta en marcha, se equiparían con aulas digitales las escuelas de nivel básico y se capacitaría a los docentes para que enseñaran a sus alumnos (SEP, 2016), hecho que a todas luces no sucedió ni ha sucedido de esta manera. Y es que mire usted, en el portal de la Coordinación General @aprende.mx en mayo de 2018, se publicó un boletín informativo mediante el cual se anunció el inicio de la instalación del aula @prende 2.0 cuyo propósito era enriquecer a las escuelas primarias públicas, a fin de beneficiar a todo el alumnado y personal docente de las mismas, por un servicio administrado a 36 meses (@aprende.mx, 2018); aunado a lo anterior, en ese mismo boletín se dio a conocer un enlace que refiere que, para constatar el avance de las instalación de dichas aulas, se podría al ingresar al mismo: http://aprende-ocst.sep.gob.mx/aulaaprende/instalaciones.html. Si usted realiza este ejercicio (lo invito a hacerlo), podrá observar que ahí aparece la siguiente información: instaladas (64), por instalar (1) y canceladas (761).

¿Cuántas aulas se han instalado entonces hasta el día de hoy? Porque los números que ahí aparecen, así como la búsqueda de datos en medios oficiales de la SEP que pudieran darnos una respuesta es, prácticamente limitada o, para acabar pronto, un misterio. No obstante, parece ser que este proyecto no logró ejecutarse como se tenía pensado en virtud de que la misma Secretaría reportó, en diciembre de 2017, insolventes todas las ofertas para instalar en mil aulas de primarias públicas de 16 estados el nuevo sistema para desarrollar el pensamiento computacional de estudiantes y maestros (El Mundo, 2017). Consecuentemente, no estaría nada mal que la Coordinación General de @prende.mx, vigente con este gobierno autodenominado de la cuarta transformación, diera una explicación al respecto.

Y digo que no estaría nada mal que diera una explicación porque, seguramente fue de su conocimiento que, el aún Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, el pasado 11 de enero afirmó de manera categórica que “sin duda nació en México ya la educación mixta, esto quiere decir que la educación pública ya está equipada para poder trabajar tanto de manera presencial como a distancia” (Rodríguez, 2021). Muchos, me incluyo, después de esta afirmación nos preguntamos varias veces a qué tipo de equipamiento se refería el Sr. Secretario porque, si tal cuestión nos lleva a pensar solamente en el uso de ciertas plataformas para que los profesores y alumnos puedan acceder para que no vean interrumpidos sus procesos formativos, habría que señalar que dichas plataformas son inútiles si la población “beneficiada” no cuenta con dispositivos tecnológicos para tal propósito.

En consecuencia, no estaría de más revisar los datos que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU, 2020) dio a conocer a través del documento titulado “Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por Covid-19 y en los que se destaca que: “casi la totalidad de las y los maestros que contestaron la encuesta señaló haber tenido acceso a internet en casa, ya sea por conexión doméstica o por datos celulares. Sin embargo, el porcentaje fue un poco menor en el caso de docentes de preescolares y primarias indígenas, aunque superior a 90%. Por otra parte, el recurso más reportado por los y las directoras y el personal docente fue el teléfono móvil (94%), seguido por una computadora (más de 90%, aunque se trató de un equipo compartido para aproximadamente la mitad de los informantes”.

Si esto no fuera suficiente, podría recomendar el estudio que la misma MEJOREDU publicó el año pasado denominado “Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación 2020” y en el que se señala, en el apartado relacionado con las escuelas y su infraestructura educativa que “en el ciclo 2018-2019, 86.4% de las escuelas primarias, 87.4% de las secundarias y 83.3% de los planteles de educación media superior contaban con electricidad. La proporción de centros escolares que tenían computadoras para propósitos pedagógicos era más heterogénea entre tipos y niveles de la educación obligatoria: 49% de las escuelas primarias, 67.2% de las secundarias y 64.7% de los planteles de educación media superior contaban con este recurso. En el mismo sentido, la proporción de escuelas y planteles con conexión a internet presenta valores diferenciados: 34.6% de las escuelas primarias, 45.3% de las secundarias y 44.1% de los planteles de educación media superior tenían este servicio. La disponibilidad de servicios sanitarios básicos no está presente en todas las escuelas de educación obligatoria: 70.9% de las primarias, 73.5% de las secundarias y 72.3% de los planteles de educación media superior contaban con conexión a la red pública de agua potable; en 65.3, 70.2 y 73%, respectivamente, había servicio de lavado de manos; mientras que 85.3, 86.6 y 80.2%, en ese orden, tenían sanitarios independientes” (MEJOREDU, 2020).

Vistos los datos anteriores valdría la pena preguntarse, a qué tipo de equipamiento se refería el aún Secretario. ¿Acaso a todos los trabajadores de la educación se les ha dotado de un equipo de cómputo, móvil o internet gratuito para que realicen sus actividades desde que comenzó esta contingencia sanitaria?, ¿acaso los padres de familia han recibido algún apoyo gubernamental para la adquisición de los mismos recursos tecnológicos para este propósito? Ahora bien, además de las pocas escuelas que recibieron recursos mediante el programa la Escuela es Nuestra, ¿cuántas más han recibido un apoyo económico para que, al menos, rehabiliten sus espacios físicos con la finalidad de cumplir con las medidas sanitarias que las autoridades han establecido por un posible regreso a clases presenciales?

Las respuestas seguramente usted las conoce y, desde luego, en estas líneas solo expongo una más de las tantas realidades que prevalecen en el Sistema Educativo Nacional (SEN). Insisto, presentar cifras alegres o bien, hacer declaraciones triunfalistas no es otra cosa más que demagogia pura. Quienes conocen y conocemos un poco sobre la realidad de las escuelas, las aulas y sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos claro que esta pandemia acrecentó la brecha entre los “dichos” de las autoridades educativas y lo que en realidad acontece en estos momentos.

En este sentido, se supondría que la profesora Delfina Gómez, conocedora de las cuestiones referidas, podría emprender un cambio de visión y acciones educativas para aminorar los ya de por sí añejos problemas que aquejan al sector, pero, desafortunadamente, con su más reciente declaración en cuanto a que no cambiará nada cuando ya esté al frente de la SEP creo, nos dispondremos a seguir leyendo más datos como los que ha publicado MEJOREDU, sin soslayar, desde luego, el extraordinario trabajo que han venido realizando maestros, maestras, alumnos y padres de familia.

Es cuanto.

Referencias:

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-publica-ya-esta-equipada/

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El PRONI, entre la corrupción y el limbo…

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Los intentos para mejorar la educación en nuestro país se han quedado en eso, en “meros intentos” que han estado llenos de demagogia y populismo por parte de las autoridades gubernamentales y educativas. Tal es el caso del Programa Nacional de Inglés (PRONI) cuyo objetivo, conforme al Acuerdo 23/12/19, consistía en “fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales, para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, beneficiando a las escuelas públicas de educación básica de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo” (DOF, 29/12/2019), o bien, el señalado en el Acuerdo 28/12/20 y que a la letra dice: “contribuir a que las escuelas públicas de educación básica fortalezcan sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, con el fin de que la población en México acceda a una educación de excelencia, pertinente y relevante” (DOF, 29/12/2020).

Y es que mire usted, se trata de un programa que, más allá de lo que se estableció en estos objetivos, ha venido presentando una serie de “irregularidades” financieras en los últimos años, producto de las pésimas gestiones que, tanto la autoridad educativa federal como de las de los estados, han venido cometiendo en razón del manejo discrecional de los recursos que se destinan para estos propósitos. Por ejemplo, en 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades por 594.8 millones de pesos en este programa, tanto por parte del gobierno federal como de los estados (Ortega, 2017). En 2020, la misma ASF, señaló un probable desfalco de 74.2 millones de pesos en la operación del PRONI en el ejercicio fiscal 2019 puesto que, en la primera revisión de la cuenta pública de ese año, informó que dicha cantidad representó el 9.2 por ciento de los 800 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó para la operación de este programa educativo (López, 2020).

Sí, ejemplos como estos hay muchos, y en las entidades federativas, ni se diga. En noviembre de 2020, la Directora de Administración de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Sandra Rojas, afirmó que ni maestros fantasma ni irregularidades en contratos a docentes existían en esta entidad, dadas las observaciones que la ASF había emitido por el presunto manejo irregular de los recursos destinados al PRONI (Mora, 2020). Por su parte, en marzo de este mismo año, en Morelos, la misma ASF detectó que se pagaron 9 millones 969 mil 731 pesos por gasto de honorarios a 144 asesores externos y 440 mil 200 pesos a seis analistas administrativos que nada tuvieron que ver con el PRONI (La Razón, 2020).

Vistos los datos anteriores que pueden localizarse en los informes que la ASF ha emitido, así como también, en diversos medios de comunicación que han dado seguimiento a esta serie de corruptelas al más alto nivel, es que cobra sentido la afirmación con la que inicié estos argumentos: los intentos gubernamentales por mejorar la educación en nuestro país se han quedado en eso, en “meros intentos”. Lo lamentable de todo este desaguisado es que, por estas mismas cuestiones, hoy día los profesores que forman parte de este programa, vivan en el limbo puesto que al momento en que cierro estas líneas, no han recibido instrucciones para iniciar labores en Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Durango, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Michoacán, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Sinaloa y Guanajuato; es más, en Sinaloa, por ejemplo, se habla de una reducción de número de escuelas beneficiadas con el PRONI, por la reducción al presupuesto aprobado para el 2021, hecho que significa dejar de contratar a personal que brinde esta enseñanza. Ciertamente, habrá quién me diga que las Reglas de Operación son claras y expeditas, pero, ¿acaso no lo es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en cuanto a su Eje 2 Política Social que contempla el Estado de Bienestar con acceso a servicios gratuitos de educación y, por tanto, el PRONI contempla la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el inglés?, ¿acaso los profesores no merecen un trato digno en cuanto a los tiempos de contratación y pago de sus servicios profesionales en tiempo y forma?, ¿acaso los alumnos, que nada tienen que ver en este embrollo, merecen una educación que redunde en beneficios personales y académicos?

Irrisoriamente, un gobierno que impulsa la “cuarta transformación” del país, con estas acciones demuestra lo contrario, puesto que dejará de beneficiar a miles de estudiantes de educación básica de México; entonces, ¿de qué tipo de transformación estamos hablando? Desde mi perspectiva, echar culpas al pasado ya no tiene o adquiere tanto sentido en estos días dado que, como se ha visto, los informes de la ASF han puesto en evidencia que, en estos dos años de lo que algunos llaman “nuevo gobierno”, se han detectado ciertas irregularidades que, presuntamente, mucho tienen que ver con esas prácticas corruptas e indeseables que siguen latentes en el Sistema Educativo Nacional (SEN) y que tanto se critican. Ciertamente, el momento que vivimos en el territorio mexicano por la pandemia ocasionada por el Covid-19, probablemente, pudo tomarnos por sorpresa y, por ello, ciertos recursos se destinaron a otros rubros, pero ojo, las problemáticas señaladas no son nuevas, datan de años, y los gobiernos actuales siguen actuando de la misma manera sin que haya consecuencias administrativas para los encargados de operar estos recursos, ¿en dónde está el problema?, ¿no podrían revisarse las reglas de operación para que, tanto la federación como los estados dejen de echarse “la bolita” y se actúe conforme a la normatividad aplicable?

Aurelio Nuño ya se fue, Esteban Moctezuma ya se va, pero el reto para la profesora Delfina Gómez está aquí, ¿pondrá orden en la propia Secretaría que en próximas fechas encabezará y, consecuentemente, en cada uno de los estados que operan este programa?, ¿no merecen los niños, padres de familia y profesores algo mejor que un discurso?

Al tiempo.

Referencias:

Fuente: https://profelandia.com/el-proni-entre-la-corrupcion-y-el-limbo/

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