Author: Antonio Cuéllar

Plasencia es el apellido del hombre que amablemente me ayuda a dar mantenimiento al pequeño espacio jardinado de la casa. En estos meses de julio y agosto, en el apogeo de la temporada de lluvias, la necesidad de hacerse cargo de su cuidado es evidentemente mayor. En pláticas con él me compartió la manera en que su padre le enseñó y transmitió el oficio, y la importancia que tuvo para él haberlo heredado.

Curiosamente, me hizo ver su preocupación por no poder hacer lo mismo con su hijo, a partir de lo que puede ser una equivocada interpretación de la ley laboral. ¿Hace falta aclarar el alcance de las reformas recientes?, ¿Estamos erradicando una buena práctica, sin quererlo?

Resulta innegable la pertinencia de que en la Ley Federal de Trabajo se hayan incorporado reformas necesarias para erradicar por completo el trabajo infantil; una política que ocurre en sintonía con el resto del mundo y las convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito solidaria y responsablemente.

Todo niño tiene no sólo el derecho de serlo, en su momento, sino también el de acceder a una educación de calidad y a un esparcimiento que le permitan desarrollar todos sus potenciales para mejorar su persona, para engrandecer su espíritu y, en suma, para prepararse profesionalmente y lograr la transformación de su vida a través de su propia economía. Nada podría ser más escandaloso que someter a la niñez a la pesadumbre de circunstancias familiares que debieran ser pasajeras o que fomentar un sistema de castas del que los menores fueran víctimas y esclavos a la vez.

Curioso resulta, sin embargo, apreciar la situación en que viven y se encuentran cientos de miles de niños en el campo y en la ciudad, en donde conscientes de las limitaciones que impone la ley y las reglas de lo que debe de ser el cuidado de su propio desarrollo, ven cerradas las puertas tanto a la educación oficial como al aprendizaje legal de lo que puede ser un oficio digno, que los salve de las garras de la ilegalidad o la delincuencia. Es necesario rescatar y modular el contrato de aprendizaje, como herramienta de educación y de ocupación digna y honrosa para muchos mexicanos. El problema que enfrenta nuestra juventud, es que no goza de condiciones individuales que le permitan a todos los que la conforman convertirse en profesionistas.

Oaxaca es la entidad en cuyas calles se vive diariamente el asedio del magisterio, la lucha por la conservación de las conquistas laborales a costa de los educandos. Lamentablemente, como en el caso de Guerrero y Chiapas, también se trata de una entidad cuya situación geográfica y social impide un crecimiento económico sincrónico con el resto de la república. Esa realidad las coloca como la zona de mayor subdesarrollo del país, con oscuros y angostos horizontes en un próximo futuro.

La realidad de los Estados del sur demuestra que, en el campo, la gente no tiene auténticamente de qué vivir. El sustento proviene de las dádivas que el Gobierno organiza a través de programas de desarrollo social, o de la escurridiza nómina que conforma el gran sindicato de trabajadores de la educación. Ahí radica la importancia del “derecho” para heredar las plazas o la causa por la que la evaluación educativa se recibe como un auténtico disparate que justifica cualquier levantamiento.

El tránsito de la niñez a la adolescencia no es sino el infranqueable paso para transcurrir de las aulas escolares a la cotidianeidad de la desocupación, o a la ilegalidad.

Esa realidad de los niños y adolescentes de la sierra no se supera con el mero espíritu del legislador. La prohibición para que los niños aprendan la importancia del esfuerzo productivo y las artes necesarias para el desarrollo de un oficio honroso, no cumplen la finalidad que persigue el discurso oficial, ni los dejan a salvo de la verdadera esclavitud que los amenaza, y de las que deben estar protegidos: la de la criminalidad.

La ley sanciona penalmente el trabajo infantil. En planteamientos y a través de una interpretación normativa más rigurosa y agresiva, dicho trabajo podría considerarse, inclusive, como explotación y trata de personas, con la penalidad más alta que contempla el derecho criminal.

Esa penalización del trabajo infantil choca con lo que bien podría ser la programación de la educación constante del menor, en el seno familiar, para el desarrollo de su personalidad y el aprendizaje de los oficios que, el día de mañana, pueden significar el conocimiento de valores sociales supremos, que limiten y determinen el camino dentro del cual ese individuo deberá de andar.

La verdad de las cosas es que ese trabajo al que nos referimos, en la familia inmediata, no se sanciona por la ley, y bien podría ser parte de esa actividad extraescolar que, durante el verano, los padres podrían y quizá deberían compartir con sus hijos, y que se podría fomentar.

Lamentablemente no todos los menores encuentren en su familia las condiciones necesarias para poder efectuar ese tipo de prácticas. Ahí radica la conveniencia de avanzar en el análisis sobre la mejor manera de definir qué sí o qué no deben de hacer los menores. La incomprensión del tema y la falta de distinción podría ser una fuente de reclutas de la delincuencia y un atentado en contra de la inocencia y oportunidades que se quieren tutelar.

Es precisamente el entendimiento de la realidad social de nuestro gran país el que debe motivar el impulso de modificaciones legislativas y programas administrativos que protejan correctamente a los menores, políticas que velen por su derecho a convertirse en aprendices de un oficio, que simultáneamente con el resto de su preparación escolar, les enseñe el valor cívico del trabajo, la responsabilidad que entraña la disciplina en el empleo y la técnica necesaria para llevarlo a cabo dignamente, sin menoscabo alguno de su derecho a la educación, de su esparcimiento y, desde luego, fuera totalmente de cualquier amenaza de explotación en su contra.