La educación ambiental para todas las edades es ley en Argentina

Por: Daniel Gutman

BUENOS AIRES – Desde el nivel preescolar hasta la universidad, todos los estudiantes de Argentina deberán acceder a educación ambiental. Lo establece una ley sancionada en mayo por el Congreso Nacional y celebrada por organizaciones de la sociedad civil como lo que es: la concreción de un logro largamente anhelado.

“Hubo muchísimos proyectos sobre educación ambiental a lo largo de los últimos 20 años. Incluso hubo un par que tuvieron media sanción de una de las Cámaras pero no completaron el recorrido por falta de consenso político”, dijo Juan Cruz Zorzoli, director de Amartya, una organización que promueve la educación ambiental.

“La sanción de la ley es un síntoma de un cambio de época, debido fundamentalmente al  activismo ambiental y la visibilidad de los jóvenes, que cuestionan el modelo de desarrollo y la relación de la sociedad con la naturaleza y toman como ejemplo a (la activista ambiental sueca) Greta Thurnberg”, agregó en diálogo con IPS.

Con su Ley de Educación Ambiental Integral, Argentina se convierte  en el segundo país de América Latina en contar con una norma específica sobre la materia, por detrás de Brasil, aunque en su caso se limita a establecer y reglamentar un Programa Nacional de Educación Ambiental. Otros países latinoamericanos han incluido el tema dentro de sus últimas leyes de educación.

La ley , también conocida por su número, 27.621, fue impulsada por los ministerios de Educación y Ambiente y promulgada este  jueves 3 de junio por el presidente Alberto Fernández. Y si bien contó con el apoyo de todos los espacios políticos en el parlamento, no faltaron puntos de controversia relacionados con la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.

El senador Alfredo de Angeli se quejó durante el debate de que el proyecto se haya sido discutido en las comisiones de Educación, de Ambiente y de Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, pero no en las de Agricultura.

“Tenemos mucho para aportar”, dijo De Angeli, productor agropecuario de la provincia de Entre Ríos que saltó a la política en 2008, cuando se hizo conocido como uno de los líderes de una larga protesta del empresariado rural contra un aumento de los impuestos a las exportaciones de soja.

El extendido cultivo de soja, que ocupa más de la mitad del área sembrada desde que a fines de los años 90 se aprobó la primera variedad transgénica, es cuestionado por organizaciones ambientales, por su impacto en el uso de agroquímicos y en la deforestación.

En tono de reproche, De Angeli recordó que tampoco pasó por las comisiones parlamentarias de Agricultura la llamada ley de manejo del fuego, aprobada el año pasado, que prohíbe por hasta 60 años la venta de tierras donde se hayan registrado incendios forestales, para evitar conductas especulativas que destruyan los bosques. Esa norma fue rechazada por todas las entidades agropecuarias.

Además, en la discusión de la ley de educación ambiental no faltaron legisladores que cuestionaran la ausencia del sector empresarial en el Consejo Consultivo que asesorará a las autoridades en el diseño de los contenidos educativos, integrado por organizaciones indígenas, estudiantiles, gremiales docentes, científicas, de guardaparques, de recicladores y de la sociedad civil.

Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades” (Laura Castillo Díaz)

La ley define a la educación ambiental como “un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”.

Una de las cuestiones que establece la norma  para su implementación es que se deberá realizar un estudio de percepción ambiental, explicó Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Una movilización de jóvenes en Buenos Aires, en reclamo de mejores políticas ambientales, con el fondo del Congreso Nacional, que en mayo sancionó la ley que incorpora la educación ambiental en todos los niveles de la educación argentina. Foto: Eco House Global

“Así podremos tener información que nos permita orientar los planes, programas, proyectos y mensajes de acuerdo a los diferentes destinatarias y destinatarios de manera efectiva”, destacó a IPS la funcionaria y especialista en políticas públicas.

Ruiz del Ferrier comentó que el proyecto recogió las demandas de las 23 provincias, que buscaban así fortalecer e institucionalizar la labor de esas regiones federales, porque de hecho ya vienen trabajando en educación ambiental, en varios casos con el respaldo de leyes locales en la materia.

“Se necesitaba que el tema tuviera un poco de visibilización y empuje para que lo aprobara el Congreso, después de tantos años de estar en la agenda parlamentaria, y eso fue lo que aportamos desde la sociedad civil”, dijo María Aguilar, coordinadora de los Departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de Eco House Global, una organización que trabaja en temas de sostenibilidad a través del voluntariado.

“También realizamos un trabajo de incidencia con el que servimos de puente para que los distintos sectores políticos limaran sus diferencias y tuviéramos ley”, contó Aguilar a IPS.

“De modo tal que el rol y participación de las y los jóvenes en la educación ambiental y en esta ley en particular es de suma importancia”, añadió.

Laura Castillo Díaz, coordinadora en el área de Política Ambiental en la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó a IPS que la ley viene a pagar una deuda que estaba pendiente desde hacía décadas.

Apuntó, en ese sentido, a la Conferencia de Estocolmo de 1972, la primera gran cumbre mundial sobre temas ambientales convocada por Naciones Unidas, que en su Declaración Final señaló la importancia de la educación ambiental.

También señaló a la Constitución Nacional argentina, que desde su última reforma, en 1994, reconoce el derecho de los habitantes del país a vivir en un ambiente sano y fija la obligación de las autoridades de proveer educación e información ambientales.

“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades”, explicó Castillo Díaz.

Una concentración de jóvenes que buscan concientizar del impacto del cambio climático en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina. Foto: Eco House Global

“En el caso de las universidades públicas y privadas se prevé que además tendrán que diseñar y poner en práctica un programa de gestión ambiental, que se aplique al manejo de sus propias problemáticas, como el manejo de los residuos o el consumo de energía”, añadió.

En las universidades argentinas las cuestiones ambientales están atrayendo cada vez más interés no sólo en carreras vinculadas a las ciencias duras, sino también en el terreno humanístico.

En la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estudiantes impulsaron la creación de un seminario de socioambientalismo, con clases durante todo el año que incluyen tema como cambio climático, eco-feminismo y el modelo de desarrollo que pone a los países latinoamericanos en el rol de proveedor de materias primas para el mercado internacional.

“En nuestra carrera no existía la perspectiva ambiental y entonces organizamos el seminario con algunos compañeros. Abrimos la inscripción y pensamos que podíamos tener 30 inscriptos, pero en una semana teníamos más de 300”, dijo Federico Pellegrino, estudiante de Ciencia Política de 21 años.

De alguna manera, reconoció a IPS, “Greta nos puso el tema en agenda. Hoy veo claramente un vínculo entre lo ambiental y lo social. Ocuparse de lo ambiental significa ocuparse de cómo mejorarle la vida a la gente”.

Según se estableció en la ley, los ministerios y representantes de las provincias deberán diseñar una Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (Eneai), que a su vez dará lugar a estrategias jurisdiccionales, que deberán ajustarse “a la realidad de los territorios”.

Eso entusiasma a Pellegrino, que imagina contenidos vinculados a las distintas problemáticas que enfrenta un país tan diverso como Argentina, cuyo extenso territorio tiene desde la gran llanura agrícola en el centro del país hasta los bosques chaqueños y las mesetas de altura de la Puna en el norte, pasando por la estepa patagónica en el sur, la Cordillera de los Andes en el oeste y la selva paranaense en el noreste.

“Queremos que en el Chaco se hable de la deforestación, en la Patagonia se hable del impacto de las represas y en la Puna se hable de por qué Argentina, Bolivia y Chile tienen que pagar el costo de proveer el litio para los autos eléctricos de Europa y Estados Unidos”, explicó este universitario, que comenzó como activista ambiental y hoy trabaja  en la organización Eco House.

[Imagen: Una imagen de la que se caracterizó como la primera escuela sostenible de Argentina, en la localidad de Mar Chiquita, una localidad de la oriental provincia de Buenos Aires. Trabajó en ella la asociación Amartya, que promueve la educación ambiental. El edificio toma la energía del sol y aprovecha todos los residuos. Foto: Amartya]

ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/06/la-educacion-ambiental-para-todas-las-edades-es-ley-en-argentina/

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La minería sin control pone en riesgo la cuenca del río Orinoco

Por: Daniel Gutman 

La minería de oro en el llamado Arco del Orinoco se realiza desde hace años de manera informal, pero el gobierno venezolano la legalizó mediante un decreto en 2016. Crédito: Gentileza de Bram Ebus/Infoamazonia

PUERTO ESPAÑA, 31 jul 2018 (IPS) – La tercera cuenca de América Ldel Sur, la del río Orinoco, históricamente degradada por actividades agropecuarias y extractivas, es ahora devastada por la búsqueda informal pero masiva de oro, según denunciaron científicos de Venezuela durante una reunión regional en Trinidad y Tobago.

El potencial impacto de esta actividad en el sudeste del Caribe se robó la atención del primer Congreso de la sección de América Latina y del Caribe de la Sociedad Biológica de Conservación, que reunió a más 200 biólogos y estudiantes de distintos países de la región en Saint Agustine, a las afueras de Puerto España.

En el cierre del Congreso, la noche del 27 de julio, se aprobó por unanimidad una declaración que llamó “la atención de la comunidad internacional”, sobre una cuestión que, según se denunció, genera no solamente impactos sociales y ambientales sino también violaciones a los derechos humanos.

“La magnitud de los impactos de esta actividad minera es difícil de evaluar”, se lee en el texto, que indicó la cuestión concierne no solo a Venezuela sino a todo el sudeste del Caribe y el noroeste de América del Sur, que es a su vez el sureste de Venezuela.

La Sociedad de Biología de la Conservación es una organización formada por más de 4.000 expertos de todo el mundo, con el fin de impulsar la protección de la biodiversidad.

Su sección de América Latina y el Caribe se creó en 2003 pero solo este mes se reunió por primera vez y eligió para hacerlo la pequeña nación de Trinidad y Tobago, formada por dos islas ubicadas frente a la costa venezolana, en un intento de conectar las culturas de los países insulares del mar Caribe con los continentales de América Latina.

La preocupación por la actividad minera en la cuenca del Orinoco se justificó en el documento final en que está causando deforestación, erosión del suelo y contaminación de las aguas, lo que tiene consecuencias directas sobre la biodiversidad y los servicios del ecosistema.

“Empresas mineras, el gobierno, los militares y distintos grupos armados se benefician de esta situación, que es controlada por bandas criminales, pero nadie se hace responsable de los daños sociales y ambientales, que son enormes”, dijo a IPS José Rafael Ferrer, biólogo integrante de la Sociedad Venezolana de Ecología.

“El uso de mercurio, cianuro y otras sustancias fuertemente contaminantes está afectando cursos de agua en la cuenca del río Orinoco y a través de él es una potencial fuente de contaminación para el Mar Caribe”, agregó.

Los biólogos venezolanos Vilisa Morón Zambrano y José Ferrer París, durante su presentación ante biólogos de toda la región en la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago. Crédito: Daniel Gutman/IPS

En febrero 2016 el presidente venezolano, Nicolás Maduro, creó por decreto la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional-Arco Minero del Orinoco (ZDEN-AMO), sobre una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados en el sur del país, en los estados de Bolívar y Amazonas.

La cuenca cubre 990.000 kilómetros cuadrados, atraviesa horizontalmente el sur de Venezuela y llega hasta Colombia, donde nace el río con una longitud de 2.140 kilómetros y el tercero por su caudal, detrás del Amazonas y el Congo. Eso la convierte en la tercera cuenca sudamericana detrás del Amazonas y La Plata.

En medio de la crisis causada en Venezuela por la caída de los precios internacionales del petróleo, Maduro celebró entonces la posibilidad de que el oro y otros minerales “vayan sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales” para el país.

“La zona habilitada para la minería es cerca del 12 por ciento de la superficie nacional y la cuarta parte de la Amazonía venezolana. Es un territorio muy complejo, debido a que hay áreas naturales protegidas y 24 pueblos indígenas. El decreto generó una gran incertidumbre”, comentó a IPS el biólogo Juan Carlo Amilibia, de la fundación Provita.

Vilisa Morón Zambrano, presidenta de la Sociedad de Ecología de Venezuela, explicó que la minería en esa zona había comenzado a crecer, de manera ilegal, en los últimos 10 o 15 años.

“Debido a la crisis económica, el gobierno le dio el marco legal en 2016, aunque la situación no cambió demasiado en los hechos. Estimamos que en la última década la minería de oro generó la deforestación de aproximadamente el 9 por ciento del área y eso está creciendo”, agregó.

Uno de los que expuso sobre la cuestión fue Bram Ebus, un antropólogo, periodista y criminólogo holandés que recorrió la zona durante 2016 y asegura haber sido detenido por la policía durante 24 horas.

“Maduro dijo en 2016 que había 150 compañías mineras de35 países interesadas en invertir en la zona, pero la realidad es que no hay capitales internacionales de empresas formales en el arco minero del Orinoco”, explicó.