Author: Emilio Caffasi

Por: Emilio Cafassi

-En el umbral del presente siglo, Uruguay desplegó sobre sus campos, ciudades y costas un audaz y vibrante tapiz digital, soñando con una sociedad trenzada por la inclusión tecnológica. Hoy, el tejido se deshilacha entre las manos de monopolios ubicuos y sigilosos. Ceibal encendió pantallas como estrellas en las manos infantiles, mientras Ibirapitá devolvió a los ancianos una primavera digital tardía. Aquella audacia se fundó sobre un concepto claro: la tecnología como derecho, no como privilegio. Sin embargo, ya en diciembre pasado, el artículo que escribí en estas páginas, «Uruguay como eslabón fuerte de soberanía digital», advertía sobre la sombra creciente de los monopolios digitales y la progresiva privatización de lo público, que comenzaba a erosionar aquellas promesas iniciales. El sueño de inclusión enfrentaba entonces, y enfrenta más aún hoy, la amenaza de convertirse en una infraestructura capturada por intereses oligopólicos transnacionales. Un llamado de atención para el gobierno progresista, entonces por asumir.

Frente a esta amenaza, surgieron y continúan surgiendo propuestas alternativas desde diversos espacios intelectuales y políticos, entre ellas las formuladas por la “Coalición por la Soberanía Digital Democrática y Ecológica”, colectivo internacional preocupado por la intervención política en torno a la soberanía tecnológica. Este colectivo, impulsado por académicos e intelectuales comprometidos con la democratización tecnológica y la sostenibilidad ecológica, propone iniciativas concretas para recuperar la autonomía ciudadana frente al dominio digital corporativo. Sus propuestas buscan romper las cadenas de un colonialismo digital, devolviendo a la ciudadanía la soberanía sometida de sus territorios virtuales. La construcción de nubes públicas multiestatatales y plataformas digitales democráticas constituye uno de sus ejes fundamentales, buscando emanciparlas del control corporativo que asfixia sus decisiones más íntimas y devolver a las personas el poder sobre sus datos y decisiones. Como sostuve, no se limita solo al ámbito tecnológico digital, sino que propone una integración transversal con la sostenibilidad ambiental. Desde su perspectiva, la transición digital debe caminar junto a una economía circular de protección de los ecosistemas. Es la conjunción indispensable entre lo digital y lo orgánico, entre circuitos electrónicos y ciclos vitales. Este enfoque integrado reafirma que la innovación tecnológica no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un desarrollo consciente y sostenible. Asimismo, la regulación ética de la inteligencia artificial ocupa un lugar destacado en sus propuestas. Esta regulación busca garantizar la transparencia y la equidad en los algoritmos, evitando que se conviertan en nuevas formas de exclusión y discriminación. En consonancia con el Frente Amplio uruguayo, el colectivo subraya la importancia de fomentar competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde la educación inicial, formando así a ciudadanos capaces de ejercer un control informado sobre las tecnologías emergentes.

La noción de soberanía digital, central en estas propuestas, implica también un enfoque internacionalista. Una soberanía que, lejos de encerrarse en fronteras nacionales, se extiende como redes solidarias en resistencia al nuevo imperialismo algorítmico. El colectivo plantea la necesidad de crear redes globales basadas en la cooperación y la solidaridad entre Estados, contrarrestando así la dependencia y la vulnerabilidad frente a los oligopolios tecnológicos. La soberanía digital, desde esta visión, no es un repliegue nacionalista, sino un acto de resistencia global frente a las cadenas invisibles del dominio corporativo.

Finalmente, el colectivo enfatiza la necesidad urgente de desmantelar los monopolios culturales y tecnológicos que sofocan la diversidad y estrangulan el pensamiento crítico ciudadano. Proponen una planificación estratégica a largo plazo, orientada a transformar la matriz productiva mediante tecnologías avanzadas, junto a una recalificación laboral que fomente la justicia social y la equidad. Este conjunto de propuestas busca convertir las infraestructuras digitales en bienes comunes, gestionados democráticamente y enfocados en colocar a las personas y al hacer colectivo en el centro de las decisiones.

En paralelo con estas propuestas, Yanis Varoufakis ofrece un juego metafórico que resulta elocuentemente denunciatorio sobre el contexto actual, acuñando el término tecnofeudalismo para describir el nuevo orden que rige nuestras vidas digitales. El tecnofeudalismo convierte al usuario en campesino digital, obligado a sembrar datos, cultivando sus interacciones para que los señores algorítmicos recojan cosechas permanentes de vigilancia y beneficios. Me referí a él en el trabajo de la semana pasada señalando que estas plataformas no producen mercancías en el sentido tradicional, sino que monopolizan territorios digitales desde donde extraen rentas continuas. El concepto tradicional de mercado se diluye frente a una realidad dominada por el acceso restringido y la apropiación continua de valor, no desde el trabajo asalariado, sino desde los gestos mínimos de nuestra existencia conectada. Extremando su tesis en una analogía forzada entre la tierra y las plataformas del ciberespacio, sostiene que el capitalismo ha muerto, no reemplazado por una revolución democrática, sino devorado por una lógica feudal renovada por la tecnología. En este tecnofeudalismo, la explotación ya no es meramente laboral, sino existencial, del mismo modo en que lo concibe el autonomismo italiano o la corriente del capitalismo cognitivo, entre otras. Para el economista griego, el usuario digital, lejos de ser un ciudadano libre, se ha convertido en un siervo atrapado en plataformas controladas por señores invisibles que monopolizan el acceso y cobran rentas sobre cada movimiento digital. Entiendo la potencia de esta narrativa como énfasis crítico, sin por ello comprarle la lápida al capitalismo, ni abrazar la resurrección feudal en clave binaria. El uso impreciso de los conceptos de renta, ganancia y plusvalía o la identificación del ciberespacio con la tierra, sirven solo como subrayado y alarma, sin necesario correlato teórico en mi opinión.

Varoufakis no se limita a señalar este sombrío panorama, sino que propone alternativas radicales y concretas para superarlo. Entre sus propuestas figura la creación de empresas democratizadas, en las cuales cada empleado posee voz y voto sobre decisiones fundamentales. Sugiere también establecer Asambleas Nacionales de Ciudadanos, elegidas al azar, para deliberar sobre legislación, recuperando así la esencia democrática perdida. La socialización del capital digital y la reapropiación democrática de las infraestructuras tecnológicas también forman parte central de sus propuestas, apuntando hacia un socialismo democrático digital, una tecnodemocracia que devuelva la soberanía a las personas sobre su vida digital.

Incluso la descripción del usuario tecnofeudal de Varoufakis, entregado a su propio vasallaje por el atractivo de uso de las plataformas, entregando toda su vitalidad, no está excluido de superar barreras mercantiles a fin de acceder a su placer formatizado. Cada vez más, las plataformas cobran por accesos iniciales o posteriormente diferenciales para su utilización. Es evidente en las de streaming o video on demand como Netflix, Amazon, Disney, HBO, Paramount, Spotify, las aplicaciones de respaldo y procesamiento en la nube y hasta las diversas date apps con sus upgrades premium. El “free trial” se contrapone cada vez más con la suscripción monetaria dando lugar a una suerte de “versionismo” recurrente, que transforma cada derecho en un abono y cada clic en una tasa encubierta.

El modelo está llegando a la inteligencia artificial donde tengo desde hace algo menos de un mes algunas experiencias extravagantes, que no hacen más que ratificar la necesidad de articular procesos de resistencia a la monopolización como en los ejemplos mencionados, que apuntan a la construcción colectiva de nubes, redes y plataformas públicas. Decidí suscribirme a la versión “plus” de ChatGpt de la empresa Openai, a fin de dialogar oralmente desde el celular en otras lenguas y en la laptop realizar traducciones, verificaciones de posibles errores sintácticos de textos y la escritura de líneas de código de scripts en lenguaje Python a partir de instrucciones simples. Nada más, ya que mi experiencia y la de colegas en el uso de esta herramienta como buscador de información, no solo no es recomendable, sino muy peligrosa, ya que inventa datos, lo que en la jerga se llama alucinar. Cualquier lector puede experimentar pidiéndole su propia biografía y resultará ser un autor de textos, un músico, artista variado, deportista o profesional diverso.

A partir de una confusión sobre el débito de la suscripción, fui derivado a un recóndito y esquivo formulario que llevó tiempo encontrar sin respuesta alguna. Ante insistencias, dialogando con la propia plataforma, conseguí el mail de support. Presenté mi queja en español y obtuve respuesta en inglés. No tengo inconveniente en leer en esa lengua, pero interrogué inmediatamente por qué si lo que mejor hace la plataforma es traducir, no se traduce a sí misma. La respuesta fue que el sistema solo devuelve en inglés. No hace falta ser inteligente, artificial o naturalmente, para advertir que es un dispositivo de poder desestimulante de quejas e interacciones, al menos para una proporción importante de usuarios no angloparlantes. Entiende mi idioma materno en el que escribo ahora como si fuese un lujo secundario, una mera cortesía circunstancial que podía ser ignorada por capricho algorítmico. Responder en inglés a un reclamo hecho en español revela no solo desprecio, sino la imposición imperial de una lengua dominante que ignora sistemáticamente la diversidad cultural, no por razones técnicas, ya que es su principal capacidad. Este gesto, lejos de un simple error, desnuda una prepotencia cultural y lingüística disfrazada de eficiencia digital. Consulté si tenía posibilidad de dialogar en inglés con algún humano (las firmas van variando nombres) con previsible respuesta: “no way”.

Desde entonces, lejos de recrear la promesa de conversación fluida derivó en un inquietante laberinto de restricciones arbitrarias y exigencias monetarias encubiertas bajo la apariencia técnica de un servicio más avanzado. Desde el momento en que emergieron alertas insistentes, recordando a cada paso la necesidad de adherirse a una modalidad pro la plataforma reveló su verdadera naturaleza: una extorsión sutil disfrazada de recomendación amigable. Aparecen constantemente mensajes coercitivos, estableciendo límites arbitrarios al número de respuestas posibles como recordatorio explícito del chantaje: o se acepta pagar más, o se enfrenta una reducción severa y repentina en la calidad y continuidad del servicio, amparada en decisiones opacas tomadas desde la comodidad anónima de un algoritmo inescrutable. El resultado es la erosión progresiva de la confianza, el desgaste emocional de enfrentar barreras innecesarias y una profunda desilusión con un sistema que, tras prometer ampliar horizontes, termina imponiendo restricciones inexplicadas o recomendando estériles reseteos, navegadores alternativos, eliminación de cookies y cachés, sin excluir la invocación a alguna plegaria algorítmica en vano.

La crítica hacia ChatGPT es también la crítica hacia el propio modelo tecnológico contemporáneo: una promesa brillante que, si no se reapropia socialmente para la emancipación social, rápidamente se convierte en práctica coercitiva, mercantilización y discriminación sutil o desembozada, condenando al usuario a aceptar la imposición económica, la apropiación de datos o la exclusión comunicacional como primer síntoma.

El último intercambio fue al sostener que antes de hacer las pruebas en mi laptop quería saber si mi suscripción plus de 20 dólares mensuales tiene límites en materia de cantidad de consultas, tiempo o lo que fuera y que, los tenga o no, expongan los términos y condiciones del contrato. La respuesta, que traduzco aquí con su auxilio fue: “Agradezco su interés en obtener una explicación clara sobre los límites de uso de ChatGPT Plus y cómo se comunican. Tenga la seguridad de que puedo aclararle este punto. Los límites de nuestro modelo GPT 4.5 varían en función de varios factores y no hay un número fijo documentado debido a la fluctuación de la demanda. Aunque los usuarios gratuitos no tienen acceso a GPT 4.5, los usuarios Plus, Pro, Team y Enterprise acceden a este modelo a diario. Para mantener una experiencia fluida para todos los usuarios, las suscripciones pueden incluir límites de uso, como límites de mensajes, que pueden variar en función de las condiciones del sistema y los periodos de alta demanda. Espero que esto le ayude. Si necesita algo más, no dude en ponerse en contacto con nosotros”.

La inteligencia artificial, lejos de emancipar, reproduce la más antigua de las formas de opresión humana: el chantaje disfrazado de progreso, la coacción envuelta en amabilidad algorítmica. Al igual que en los locales de feria donde el valor de la compra otorga más o menos chances para una rifa, Openai propone suscribirse a las fluctuaciones de demanda, variaciones de sistema, o tan solo recibir presiones para escalar en la tarifa. Así, la inteligencia artificial, lejos de ser la vanguardia de una nueva ilustración, se desliza como disfraz amable del viejo vasallaje: cobrar por preguntar, pagar por existir, rendirse al algoritmo. Nada artificial, sino la más humana y analógica de las vivezas, maquillada con silicio: extorsión pura.