Author: Gustavo Santini Nieto

¿Cancelación o continuidad de la reforma educativa?

Gustavo Santini Nieto

México / 25 de enero de 2018 / Autor: Gustavo Santín Nieto / Fuente: E-Consulta

Dependería de que quien ganara la presidencia de la república contara con mayoría calificada.

En los últimos días, funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y otros corifeos, alertan sobre una supuesta “cancelación de la reforma educativa” y de los daños que su anulación causaría en niñas, niños y adolescentes quienes refieren, tendrían “derecho a recibir una educación de calidad”. Las advertencias partirían lo mismo de Otto Granados, tercer encargado del despacho educativo de la administración en funciones, de Aurelio Nuño, Coordinador de la precampaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional, como de asociaciones privadas (ANUIES y Mexicanos Primero).

Pero, las alarmas que pretenden incidir en la opinión pública con el afán de conseguir votos a favor de su precandidato, se disparan a través de articulistas que lo mismo denuestan a quienes mantienen una opinión diferenciada a la que comparten con la burocracia educativa escondiendo fines comerciales al defenderla. Tan es así que ni siquiera la burla perdonan, cuando reconocen su vinculación a la reforma, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios profesionales, que les son otorgados para colaborar en procesos de capacitación del personal docente de educación obligatoria, justificándose en la máxima de que “lo que no se evalúa no se puede mejorar”.

Empero, otro tanto de interesados, maestras y maestros en servicio –primordialmente-, pero también investigadores del que-hacer educativo y actores políticos, cuestionan alianzas cupulares, fundamentos de los que partiera la reforma educativa peñista y los procedimientos adoptados para su instrumentación. Exigen su derogación y encuentran eco en un precandidato, quien en los discursos se pronuncia por cancelar a la “mal llamada reforma educativa que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza” y en terminar con la “humillación” a la que sometieron al magisterio y sustituirla por otra; que parta de acuerdos con madres y padres de familia “para hacer una verdadera reforma educativa y mejorar la educación en nuestro país”.

Así planteado, el dilema parecería presentarse en torno a la continuidad o la sustitución de una reforma educativa que quedó en el intento y cuyos únicos triunfos, parecerían concretarse en las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la adición de algunos parágrafos al Artículo 3, mediante los que diputados y diputadas, senadores y senadoras miembros de las bancadas de los partidos políticos suscriptores del Pacto por México, “aprobarían” la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto de Evaluación Educativa -ente que sustituye al Instituto Nacional de Evaluación-. Todas ellas emanadas de la oficina de la presidencia a cargo Nuño y de ahí partirían a la encarcelación de Elba Esther y a la “recuperación de la rectoría del estado en materia educativa”. El resto de rubros, parecería destinado -si bien le va-, a la concreción de una propuesta política que en el menor de los casos, tendría que realizar ajustes, redefinir el modelo y los objetivos a alcanzar, lo mismo que las metas, las estrategias, los plazos y las alianzas requeridas para lograrlo, contenidas las indispensables con quienes tendrían la obligación de instrumentarla.

A 5 años de su promulgación (23 de febrero de 2013) y de que la reforma educativa iniciara sin un acuerdo popular de nación que la República requiere y sin definir en consecuencia, el modelo educativo que para ello fuese pertinente lo mismo que la características a las que debiese responder el personal docente y en consecuencia, transformar planes y programas de estudio de las escuelas normales y los que rigen a la educación obligatoria, contar con la infraestructura escolar adecuada así como con los materiales educativos indispensables, incluidos los tan prometidos nuevos libros de texto gratuito.

Empero, adoptar una posición ante el enfrentamiento por lograr la cancelación o definir la continuidad de la reforma educativa, pasaría por revisar lo hecho y lo logrado por la administración de Peña Nieto.

En primer lugar, la recuperación de la rectoría en materia educativa que tanto ponderan, le costaría al erario casi 2 mil millones de pesos (1, 960 mdp) erogados por la SEP durante la administración de Nuño, cuya finalidad sería la de realizar el trabajo sucio para difundir las “bondades” de la reforma educativa, evidenciada por la revista nº 2 150 del semanario Proceso; plazas de administración (subdirecciones en las escuelas) y de supervisión escolar, entregadas al aparato sindical en diversas partes de la república, al margen de los establecido por la LGSPD; lo mismo que posiciones electorales, consecuencia de la alianza nacional PRI-PANAL, a costa de la oposición y radicalización de maestras y maestros de  la CNTE y de la misma forma, en la entidades gobernadas por la oposición, encabezadas por líderes del SNTE.

En segundo término, sería necesario resaltar que la evaluación del desempeño, punta de lanza de la reforma educativa para garantizar “la idoneidad de los docentes”, se habría aplicado al término del 2017 a tan sólo 1 de cada seis de las maestras y maestros de educación obligatoria, cifra que permitiría calificarla como un fracaso. En tercer término, la garantía que, de acuerdo al Artículo 3, el Estado ejercería en favor de la calidad de la educación de “manera que los materiales y métodos educativos […] garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos”, continúa siendo una promesa que se cumpliría a partir de iniciado el ciclo escolar 2018-2019 y eso, está por verse. La infraestructura educativa habría mejorado, de acuerdo a cifras oficiales y a reserva de verificarlo, a tan sólo una de cada tres escuelas, generando una deuda pública que las entidades pagarán en los próximos 20 años, mediante una quita pactada al Fondo de Aportaciones Múltiples que le corresponde a cada Estado.

Sin embargo,  y a pesar del corte de caja desfavorable, la cancelación de la reforma educativa institucional dependería de una nueva correlación de fuerzas que requeriría que quien ganara la Presidencia de la República, contase con una nueva mayoría calificada para hacerlo. Precisaría si, de cambios profundos que respondieran a un nuevo pacto social en el que participen maestras, maestros, madres, padres de familia, alumnos, alumnas y todos grupos de la sociedad civil interesados.

Fuente del Artículo:

http://www.e-consulta.com/opinion/2018-01-21/cancelacion-o-continuidad-de-la-reforma-educativa

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Cinco de cada 10 mexicanos piensa que la reforma educativa no ha funcionado

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Todo se vale.

Gustavo Santini Nieto

Los defensores de los derechos laborales de los trabajadores de la educación mexiquenses

En tiempos electorales “todo se vale” con tal de ganar el favor de los electores y conservar el hueso. No importa que se prometan las perlas de la virgen, se baje el sol, la luna y las estrellas y los encargados del despacho imperial empleados de primer ralea- entreguen más de 500 millones de pesos en premios y aseguren que los y las maestras importan más que cualquier reforma. Total que el prometer no empobrece, que el dar es lo que aniquila y más cuando se trata de conseguir los favores de casi 250 mil mentores del subsistema de educación obligatoria del sistema público estatal y sus familiares en edad de votar en el Estado de México,  a quienes se les promete defensa en contra de “cualquier reforma”. Pero, si las mercedes imperiales no fueran suficientes, se podría, como lo hiciera recientemente Nuño, recurrir al chantaje y señalar que la “madre de todas las reformas”, la educativa, está en riego, si el Atila del sur llega a la presidencia de la república y priva a niños, niñas y adolescentes de un futuro promisorio que una educación de calidad les traería aparejada y que les permitiría, ser tan competitivos que se convertirían en bocado de cardenal para las empresas multinacionales.

Por: Gustavo Santín Nieto.

A la cruzada en defensa de la heroica reforma educativa, Nuño convoca a las organizaciones aliadas. Mexicanos Primero Asociación Civil y otras similares; a la perniciosa cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); a los gobiernos locales encabezados por dos priistas de cepa (Graco Luis Ramírez Abreu y Silvano Aureoles Conejo); a los y las trabajadoras de la educación sin importar su condición gremial; a los medios masivos de comunicación; a la sociedad civil y al clero y a la jerarquía católica; a los legisladores de las dos cámaras; a las madres y a los padres de familia; a la sociedad civil.

Empero y por si algún actor creyese en las lágrimas del cocodrilo mayor y arriara banderas libertarias favorables a las y los maestros que se oponen al quebrantamiento de sus derechos laborales y humanos, de pronto sale el garrote y les recuerda “haiga sido como haiga sido” que lo de Nuño es pura faramalla, que la madre de todas las reformas no está en riesgo. Que la reforma educativa, las leyes secundarias y otras disposiciones relacionadas “con el servicio profesional docente, la formación continua, la evaluación de desempeño y de ingreso al magisterio, así como la autonomía de gestión de los más de 250,000 planteles de educación básica que existen en nuestro país”, se encuentran blindadas por las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que cuentan con el “aval” de las dos terceras partes de las legislaturas locales. Que de ninguna manera y gane quien gane, se derogarían las medidas adoptadas ya que sería prácticamente imposible, que el Peje se hiciese de las tres cuartas partes del congreso requeridas para lograr una nueva reforma constitucional y que el PRI y el Partido Acción Nacional conservarían los gobiernos y los congresos locales, salvo lo que sucediera en 7 entidades de la nación.

Sin embargo, el miedo no anda en burro y los números en la contienda electoral de la entidad, a la que denominan “la joya de la corona”, obligaría al PRI y a su candidato, a recurrir a medidas algunas extremas, que pondrían en duda la viabilidad de una reforma inconclusa pero largamente acariciada por la oligarquía federal y sus corifeos. Medidas entre las que destacarían declaraciones que justifican la entrega de “subsidios electorales”, previstos según Del Mazo Maza, en programas sociales, mediante los que PRI intentaría comprar el voto de un buen número de electores. Lo mismo que la declaración a través de la que coyunturalmente el candidato del revolucionario institucional, se opondría al titular del ejecutivo así como al encargado del despacho educativo y a la propia reforma, cuando prioriza la defensa de los derechos laborales de “los maestros mexiquenses” por encima de la reforma o del modelo educativo (goo.gl/v4Y12b).

Cuestión de votos, de cuentas, de balances, especulaciones y preguntas. ¿Podría en el Estado de México repetirse la inclinación electoral de maestras, maestros, familiares en edad de votar, madres y padres de familia con quienes tienen contacto, en contra de quien les agravia, conculca sus derechos laborales y les promete pero no les cumple? ¿Serían capaces de votar, como muchos mentores lo hiciesen en Oaxaca y Veracruz, a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y lo convirtiesen en la segunda fuerza electoral, en una posición en la que estuviese cerca de lograr el triunfo presidencial en 2018? Los resultados de las elecciones previas para gobernador en el Estado de México, seguramente motivan la postura que adopta Del Mazo, con la complacencia de Peña Nieto y Nuño Mayer no obstante que les lleve la contra y que con sus postulados fomente una insurgencia magisterial que podría ser similar a la que les causa graves conflictos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En 2011, de un padrón electoral de más de 11 millones de votantes, sólo el 44.18% acudió a las urnas y depositó su voto. Tan sólo, más de uno de cada dos sufragistas votó por el PRI (3,018,588), el 61.96%, equivalente a tan sólo 1 de 4 de los votos del total del padrón electoral (11,023,636) para un porcentaje total del 27.38% del padrón. Sólo 1 de cada 5 de los votantes optó por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es decir el 20.95% (1,020,857), equivalente sólo al 9% de la preferencias de quienes están inscritos en el padrón. Desde 2017, el panorama electoral del Estado de México ha variado y las encuestas electorales indican que las preferencias están parejas entre el PRI, el PAN y MORENA cuestión que torna sumamente atractivo el voto magisterial.

Total que para los novísimos paladines defensores de los derechos laborales de los trabajadores de la educación mexiquenses, el prometer no empobrece, sí en el discurso tengan que enfrentarse con quien se les ponga enfrente. Y como las reformas se encuentran blindadas, si el voto magisterial los lleva la magistratura local, ya habrá suficientes controversias constitucionales que les permitan evadir el cumplimiento de lo prometido. El dar es lo que aniquila.

Fuente: http://www.e-consulta.com/opinion/2017-04-10/todo-se-vale

Imagen:  https://www.neostuff.net/wp-content/uploads/2015/05/reformaeducativa.jpg

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La burra no era arisca.

Gustavo Santini Nieto

El PRI requiere maquinaria magisterial. Críticas de Nuño, aplican al SNTE también.

Por: Gustavo Santin Nieto.

Se requieren a pesar de los señalamientos con los que Aurelio Nuño Mayer pretendiera descalificar acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), atribuibles desde su origen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), nuevas consideraciones que enfoquen mejor lo que pasa. A pesar de su insistencia en negarlo, la alianza entre el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el SNTE persisten. El PRI sigue requiriendo de la maquinaria electoral que significaran maestros y maestras desde 1946, primero como empleados electorales al servicio del gobierno y ahora como aliados que podrían determinar a través del Partido Nueva Alianza (PANAL), el triunfo de una coalición encabezada por los representantes del PRI. Responsables de la organización política en los municipios, de los festejos patronales, de las fiestas cívicas, de la administración municipal y de gran parte de la vida cotidiana de la comunidad, maestros y maestras han encumbrado a más de un político a los primeros sitios de la administración pública.

El «control desmedido” que algunas secciones del SNTE poseían, según Nuño, era en realidad producto de acciones de gobierno delegadas “jurídicamente” por la administración en funciones a la organización sindical, resultado de negociaciones en torno a la revisión de las relaciones laborales colectivas que de manera anual se realizan. Gestiones personalísimas como la tramitación de “becas comisión”, cambios de adscripción, promociones, ascensos, permisos con y sin goce de salario, incidencias de personal, licencias por diferentes artículos (incluido el 41), así como préstamos a corto, mediano y largo plazo, quedaron subordinados a la gestión sindical por la que deberían transitar a toda costa. Derivada de una añeja disposición emitida durante la gestión de Manuel Ávila Camacho que establecía que en cada unidad burocrática (dependencia gubernamental, art. 45) se reconocería la existencia de un sólo sindicato y que, en caso de concurrir varios que pretendieran ejercer ese «derecho», la autoridad otorgaría la venia a la asociación mayoritaria (art. 46 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión). Éste apuntalaba al SNTE, de reciente creación mediante una disposición que señalaba que una vez ingresado al sindicato se debería permanecer en él salvo por expulsión gremial (art. 47). La afiliación era realizada de manera mancomunada por la dependencia y por la organización gremial sin tomar en consideración la opinión personal del interesado. Lo mismo sucedería con los gremios «de la misma manera que el Estatuto Jurídico también dispuso que en cada unidad burocrática sólo pudiera existir un sindicato, el que contase con la mayoría de sus empleados de base; también dispuso que este sindicato sólo pudiera integrarse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (la FSTSE), constituida para agrupar a todos los sindicatos de los empleados públicos federales» (goo.gl/A494tO).

La alianza entre el Estado y la organización oficial de los trabajadores de la educación permitió que la administración de Ávila Camacho minara la influencia de su antecesor y que en ese entonces, la nueva organización gremial se consolidara como la única representación magisterial. Alberto Arnaut Salgado, investigador del Colegio de México, puntualiza que para «la década de los cuarenta se configuró una especie de co-gestión entre el Estado y el SNTE de las condiciones de trabajo del personal docente y no docente de educación básica, que conformó, no un servicio profesional de carrera, sino una especie de servicio sindical de carrera para los maestros de educación básica».

La alianza entre el Estado y el SNTE asumiría el control político sindical del gremio magisterial. Beneficiaría lo mismo al gobierno que a los representantes de los trabajadores de la educación. Precisaría de una real capacidad de gestoría que el SNTE ejercería mediante la tramitación de diversas «prestaciones» a las que por ley, tendrían derecho los y las trabajadoras de la educación. Sin embargo, las nuevas reglas emitidas por la administración de Enrique Peña a la luz del «Pacto por México» y el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales, minaron la confianza de los trabajadores en sus representantes. No pocas son la voces magisteriales que cuestionan qué a la representación magisterial, maniatada al momento de defender los derechos laborales adquiridos. El ingreso, la permanencia y la promoción son asumidas como un acto unilateral por la autoridad gubernamental, ignorando el papel que jugaran las comisiones mixtas.

Denostado por funcionarios de la administración y por organizaciones civiles de corte neoliberal, el SNTE paso de ser un aliado, al patito feo de la «tragicomedia» educativa. Lejos quedaron los días en los que participara activamente en el diseño y en la instrumentación de políticas públicas educativas. Reivindicado ante el crecimiento y la radicalización de la Coordinadora Nacional (CNTE), oficialmente expresión sindical del SNTE, sirve de comparsa que justifica el actuar del encargado del despacho educativo sin mayor éxito puesto que maestras y maestros, incluso los que reconocerían no participar en política, muestran simpatías por la CNTE, organización a la que le reconocen el aplazamiento en la aplicación  de la evaluación de permanencia en el servicio profesional docente y por la muerte anticipada de la reforma educativa.

La conseja popular comenta que la burra no era arisca, los palos la hicieron. Los palos se iniciaron desde la cesión de derechos otorgados a una reforma elaborada de acuerdo a los cánones impuestos por organismos internacionales, alentada por organizaciones como Mexicanos Primero y solapada por partidos políticos. La burra no era arisca.

Fuente: http://www.e-consulta.com/opinion/2017-01-01/la-burra-no-era-arisca

Imagen: https://pbs.twimg.com/media/CHUvbKkUAAAGlxy.png

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