Author: Luis Ariel Carpio Galindo

El anuncio de recortar la alimentación de los colegios oficiales, al igual que la política de privatización mediante APP, amerita un debate.

Por: Luis Ariel Carpio Galindo.

El pasado 15 de septiembre, el secretario de Educación de Cartagena Jaime Hernández Amín, advenedizo como el alcalde encargado, dijo en un diario local que encontró la Secretaría con un déficit de 21 mil millones de pesos, en áreas como aseo, vigilancia, transporte y la alimentación escolar. Días después, anunció que contratos “gordos” de educación se reducirían para 2018, refiriéndose a estos mismos sectores.

En la alimentación, afirmó que “la responsabilidad pública no es alimentar a los niños”, advirtiendo que el gobierno debería bajar el porcentaje de aporte nutricional de la alimentación que se brinda en los colegios. Es decir, abandonar las recomendaciones del ICBF en esta materia que son en la base los estándares del programa de alimentación escolar PAE. Bajar el rango mínimo de energías y nutrientes que requiere la población escolar por día como lo propone el señor Hernández Amín, no solo es improcedente sino un crimen contra la infancia.

¿Qué hay detrás de estos anuncios y estas propuestas peregrinas de quienes dirigen la Secretaría de Educación en Cartagena?

Ya en 2016, el hoy suspendido alcalde Manolo Duque, firmó con la Ministra de Educación de la época Gina Parody, un Acuerdo de Voluntades con el que se da comienzo a la contratación de obras de infraestructura educativa para la ciudad de Cartagena y sus corregimientos, a través de contratos de concesión bajo la modalidad de APP. Este acuerdo busca la presencia del sector privado en la construcción y/o adecuación de unas 30.000 aulas en el distrito; y su presencia mediante concesión de la prestación del servicio de vigilancia, aseo, transporte y alimentación escolar. Los llamados servicios no pedagógicos.

El alcalde encargado Sergio Londoño Zurek aprovecha su encargo para acelerar este proceso. Así lo deja ver en declaración a un reconocido medio periodístico “se trabaja en el censo de los colegios que presentan problemas en su infraestructura para que sean incluidos en una Alianza Publico Privada”, y agregó que los colegios construidos con recursos del sector privado, “ya no necesitan ni plan de alimentación escolar, ni vigilancia, ni salud contratada del distrito, sino que hacen parte de la alianza público privada”.

Las APP son el artilugio para la entrada del capital privado a la educación pública, y se complementa con la figura de la concesión de los colegios oficiales. Las apariciones mediáticas de los encargados, el secretario de educación y alcalde, no son gratuitas; no es casual que anuncien la falta de recursos para atender estos sectores y el recorte de los contratos, si no fuera con la intención de justificar la entrada de las APP. Sus declaraciones van en esa dirección, entregarle la educación pública de la ciudad a pedazos al sector privado: la construcción y mantenimiento de los colegios, la seguridad, el transporte, el aseo, la salud, y la alimentación escolar.

Los anuncios de recortar la alimentación escolar y otros servicios en los colegios oficiales, al igual que esta política de privatización mediante APP, ameritan un gran debate ciudadano a fin de evitar que se destruya el carácter público de la educación en la ciudad de Cartagena; por lo pronto, esta política debe detenerse.

Fuente: https://www.las2orillas.co/desnutricion-escolar-y-privatizacion-la-nueva-politica-educativa-de-cartagena/

Imagen: https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2017/10/secretario-cartagena.jpg