Por Leticia Terán en En común/LaDiaria
Son las ocho de la mañana y en la esquina de Cabildo y Nicaragua las puertas ya están abiertas. Una señora que transita por la vereda se detiene y le pregunta al guardia si en el lugar sigue funcionando la cárcel de mujeres. El guardia, con cara de perplejidad, le explica que la cárcel no funciona como tal desde 2011 y que actualmente es el Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen). Así inicia una conversación de vereda cuya temática tal vez continúe extendiéndose hasta otro vecino, otras familias, otros barrios, otros pueblos.
Es diciembre y la generación actual de estudiantes en el curso de formación inicial de operadores penitenciarios grado 1 acaba de egresar: 141 en Montevideo y 100 en el interior del país. En el Cefopen se desarrollaron las clases teóricas, que abarcan desde contenidos normativos de la legislación correspondiente y conocimiento sobre el nuevo Código del Proceso Penal hasta formación en aspectos de seguridad penitenciaria, género, adicciones, salud integral, abordaje de las emociones, autocuidado e intervención socioeducativa, entre otros temas. El enfoque de derechos humanos atraviesa la formación como eje esencial para los objetivos del trabajo en contexto de encierro.
Al finalizar la formación inicial, los operadores, así como los policías y funcionarios en general, tienen la oportunidad de asistir a los cursos de educación permanente que surgen de la propuesta y el enfoque del centro. Estos responden a necesidades que emergen mediante evaluaciones, así como del relevamiento de propuestas de los propios estudiantes y funcionarios.
La actividad en la ex cárcel de Cabildo no sólo consiste en las aulas pobladas y activas, la sala de informática, el anfiteatro para conferencias, la presentación de libros, las mesas interinstitucionales, sino también en el constante movimiento de los docentes y coordinadores que cada día se disgregan hacia las unidades penitenciarias de todo el país.
Es común que aquellos que trabajan en este contexto, al encontrarse en un cumpleaños, una reunión familiar o con amigos, tengan que contestar la pregunta “¿qué hace un operador penitenciario?”, ya que una amplia mayoría de la ciudadanía desconoce la existencia de este rol y cree que en las cárceles únicamente trabajan policías.
Hoy en día en las unidades penitenciarias podemos encontrar una microsociedad laboral muy grande: maestros, profesores, artistas, educadores, médicos, enfermeros, referentes religiosos, psicólogos, abogados, estudiantes de facultad y técnicos de diversas áreas y disciplinas. A dicho conjunto debemos sumar no sólo a las personas privadas de libertad y los funcionarios policiales, sino a las familias que pertenecen a la realidad de un contexto en el que cada día trascurre la vida de las personas.
Inmersos en esta red se encuentran los operadoras penitenciarios. No portan arma. Usan un uniforme que los identifica. Han sido formados para trabajar en equipo y para cumplir diversas funciones que hacen a la cotidianidad de la cárcel, pudiendo realizar trámites administrativos, procedimientos de seguridad y de operatividad para los movimientos necesarios de las personas privadas de libertad, así como procurar que se concrete toda actividad que dignifique la vida de dichas personas, que favorezca la convivencia y que asegure el pleno desarrollo de capacidades vitales. El operador penitenciario es un facilitador de oportunidades. Se forma y se prepara para trabajar en un ámbito complejo, donde las tensiones son del día a día, provocadas muchas veces por la escasez de recursos o por las dificultades propias de trabajar en un contexto en el que se ha encerrado a aquellos y aquellas que han cometido delitos; personas que no sólo quedan excluidas de la libre circulación, sino que ven afectado su propio plan vital, transformándose el encierro en su nueva realidad. El operador penitenciario se forma para crear y desarrollar proyectos capaces de motivar, sostener y transformar. Es un articulador entre lo que comúnmente escuchamos nombrar como “el adentro y el afuera”, buscando que las consecuencias del encierro no provoquen el aislamiento y la reincidencia. El operador penitenciario es un profesional que planifica, observa, coordina, ejerce, comunica, educa y aprende.
Comprender que el delito es parte de la trayectoria vital de la persona y que la persona es parte del entramado social exige que aquellos que trabajan en la cárcel desarrollen la empatía que les permita, en un marco de seguridad, acompañar procesos personales y grupales que habiliten posibilidades de formar espacios de reflexión y de acción.
La filósofa contemporánea Martha Nussbaum afirma: “Desarrollar políticas que sean de verdad pertinentes para un amplio abanico de situaciones humanas supone atender a diversos factores que afectan la calidad de vida de una persona: significa preguntarse, en cada ámbito, ¿qué son las personas en general, y cada una de ellas en particular, realmente capaces de hacer y de ser?”. Esto nos hace pensar en las capacidades educativas, laborales, emotivas, sociales que una persona privada de libertad posee. Incluso nos hace pensar en las capacidades de las instituciones para generar oportunidades de desarrollo de todo ciudadano, en toda circunstancia. Y, por qué no, nos hace pensar en las capacidades de toda una sociedad, de pretender para todo ciudadano no sólo la pena correspondiente a los daños que genere, sino la posibilidad de que sus derechos humanos no sean violados y su trayectoria vital encuentre espacios de restauración que lo habiliten a vivir en paz con otros y consigo mismo. Tal vez influidos por cierto pensamiento confuciano, queriendo humanizar los lugares de la sociedad que encierran, busquemos liberar una conciencia objetiva más justa y virtuosa, confiando esencialmente en que es posible hacerlo.
Leticia Terán es docente y licenciada en Filosofía. Integra la coordinación académica del Cefopen.
Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2020/1/un-jardin-en-el-desierto-operadores-penitenciarios-en-uruguay/
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