Educación pública entre el derecho humano y la mercancía

La educación no ha sido indiferente estas últimas semanas para nadie, como pocas veces suele ocurrir, la agenda política y social se ha reducido a la ya histórica movilización magisterial iniciada por sus bases regionales. Más de 200 mil maestros y maestras en todo el país rompieron esa letanía en que andaban envueltos, en cierta parte, por una clase sindical enquistada en una pobre actitud para defender los intereses del magisterio; pero en gran medida por esa inercia que nos esta afectando a todos, tras 27 años de un modelo económico neoliberal que ha venido destruyendo la incipiente conquista de derechos que intentábamos construir.Al igual que la mayoría he crecido en medio de una mentira ineludible, que se resumen en frases como: “si quieres darle a tus hijos una “buena” educación, tendrás que pensar en un colegio privado” o “si quieres salir “buen” profesional tendrás que pensar en una universidad privada”. Esas frases en algún momento fueron construidas desde arriba, e irradiadas de ese centro autoritario (Lima gobierno) a la periferia (“provincias” gobernadas), amplificados por medios de comunicación al servicio de intereses patrimonialistas, terminaron por privatizar mi educación. Después de eso lo más previsible es ser una caja de resonancias que repite la misma historia; pero ¿cómo se sembró esa falacia en nuestro imaginario?

Gran parte de la respuesta está en los noventa, nos habían dejado un Estado quebrado por la ineptitud de un gobierno aprista, estas fueron las condiciones necesarias para aplicar cualquier doctrina que diera un shock a ese Estado en ruinas. Es entonces que se instaló la máxima, de que lo privado es intrínsecamente mejor que lo público y el Estado debe reducirse a su mínima expresión, lo suficiente para promover iniciativas privadas. A mediados de los noventa el sector público atendía al 85% de matrículas; en el 2011 la cobertura se invierte y el 68% asiste a un colegio privado [1] . Lima metropolitana hoy posee un tercio de la población nacional y tiene más de 6 mil colegios privados y no llega a dos mil colegios públicos [2] ; su educación está mayoritariamente privatizada, siendo una primera señal de por qué ésta histórica movilización nació en las bases regionales y por qué se vio tan poca solidaridad desde Lima hacia la educación pública.

El Estado en los noventa fue el principal detractor de la educación pública, tratando por diferentes medios de deshacerse de su carga presupuestal; mientras paralelamente promocionaba la inversión privada, con normas como el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación de 1996; norma que dio inicio a la mercantilización de la educación. Los sucesivos gobiernos se encargaron de mantener esas políticas o agravarlas; con recortes al gasto público en muchos casos condicionados por instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial, que incorporaron criterios formativos acordes a las necesidades productivas de las empresas privadas, promoviendo por ejemplo la educación técnica para responder las necesidades del mercado que precisa de mano de obra barata. Hasta llegar a la actual situación, en que la educación está bajo el control de manos privadas, que mayoritariamente la consideran como un negocio que debe regirse y evaluarse bajo normas del mercado como la eficiencia, competitividad o rentabilidad; he ahí una de las razones principales por qué no funciona la evaluación de desempeño.

Tras casi tres décadas de ensayar la misma fórmula y bajo evidencias que cada año nos muestran estar en la cola respecto a la calidad educativa mundial, hoy podemos decir que el modelo neoliberal de educación privatizada ha fracasado en el Perú. La mística y acción del movimiento regional del magisterio, nos ha obligado a detenernos y nos ha devuelto un viejo sueño que estaba siendo arrebatado: la posibilidad de aspirar a una educación pública, gratuita y de calidad, un derecho humano, que no es solo para ciudadanos de escasos recursos, sino para todos aquellos que respetemos el valor de educar, entendido esto como los valores que promueve la educación como la democracia, la solidaridad, la justicia y que además refiere a la valentía de ciudadanos y ciudadanas dispuestas a preservarla y salir en su defensa.

Notas:

[1] Ver en Consejo Nacional de Educación: http://www.cne.gob.pe/index.php/Jos%C3%A9-Rivero-Herrera/la-agonia-de-la-escuela-publica.html

[2] Ver en La República: http://larepublica.pe/21-07-2014/lima-tiene-mas-de-6-mil-colegios-privados-y-cerca-de-2-mil-centros-publicos-segun-mapcity Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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TPP: Cuando el poder corporativo se impone a los derechos humanos

Por: Luis Hallazi

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) es un tratado multilateral firmado entre 12 países para favorecer a las corporaciones transnacionales principalmente estadounidenses y japonesas, con el fin de consolidar una nueva arquitectura normativa donde se otorgan derechos ilimitados a los inversionistas, en perjuicio de los derechos humanos y de los intereses de los gobiernos receptores de inversiones.

tratado fue presentado como un acuerdo comercial y está impulsado por EE.UU, negociado en secreto los últimos cinco años, entre funcionarios estadounidenses, asesores de las elites corporativas y algunos pocos funcionarios de los otros países firmantes.

En octubre 2015, cuando el gobierno peruano se alistaba a recibir en Lima a lo más selecto de la elite financiera en la Reunión Anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se aprovechó para que el ex presidente Humala anunciara el final de las negociaciones, tras más de veinte rondas negociadoras desde marzo del 2010, sin que probablemente se sepa el contenido del TPP, ni los derechos que serían vulnerados.

El 4 de febrero fue firmado por el mandatario y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, con muy poca cobertura en los medios de comunicación. Meses antes el texto del tratado con más de cinco mil páginas, divididos en treinta capítulos en un inglés técnico-jurídico, compuesto además por cuatro Acuerdos paralelos no había sido traducido al castellano. Lo poco que se sabía antes de la firma del TPP fue filtrado por los WikiLeaks.

Esta opacidad desde el nacimiento del tratado se fue acentuando durante los últimos meses, el Poder Ejecutivo hasta el día de hoy no ha dado muestras de transparencia en el trámite del TPP. No se tiene información sobre los informes técnico-legales de los sectores correspondientes, los que habrían dado el visto bueno al tratado. Se sabe sin embargo que el Ministerio de Salud emitió un informe cuestionando el tratado en lo referente al acceso a la salud, pero no se conoce en detalle su contenido. Son estos informes los que sustentan la posición del Poder Ejecutivo, a pesar de que la mayoría hayan sido realizados después de la firma del tratado; además son requisitos necesarios para el ingreso al Congreso de la República donde finalmente será ratificado o no.

El interés del Ejecutivo aparentemente es aprobar el TPP antes de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacifico (APEC) que se celebra en Lima a inicios de noviembre

En el gobierno de Humala se buscó acelerar el proceso y se preparó el proyecto de ley para la ratificación del TPP, una estrategia muy osada, tratándose de un Congreso que estaba de salida. Recientemente el 23 de setiembre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski retomó el proyecto y lo presentó al nuevo Congreso, tal como obliga la Constitución. El interés del Ejecutivo aparentemente es aprobar el TPP antes de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacifico (APEC por sus siglas en inglés) que se celebra en Lima a inicios de noviembre y donde se espera la llegada del presidente de Estados Unidos Barack Obama, principal impulsor del tratado.

Movimiento social-urbano Peruanos contra el TPP

La gran mayoría de la población hasta hoy no sabe de lo que se trata el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica- TPP, a pesar de los esfuerzos que desde octubre del año pasado viene realizando el movimiento social urbano de Las Zonas, grupo de ciudadanos y ciudadanas que surgió en respuesta a las políticas de flexibilización laboral que impulsó el gobierno de Humala, cuando a partir de la aprobación de la Ley de Régimen Laboral Juvenil o la “Ley Pulpín” los jóvenes se pudieron organizar logrando movilizar a miles de personas en diferentes partes del país hasta lograr la derogación de la norma.

Las Zonas, entre ellas la Zona 9 que articula a ciudadanos de los distritos de Lince, Breña, Jesús María y Pueblo Libre, realizaron diversos conversatorios sobre las serias consecuencias para los derechos sociales que traería la firma del TPP. La información obtenida fue a partir de las filtraciones de WikiLeaks, pero además contó con un trabajo de traducción de textos y análisis acuciosos por parte de los mismos miembros del movimiento.

Fue así que a partir de piquetes informativos, charlas, conversatorios, carraedas (información que se brinda durante viajes en el transporte público) y convocatorias virtuales lograron acumular hasta la firma del tratado cinco movilizaciones contra del TPP. Después de ello el proceso electoral tuvo única cobertura en los medios y fue invisibilizando las actividades realizadas contra el TPP. Sin embargo Las Zonas siguieron organizándose hasta constituir la Plataforma de Peruanos contra el TPP y TISA; que aglutina a más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicatos, organizaciones indígenas y diversos colectivos que han ido realizando acciones diversas para informar y movilizar a la ciudadanía en contra del TPP.

Super derechos de inversionistas vs. derechos humanos

Se menciona que el TPP es el tratado comercial más grande de la historia, puesto que comprende el 40% del PBI mundial. Lo que no se menciona es que solo EE.UU y Japón representan más del 85% de ese PBI, de la misma manera que representa el 30% de las exportaciones globales o el 11% de la población mundial. Solo entre EE.UU y Japón suman más de 450 millones de habitantes, más de la mitad de los 800 millones de habitantes que comprende este tratado. ¿Qué significa esto? El TPP es un instrumento geopolítico de EE.UU. y Japón dirigido a detener el avance económico de China. Pero no solo eso, sino que es una estrategia de las empresas trasnacionales que son quienes tienen el poder en ambos países, puesto que son las corporaciones transnacionales las que controlan los dos tercios (2/3) del comercio global.

El TPP es un instrumento geopolítico de EE.UU. y Japón dirigido a detener el avance económico de China. Pero no solo eso, sino que es una estrategia de las empresas trasnacionales que son quienes tienen el poder en ambos países

Este juego geopolítico tiene que ver muy poco con el Perú, cuya relación ha sido completamente asimétrica en las negociaciones y que incluso va a contracorriente de su política económica internacional puesto que China es su principal socio. Pero lo peor de todo es que este tratado pretende consolidar una estrategia perversa de esta globalización únicamente económica: Reformar de facto el sistema jurídico internacional donde se privilegian los tratados comerciales y de inversiones frente al derecho internacional de los derechos humanos.

Pero lo peor de todo es que este tratado pretende consolidar una estrategia perversa de esta globalización únicamente económica: Reformar de facto el sistema jurídico internacional donde se privilegian los tratados comerciales y de inversiones frente al derecho internacional de los derechos humanos.

El modo de hacerlo ha sido a través de la imposición del paradigma del libre comercio que ayudado de la instrumentalización del derecho internacional ha ido quebrando los avances en garantizar la supremacía de los derechos humanos. El caso del TPP es la consolidación de esta lógica. Por ejemplo, en el capítulo IX se establece nuevas reglas de protección a los inversionistas a través de un Sistema Internacional de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). Este sistema busca eludir la competencia de los tribunales nacionales cuando haya conflictos entre inversionistas y Estado, recurriendo directamente a tribunales arbitrales que finalmente son tribunales privados.

Otra estrategia de este quiebre del derecho internacional es los relacionado a derechos de propiedad intelectual. Estos han ido sofisticándose cada vez más hasta desnaturalizar su objetivo cuando se ingresa a normar temas relacionados con el acceso a la salud, no para garantizar la salud de los serres humanos sino para asegurar mayores ganancias a las corporaciones farmacéuticas cuando se extienden las patentes o derechos exclusivos de fabricación en los medicamentos, lo que hace inaccesible la adquisición de ciertas medicinas a determinadas personas.

Bajo la misma fórmula de los derechos de propiedad intelectual el TPP extiende los derechos de autor por encima de los 70 años y en el caso de internet le otorga derechos a los intermediarios del servicio (Movistar, Claro, etc.) para que puedan retirar contenidos cuando una empresa o persona denuncia a alguien por haber violado los derechos de autor, lo que causaría restricciones graves a derechos fundamentales ejercidos en internet como la libertad de expresión, información y privacidad. En esa misma dirección bajo el argumento de protección de derechos de propiedad intelectual también se obligara a que agricultores y campesinas restrinjan prácticas tradicionales como el intercambio de semillas, puesto que algunas empresas trasnacionales han patentado dichas semillas o les interesa hacerlo.

A esas nuevas prerrogativas se unen las cláusulas o principios comerciales y de inversión, que empezaron a utilizarse en los llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y en los Tratados de Libre Comercio (TLC); pero que ahora están fortalecidas en este tratado multilateral del TPP. Nos referimos a los “principios” deTrato Nacional, Trato justo y equitativo, Trato de la Nación más favorecida, la Expropiación Indirecta y losRequisitos de desempeño; que en resumidas cuentas son medidas de protección para que no obstaculicen la inversión, ni contravengan las expectativas de ganancias futuras que puedan tener las empresas trasnacionales.

Para que esto funcione, es necesario que el Estado firmante del TPP renuncie a su jurisdicción nacional en el caso de una controversia Estado-inversionista y se someta a una corte arbitral con árbitros privados, sin doble instancia y donde muchos de los árbitros son parte de las puertas giratorias.

Para que esto funcione, es necesario que el Estado firmante del TPP renuncie a su jurisdicción nacional en el caso de una controversia Estado-inversionista y se someta a una corte arbitral con árbitros privados, sin doble instancia y donde muchos de los árbitros son parte de las puertas giratorias. La principal corte arbitral es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) institución del Banco Mundial que ha suscrito un Convenio sobre Arreglo de Diferencias con el Perú.

Las experiencias en el CIADI, como es lógico son mayormente favorables a las empresas trasnacionales obligando a los Estados a pagar sumas millonarias por indemnizaciones e incluso truncando la implementación de leyes y políticas públicas por parte del Estado, bajo el argumento de que dichas normas o política contravienen los “principios” comerciales suscritos en los TBI o TLC, ahora fortalecidos con el TPP. En el caso del Perú ha sido enjuiciado por más de 2500 millones de dólares y hasta ahora la defensa le ha costado más de quince millones de dólares.

El TPP no solo ha tenido deficiencias serias en la transparencia de su elaboración, sino también en los procesos de firma y ratificación en cada país. Las razones de esa opacidad se encuentra en su contenido, diferentes artículos que mediante una técnica jurídica sofisticada busca beneficiar claramente a los inversionistas, otorgándoles super derechos que los ponen en una cómoda posición en relación a Estados con debilidad en sus instituciones y que finalmente quiebran el marco de protección de los derechos humanos.

Diferentes instancias de las Naciones Unidas han manifestado las amenazas del TPP y la liberalización extrema de los tratados comerciales y con esto la necesidad de un instrumento internacional vinculante para que las empresas trasnacionales respeten los derechos humanos. En el caso de Perú ha sido el movimiento social emergente el que ha puesto en cuestión la ratificación del TPP, esto sería un mensaje directo al actual presidente y congresistas, el mensaje de que estaremos vigilantes de los lobbys los próximos cinco años.

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Economia/TPP-Cuando-el-poder-corporativo-se-impone-a-los-derechos-humanos

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