La pandemia mundial de Covid 19 es un desafío brutal para la clase trabajadora. Como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “la crisis provocada es la más profunda en los últimos 100 años para la región”. El “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de Covid 19” estima que el PBI de la región caerá este año un 9,1% y 44 millones de trabajadores perdieron sus empleos. Además, el 2020 nos dejará 231 millones de nuevos pobres y 96 millones en la extrema pobreza, desde la infame década neoliberal de los ’90 que no pasaba esto.

En América Latina y el Caribe, con honrosas excepciones como Argentina, la mayoría de los gobiernos han intentado aprovechar el coronavirus para atacar derechos laborales adquiridos. Como trabajadores estamos ante un desafío sin precedentes. La pandemia ha disparado el desempleo, la informalidad, la desigualdad de ingresos y de oportunidades de trabajo decente. Según el último informe de la OIT, la tasa de participación laboral también registró una caída sin precedentes al reducirse del 61,3% al 52,6% entre el primer y segundo trimestre de este año. Ello implicó que 32 millones de personas dejaran de ser económicamente activas.

Las últimas estimaciones dan cuenta de que América Latina y el Caribe es la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, con una pérdida estimada del orden del 20,9% para los tres primeros trimestres de 2020. Esta cifra casi duplica la estimada a nivel mundial, 11,7%. Por otra parte, los ingresos por trabajo se contrajeron en 19.3%, muy por encima de la tasa mundial de 10,7%.

Esta pandemia ha demostrado también el valor inmenso de la salud pública y de los trabajadores del sector. Su accionar heroico contra el virus pone al continente americano como la región del mundo con el mayor número de personal de salud contagiado por coronavirus.

La resistencia a las medidas de ajuste ha tenido fuertes picos y resistencia en la región. Los ejemplos más fuertes se dan en Haití, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Bolivia.

Un caso emblemático es Costa Rica, considerada la Suiza de Centroamérica, lleva más de 15 días de protesta, duramente reprimidas, contra el ajuste gubernamental impuesto por el FMI. Hace muchos años no se daba una crisis de la magnitud que vive actualmente el país. El desempleo asciende al 24%, y en los últimos 20 años el nivel de pobreza no baja del 20%, y puede llegar al 26% por la pandemia.

En Haití, un amplio movimiento social y sindical sin precedentes reclama desde el verano de 2018 la salida del jefe de Estado, Jovenel Moïse, implicado en escándalo de corrupción, mientras las condiciones de vida se precarizan (el 59% vive en la pobreza). 159 personas asesinadas y 92 heridas entre enero y junio de 2020 por el narcotráfico y el paramilitarismo. En los dos últimos años, se han producido al menos cuatro masacres en los barrios obreros de la capital, la última se cobró la vida de 71 personas por la represión policial. El pueblo reclama un gobierno de transición que limpie el sistema electoral y garantice una refundación democrática.

El Comité Nacional de Paro, integrado por las centrales obreras de Colombia, anunció la convocatoria a un Paro Nacional el próximo 21 de octubre de 2020 con la consigna: “Por vida, democracia y negociación del pliego de emergencia”. A ellas se sumará la Minga, es decir los movimientos indígenas. En lo que va de 2020 Indepaz registró los asesinatos de 227 líderes sociales, 10 familiares de líderes sociales, 49 firmantes de paz y 53 exguerrilleros de las FARC que se acogieron a los acuerdos de paz.

En Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores y los movimientos indígenas agrupados en la CONAIE han sido protagonistas en las calles de la lucha contra el ajuste impuesto por el FMI. El jueves 15, por citar un ejemplo, realizaron una concentración frente a la Corte Constitucional en Quito, y a nivel nacional en las principales instituciones emblemáticas, para exigir que se dé respuesta a las demandas de las y los trabajadores.

En Bolivia, la lucha de la COB y el Pacto de Unidad obligó a la dictadura de Añez a fijar como fecha inamovible el 18 de octubre. Todas las encuestas indican que el MAS ganaría en primera vuelta. Sin embargo, la Dirección Nacional del MAS denunció que “está en curso un segundo golpe a la democracia por la ausencia total de transparencia en el conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el retorno de los mismos veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de militares y policías que participaron en el golpe del año pasado”. También las organizaciones de residentes manifestaron preocupación por el accionar oscuro del TSE: “Esta denuncia la realizamos porque nos genera incertidumbre y preocupación no saber dónde vamos a votar, ya que hasta el momento no se actualizó esa información en el portal lo que impide que acudamos a las urnas”.

Nuestra hermana CUT ha sido protagonista del despertar chileno contra el neoliberalismo. A un año de esa lucha que se coronara el 25 de octubre cuando se vote en referéndum por una nueva constitución para reemplazar a la impuesta en 1980 por el dictador Pinochet. Las encuestas descuentan la victoria del “Apruebo” por más del 80% Se elegirá dentro de esta opción por dos mecanismos: Convención Mixta (mitad miembros del actual Congreso, mitad electos por la ciudadanía) o Convención Constitucional (100% elegidos por el pueblo), que se erige hoy en la opción mayoritaria.

Con el cambio de gobierno, la derechista Coalición Multicolor que gobierna Uruguay ha intentado destruir los logros de 15 años de Frente Amplio con la Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de medidas que cercena derechos, es por eso que el PIT-CNT ha realizado este año paro, movilizaciones y actos virtuales contra esta medida. La última ocurrió el jueves 15 frente a la sede de ANCAP contra el desmantelamiento de ANCAP y sus empresas vinculadas. El PIT-CNT se declaró en conflicto ante el intento de quiebre del monopolio estatal ya que el Presupuesto Nacional elaborado por el gobierno de coalición, “es la expresión económica, financiera y política de un proyecto «desestatizador»”.

Así resiste y lucha el pueblo trabajador de la Patria Grande.