Aunque no escolarizar a los hijos está contemplado como delito, los expertos lo ven «excesivo» en las actuales circunstancias.
Las medidas acordadas por el Gobierno y las comunidades autónomas para la vuelta al cole han puesto en guardia a padres y profesores, muchos de los cuales consideran que no son suficientes para evitar el riesgo de contagio en las aulas debido a la pandemia de coronavirus.
Por ello, algunas voces han planteado la posibilidad de no llevar a los niños al colegio; un supuesto, el del absentismo escolar, para el que existe normativa penal pero que sería de difícil aplicación, dadas las circunstancias.
Aunque el derecho a la educación debe ser garantizado por las autoridades y las familias tienen la obligación de escolarizar a sus hijos, el miedo a la pandemia está haciendo que muchos padres aboguen por no llevarlos a las aulas. Todo ello a pocos días del inicio de las clases, que comenzarán de forma escalonada a partir del viernes 4 de septiembre en algunas comunidades.
El Gobierno es consciente de la incertidumbre que hay entre los colectivos implicados en la enseñanza ante el comienzo de un curso absolutamente atípico. Por ello, ha encargado un informe jurídico para analizar el absentismo, según ha confirmado la ministra de Educación, Isabel Celáa, quien insiste en que «hay que ir a clase». Celáa no quiere hablar de medidas coercitivas y esperará a tener ese informe en la mano para actuar, aunque confía en que «las familias van a ser responsables».
«Situaciones excepcionalmente graves»
La posibilidad de sancionar a una familia por no llevar a sus hijos al colegio está recogida en el Código Penal, cuyo artículo 226 contempla este supuesto como un posible delito de abandono familiar por dejar de cumplir los «deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad», lo que acarrearía una pena de entre cuatro y diez años de inhabilitación para ejercer la misma. Sin embargo, este supuesto se restringe a «situaciones excepcionalmente graves», según señala en declaraciones a RTVE.es la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato.
«Cuando se alzan voces informando de que no llevar a los niños al colegio como consecuencia de la pandemia puede conllevar responsabilidad penal, me parece cuanto menos excesivo», apunta Peramato, para quien las autoridades deberían primero «planificar adecuadamente el regreso a los colegios, adoptando las medidas necesarias para garantizar la salud escolar» y, después, informar a padres y tutores «para evitar esta situación de incertidumbre que se está generando».
La fiscal afirma que «en la mayoría de las ocasiones, no llevar al niño al colegio no es delito, pues hay que partir de un principio fundamental: el derecho penal es el último recurso para resolver los conflictos y solo se debe utilizar cuando no hay otras alternativas para resolver la situación». Solo en «situaciones irreversibles» el Fiscal de menores va a interponer una querella, señala.
«Tiene que quedar claro que la vía penal es el último recurso y que lo que tienen que hacer las autoridades competentes es reconducir la situación», añade Teresa Peramato, para quien, en esta situación de pandemia, plantear que los padres vayan a incurrir en un delito penal es «absolutamente excesivo, no me parece apropiado».
La presidenta de la UPF comprende que haya padres que tengan incertidumbre y miedo en esta situación. Por eso cree que lo importante es que las administraciones den «seguridad y una información certera y adecuada» lo que, en su opinión, permitirá que «los padres estén más tranquilos».
«Incertidumbre y miedo» entre los padres
En las familias la inquietud va en aumento según se acerca el inicio del curso escolar. Aunque la mayor parte de los padres prefiere la educación presencial, piden sobre todo garantías sanitarias, como afirma a RTVE.es Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).
«Queremos que los colegios estén abiertos, que nuestros hijos reciban la educación de manera presencial, pero si a día de hoy no podemos saber si se pueden garantizar las medidas sanitarias o en qué nivel, desde luego no vamos a animar a las familias a que incumplan la ley pero tampoco les vamos a animar a que lleven a sus hijos a un escenario en el que no sabemos lo que puede pasar«, señala Caballero, quien cree que en este momento de pandemia «el derecho sanitario tiene que estar por encima del educativo».
El presidente de Concapa asegura que las familias les están pidiendo una «cantidad inmensa» de asesoramiento legal y que su departamento jurídico está estudiando la herramientas que los padres tienen en sus manos para que «si no se garantiza esa seguridad sanitaria, podamos ejercer el derecho a no llevarlos al colegio«. «Entre los padres hay muchísima incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo», concluye Pedro Caballero.
Termómetros, lavado de manos y ventilación: así serán las medidas de prevención en la vuelta al cole
Los docentes piden más seguridad
Esa incertidumbre también se extiende al colectivo de docentes, que se muestran críticos con las medidas adoptadas por el Gobierno y las comunidades autónomas y reclaman más contrataciones para incrementar la seguridad.
Según señala José Ramón Merino, responsable de Acción Sindical y Política Educativa del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-i), el colectivo es partidario de la educación presencial, pero al tiempo reclama que las autoridades competentes «aseguren una vuelta al colegio en condiciones de seguridad, y eso no se da».
En declaraciones a RTVE.es, Merino considera que las medidas aprobadas en la Conferencia Intersectorial del pasado jueves son «una declaración de buenas intenciones, pero no son suficientes y además, son difíciles de llevar a la práctica: parece que no han estado nunca en un centro educativo o hace tanto tiempo que se les ha olvidado lo que es la práctica diaria».
Dudas en los docentes respecto a las nuevas medidas
Merino no cree que el absentismo «vaya a ser una postura mayoritaria, pero seguro que va a tener efecto«. También por el lado de algunos docentes, que «han puesto por escrito ante las autoridades competentes los riesgos a los que nos sometemos, exigiendo responsabilidades en el caso de que suceda algo», sobre todo en el supuesto de aquellos profesores que están dentro de la población de riesgo por edad o por circunstancias médicas.
La alternativa, para los educadores, es incrementar las contrataciones, como en el caso de Italia, lo que permitiría reducir los grupos y «eximir a las personas de alto riesgo de ir a los centros y que se contraten nuevos profesores».
Los colegios sólo cerrarán si hay brotes descontrolados, las clases serán presenciales hasta 2º de ESO y las mascarillas obligatorias a partir de los seis años.
Madrid pide un plan común ante el absentismo
Las comunidades autónomas son conscientes de que el absentismo escolar puede suponer un problema y algunas ya se han pronunciado al respecto, como la Comunidad Valenciana o País Vasco, que han recordado a los padres que la educación es obligatoria y que las autoridades deben garantizar ese derecho.
Pero está claro que la normativa existente no se ideó para situaciones como la actual. Así lo plantea la Comunidad de Madrid, que por ello ha reclamado un plan común para que las comunidades autónomas tracen una estrategia de actuación ante las familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio.
Como asegura el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, «esta ley no estaba pensada para esta realidad».
Fuente e imagen: https://www.rtve.es/noticias/20200831/absentismo-escolar-entre-derecho-educacion-miedo-pandemia/2041049.shtml
Al norte de México, en la Sierra Tarahumara, una comunidad indígena ha recorrido un largo camino para que se reconozca su territorio ancestral; eso los ha llevado a levantar la voz en contra de un aeropuerto, un gasoducto y la tala que se realiza en los bosques donde ellos han forjado su historia. Un taller de costura comunitario es hoy uno de sus símbolos de lucha.
CHIHUAHUA.- Teresa González Parra defiende su derecho a soñar. Ella es rarámuri y por años ha hecho todo lo posible para que su comunidad, Bosques de San Elías Repechique, logre el reconocimiento de su territorio ancestral. Su otro anhelo está a un paso de hacerse realidad: abrir un taller de costura comunitario.
La construcción del taller, que tiene un avance del 90 por ciento, se detuvo el pasado 13 de agosto. Ese día alrededor de 15 policías del estado de Chihuahua clausuraron la obra e intentaron detener a Teresa González. La indígena rarámuri tiene una demanda en su contra; el empresario Fernando Cuesta la acusa de haberlo despojado del terreno donde se construye el taller.
“No quieren que construyamos aquí nuestra casa (el taller) que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que (el terreno) es de otro señor… Pero nosotros (los rarámuri) somos los primeros que somos de aquí”. Es la voz de Teresa; su vestimenta colorida contrasta con la serenidad y fortaleza que muestra cuando habla de las agresiones que, desde hace décadas, enfrenta su comunidad.
El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
Los habitantes de Bosques de San Elías Repechique —municipio de Bocoyna, al norte de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua— han luchado desde hace décadas para que no les arrebaten las tierras de las que tienen posesión, pero no los documentos que avalen la propiedad.
En su reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral, la comunidad indígena ha enfrentado a empresarios de la región, a “chabochis” —como los rarámuri les dicen a los mestizos— que aseguran ser los dueños de buena parte del territorio y a quienes la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha entregado permisos de aprovechamiento maderero, pese a los reclamos y denuncias de los indígenas.
Apropiarse de un bosque ancestral
En 2014, la comunidad ganó un amparo contra el aeropuerto de Creel. Foto: Patricia Mayorga.
En la Sierra Tarahumara, a muchas comunidades originarias no se les reconoció su territorio ancestral durante la Reforma Agraria, explica el biólogo Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.).
Esa falta de reconocimiento provocó, entre otras cosas, que gente externa a las comunidades originarias se apropiara de los territorios y también aprovechara los recursos naturales de esos lugares.
Al igual que Bosques de San Elías Repechique otras comunidades sostienen luchas históricas por su territorio ancestral y recursos naturales. Algunas de ellas son Choréachi y Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, las cuales han sido acompañadas por la organización Alianza Sierra Madre.
Choreachi logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en marzo de 2017 emitió medidas provisionales para toda la comunidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus habitantes. Y Coloradas de la Virgen es la comunidad indígena que más líderes asesinados ha aportado en la lucha por el territorio.
En el municipio de Carichí, comunidades como Baqueachi, acompañadas por la organización Bowerasa, ha ganado ocho juicos agrarios contra caciques. El último fue en mayo de 2018, cuando recuperaron 350 hectáreas de agostadero y 100 hectáreas agrícolas que ya estaban devastadas.
En el caso de Bosques de San Elías Repechique, hace más de cuarenta años, empresarios de la región adquirieron 12 propiedades —poco más de 11 mil 500 hectáreas—, sin importar que esas tierras ya eran habitadas desde mucho tiempo atrás por los rarámuri, explica Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que da acompañamiento legal a la comunidad.
De esos 12 predios, ocho han obtenido permisos de aprovechamiento forestal en forma constante. “Desde que era niña veíamos camiones que llevaban bolillos (troncos); que cortaban pinos. Nos quejábamos con los gobernadores (líderes indígenas), pero nunca les hacían caso. Han seguido cortando el bosque, también se llevan las piedras”, explica Teresa González.
Los nombres de quienes aparecen como dueños de esos ocho predios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, son: Manuel Navarro Trieste (predio San Javier), Mireya Ayala Torres (predio Rinconcito Lejano o Batuivo), Carlos Aguilar Pérez (predio La Merced), Lorenzo Sandoval Valenzuela (predio Aguizania), Pedro Parra Ramos (predios San Antonio y Gomegó), Laila Miledi Pérez (predio Pino Gordo) y Fernando Higinio Cuesta Miledi (predio El Venado).
Los mismos datos de la Secretaría de Desarrollo Rural muestran que, tan solo en 2019, esos predios registraron volúmenes de aprovechamiento maderable que van de los 326 metros cúbicos de madera (predio La Merced) hasta los 1 213 metros cúbicos (predio San Javier).
Quienes aprovechan la madera de Repechique no viven en el lugar, solo mandan trabajadores a cortar los árboles; tampoco realizan acciones que garanticen la recuperación y el cuidado del bosque.
“Los que talan, ellos no cuidan nada”, dice indignada Teresa González. “Por ejemplo, cuando hay incendio normalmente nosotros, los de la comunidad, somos los que estamos más al pendiente y los que talan nomás lo que buscan son los pinos o donde hay bosque muy cerrado, por ahí entran. Donde está muy escondido, ahí se van a talar”.
Mujeres rarámuri cocinan durante una manifestación para denunciar la tala. Foto: Patricia Mayorga.
Al preguntarle sobre las denuncias de los rarámuri, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Heredia, respondió que no está autorizado para dar esa información, solo a través de las oficinas centrales. Mongabay Latam solicitó entrevista a la oficina de prensa de Semarnat, pero hasta el momento de la publicación del reportaje no se tuvo respuesta.
“Todos somos Teresa”
El predio Pino Gordo, que comprende poco más de 2 500 hectáreas, está a nombre de Laila Miledi Pérez, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua. Es dentro de la superficie de ese terreno en donde las mujeres de Bosques de San Elías Repechique construyen su taller de costura y por el que Teresa González está demandada por despojo.
El día en que los policías estatales llegaron por ella y colocaron los sellos de clausura, la comunidad la protegió. “Todos somos Teresa”, respondieron. Los agentes advirtieron que los arrestarían a todos; los rarámuri no bajaron la guardia: “Todos somos Teresa”, repitieron.
Alrededor de 50 mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores caminaron por el sendero de terracería que va de la comunidad a la carretera. Siguieron andando durante cerca de dos horas hasta llegar a la ciudad de Creel, donde se encuentra la oficina del Ministerio Público. Los acompañaron dos abogadas de Contec, entre ellas Diana Villalobos.
Algunos medios locales publicaron lo que ocurría. Cuando la caravana de Repechique entró a Creel, los policías de la Fiscalía General del Estado los dejaron. Los indígenas decidieron ir a la plaza principal; ahí esperaron durante más de media hora al agente del Ministerio Público, quien les dijo que ya no tenía la carpeta de investigación, por lo que tendrían que ir a Cuauthémoc, municipio ubicado a tres horas de Creel.
Hasta mediados de agosto, las abogadas que acompañan a la comunidad no han logrado tener acceso al expediente. La Fiscalía General del Estado informó a Mongabay Latam que Fernando Cuesta Miledi es quien demandó a Teresa González.
Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en donde aseguró que los indígenas de Repechique nunca fueron arrestados y que, por su seguridad, los resguardaron hasta Creel. Sin embargo, cuando los rarámuri regresaron a su comunidad ninguna autoridad los resguardó, pese a que era de noche y caminaron por una zona donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada.
Mongabay Latam contactó a Fernando Cuesta Miledi para entrevistarlo sobre la denuncia y la compra de predios en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique. En entrevista telefónica aseguró que su familia compró esas tierras en la década de los sesenta y que tienen evidencia de que, desde hace más de 150 años, los terrenos ha pertenecido a particulares.
El predio Pino Gordo, señaló, lo adquirió su tío Salomón Miledi Pérez en 1961; quién se lo dejó a él y a otros sobrinos. Otros dos predios, El Águila y El Venado, los adquirió en esa misma época su papá, Gregorio Cuesta.
Para el empresario, la comunidad Bosques de San Elías Repechique no vivía en el lugar hasta hace pocos años. “El juez no dice que ellos son dueños de las tierras o que sean propietarios de ciertas tierras. No tienen nada que compruebe que ellos son los dueños de esas tierras… A nosotros nadie nos ha quitado la propiedad, nadie nos ha dicho en un juicio que no es nuestra, nadie nos ha dicho que no nos pertenece en ninguna forma”.
Fernando Cuesta acusa a la comunidad indígena de usar la madera, de los árboles que están en los predios que reclama de su propiedad, para construir sus casas. “Nosotros no podemos talar un solo árbol si no están autorizados por la Semarnat, por la Conafor”. Cuesta señala que la denuncia contra Teresa González Parra la interpuso porque ser ella quien promovió el proyecto del taller de costura. “Si tienen algo que comprueben por qué están invadiendo el terreno, que resuelva el juez, y acatamos”.
Denuncias que se quedan en el aire
Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, recuerda lo que le decían sus abuelos y padres: “La historia cuenta que cuando llegó el tren (a la Tarahumara) comenzaron a tumbar los árboles. También llegaron muchos aserraderos y ponían a trabajar a las personas de una manera muy violenta”.
Los mayores también le contaron que las personas que llegaban de fuera les quitaban su producción de maíz: “Mis ancestros tenían que levantar la cosecha antes de tiempo, antes de que llegaran a quitarles. Otras personas murieron por defender. Ha sido una lucha muy triste. Cuando estaba chiquito, me decían: ‘vamos por la carretera, si ves personas mestizas, escóndete’. Crecimos con ese miedo”, dice el joven rarámuri.
Como segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, Luis también tiene la responsabilidad de seguir con las demandas que, desde hace décadas, han puesto otras autoridades tradicionales para reclamar el derecho a su territorio ancestral, pero también para denunciar la tala en el bosque donde ellos siempre han vivido.
Las denuncias por la tala se han presentado en diferentes instancias, tanto federales como estatales, pero la gran mayoría no han prosperado.
“Ha sido muy difícil, porque nuestra palabra y exigencia no ha sido respetada. Pero cuando vienen personas de fuera, como el caso que pasó aquí con el taller de costura, llegaron ministeriales y luego luego cerraron. Y nuestras exigencias ahí están, vamos y venimos y pura vuelta. A veces ni siquiera nos hacen un documento, nada. Vamos al Ministerio Público y nada más nos oyen, nunca ha habido una resolución”, resalta Luis.
La extracción de árboles no cesa. El corte de pinos sigue, incluso, durante la temporada de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
La comunidad, por su parte, hace uso del bosque como les enseñaron sus abuelos: recolectan quelites, hongos y madera para hacer leña. Tienen veredas que utilizan para el pastoreo de animales. Han creado zonas donde se encuentran sus centros ceremoniales, donde hacen sus juegos ancestrales.
Luis Pérez explica por qué su defensa del territorio es también una defensa del bosque: “Los árboles retienen la tierra. De otra forma, sería pura laja y no tendríamos ni dónde sembrar. Los árboles detienen la humedad, que no haya deslave. Ya hay partes que están secas por los incendios o por la tala indiscriminada. Hay lugares donde casi no hay tierra para sembrar. Ya hay una zona que mucho tiempo talaron, ahora casi no hay tierra, hay muchas manchas ya en la comunidad”.
Mujeres de Repechique esperan que pueda continuar la construcción del taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
A los rarámuri que viven en Bosques de San Elías Repechique les preocupa la deforestación que hacen los mestizos, porque cada vez hay menos agua.
En varias ocasiones han solicitado a la Semarnat que cancele los permisos de aprovechamiento forestal que se han otrogado en el área. Solo en una ocasión la dependencia federal canceló los permisos, pero fue de manera provisional. Eso sucedió cuando la comunidad consiguió una victoria en la lucha por la defensa de su territorio.
Reconocimiento del territorio comunitario
En abril de 2014, el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, falló a favor de la comunidad de Bosque de San Elías Repechique porque no fueron consultados para la construcción del aeropuerto de Creel. El amparo favoreció a 33 rancherías de la región.
En la sentencia, el juez reconoció la posesión ancestral del territorio de la comunidad demandante y ordenó al gobierno estatal la creación de un fideicomiso, por 65 millones de pesos (alrededor de 2 millones de dólares), como reparación por el daño causado. Un comité técnico revisa y da seguimiento a ese fideicomiso que comenzó a ser efectivo hasta 2017.
El juez también ordenó que la comunidad tenía que presentar una serie de proyectos comunitarios en los que se invertiría el dinero. El plan primero fue aprobado por la asamblea rarámuri y después por el comité técnico, del que forman parte cuatro secretarías del gobierno estatal: Hacienda, Desarrollo Municipal, Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría General. Los funcionarios que están al frente de esas cuatro dependencias conocen la sentencia del juez Cuenca Zamora, donde se reconoce que la comunidad tiene posesión ancestral del territorio.
En 2019, la comunidad recibió los primeros recursos del fideicomiso: 1 300 000 pesos (alrededor de 59 mil dólares). Primero, construyeron un salón de usos múltiples. El taller de costura es otro de los proyectos aprobados y su realización está a cargo de Teresa González, quien cuenta con apoyo contable externo para que todas las facturas que debe entregar estén a tiempo y, además, para tener transparencia en el uso del dinero.
Otros de los proyectos contemplados es un programa de apoyo mensual para personas con discapacidad y adultos mayores. Durante la pandemia, lograron que se apoyara a 220 personas. Además, avanzan en la construcción de una casa comunal, así como en la instalación de una huerta de manzana para la ranchería Ratuivo, en el que trabajarán 20 personas.
En 2018, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique interpuso otra demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo de Distrito. En esa ocasión fue para exigir la cancelación de las escrituras de los 12 predios; además, solicitan la titulación de esas tierras.
La jueza les negó el amparo. La comunidad impugnó. El caso estaba a punto de entrar a un Tribunal Colegiado, pero llegó la pandemia y paralizó la actividad judicial. El caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala Diana Villalobos, de Contec, organización que acompaña legalmente a Bosque de San Elías Repechique.
Seguir en el camino
La comunidad ha exigido el reconocimiento del territorio ancestral ante diferentes instancias. En 2014 acudieron al Senado de la República y denunciaron el aprovechamiento que hacían los “chabochis” de su bosque, pero también denunciaron que, sin consultarles, se pretendía instalar un gasoducto en su territorio. Con marchas y otras acciones legales, Repechique consiguió que el gasoducto no pasara por su comunidad.
El 2018, los particulares que tienen a su nombre los 12 predios presentaron dos denuncias en contra de los rarámuri, por “falsedad de declaraciones”. Cuando se hizo el peritaje y se comprobó que la comunidad indígena sí existe y está en el territorio, las denuncias se archivaron.
Después vino la demanda en contra de Teresa González. Agentes de la Fiscalía Zona Occidente han acudido en tres ocasiones al taller de costura para clausurar la construcción que está a cargo de la misma comunidad.
Teresa no entiende por qué la acusan de despojo: “Nosotros somos los primeros que somos aquí. Nosotros vivimos cuidando todo el bosque, trabajando la tierra y haciendo quehaceres, cuidando nuestro hogar y no nomás como dicen (…) nosotros no compramos un terreno para estarnos nada más ahí. Nosotros cuidamos alrededor del territorio. Ellos compraron según el territorio, cuando ya existíamos aquí, pero ellos quiénes son o qué”.
Por un momento, Teresa González reconoce que “a veces quisiera una tirar la toalla”. Pero esas palabras se desvanecen cuando recuerda las agresiones que ha recibido por defender su territorio y sus sueños. Y entonces cuenta sus planes con entusiasmo:
“El taller de costura lo soñamos muy bonito. Las señoras dicen: ‘qué bueno que esta vez va a existir este taller’. Las personas van a aprender mucho, van a aprender a usar máquinas. Es un espacio para las señoras”.
La comunidad ya eligió el nombre que tendrá el taller de costura. Lo llamaran “Najativo”, palabra rarámuri que significa “seguir el camino”. Un vocablo que representa, también, lo que ha sido su lucha: “Es un camino largo y a pesar de todo —dice Teresa—, estamos con la esperanza de que se respete el territorio”.
Mientras las demandas siguen su curso—o se archivan en alguna dependencia pública— la gente de Bosques de San Elías sigue con su vida cotidiana, con la milpa, con el cuidado de sus animales, con la recolección de leña, haciendo sus artesanías y, también, mirando cómo los que llegan de fuera “empiezan a tumbar madera, a prohibir a la gente de la comunidad que no tire árboles, como si nosotros fuéramos los extraños —reclama Teresa—, como si nosotros viniéramos de fuera. Eso sí causa tristeza”.
Actualización:
Después de la publicación del texto, Fernando Cuesta Miledi respondió a la solicitud de entrevista que se le había hecho con anterioridad; por lo que se agregó su versión al texto.
Un centenar de familias migrantes, principalmente de Somalia, Afganistán y Costa de Marfil, desplegaron en la madrugada de ayer un campamento frente a la plaza del Ayuntamiento de esta capital para demandar una acogida y un alojamiento dignos.
La acción simbólica reunió a 219 personas, entre ellas 59 niños y 15 mujeres embarazadas, junto a activistas de organizaciones humanitarias que trabajan con los desplazados.
Estas familias viven desde hace meses en la calle, frecuentemente en campamentos informales en la periferia de la capital, y según Mael de Marcellus, coordinador de la asociación Utopía56, ‘deben ser acogidas de manera digna e incondicional’.
‘Hace más de un mes que alertamos al Ayuntamiento de París sobre su situación y no hemos recibido respuesta’, aseguró, considerando que es responsabilidad de las autoridades locales establecer un protocolo de primera acogida para los migrantes.
Marcellus lamentó que para los recién llegados, que constituyen la mitad de este colectivo, ‘la calle se convierta en un paso obligado cuando llegan a Francia’.
El campamento fue desmantelado durante la mañana del martes por unidades policiales desplazadas hasta el céntrico lugar.
María Montessori, la creadora del famoso método pedagógico que lleva su nombre, fue una mujer de carácter enérgico. Así que es muy posible que en estos momentos esté revolviéndose en su tumba, completamente furiosa.
Esta italiana genial, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años, diseñó su revolucionario sistema didáctico para ayudar a los niños recluidos en manicomios, a los chavales encerrados en reformatorios, a los críos más pobres y desfavorecidos.
Solo en un segundo momento empezó a adaptar su metodología a los niños en general.
Montessori: el método educativo con el que estudiaron los creadores de Amazon, Google y Wikipedia
Hoy, paradójicamente, de su método sacan provecho las familias adineradas, capaces de pagar los elevados gastos que muchas veces conlleva que sus hijos estudien en alguna de las 65.000 escuelas Montessori que se cuentan en el mundo y reciban una educación exclusiva y, sin duda, mucho mejor que la tradicional.
La prueba es que los creadores de Amazon (Jeff Bezos), Google (Sergey Brin y Larry Page) y Wikipedia (Jimmy Wales),todos ellos hoy millonarios, estudiaron en colegios que siguen la metodología Montessori.
Sin embargo, la idea de María Montessori no era esa ni muchísimo menos.
Solución para desfavorecidos
Montessori tenía 28 años cuando en 1898 empezó a visitar el manicomio de Roma y contempló, horrorizada, cómo a los pequeños internados en esa institución se les dispensaba un trato absolutamente inhumano, eran considerados prácticamente animales. De hecho, algunos romanos iban allí a tirarles comida como a los animales del zoo.
María Montessori tenía 28 años cuando visitó el manicomio que la inspiró a crear su famoso método de enseñanza.
Vestidos con unos delantales sucios y harapientos, abandonados a su suerte, esos niños que entonces eran denominados «retrasados», «deficientes» o sencillamente «idiotas» —y entre los que había discapacitados psíquicos, epilépticos, ciegos, sordos y autistas— eran considerados incurables.
Así que su terrible destino era permanecer recluidos de por vida entre los muros del manicomio.
La Montessori, como pronto comenzaron a llamarla los italianos, decidió que aquello era intolerable. Y se puso manos a la obra.
Ya antes había visitado con frecuencia varios barrios pobres de Roma como médico voluntario (fue la tercera mujer en Roma en licenciarse en medicina).
También había acudido al reformatorio, escandalizándose tanto como en el manicomio al ver el abandono de los niños encerrados.
Llegó a la conclusión de que la educación debía ser una técnica de amor y de respeto. «El niño es una fuente de amor: cuando se le toca, se toca el amor», decía.
Método revolucionario
Sobre esa base, dio forma a un método didáctico revolucionario para la época. Un método basado en confiar en los niños.
A los pequeños, decía María Montessori, no había que acosarles, obligarles ni dirigirles. Ni premiarlos ni castigarlos, ni siquiera corregirlos. Había que respetarlos y no interferir, dejarlos libres en un ambiente en el que todo —espacio, muebles, objetos— estuviese a su medida.
«Sigmund Freud descubrió el inconsciente, Albert Einstein la relatividad y María Montessori, al niño. Su pensamiento inauguró una nueva época y muchas de las cosas que hoy damos por descontadas —el respeto a los niños, la escuela democrática, el parto dulce— son resultado de sus ideas», asegura a BBC Mundo Cristina de Stefano, autora de la que hasta ahora posiblemente sea la biografía más rigurosa y documentada de Maria Montessori.
«Fue ella quien explicó que el niño es una criatura con un cerebro potentísimo, capaz de concentrarse con fuerza e incluso de autoeducarse, siempre y cuando desde el principio se le respete y se le deje trabajar, tanto en la familia como en la escuela, según su propio ritmo», agrega De Stefano.
La biografía lleva por título «El niño es el maestro» (una de las famosas frases de la Montessori), le ha llevado cinco años de investigación y acaba de publicarse en español.
Paradojas
Fue en 1907 cuando María Montessori abrió en San Lorenzo, entonces uno de los barrios más pobres de Roma, su primera escuela: La Casa de los Niños. A partir de ahí, en pocos años, su método daría la vuelta al mundo y la convertiría en un personaje famoso.
Hoy, sin embargo, muchos colegios Montessori se encuentran en zonas lujosas y cuestan una fortuna.
La primera escuela Montessori abrió en Roma en 1907.
«Es una contradicción. Un método que nació en un barrio pobre de Roma y que estaba pensado para la inclusión, para ayudar a los niños con dificultad, se ha convertido en un método para ricos«, asegura a BBC Mundo Cristina de Stefano.
«Sin duda es una paradoja. Pero también hay que decir que en países en vías de desarrollo se emplea el método Montessori para ayudar, por ejemplo, a los niños que han vivido guerras. Sigue habiendo gente que continúa aplicando su método para ayudar a niños en dificultad», agrega.
El método de la italiana se extendió por escuelas de todo el mundo.
Pero esa no es la única incongruencia relacionada con María Montessori. La mujer que consagró su vida a los niños, que nos enseñó a respetarlos y valorarlos, abandonó a su propio hijo.
Había comenzado una relación sentimental con un colega médico, Giuseppe Montesano. Se trataba de una relación libre, sin ataduras.
En los planes de Montessori no entraba la idea de casarse porque no creía en la institución del matrimonio y porque entonces una mujer casada no podía trabajar fuera del hogar sin el permiso del marido.
Pero un día, a finales de 1897, Montessori descubre que está embarazada de Montesano. Es consciente de que un hijo fuera del matrimonio acabaría con su carrera.
Las dos familias acuerdan que dé a luz en secreto. Y cuando el 31 de marzo de 1898 nace un niño, Mario, lo registran como hijo de padre y madre desconocidos y lo entregan a una nodriza para que lo críe en Vicovaro, a 45 kilómetros de Roma.
«En su vida privada, Maria Montessori tuvo la osadía de mantener en su época una relación de amor libre con un colega, Giuseppe Montesano. Quedó embarazada y se negó a casarse para guardar las apariencias», subraya De Stefano.
Montesano y Montessori acordaron que ambos se ocuparían del niño desde la distancia. Y también pactaron que ninguno de los dos se casaría nunca. Ella cumplió el trato, pero él no.
«Cuando Montesano se casó con otra mujer y reconoció al niño ante la ley como su hijo, Maria perdió todo derecho sobre el pequeño, que entonces tenía 3 años», subraya la autora de «El niño es el maestro».
Colaboración fascista
La Montessori no vio a su hijo hasta que el chico cumplió 15 años. Pero a partir de ese momento luchó por recuperarlo, desafiando una vez más las reglas de la época.
Y lo consiguió: no volvió a separarse de él jamás, aunque casi hasta al final de sus días en público lo presentaba como su sobrino.
Pero la apasionante biografía de Montessori tiene aún más puntos oscuros: su colaboración, por ejemplo, con el régimen fascista de Benito Mussolini.
La dictadura de Mussolini comenzó en 1922 con un golpe de Estado. El Duce de la República Italiana, como él mismo se autoproclamó, había sido maestro durante su juventud. Y soñaba con convertir las escuelas italianas en una fábrica de pequeños fascistas, de jóvenes disciplinados y obedientes.
Montessori, por su parte, soñaba con ver implantado su método pedagógico en las escuelas del país.
Mussolini y ella se reúnen varias veces y comienzan una extraña colaboración que dura diez años. Hasta que, en 1933, profundamente decepcionada al ver que Mussolini no ha cumplido sus promesas de transformar las escuelas italianas según su método pedagógico, la Montessori decide romper cualquier relación con el fascismo.
Pero esa mancha en su biografía le pasará factura: fue tres veces nominada al Premio Nobel de la Paz, pero no lo ganó nunca. Con toda probabilidad, por su relación con el fascismo.
Según la ONU, al menos 45 migrantes, entre ellos cinco niños, provenientes de Senegal, Malí, Chad y Ghana, murieron ante las costas de Libia a principios de esta semana, en el peor naufragio en lo que va de 2020.
Sólo en las últimas horas, las noticias llegaron desde España (cinco migrantes procedentes de África murieron al intentar alcanzar Canarias, dos días después de descubrirse 15 cadáveres a bordo de otra embarcación en Tenerife), de Italia (barcaza atestada, a la deriva, hallada en las proximidades de Siracusa) y de Francia (dos migrantes sudaneses, uno muerto y otro en grave estado, rescatados frente a una playa norteña de Sangatte). Justo este viernes, llegó a Francia un primer grupo de 16 chicos sin familia, de los 350 que irán desde Grecia, sobre un total de 1600 que están en esas condiciones, según un convenio de la UE. A la vez, en Atenas, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, negó rotundamente las repetidas acusaciones que afirman que cientos de migrantes que piden asilo son devueltos al mar.
Sólo en la costa italiana, vía el Mediterráneo como por Tirreno, en los últimos meses ingresaron cientos de migrantes: una situación que se complicó por las medidas relacionadas con la crisis sanitaria por la Covid-19. Las autoridades reconocieron que, si bien las cifras se redujeron en el primer semestre de este año, sólo disimuló un flagelo que se evidencia en el siguiente dato: en los últimos diez meses, aumentó un 150% el arribo de africanos, la mayoría llegados desde Túnez, lo que llevó al canciller Luigi Di Maio, a una urgente reunión con el presidente tunecino, Kais Saied, en la que le trasmitió: “No hay más espacio para inmigrantes ilegales en Italia”.
Según la ONU, al menos 45 migrantes, entre ellos cinco niños, provenientes de Senegal, Malí, Chad y Ghana, murieron ante las costas de Libia a principios de esta semana, en el peor naufragio en lo que va de 2020. El peor, pero no el único. Luego de este episodio, el organismo instó a los gobiernos de la UE a reforzar de forma «urgente» los rescates en el Mediterráneo.
Europa recibió a más 110 mil inmigrantes y refugiados en 2019. Las cifras de este 2020 todavía están muy lejos de las del año pasado. Pero la propia ONU asegura que más de 300 son los muertos oficiales, aunque advierten de que la cifra sería «mucho mayor», ya que está basada únicamente en estimaciones y en relatos de los supervivientes. En el mismo sentido, aseguran que más de 10 mil migrantes y refugiados fueron devueltos a puertos africanos, especialmente a Libia. Incluso, hace pocas horas, la Cruz Roja advirtió que la situación de los campamentos de refugiados sigue siendo crítica y que los rebrotes de coronavirus complican aún más el tema. Da como ejemplo lo sucedido en la localidad española de Tunte, en plana Islas Canarias: los residentes intentaron impedir la llegada de 71 migrantes subsaharianos que arribaon a la isla en un lanchón muy rudimentario, lo que provocó que se vivieran momentos de alta tensión, que resolvieron las fuerzas de seguridad Europa recibió a más 110 mil inmigrantes y refugiados en 2019. Las cifras de este 2020 todavía están muy lejos de las del año pasado. Pero la propia ONU asegura que más de 300 son los muertos oficiales, aunque advierten de que la cifra sería «mucho mayor», ya que está basada únicamente en estimaciones y en relatos de los supervivientes. En el mismo sentido, aseguran que más de 10 mil migrantes y refugiados fueron devueltos a puertos africanos, especialmente a Libia. Incluso, hace pocas horas, la Cruz Roja advirtió que la situación de los campamentos de refugiados sigue siendo crítica y que los rebrotes de coronavirus complican aún más el tema. Da como ejemplo lo sucedido en la localidad española de Tunte, en plana Islas Canarias: los residentes intentaron impedir la llegada de 71 migrantes subsaharianos que arribaron a la isla en un lanchón muy rudimentario, lo que provocó que se vivieran momentos de alta tensión, que resolvieron las fuerzas de seguridad.
Los docentes agremiados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) inician este martes 72 horas de “desconexión virtual”, la medida de fuerza que se impuso en tiempos de pandemia, aislamiento y suspensión de clases presenciales en la provincia.
La medida de fuerza, resuelta en el plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) que se desarrolló el último lunes 24 de agosto. La medida se extenderá entre este martes 1° y el jueves 3. Y sucede a una medida similar que cumplieron los docentes entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto.
AGMER reclama de ese modo que el Gobierno disponga la apertura de la paritaria salarial y también demanda que se derogue parcialmente la Ley de Emergencia Solidaria, en los puntos que crearon aportes extraordinarios para activos y pasivos.
La “desconexión virtual” que se inicia este martes se da en el marco de otra medida resuelta por el gremio de los maestros. Este lunes 31 de agosto dio comienzo una maratón de 100 horas de radio, que se extenderá hasta este viernes. Conectados virtualmente por medio de la plataforma Meet y en vivo desde la FM Radio Comunitaria Sapucay de Colón (seccional que da inicio a las 100 horas), dio comienzo la actividad con la participación de la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso.
Entre Ríos Ahora informó que la titular de AGMER Colón, Mónica Velzi, destacó que se trata de “una lucha colectiva, que la hacemos no sólo en defensa de nuestros derechos, sino también de los derechos de nuestros alumnos y alumnas” y agregó que “el derecho a la educación debe garantizarlo el Estado, ya que así lo demanda la Constitución y las leyes que la avalan. Para asegurar inclusión y permanencia necesitamos una mayor inversión y un Estado provincial presente que garantice la igualdad de oportunidades”.
“Los docentes han hecho un enorme esfuerzo poniéndose al hombro la educación pública, brindando desde sus hogares la tarea pedagógica y fortaleciendo los vínculos entre la escuela y la familia, atendiendo, además, los comedores de lunes a sábados. Esfuerzo sin precedentes que no ha sido reconocido por el Gobierno”, enfatizó Velzi y dio cierre a sus palabras reconociendo que si bien “no podemos salir a la calle, no bajamos los brazos. Estamos inundando las redes sociales visualizando nuestro reclamo y estas 100 horas vienen a afianzar ese camino. Necesitamos que se garanticen las condiciones salariales, sanitarias, edilicias, recursos y conectividad. Más inversión educativa y menos ajuste. Eso necesitamos”.
Susana Cogno, secretaria general de AGMER Paraná, planteó que “esta lucha nos encuentra contenidos, unidos y fortalecidos como entidad sindical, con una agenda de lucha compartida por todas las expresiones del sindicato llevando adelante esta jornada y las que vendrán”. “Para nosotros lo central es la defensa de los derechos conquistados por el conjunto de las y los trabajadores y sobre todo la defensa de la escuela pública, más en este momento de crisis que atravesamos”.
“El Estado debe tomar medidas urgentes en lo que respecta a salario, infraestructura y conectividad, para las y los docentes pero también para las familias de nuestras alumnas y alumnos. Desde que se dio el aislamiento, junto a las y los trabajadores de la salud y estatales, estamos a la espera de apertura de paritaria salarial, mientras seguimos de pie sosteniendo escuelas, hospitales y todo el sistema funcionando sobre nuestros hombros”, enfatizó Walter Baccón, titular de AGMER Uruguay.
Sonia Alesso, titular de CTERA, aseguró que “con las y los compañeros de AGMER tenemos una larga historia de lucha; de marchas provinciales conjuntas y nacionales; enfrentando todos y cada uno de los ajustes, en la escuela itinerante, en las marchas nacionales… y nos toca nuevamente hoy enfrentar un momento difícil y único. Hay mil millones de pibes que en el mundo hoy no están yendo a la escuela de manera presencial”.
Sostuvo a su vez que “nuestra lucha por mejores condiciones de trabajo, por escuelas seguras, por salarios acordes, se une a la lucha del pueblo por igualdad y soberanía pedagógica. No vamos a dejar de luchar en ningún lugar del país: por salarios dignos, jubilaciones dignas y mejores condiciones de enseñar y aprender. Son los gobiernos los que deben dar respuestas por conectividad, presupuesto educativo, e inversión. Estas cien horas de radio reforzarán cada uno de estos pedidos y serán el cimiento para mucha más lucha por la Educación Pública”.
En el cierre, Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, mostró la necesidad de “hacer visibles en todos los rincones de la provincia las demandas docentes que el Gobierno no quiere escuchar”. Recordó así que “en el plenario de secretarios y secretarias generales planteábamos con absoluta claridad que las luchas son colectivas y con ellas recuperamos fuertemente nuestra historia solidaria, trabajando desde el minuto uno con organizaciones sociales, con nuestros compañeros y compañeras de toda la provincia. Pusimos nuestra estructura sindical a disposición de todas las comunidades para colaborar en esta coyuntura. Todas las acciones que llevamos adelante adquirieron así otra relevancia”.
“El Gobierno Provincial nos convocó al diálogo (con las y los compañeros de ATE, con el movimiento de mujeres, con la pequeña y mediana empresa) ahí pudimos plantear las cuestiones que nos preocupaban. Como sector y hacia el conjunto. El gobernador planteó entonces que ‘se iniciaba el diálogo social’. ‘Diálogo social’ fue para Bordet la sanción de la Ley de Emergencia. Una Ley que le saca a los trabajadores y los jubilados el 65% de lo que espera recaudar, el 15% a los bancos y el 7% a los propietarios de más de mil hectáreas: estos números hablan por sí solos. Y del mismo modo habló el contundente rechazo a su sanción por parte de nuestro sector, exigiendo su derogación”, subrayó.
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El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
En 2014, la comunidad ganó un amparo contra el aeropuerto de Creel. Foto: Patricia Mayorga.
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