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Redacción: CR Hoy

Los sindicatos de las universidades públicas de Costa Rica rechazan categóricamente el informe de mayoría de la llamada “Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas en Relación con la Administración del Fondo Especial de la Educación Pública (FEES)”, Expediente Legislativo 21.052, y denuncian ante la sociedad costarricense el intento de un grupo de diputados para aprovechar la integración de dicha comisión como una excusa para atentar contra la autonomía universitaria y el modelo de educación superior pública del país.

Al respecto, aseguran que lo que los diputados llaman una “investigación” seria sobre el accionar de las universidades públicas y el cómo utilizan sus presupuestos (FEES), no pasa de ser una burda conspiración, que no considera un análisis con un mínimo de rigor académico, científico y profesional (como debería ser en una comisión del primer poder de la República), sobre la veracidad de sus conclusiones.

De acuerdo con los representantes de los gremios sindicales, “este dictamen está basado, además, en una serie de prejuicios y juicios de valor de un grupo de personas que no cuentan con respaldo técnico ni formación alguna que les permita presentar una investigación y un análisis serios, objetivos y éticos, obtenidos de un método riguroso, del cual se colijan conclusiones claras y apegadas a la realidad. En lugar de lo mencionado, contamos con un grupo de políticos de turno, con ínfulas de investigadores, y una agenda clara en cuanto a menoscabar las universidades públicas con el fin de desfinanciarlas, supeditándolas a los intereses político-electoreros de los partidos políticos, así como a los intereses egoístas y hegemónicos del gran empresariado, que pretenden convertir a las universidades en maquilas de tecnócratas formados, cual autómatas, para servir al gran capital”.

Insisten en que es inaceptable una “investigación” cuyo desarrollo parte de ideas preconcebidas y sustentadas en información seleccionada a conveniencia para “respaldar” sus turbios intereses, lo cual no solo genera desinformación, sino que expone una falacia sobre la realidad del quehacer universitario y atenta contra la verdad histórica, al borrar el aporte de las universidades públicas, en cuanto a constituirse en los mayores agentes de cambio y movilidad social de nuestra sociedad: tal contribución se da no solo al permitir que miles de estudiantes, becados en su gran mayoría, provenientes de colegios públicos, de zonas rurales y representantes de los estratos de menor ingreso, se conviertan en profesionales críticos que aportan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, sin dejar de lado que en las universidades públicas se realiza más del 80% de la investigación científica de Costa Rica, cuyo impacto es transcendental y directo en la sociedad, el cual repercute tanto en las diferentes instituciones públicas y privadas del país, como en las comunidades, a través de la transferencia tecnológica, la extensión y la acción social, tal y como se ha hecho, más que evidente en la actual coyuntura de emergencia sanitaria. No en vano, las universidades públicas costarricenses ostentan lugares de honor, a nivel latinoamericano y mundial, precisamente, por el trabajo comprometido de miles de trabajadores y sus aportes al desarrollo del conocimiento y de la sociedad en general.

“Con su informe, dicho grupo evidencia su completo desconocimiento acerca de cómo funciona la universidad pública al servicio de la sociedad y del país, así como del sistema de educación superior público de Costa Rica. Su limitada visión y su evidente mala intención les permite verter criterios retrógrados en contra de la formación humanista, crítica e integral que las universidades públicas ofrecen a sus estudiantes, al tiempo que evidencia su inclinación por el conocimiento técnico e inmediato como el único que interesa al país, lo cual se corrobora en ese informe con afirmaciones como la siguiente: “Las universidades deberían estar generando un valor público que sobrepase las necesidades estudiantiles y que, además, esté al servicio de la ciudadanía” ¿No les es evidente el valor público de las universidades?”, señalan.

Los representantes de los gremios universitarios reconocen “la difícil situación que enfrenta el mundo entero y dentro de este, nuestro país, estamos claros que, para salir de esta situación de crisis, se requiere mayor inversión en las instituciones emblemáticas del Estado Social de Derecho, especialmente en el sector educación, y, dentro de este, en la educación superior pública. Ya las trasnochadas recetas neoliberales de recortes presupuestarios y privatización de la educación han demostrado su efectividad, para sumergir a los países en las mayores crisis que podamos recordar. En este sentido, la actual Asamblea Legislativa se ha dedicado a recortar, de forma inconstitucional, el financiamiento de la educación, tal y como ha sucedido en los últimos años, a lo que cabe agregar que NUNCA se ha respetado el mandato constitucional de la asignación del 8% del PIB para la educación pública de calidad que merece este país”.

En este informe, los legisladores recomiendan que que las universidades públicas pasen a la caja única del Estado, lo cual -según representantes universitarios- limita la independencia financiera de las universidades, al violentar la autonomía financiera, además de que, de forma reiterada, se afirma que las universidades deben generar sus propios recursos -algo que,afirman, ya sucede- y suplir el FEES con recursos propios, lo que implicaría una privatización de la educación superior pública.

“Reconocemos, además, que en estas circunstancias difíciles, las universidades deben evolucionar hacia mayores estados de eficiencia, eficacia y pertinencia, tal y como históricamente lo han hecho, pero esto debe ser asumido desde el marco del respeto absoluto de la autonomía, independencia y libertad de cátedra de estas instituciones. Las universidades públicas están comprometidas con un proceso de revisión y autoanálisis permanente, con el fin de prestar un servicio óptimo a la sociedad que así lo demanda: un contexto en el que se impulsen mayores procesos de regionalización, vinculación con el sector productivo y los planes de desarrollo, entre otros, como forma de ser cada vez más pertinentes para la sociedad, sin perder con ello, la autodeterminación y la libertad que le otorga la autonomía constitucional y el deber del Estado de financiar la educación superior pública”, indican en un pronunciamiento.

Las universidades públicas no pueden ni deben, politizarse o someterse a los intereses mezquinos de los grupos económicos que buscan maximizar sus ganancias a costa de las instituciones y servicios públicos del país.

Los representantes sindicales universitarios hacen un llamado al estudiantado universitario y a los trabajadores que actualmente forman parte de la comunidad universitaria de Consejo Nacional de Rectores (CONARE) “para defender la educación superior pública del país como un derecho supremo de la sociedad costarricense y, de igual manera, solicitamos el apoyo de todos los egresados que se han visto beneficiados del sistema público que les permitió formarse, establecerse y contribuir con la sociedad y a la población en general: hacemos un especial llamado para que, de forma crítica y objetiva, se sopese y valore los alcances e importancia de la educación, investigación, extensión y acción social pública de calidad”.

De igual forma, alertan a la población, en general, “para que no se deje engañar ante este burdo intento de desprestigiar y destruir a las universidades públicas, baluartes en la construcción de la Costa Rica solidaria e inclusiva, construida a partir de la década de 1940, por aquellas mentes visionarias que, con gran acierto, concibieron que estas instituciones solo podían cumplir con su misión histórica, si eran dotadas del mayor rango de autonomía y libertad posible, así como del financiamiento adecuado, para que, además de ser instituciones democráticas, se convirtieran en instituciones democratizantes”.

Finalmente, los sindicatos de las universidades públicas de este país enfatizan su misión en cuanto a velar por el cumplimiento de los objetivos y los compromisos que la sociedad costarricense ha depositado en nuestras instituciones y en nuestros funcionarios: estamos al servicio de Costa Rica.

Fuente: https://www.crhoy.com/enterese/sindicatos-de-las-universidades-publicas-rechazan-informe-de-comision-del-fees/