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La pandemia de coronavirus COVID-19 ha interrumpido gravemente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y ha obstaculizado la capacidad de las autoridades para responder a la violencia de género, en un momento en que las mujeres y las niñas necesitan más estos servicios, advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La directora del Fondo, Natalia Kanem, explicó en un comunicado quienes están sufriendo más en esta crisis de salud pública:

“Las embarazadas, que necesitan atención prenatal, pero no saben si es seguro ir a la clínica; las mujeres en relaciones abusivas atrapadas en casa en el futuro previsible y temiendo por su seguridad. Las decenas de millones de personas en los campos de refugiados, que están contando los días para que llegue el coronavirus, y para quienes el distanciamiento social simplemente no es una opción. Las personas mayores, muchas de las cuales están atrapadas de forma aislada, carecen de interacción social y son particularmente vulnerables a enfermarse gravemente por el virus”.

Kanem, como muchos otros líderes de las Naciones Unidas, llamó a la solidaridad, la resolución y el desinterés: “no debemos olvidar que hay personas que corren un gran riesgo como consecuencias de la crisis, aunque no sea visible de inmediato”.

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Spotlight Initiative/Agostina Chiodi

Protesta de mujeres en las calles de Argentina contra la violencia machista.

EL Fondo de Población trabaja con Gobiernos y socios para priorizar las necesidades particulares de las mujeres y las niñas, y su directora ha pedido 187 millones de dólares para apoyar a los países con sistemas débiles de salud pública, incluidos aquellos que están en situaciones frágiles o dependen de la ayuda humanitaria.

Además, está brindando material de apoyo a los sistemas de salud afectados y protege a los trabajadores de salud y las parteras. En China, Irán y Filipinas, por ejemplo, se han distribuido artículos de higiene esencial y otros artículos de protección para los más vulnerables.

“Pero debemos hacer mucho más para garantizar que se satisfagan las necesidades más íntimas, pero esenciales, de las mujeres y las niñas del mundo mientras luchamos contra el COVID-19 durante los meses difíciles que se avecinan”, concluyó Kanem.

La violencia doméstica durante las cuarentenas, un gran problema

Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra del COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica y los Gobiernos deben defender los derechos humanos de las mujeres y los niños y proponer medidas urgentes para las víctimas de esa violencia, aseguró este viernes una experta en derechos humanos de la ONU haciéndose eco de las palabras de la directora del Fondo de Población.

«Es muy probable que aumenten las tasas de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes iniciales de la policía y la línea de ayuda directa. Para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y abuso. Esa situación empeora considerablemente en casos de aislamiento, como los bloqueos impuestos durante la pandemia del COVID-19”, advirtió la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic.

Simonovic expresó que todos los Estados deben hacer esfuerzos significativos para abordar la amenaza del COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica, ya que esto podría conducir a un aumento de la violencia, incluidos los feminicidios de parejas íntimas.

“El riesgo se agrava en un momento en que no hay o hay menos refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; y cuando hay menos apoyo de la comunidad; menos intervenciones policiales y menos acceso a la justicia ya que muchos tribunales están cerrados».

UNMISS/Isaac Billy

Doctores toman la temperatura de una mujer desplazada en Sudán del Sur.

Más carga en el trabajo doméstico

Asimismo, la experta de la ONU señaló que, para muchas mujeres, las medidas de emergencia necesarias para luchar contra el COVID-19 han aumentado su carga con respecto al trabajo doméstico y el cuidado de niños, parientes ancianos y familiares enfermos.

«Para empeorar las cosas, las restricciones de movimiento, las restricciones financieras y la incertidumbre generalizada envalentonan a los perpetradores y les proporcionan poder y controles adicionales».

Simonovic expresó preocupaciones particulares sobre las mujeres con mayor riesgo de violencia doméstica, como las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes indocumentadas y las víctimas de la trata.

La experta de la ONU pidió a los Gobiernos que no pongan la protección de las víctimas en espera y les instó a continuar combatiendo la violencia doméstica en los tiempos del COVID-19.

Las medidas para proteger a las víctimas deben permanecer disponibles o ser adoptadas durante la crisis. Eso incluye garantizar el acceso a la protección restringiendo las órdenes y manteniendo refugios seguros y líneas de ayuda para las víctimas. La policía debería aumentar sus esfuerzos para una acción rápida.

«Como hacer llamadas telefónicas puede ser peligroso en un contexto de confinamiento en el hogar, las líneas de ayuda pueden facilitar el acceso al proporcionar chats en línea y servicios de mensajes de texto para las víctimas. Los Estados también deben encontrar soluciones nuevas y creativas para apoyarlos«, dijo la experta.

Finalmente, afirmó que los Gobiernos no deben permitir que las circunstancias extraordinarias y las medidas restrictivas contra COVID-19 conduzcan a la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia».

Los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo son parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.