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Ley Ómnibus argentina vuelve a comisión ante falta de consenso

El paquete de leyes, que en su momento se anunció como ley ómnibus y después se fue reduciendo de 650 artículos a 350, se aprobó el viernes en la votación en general.

La Cámara de Diputados de Argentina reenvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión de este martes, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei tendrá que ser analizado de nuevo.

Tras una jornada extensa donde los diputados aprobaron seis artículos de la polémica ley ómnibus, se levantó la sesión y se regresó el texto al debate debido a la falta de consensos entre el oficialismo y sus aliados.

La decisión se adoptó porque el oficialismo no alcanzó los votos para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

El paquete de leyes, que en su momento se anunció como ley ómnibus y después se fue reduciendo de 650 artículos a 350, se aprobó la semana pasada, el viernes, en la votación en general. Además, este martes inició el tratamiento artículo por artículo, punto por punto, de revisión a cada uno de los ejes para determinar si se aprobaba o no este paquete de leyes.

Asimismo, se aprobó darle algunas facultades al presidente, pero en el transcurso de la tarde, la tónica fue modificándose y empezaron a llegar los rechazos, las negativas, hasta que en un momento uno de los diputados, uno de los presidentes de bloque, llamó a un cuarto intermedio (receso).

El legislador Diego Julio, que forma parte del bloque de Unión por la Patria, declaró: “Lo que hizo La Libertad Avanza con sus aliados fue colapsar la ley, la colapsaron. Las leyes son puentes, hay que generar diálogo y, sobre todo, hay que hablar con los que tienen las consecuencias de las leyes”.

El legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Alejandro Vilca, declaró: “La distorsión viene de hace tiempo de parte del Gobierno Nacional, no solamente por tratar de ahogar recursos a muchas provincias, que por ahí casi el 80 por ciento o más de sus recursos depende de la coparticipación. Ahora la lleva a esta situación, a tratar de hacerlo arrodillar para que le den delegaciones de facultades especiales. Una vergüenza”.

Además, agregó: “Nosotros habíamos denunciado esta situación, pero también que todo el conjunto de esta ley ómnibus no era algo aislado, sino que también tenía otras patas. Una de las medidas que lanzó Caputo de evaluatoria inflacionaria para aplastar los salarios y los ingresos a los jubilados y los trabajadores. Otra era el DNU, también los protocolos de Patricia Bullrich para impedir el derecho a la protesta y esta ley ómnibus era el colorario de todo eso”.

El presidente Javier Milei estuvo durante toda la jornada en Israel y de madrugada allí recibió las noticias de que su paquete de leyes entonces no tiene avances y que deberá volver a tratarse tras largas jornadas de sesión.

A su vez, la gente, trabajadores, salieron a las calles para celebrar esta derrota del oficialismo. Periodistas mencionaron que se pone en tela de juicio la continuidad de algunos ministros, pues tenían que trabajar y traccionar para conseguir algunos votos y no lo han logrado.

https://www.telesurtv.net/news/ley-omnibus-argentina-vuelve-debate-20240207-0004.html

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Documento de Otras Voces en Educación para la CRES+5

Consulta da CRES+5 avança no debate sobre ensino superior - Abruc

Equipo delegado de redacción: Dr. Luis Bonilla-Molina, Esp. Luz Palomino, Dra. Rose Mary Hernández Román, Dr. Fernando David García Culebro, Dra. Lourdes de Urbáez, Dr. Luis Miguel Alvarado Dorry. Dr. Allisson Goes, Esp. Carlos Bracho, Lic. Jesús Alemancia. (Este documento expresa la sistematización de debates realizados durante los últimos cinco años por el equipo de Otras Voces en Educación y el grupo de trabajo: Capitalismo digital, política educativa y pedagogía crítica.  La responsabilidad de los contenidos es del equipo de redacción de la contribución a la CRES+5. No es un documento oficial, sino un aporte desde la sociedad civil para la ruta a la cita en Brasilia)

 

Introducción

  1. El debate sobre la universidad, su transformación y futurabilidad suele quedar atrapado en tres grandes campos. El primero, que considera a la tradición como lo sustantivo y lo nuevo como una turbulencia que debe adecuarse al performance y protocolos que han caracterizado a las Instituciones de Educación Superior (IES). La universidad es considerada como una institución con su propia identidad construida en siglos, la cual cuenta con caminos y dinámicas que no pueden ser saltados para incorporar las novedades; lo nuevo se agrega progresivamente, cuidando de no causar caos. Al final el gatopardismo se impone. La segunda, que considera que la tradición es obsoleta y que la innovación no puede sujetarse a las barreras y mecanismos de reproducción incesante establecidos por los rituales académicos; lo nuevo aparece como externalidad determinante, que sacude los cimientos para dar origen a lo nuevo. La tercera, mediada por un pacto burocrático, de coexistencia compartimentada, entre lo viejo y lo nuevo, la tradición con la innovación, pero cada una en su esfera; se enseña y aprende a la usanza clásica a la par que se crean laboratorios con computadoras de última generación y bibliotecas con novedades editoriales. Quienes quieran saber de los aparatos y tecnología emergente que realicen excursiones en estos espacios. Estos tres enfoques, de distintas maneras, terminan frenando el cambio y generando la noción de crisis permanente.
  2. Nuestra perspectiva es que necesitamos conseguir un equilibrio transformador dinámico y en permanente cambio, entre la tradición y la innovación, que rompa el inmovilismo, supere la tendencia a cambiar irreflexivamente y evite la compartimentación. Esto resulta más fácil decirlo y suscribirlo que operarlo, porque significa la construcción de una voluntad colectiva en instituciones asediadas por el individualismo, la competencia y el darwinismo académico como resultado de un errado enfoque de la cultura evaluativa. Necesitamos comprender que tenemos que cambiar una parte importante de las rutinas profesionales, cuidando que esto no se convierta en un pretexto para la desinversión educativa, precarización laboral o novedosas formas de mercantilización y privatización educativa.
  3. Son muchos los logros y méritos de las IES, pero todos sabemos que hay cosas que podrían funcionar mejor y otras que hay que cambiar radicalmente. Si existe consenso al respecto tenemos que comenzar a debatir y construir acuerdos respecto a lo que hay que cambiar, pero esta convergencia tiene que ser construida desde abajo y adentro, dialogando con la sociedad y los entornos, evitando la imposición estandarizante de los órganos del centro capitalista. Ese es el propósito de este documento, contribuir al debate y la movilidad, teniendo como lugar de enunciación la inteligencia social de nuestras comunidades, que saben que no hay cambio neutro, por lo que hay que construirle sentido a la transformación.

 

Eje 1 – La educación superior como parte del sistema educativo en América Latina

  1. La educación superior es un subsistema cuyas dinámicas deben estar articuladas a los subsistemas restantes del sistema escolar de cada país. Desde esa perspectiva integradora y holística, la educación universitaria inicia en el maternal por lo cual la estrategia educativa universitaria no puede ser segmentada, fragmentada, ni desarticulada;
  2. Por ello, las reformas educativas de los primeros niveles deben contar con la opinión fundamentada de las IES. Cada ciclo de renovación universitaria debe hacerse dialogando con las capacidades, habilidades, experticias y conocimientos que se construyen en los niveles precedentes;
  3. A su vez, el desarrollo desigual y combinado de las economías y sociedades latinoamericanas ha generado similitudes y diferencias en la cultura y praxis universitaria, distinciones que son relevantes para valorar el movimiento de cambio y la prospectiva de conjunto. La convergencia regional debe hacerse a partir del respeto a las singularidades nacionales y el fortalecimiento de las complementariedades internacionales;
  4. El reconocimiento de títulos, carreras y estudios es un primer paso en la construcción de un horizonte común. Este encuentro debe superar las diferencias nacionales y las odiosas jerarquizaciones de los rankings universitarios, que focalizan las diferencias en aspectos que son adjetivos, pues en realidad estas clasificaciones son hechas para la competencia, el desencuentro y la subordinación de las universidades de la periferia a los dictámenes el centro capitalista;
  5. La creación de centros de investigación regional, que realicen docencia y extensión, teniendo como eje articulador la investigación, pueden allanar caminos para trabajar regionalmente la transformación universitaria hacia la convergencia disciplinar, en sinergia con el resto de subsistemas escolares.

Eje 2 – Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina

  1. La universidad latinoamericana y caribeña ha vivido una larga historia en defensa de su identidad frente al eurocentrismo y la lógica del mercado. Los aspectos relevantes de esa disputa han surgido cuando ha entendido que su lugar de enunciación epistémica, paradigmática, operacional y prospectiva se constituye a partir de las diversidades. La CRES+5 tiene el desafío de defender esa historia e identidad.
  2. La estandarización responde a la lógica del mercado, por lo que necesitamos pluriuniversidades, vinculadas a los territorios, con una visión que armonice dialécticamente lo local con lo global y, una misión que se centre en la construcción de conocimiento para la independencia, soberanía cognitiva, tecnológica y de innovación.
  3. El reconocimiento de las diversidades culturales es un factor determinante en la construcción de horizontes de cambio universitario, en una institucionalidad que arrastra prácticas y tradiciones que impiden el pleno reconocimientos de las diversidades. Los pueblos originarios, las negritudes, las comunidades locales, con sus imaginarios, culturas ancestrales, narrativas y cosmovisiones requieren de una inclusión intercultural, que evite el riesgo de la homogenización cultural;
  4. La interculturalidad debe evitar el discurso de la aceptación acrítica de culturas y modos de vida ajenos. Cada comunidad y pueblo es autónomo para decidir, por cuenta propia, aquello que quiere cambiar y aquello que es inamovible para conservar su identidad, autonomía y libertad plena. La interculturalidad es diálogo y encuentro, aceptación de la alteridad y disposición a convivir en la diversidad;

Eje 3 – La educación superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe

  1. La universidad latinoamericana ha vivido siete olas de internacionalización que han procurado moldearla a los intereses del poder hegemónico mundial y la lógica del capital: 1) derivada de la conquista europea y creación de universidades eurocentristas, 2) republicana con sus tensiones entre las necesidades de las nacientes naciones y los requerimientos del centro capitalista, 3) adaptación al paradigma transformador de la reforma de Córdoba, 4) reestructuración capitalista post guerras mundiales y de adecuación al desarrollo desigual y combinado del capitalismo tardío en la región, 5) intentos de hegemonía del multilateralismo, las bancas de desarrollo y los modelos taylorista, fordista y posfordista que tuvieron desembarcos diferenciados en nuestros países, 6) crisis del modelo disciplinar y los intentos fallidos por crear una universidad transdisciplinaria que presionó por la estandarización, la cultura evaluativa homogeneizadora centrada en rankings, bibliometría, la incomprensión impresionante del agotamiento del régimen biopolítico de reproducción, la movilidad académica y estudiantil que privilegiaba la réplica de las buenas prácticas para el sistema dominante y, 7) internacionalización de la calidad educativa, Transformación Digital de la Educación (TDE) y los procesos de adaptación a la transición de la tercera a la cuarta revolución industrial;
  2. En consecuencia, la internacionalización y la movilidad académica no son políticas públicas neutras, sino que tienen la presión por responder a la reestructuración del mercado laboral y la producción capitalista en distintos momentos de la historia. Cualquier intento de enmascaramiento o presentación despolitizada de estas dinámicas es absolutamente funcional a la subordinación de las Instituciones de Educación Superior (IES) a la división internacional del trabajo y la transferencia del conocimiento entre el centro y la periferia capitalista;
  3. La UNESCO es hoy el espacio privilegiado para las narrativas de internacionalización y movilidad académica-estudiantil. En ese sentido, UNESCO ha sido centro de las disputas en uno u otro sentido. Las cinco reformas de la Constitución del organismo ocurridas desde su fundación hasta el presente, le fueron restando grados de libertad y sujetándola a la lógica del sistema mundo, convirtiéndola en un instrumento para el consenso del orden en materia educativa. Sin embargo, aún la UNESCO cuenta con las reservas morales, institucionales y tradición para actuar en favor de la lógica de los pueblos, pero ello solo será posible cuando se entienda que el diálogo en sus eventos, conferencias y reuniones no está más allá del bien y el mal, sino que se debe entender en el marco de escenarios de contradicciones incesantes, multiformes y en todos los órdenes. La recuperación de la UNESCO para el proyecto de una universidad democrática, popular, científica, laica y comprometida con la soberanía, autonomía e independencia es un desafío de la internacionalización solidaria;
  4. Precisamente, la construcción de otra internacionalización, al servicio de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe dependerá en gran medida de la capacidad de generar una integración regional soberana, que priorice la construcción de un horizonte soberano común;
  5. El creciente fenómeno de las migraciones forzadas en el mundo y la región, por toda suerte de desequilibrios estructurales y sistémicos, especialmente por razones económicas y políticas, tiene a la población académica, estudiantes y trabajadores de la educación superior como uno de sus protagonistas centrales. La forma como se incluye en los países de llegada y acogida a esta población determina el modelo de internacionalización que se impulsa, La universidad regional tiene que evolucionar para ser una institución de acogida e inclusión de la migración docente, estudiantil y de trabajadores de la educación, como parte de la internacionalización solidaria. Lo opuesto a esto es una internacionalización impuesta y colonizadora. que reproduce patrones de relaciones de poder , generando enormes desequilibrios;
  6. Es importante evaluar los flujos regionales de movilidad estudiantil y académica como uno de los componentes de la internacionalización que muestra los avances, estancamiento o retroceso en la integración de la educación superior. El mapa de evolución de estas dinámicas debería ser tema de análisis y seguimiento en la post CRES+5 y de cara a la próxima Conferencia Regional de Educación Superior;
  7. La creación de una Agencia Regional de Cooperación, que cuente con el aporte económico, logístico, académico y funcional de todos los países de Latinoamérica y el Caribe es un desafío pendiente, que debe conjurar las tentaciones de constituir instancias por afinidades ideológicas y que no incluirían todas las miradas. La integración regional en materia de educación superior debe ser plural, democrática, científica y profundamente comprometida con la suma de voluntades para romper con la dependencia y el oscuro signo de ser la región más desigual el planeta;
  8. La creación de un Seminario Internacional para el análisis anual de la internacionalización, como espacio para el debate crítico, solidario y propositivo, permitiría ir monitoreando y superando escollos. Es muy importante que estos eventos no sean un encuentro solo de representantes oficiales, sino que se garantice la presencia de todas las voces para que la mirada sea realista, objetiva y permita avanzar;

Eje 4 – El rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe

  1. Sin democracia no existe agenda social posible. La democracia está asediada en Latinoamérica y el Caribe, por autoritarismos de distinto signo ideológico, agendas neo conservadoras que pretenden limitar el papel del Estado al emprendimiento, la iniciativa privada y la autogestión de la vida cotidiana de la ciudadanía, así como por el vaciamiento y la falta de coherencia de iniciativas de transformación social que terminan subalternizando la resolución de las necesidades populares al sostenimiento en el poder. La democracia corre el riesgo de convertirse en un significante vacío, como lo evidencia la desesperanza democrática de una franja importante de las juventudes en la región. Una parte de esta desesperanza es inducida por los grandes medios de comunicación y las redes sociales al servicio del ocaso democrático, pero la otra, tiene una base objetiva y material en los problemas del mundo político para sostener proyectos coherentes, transparentes y permanentemente inclusivos. Siendo la universidad el centro más importante del pensamiento crítico, este problema debe ser abordado como uno de los desafíos centrales de Latinoamérica y el Caribe;
  2. Solo en sociedades democráticas se pueden allanar caminos para frenar y revertir la acumulación de riquezas en pocas manos y el crecimiento incesante de la pobreza. La universidad latinoamericana hace su trabajo en la región más desigual del planeta y los universitarios entendemos que es muy difícil aprender con hambre, pobreza y limitadas posibilidades de acceso a la ciencia, tecnología y cultura.
  3. El ataque a la democracia se enmascara con interpretaciones sesgadas de mediciones que pretenden responsabilizar a los pobres de su tragedia. Este fenómeno tiene un correlato en la cultura evaluativa universitaria basada en rankings y publicaciones indexadas, que pretende establecer parámetros de medición iguales al trabajo universitario entre países de crecimiento económico alto, medio y bajo, algo que solo sirve para construir imágenes, imaginarios y narrativas del subdesarrollo que alineen la universidad con la lógica de acumulación imperante y que culpen a los trabajadores de la educación de los problemas estructurales el sistema mundo en educación. Se procura medir por igual a lo que es desigual de partida, por las diferencias de inversión, dotación, infraestructura, salarios y contexto socio cultural. Necesitamos una universidad que se libere de la cultura evaluativa estandarizada, evaluando según su realidad, trabajando la teoría y práctica al servicio de la superación de la pobreza regional y la democracia como igualdad de oportunidades. En este sentido las recetas evaluativas, elaboradas por el centro capitalista y las instancias multilaterales alineadas a sus designios, resultan poco útiles;
  4. La pobreza es un campo de cultivo para la violencia estructural, la penetración del narcotráfico en la cotidianidad de la vida comunitaria y los mercados financieros, así como para el tráfico y comercio de personas, la reproducción simbólica y material del machismo, patriarcado, homofobia, transfobia, racismo y segregaciones de todo tipo. El crimen organizado pretende presentarse como una alternativa de ascenso social, tarea que hasta hace solo unas décadas nadie le disputaba seriamente a la educación. En este sentido, la desinversión educativa y la precarización salarial y de condiciones laborales de los trabajadores de la educación actúan como factores concomitantes;
  5. La crisis climática es un reto de supervivencia para la especie humana y el planeta. La universidad tiene el desafío de ser parte activa en la procura de soluciones. En este sentido, los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son importantes, pero resultan insuficientes, porque son consensos que no incluyeron todas las voces que denuncian y actúan contra la depredación del capital frente a la naturaleza.  La universidad tiene capacidad de conseguir consensos mucho más amplios que el multilateralismo, si se logra hacer converger a las miles e IES de la región;

 

EJE 5 – La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe

  1. La universidad Latinoamericana y Caribeña, en su actividad científica, tecnológica y de innovación, en buena medida ha sido moldeada por los paradigmas de las dos primeras revoluciones industriales. El modelo científico disciplinar sigue siendo hegemónico y la tercera revolución industrial, con su paradigma transdisciplinario solo logró que se cambiaran los documentos normativos de las IES, pero la universidad transdisciplinaria no nació, creando un largo periodo de crisis institucional que ya alcanza las seis décadas. Ahora, la cuarta revolución industrial, con su impacto en el modo de producción y la lógica de reproducción del sistema mundo, demanda un modelo de construcción de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación guiado por la convergencia disciplinar, que tendrá incidencia en el número de profesiones, titulaciones, así como en los estilos de aprendizaje y construcción del conocimiento; un debate aún incipiente y marginal en la universidad;
  2. Este estancamiento se expresa con fuerza en la incomprensión sobre el régimen de reproducción imperante. Una parte importante del pensamiento crítico universitario sigue hablando de la reproducción biopolítica como si estuviéramos en el imperio del paradigma disciplinar y las dos primeras revoluciones industriales. Las incomprensiones sobre el nuevo régimen predictivo, se expresan en las dificultades para descurricularizar el ejercicio pedagógico, trabajar con currículos abiertos, flexibles, contextuales y en permanente actualización, modelos didácticos convergentes y situados, evaluación dinámica, más aún con planificación contingente y gestión de pirámide invertida. Necesitamos profundizar el conocimiento sobre el régimen de reproducción predictivo para construir alternativas viables y operacionales;
  3. La aceleración exponencial de la innovación, el conocimiento y la tecnología ha hecho que los ciclos de renovación se reduzcan de 30-40 años a 3-7 años, desafiando la capacidad para conectar las actividades de docencia, investigación y extensión a esta vorágine, sin perder por el ello el horizonte latinoamericano y caribeño. Esto demanda una adecuación institucional radical que abordaremos más adelante;
  4. Los saberes comunitarios, ancestrales, comunitarios, de pueblos originarios, de comunidades en resistencia se convierten en mediadores y contextualizadores de la vorágine aceleracionista del cambio. Muchos de estos saberes deben ser reivindicados y puestos como prioridad en medio de la crisis ecológica y civilizatoria actual. Conseguir el adecuado equilibrio dinámico entre tradición e innovación constituye un desafío universitario trascendental;
  5. Superar el monismo metodológico en materia científica implica una necesaria transición institucional hacia la pluralidad epistémica, metodológica, comunicacional y operacional de la ciencia y tecnología que se produce en la universidad; estas dinámicas deberán tener una expresión concreta en la pluralidad de caminos, estilos y recorridos para construir y presentar el conocimiento propio de las Tesis de Grado.  En la medida que se produzca y consolide esta dinámica contaremos con una ciencia plural, pensada dese lo humano, el territorio, lo común, lo ecológicamente sostenible, pensada desde la vida planetaria armónica;
  6. Los actuales sistemas de ciencia, tecnología e investigación institucionalmente externos a la IES y los propios de las universidades, necesitan ser transformados para adecuarse a los nuevos paradigmas humanistas de producción de conocimiento. Estos sistemas de investigación y producción del conocimiento, pensados desde una matriz modernizante del desarrollo, ajustados parcialmente con la idea de desarrollo sostenible, necesitan iniciar una transición hacia el decrecimiento sostenido con justicia social, que permita una armonización y sostenibilidad de la vida en el planeta;
  7. Requerimos pasar de una ciencia para mejorar la producción y la economía, a una ciencia de la buena vida, la felicidad, la alegría, lo sencillo, para la ruptura de las desigualdades y la inclusión. Esa revolución epistémica e institucional solo puede comenzar en las universidades;
  8. Latinoamérica y el Caribe tienen una tradición de tecnologías propias que deben ser reapropiadas, actualizadas y relanzadas, rechazando la noción que son los países con economías de ingresos altos quienes deben marcar la pauta de la tecnología necesaria. Estas tecnologías propias contienen las claves ontológicas, de enfoque y perspectiva, para empalmar desde nuestra realidad concreta con la Transformación Digital de la Educación (TDE);
  9. No hay tecnología neutra, toda propuesta tecnológica contiene una propuesta política de dominación, reproducción, resistencia, ruptura o alternativa. En este sentido,
  10. La división social del trabajo científico y de investigación impuesto por el mercado mundial, pretende que la investigación científica, tecnológica y del conocimiento se concentre en la réplica, el ensamblaje y la cultura de operario ilustrado. Por eso, el sistema de publicaciones indexadas, que marcan la pauta en las jerarquizaciones y clasificaciones de las IES, insiste en la necesidad de citar lo hecho y puntúa positivamente el número de menciones que se realicen, dejando en un segundo plano o desvalorando por falta de referencias, las innovaciones que provengan del sur global. En consecuencia, la investigación en Latinoamérica y el Caribe, sin perder sus rasgos universales y cosmopolitas, debe privilegiar el conocimiento endógeno, las variadas fuentes de registro y la capacidad de generar dinámicas inventivas que escapen a las rutas y hegemonía del conocimiento generado en el norte dominante;
  11. Tres países de la región aportan tres tercios del financiamiento para la investigación en ciencia, pero esta en su conjunto apenas supera los dos puntos del PIB regional. Con los actuales niveles de inversión pública para la investigación difícilmente se pueda superar la dependencia respecto a la ciencia, tecnología y conocimiento hegemónico. Se necesita que todos los países inviertan por lo menos el 4% del PIB en investigación y que la región de conjunto supere el 7%. Preocupa que algunos países inviertan más en “promoción de la fe” que en ciencia;
  12. Las universidades necesitan construir dinámicas institucionales que coloquen en centro lo ecológico, que propicien la ruptura con el consumo de la energía fósil y eléctrica, el extractivismo y la destrucción de la biodiversidad, que rompa con la matriz conceptual-operativa hegemónica;

Inscrições abertas para a reunião de continuação da CRES+5 — CAPES

EJE 6 – El papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe

  1. La educación superior es el lugar privilegiado del pensamiento crítico comprometido con la identidad latinoamericana y caribeña, la creatividad que sigue tejiendo expectativas alrededor de sociedades con justicia social, económica, política, cultural y tecnológica, así como el reservorio ético de la igualdad, inclusión y superación de cualquier forma de opresión y explotación. Sin estas bases epistémicas y axiológicas es imposible dibujar un horizonte donde el desarrollo sea pensado e impulsado colocando en el centro a nuestros pueblos, con perspectiva ecológica, feminista, antirracista, diverso, con cultura de paz;
  2. Vivimos en la región más desigual del planeta, que nos ha hecho comprender que el desarrollo basado en la industrialización con dependencia tecnológica, el extractivismo sin límites que destruye suelos, aguas, calidad del aire, es decir la vida, el endeudamiento externo, la especulación financiera y la mercantilización de la vida cotidiana que trae hiper concentración de riquezas, no son la salida. Por ello, históricamente la universidad ha resistido a las intenciones de convertirla en el apéndice formativo de un modelo económico explotador, al servicio del capital. Este rol de conciencia crítica debe ser el motor para pensar otro desarrollo posible, que no esté basado en el crecimiento económico y la tasa de ganancia del centro capitalista. Ello pasa por una apropiación crítica de la ciencia, innovación y tecnología del presente, para desde el conocimiento en profundidad del presente, trazar rutas diversas, contextuales para ese otro desarrollo posible para la región;

 

EJE 7 – El trabajo decente y las condiciones de vida de los actores de la educación superior

  1. Suscribimos el documento de trabajo elaborado por el grupo de consultores del eje 7 sobre trabajo decente de la CRES+5, al cual agregamos y ampliamos los siguientes aspectos:
  2. Garantizar salarios y condiciones de trabajo justas y decentes de los trabajadores de la educación universitaria, constituye una obligación indeclinable de los Estados. En este sentido, las recomendaciones de la OIT Unesco constituyen un marco de referencia importante. Es urgente e importante establecer instancias regionales de estudio y seguimiento a las contrataciones colectivas, las escalas salariales y el cumplimiento de las normativas laborales de los trabajadores de la educación. Los estudios comparados sobre salarios, inflación, precio de las canasta básica y alimentaria, poder adquisitivo de los trabajadores universitarios constituyen un elemento sustantivo para conocer las políticas gubernamentales en materia laboral;
  3. La libertad sindical, de asociación y reconocimiento sindical, para la presentación de propuestas de contrato colectivo, paritarias y pliegos conflictivos constituyen un indicador indispensable para valorar la política educativa y laboral de un gobierno;
  4. Los derechos adquiridos como piso mínimo de cualquier negociación de condiciones de trabajo, constituye el principio de justicia social que enarbola la progresividad y que el Estado está obligado a respetar en todo momento;
  5. El derecho a huelga y movilización de los trabajadores de la educación, estudiantes y comunidad universitaria constituye un derecho irrenunciable del personal de las IES, actualmente asediado y amenazado en muchas latitudes;
  6. Es urgente multiplicar el número de voces representativas en los espacios de diálogo de la post CRES+5 y sus mecanismos conexos. Los debates y consultas realizados en el periodo reciente han puesto en evidencia que no todos los agrupamientos regionales de trabajadores de la educación universitaria son convocados a participar en los diálogos constructivos;
  7. Es urgente recomponer y mejorar los estándares de los servicios y mecanismos de seguridad social existentes en la región. Emergen crecientes críticos sobre la desinversión del Estado en el sector, lo cual ha generado deterioros importantes en la atención médico hospitalaria, cirugía, maternidad y regímenes de jubilación que deben ser atendidos. Preocupa la tendencia creciente a externalizar en privados u otras formas de intermediación la prestación de los servicios de la seguridad social;
  8. Los entornos de trabajo saludable, física, sicológica y emocionalmente, constituyen una demanda creciente del sector de los trabajadores de la educación. Esto obliga a adoptar protocolos, prácticas y condiciones laborales que garanticen un entorno saludable de trabajo:
  9. En el marco de sistemas de evaluación y clasificación reproductora, una parte importante del trabajo en las universidades tiende a la alienación, la repetición incesante y la jerarquización, Necesitamos que el trabajo decente supere los límites formales de aprender a convivir, colocando en primer plano no solo las desigualdades económicas sino los procesos de diferencia odiosa entre trabajo manual e intelectual, la mecanización de la labor pedagógica y los intentos por reducir a los docentes al rol de administradores curriculares;

EJE 8 – El impacto del COVID-19 en la educación superior

  1. Es falso que no se pudiera prever un escenario educativo como el que ocurrió en 2020 como resultado del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Desde 2011 en Hanover, Alemania se anunció el desembarco de la cuarta revolución industrial y el inicio de una transición que tendría en lo virtual-digital uno de sus ejes, advirtiendo que la educación sería uno de los sectores que más iban a ser impactados. En 2015, en el Foro Mundial de Educación, organizado por UNESCO; realizado en Corea el Sur, con la presencia de representantes oficiales de los gobiernos, los líderes de las grandes corporaciones tecnológicas señalaron que en un horizonte máximo de una década (2015-2025) lo virtual-digital y la Inteligencia Artificial (IA) estarían en el centro de lo educativo. A pesar de ello, la mayoría de gobiernos en el periodo 2015-2020 no hicieron mayores esfuerzos por construir plataformas propias, garantizar que todos los profesores y estudiantes contaran con equipos de conexión remota, ni facilitaron acceso universal al internet, mucho menos formación y actualización permanente a gran escala sobre trabajo pedagógico en entornos virtuales. Esta inoperancia facilitó la hegemonía de las plataformas privativas en los entornos virtuales-digitales educativos durante la pandemia;
  2. En el año 2020 ocurrió un fenómeno abrupto y generalizado de privatización educativa a escala regional. Los Estados Nacionales se desentendieron de su obligación de garantizar las condiciones mínimas de enseñanza-aprendizaje y fueron los trabajadores de la educación, estudiantes y familias quienes tuvieron que asumir el costo de la transición de lo presencial a lo virtual, comprando o actualizando equipo de conexión remota, pagando el acceso a internet y los planes de datos, así como el costo de acceso a algunas plataformas privativas. Esta privatización generó millonarias ganancias para las corporaciones tecnológicas que salieron del bolsillo de la clase trabajadora y sectores populares. Este modelo de privatización pretender normalizarse y sostenerse en la post pandemia con los llamados modelos híbridos cuyo financiamiento sigue recayendo en docentes, estudiantes y familias. La única forma de salir de este ciclo privatizador es que los Estados Nacionales retomen su obligación de garantizar los requerimientos básicos para la enseñanza y el aprendizaje;
  3. Durante la pandemia se exacerbó la sobrecarga laboral y la extensión del tiempo de trabajo diario, sin compensación salarial alguna. Las jornadas laborales pasaron a ser de diez y doce horas diarias, lo siete días a la semana, debido a las dificultades de los estudiantes para conectarse en tiempo real y para cumplir con los compromisos académicos en la nueva situación; en la mayoría de casos esto ocurrió sin que el trabajador de la educación recibiera compensación salarial alguna. A ello hay que sumar las enfermedades profesionales, derivadas de extensas jornadas laborales realizadas en una infraestructura que no garantizaba las condiciones ergonómicas, emocionales y físicas mínimas. Esta situación pretende extenderse en la post pandemia en los modelos híbridos, con grupos de estudiantes que muchas veces superar el centenar por docente, sin que exista ninguna teoría pedagógica que justifique esta relación docente-alumno. Se necesita retomar la presencialidad, con lo virtual-digital como complemento, en una relación docente-estudiante que no exceda los 40 alumnos;
  4. La pandemia del COVID-19 puso en marcha un proceso de mercantilización encubierto, al imponerse el solucionismo tecnológico privado para los problemas educativos. Muchos ministerios suscribieron acuerdos con las grandes corporaciones tecnológicas para el desarrollo de entornos virtuales-digitales y en las IES se profundizó la tendencia en dejar en manos de las GAFAM el acceso a correos electrónicos, sitios web y repositorios virtuales. Las IES se convirtieron en un importante nicho de mercado para el capital trasnacional tecnológico;
  5. Las diferencias en el acceso a equipos de conexión remota, conexión a internet, planes de datos y plataformas virtuales, generó una estratificación escolar en las IES, sin precedentes en décadas. Hemos identificado por lo menos cuatro grupos estratificados. El primero, aquellos estudiantes que tuvieron acceso a equipos de conexión remota, internet, planes de datos, uso de plataformas, quienes tenían un capital cultural tecnológico previo y contaron con un entorno familiar social que los acompañó en la transición de lo presencial a lo virtual digital. Este grupo fue minoritario, pero tuvo -y tiene- el potencial para lograr un rendimiento académico más elevado que sus compañeros, en los primeros años de la pandemia. El segundo, aquellos que ha pesar de contar con las condiciones materiales para mantener el vínculo pedagógico en entornos virtuales digitales, no poseían el capital cultural tecnológico previo, ni contaron con un entorno familiar social que les apoyara en la transición a lo digital. Las dificultades de aprendizaje de este sector fueron notorias durante la pandemia y tienden a sostenerse en la post pandemia. Tercer, aquellos que por razones económicas y de origen social no pudieron sostener el vínculo pedagógico virtual, lo cual los llevó a algunos a retirarse y a otros a explorar con el personal docente mecanismos de continuidad contingentes, exentos de la virtualidad. Este sector, significativo en términos numéricos, aunque aún los gobiernos no terminan de publicar las estadísticas, tiene el agravante de la construcción de auto percepción de exclusión de lo tecnológico, algo que puede amenazar la continuidad o culminación de sus estudios. Cuarto, aquellos que no tuvieron ningún tipo de vínculo pedagógico durante la pandemia, quienes tuvieron que suspender su formación y tienen dificultad para retomarla en modelos híbridos de enseñanza-aprendizaje.
  6. Lo anterior, rompió con los esfuerzos sostenidos en el último siglo para construir capacidades igualadoras de las IES, que mitigaran el impacto educativo de las diferencias de origen social de los estudiantes. Esta situación se debe revertir de manera multiforme, contando con un ambicioso programa de inversión en dotación de equipos y conexión para todos (estudiantes y trabajadores de la educación) que parta de las capacidades nacionales y regionales instaladas, procurando disminuir hasta eliminar, la transferencia de recursos financieros destinados a la educación hacia las grandes corporaciones tecnológicas globales;
  7. Durante la pandemia se exacerbó el modelo frontal de enseñanza, que venía siendo superado parcialmente por experiencias innovadoras basadas en las pedagogías activas y críticas, las educaciones populares y otras alternativas. El modelo de educación bancaria digital debe ser cuestionado y transformado por iniciativas que coloquen la construcción horizontal y compartida como eje del aprendizaje;
  8. La mayoría de plataformas privativas que se usaron para sostener el vínculo pedagógico durante la pandemia, eran de carácter comunicacional y para reuniones, no para el trabajo pedagógico. No fueron elaboradas para servir de soporte a procesos de enseñanza-aprendizaje. La precaria evaluación crítica al respecto puede generar una normalización de este estilo de enseñanza e impedir la correcta evolución hacia formatos virtuales pensados para la educación activa, dialógica, crítica, creativa, creadora. Necesitamos un debate sobre cómo deberían ser las plataformas educativas para la educación superior, pensadas con perspectiva pedagógica;
  9. A pesar del enorme conocimiento técnico-científico acumulado en las IES, durante la pandemia se tuvo dificultad para desarrollar plataformas comunicacionales propias que garantizaran en vínculo pedagógico en entornos virtuales. Esto se debe en gran medida a las limitaciones presupuestarias existentes que limitan la capacidad de desarrollar proyectos contingentes de gran escala. La experiencia de la pandemia muestra que se deben desarrollar mayores capacidades prospectivas y de coyuntura para escenarios como cuarentenas y otras contingencias, pero el desarrollo de estas capacidades está asociado a los niveles de financiamiento público;
  10. La pandemia del COVID-19 evidenció la precariedad de los repositorios universitarios existentes y la necesidad de producir mayor cantidad de contenidos educativos en formatos de video, multimedia, 3D, podcast, audiolibros, entre otros. La mayoría de repositorios existentes están pensados en los formatos de las dos primeras revoluciones industriales y se caracterizan por textos en pdf, libros escaneados o presentaciones no interactivas. Además, donde existe, buena parte de los soportes técnicos de esta arquitectura de la nube educativa universitaria, están en manos de empresas privadas, lo cual se convierte en un mecanismo de extracción de fondos públicos y entorpece el desarrollo tecnológico propio. Necesitamos impulsar redes universitarias de repositorios y soportes técnicos que faciliten la autogestión de la actualización;
  11. La imposición contingente de tecnologías construidas con la episteme del capital tecnológico trasnacional ocurrido durante la pandemia, se convirtió de hecho en una vulneración de la soberanía digital-virtual de las universidades y nuestros países, continuando sus secuelas en la post pandemia. Revertir esta situación implica superar la lógica funcional de operario que se ha intentado imponer, allanando el camino para pensar la epistemología, taxonomías de programación, interfaces necesarias para la enseñanza y el aprendizaje, modelos de seguimiento, evaluación, planeación y gestión escolar, a partir del saber pedagógico acumulado en nuestras universidades. No debemos dar por sentada las rutas, caminos y paradigmas que se pretendieron hegemonizar en materia tecnológica durante la pandemia;
  12. El punto de partida para construir lo nuevo alternativo se debe fundamentar en el estudio y problematización de la epistemología subyacente en los aparatos, sistemas operativos y estructura operacional de la llamada TDE que se popularizaron durante la pandemia. La tecnología privativa, usada en el periodo 2020-2024, se orienta a la reproducción simbólica y material de estructuras jerárquicas de pensamiento y relaciones sociales. Pero no basta cuestionar sin proponer, es urgente construir consensos críticos sobre el propósito de lo virtual-digital en educación y, a partir de ello verificar si se cumplen estos principios o no, pero también comenzar a mapear los enfoques alternativos. Tarea aún pendiente en la post pandemia;
  13. Precisamente, avanzar en una estructura funcional operativa alternativa de la tecnología virtual-digital usada desde la pandemia, obliga a sacar el tema de la programación del área de experticia exclusiva de los informáticos. Todo programador necesita una ruta para construir las interfases y hacer los diálogos amigables, algo que en pedagogía se expresa en el campo de las taxonomías. Las plataformas educativas que se comienzan a construir desde el sector empresarial en la post pandemia, están elaboradas con la secuencia taxonómica de Bloom. La taxonomía de Bloom, de carácter sicologista, considera al cerebro como una máquina programable, como un hardware biológico, premisa convergente con la neurociencia y el posthumanismo y tiene serias limitaciones para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, para la elaboración de aprendizajes dinámicos, singulares y situados. Avanzar en una taxonomía complementaria a las educaciones populares, pedagogías activas-críticas y ciencias abiertas, es indispensable para aproximarnos a la programación de plataformas educativas universitarias desde los paradigmas emancipadores y de liberación;
  14. A partir de la pandemia, las grandes corporaciones tecnológicas quieren imponer la lógica del operario educado en el manejo del software, hardware y desarrollos como la IA. Quieren alfabetizar a la población universitaria en el uso de sus innovaciones y tecnologías, como consumidores pasivos que se sientan deslumbrados por la puesta en escena, pero consideren estas creaciones como algo “demasiado complejo” para el común. Es una especie de Déjá  vu oscurantista del analfabeto deslumbrado que debía conformarse con las interpretaciones del orador sobre lo sagrado y divino de los textos.  La programación y sus lenguajes pueden ser apropiados por el común, como lo han demostrado los hackers y solo en la medida que se produzca una alfabetización masiva en algoritmos podemos estar en disposición de construir plataformas, software y aplicaciones compatibles con la historia, química, sociología, sicología, física o cualquier campo del conocimiento o área de convergencia disciplinar;
  15. En el año 2020 la apropiación de datos de estudiantes, trabajadores de la educación y familias fue brutal. La minería digital y apropiación de los datos que se generan en las universidades (y el conjunto de la sociedad), constituyen una fuente imprescindible para el régimen de control predictivo que se ha puesto en marcha para la reproducción simbólica y material del sistema mundo de dominación en la actual etapa histórica. Además, en una fase intermedia, estos datos son usados para conducir el consumo, el control político, la alienación y la creación de parcelas cognitivas. Sin un control del uso de la minería de datos por parte de las grandes corporaciones tecnológicas, la autonomía universitaria, libertad de cátedra y democracia política corren el riesgo de convertirse en significantes vacíos;
  16. Cuando se anunció el desembarco de la cuarta revolución industrial se advirtió que la inclusión o exclusión dependería en gran medida de las posibilidades de conexión en tiempo real y las capacidades para trabajar y estudiar en entornos virtuales; en medio de la pandemia vivimos la confirmación de esta premisa. A pesar de ello, aún hoy muchas IES no cuentan con conexión estable, permanente y universal, lo cual dificulta el trabajo pedagógico y se convierte en un factor de potencial exclusión. En la fase de despegue de la cuarta revolución industrial, la conexión universal a internet se convierte en una demanda democrática a impulsar desde el mundo universitario y la sociedad en su conjunto;
  17. Finalmente, durante la pandemia las universidades de Latinoamérica y el Caribe tuvieron dificultad para contribuir en la elaboración de vacunas propias; el caso excepcional de Cuba, un país bloqueado económicamente pero que ha diseñado una estrategia universidad-centros de investigación orientada y acompañada por el Estado evidencia que sí es posible prestar contribuciones contingentes de alto impacto. La razón fundamental de no haber logrado una vacuna desde los laboratorios propios o en alianza con los centros de investigación pública se debe en buena medida a la desinversión vivida en las últimas décadas, que ha afectado la capacidad de actualización permanente de equipos, insumos y tecnología. Este aspecto ocurrido durante la pandemia merece una reflexión puntual, profunda y crítica para garantizar que en el corto y mediano plazo las IES recuperen su capacidad de respuesta inmediata en eventos como estos;

EJE 9 – Inclusión, diversidad y el papel de la mujer en la educación superior

  1. Se suele hablar de diversidades solo como minorías que deben ser incluidas, lo cual es una limitante conceptual, paradigmática, operacional de incluso ideológica. Los sectores populares, grandes capas de los hijos de la clase trabajadora, a pesar de los enormes logros de las IES, siguen sin poder ingresar a la educación superior y sin titularse. La pirámide de origen social e ingresos, no siempre está proporcionalmente representada en la matrícula, prosecución y titulación universitaria. Existen carreras en las cuales los egresados son fundamentalmente de clase media o de comunidades económicamente favorecidas, en las cuales la mayoría social es una minoría en las titulaciones. Se necesitan garantizar mecanismos de selección proporcionales a la pirámide social, apoyo socioeconómico equitativo concentrado en los que menos tienen y garantías que las IES pueden resolver los problemas que tienen los sectores de menores ingresos para la prosecución. La mayor exclusión sigue siendo por origen social de clase;
  2. El campo de las diversidades está en permanente expansión, como una conquista social de visibilización y reconocimiento a las diferentes formas de opresión, exclusión y marginación existentes en la sociedad. Esta dinámica ha impactado de manera diferencial a las IES, pues ha resultado mucho más expedita la incorporación y reconocimiento en el sector estudiantil que en el campo académico, de investigación, laboral y de representaciones de autoridad. Esta es una tarea pendiente para el corto y mediano plazo;
  3. A pesar del enorme avance de la agenda de derechos de las mujeres, se necesita feminizar mucho más la educación superior. La ruptura del patriarcado se debe expresar en todos los órdenes de la vida académica, desde los mecanismos de selección, los diseños curriculares, perfiles de egreso, la calidad de los contenidos, la infraestructura, dotación, hasta los mecanismos y representaciones de gobierno y control universitario. Necesitamos una universidad con episteme femenina, que piense el conocimiento, la ciencia y la tecnología en clave de quiebre del machismo, el patriarcado, la violencia generalizada y la destrucción del planeta;
  4. La universidad latinoamericana sigue siendo fundamentalmente blanca. Esto es una herencia colonial que se ha venido superando muy lentamente y que requiere un mayor dinamismo inclusivo. Las negritudes y los pueblos originarios no solo deben ser numéricamente más importantes en las IES, sino que su cultura, tradición y saberes deben permear la vida académica, porque sólo así se logra una auténtica inclusión;
  5. Aún cuesta encontrar profesores, investigadores y trabajadores de la educación pertenecientes a las diversas LGTBQ+, a pesar de los avances en materia de inclusión estudiantil. La derrota definitiva de la homofobia, transfobia y otras violencias estructurales pasa por mayor incorporación de estas diversidades en todos los planos de la actividad universitaria. Esta inclusión no es sólo nominal, sino fundamentalmente cultural y se debe expresar en los contenidos, mecanismos de ingreso y permanencia, apoyo socioeconómico y oportunidades de trabajo al egresar. La representación de los egresados debe permitir la incorporación y visibilización de aquellos que en el pasado sufrieron mayores niveles de segregación, persecución y exclusión;
  6. Algunas experiencias significativas de inclusión estudiantil puestas en marcha en la región, se han construido con diferencias, desigualdades y desmejoras en las condiciones salariales y laborales del personal que labora en ellas respecto al conjunto de los trabajadores de la educación. Esta situación es inadmisible y debe ser denunciada como maquillaje neoliberal. No hay una real inclusión educativa fundada en la desmejora de los trabajadores de la educación, porque se estaría privando a los estudiantes del aprendizaje vital sobre la importancia de la justicia salarial, fomentando con ello otras formas de exclusión;
  7. Una demanda sostenida en el tiempo por al alumnado, es la constitución de defensorías de los derechos estudiantiles como una forma de garantizar auténtica inclusión y salvaguarda de los derechos humanos. Llegó la hora de dar pasos ciertos en esa dirección;

 

EJE 10 – Financiación y gobernanza

  1. El financiamiento de la educación superior es una responsabilidad del Estado, quien debe procurar diversas fuentes para la obtención de recursos que posibiliten el presupuesto que requieren las IES. Esta responsabilidad es indelegable, y los gobiernos no deben presionar para convertir a las universidades en instituciones “cazadoras de financiamientos”, porque esto desvirtúa la naturaleza de la actividad universitaria.  En la región crece la ampliación de la universidad como parte integral del derecho humano a la educación y la intersectorialidad de los derechos reconoce que esto solo es posible con el financiamiento por parte del Estado. El discurso neoliberal del emprendimiento productivo de las universidades afecta el foco de atención del trabajo universitario;
  2. La educación universitaria no es una mercancía y en consecuencia su financiamiento no está sujeto a los designios el mercado;
  3. Las IES son un bien público de vital importancia para la construcción de sociedades de justicia, equidad, bienestar, igualdad, inclusión, desarrollo humano y buen vivir. En este sentido, queremos advertir sobre intentos de resematizar el concepto y la idea de bien público, para permitir el ingreso de paradigmas empresariales, competitivos y estandarizadores que alineen la universidad con la lógica del capital- La fuerza ética del común se refiere al compromiso de la universidad con las mayorías ciudadanas;
  4. La gestión de proyectos rentables en las universidades, allí donde existan, debe ser un ejercicio de formación ciudadana continua. En este sentido, la rendición de cuentas públicas periódicas, la transparencia en tiempo real que permita a la comunidad universitaria y el pueblo en general conocer los usos y destinos de los fondos que se administran, la contraloría social, la rotación de cargos, deben ser un ejercicio permanente que modele al conjunto de la sociedad y los gobiernos;
  5. Es necesario realizar un inventario detallado de los distintos paradigmas, estilos y mecanismos existentes en la región para la gobernanza de las IES. La división de poderes en la gobernanza universitaria es un tema especialmente relevante, dado que en algunos casos encontramos que la misma instancia de gobierno asume los roles de ejecutivo, legislativo y judicial; necesitamos que la gobernanza universitaria refleje los más altos postulados que se enarbolan para la sociedad en su conjunto. Las buenas prácticas en la gobernanza, son aquellas donde estén claramente delimitada la separación de poderes, sirviendo de ejemplo de autonomía responsable para el conjunto de las IES y la sociedad;
  6. Existe una creciente presión de las Bancas de Desarrollo y organismo multilaterales, en la perspectiva del discurso neoliberal, para incluir a los sectores financieros, bancarios, industrial y empresarial en la gobernanza universitaria, como preámbulo para diversificar el financiamiento de las IES, tarea que como hemos dicho es indelegable por parte del Ejecutivo. Esta iniciativa tiene el peligro de incorporar “desde adentro” los intereses del mercado como determinantes de la actividad universitaria, desdibujando su papel histórico. Esto no significa que las universidades se nieguen a realizar alianzas coyunturales y hasta estratégicas con sectores privados siempre y cuando el lugar de enunciación de los mismos sea la actividad académica, cuidando de incorporar a los distintos actores y organizaciones de las IES a su gestión y seguimiento;
  7. Un debate recorre Latinoamérica y el Caribe en el mundo universitario: el peso del voto y las representaciones en la toma de decisiones y la gobernanza universitaria. Existen defensores y detractores del voto igualitario de docentes, estudiantes, trabajadores de la educación y egresados, pero esta es una discusión que trasciende el plano electoral y de gestión y tiene que ver con la concepción democrática de la universidad. En razón de las posiciones encontradas al respecto, sería conveniente que instancias como el IESALC propongan y desarrollen foros y seminarios que procuren la construcción de consenso movilizador al respecto;
  8. Es creciente el papel del multilateralismo en la construcción del horizonte universitario. Esta capacidad de convocatoria es heredada de otro momento histórico, cuando la “guerra fría” obligaba a estas instancias a ser puntos de encuentro y diálogo. Con la caída de la URSS, la llegada del neoliberalismo y el discurso del fin de la historia, el multilateralismo ha venido girando, alineándose cada vez más con el discurso del Banco Mundial, las otras bancas de desarrollo e instancias como el Foro Económico Mundial (FEM). Dentro de este viraje, han creado, ampliado y fomentado, mecanismos de gobernanza en los cuales el sector privado, la filantropía empresarial y organizaciones de la sociedad civil con financiamiento de los anteriores sectores, juegan un papel y vocería creciente, frente a las organizaciones naturales de la academia, sus gremios y sindicatos, las organizaciones científicas y de trabajo comunitario, los equipos de rectores y órganos de cogobierno universitario;
  9. Es necesario establecer mecanismos de encuentro entre la sociedad en su conjunto y la universidad, en materia de gobernanza. Por ello, resulta interesante la propuesta de elección universal ciudadana del contralor social universitario, electo entre candidatos que habiten en los territorios donde ejercen su actividad las IES. La contraloría social, inicialmente propositiva, sin carácter vinculante, crearía mecanismos de evaluación ciudadana continua sobre el que hacer universitario;

 

EJE 11 – La autonomía de las instituciones de educación superior

  1. La Autonomía es un principio irrenunciable de la universidad, porque es inmanente a su naturaleza de centro plural del pensamiento;
  2. La autonomía plena tiene dimensiones territoriales, funcionales, administrativas, jurídicas, pedagógicas e investigativas, que son complementarias e indisolubles;
  3. La Autonomía universitaria se expresa en la libertad de cátedra, la diversidad paradigmática, pluralidad ideológica, coexistencia pacífica, respeto a las diferencias, voluntad de consenso, aceptación incluyente de las disidencias;
  4. La Autonomía Universitaria se fundamenta en la intersectorialidad y progresividad de los derechos humanos, laborales y de libertad de conciencia:
  5. La Autonomía Universitaria demanda un compromiso del Estado en el financiamiento de las IES, sin preferencia o menoscabo basado en las coincidencias, divergencias o desencuentros coyunturales del claustro universitario con quienes están al frente de los gobiernos. La desinversión educativa o el uso del financiamiento como arma para doblegar la conciencia crítica de la universidad es un ataque a la autonomía universitaria;
  6. La autonomía universitaria es un bien común, que procura la evolución democrática permanente del conjunto de la sociedad;

EJE 12 – Los futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe

  1. Descolonizar no sólo el pensamiento sino la institucionalidad heredada del eurocentrismo es una tarea fundamental en el corto y mediano plazo. Pensar otra estructura de funcionamiento, otras lógicas administrativas, distintas mecanismos para la toma de decisión, otras formas de concebir las intersecciones entre carreras y titulaciones, romper con el paradigma disciplinar en las formas de actuar y gestionar la vida académica, demanda ejercicio de ruptura epistémica, de descolonización. Sin esta apertura, las necesarias transiciones pueden ser más traumáticas. Solo hay que saber distinguir entre la actitud y el paradigma emergente descolonizador, del intento de hegemonizar un pensamiento con factura decolonial que niega las ciencias (en plural), los conocimientos científicos multisituados y los saberes acumulados en la historia de resistencias de nuestras universidades;
  2. La universidad es el escenario privilegiado para lo nuevo, lo disruptivo, la apropiación del conocimiento de punta y los saberes ancestrales, es -y tiene que seguir siendo- el lugar de las utopías y los mañanas posibles;
  3. La única forma de acompañar la aceleración inusitada de la innovación científica-tecnológica y situarse frente al acortamiento de los ciclos de obsolescencia, consiste en dar mayor protagonismo a la investigación académica como soporte de la docencia. Necesitamos pensar la vida de las IES como centros de investigación que hacen docencia y extensión y ello requiere un financiamiento público importante, pero también una readecuación institucional sin precedentes. Esto pasa por conjurar los discursos y prácticas institucionales crecientes en la región, que hablan de docentes de aula y docentes investigadores como categorías diferenciadas. La reingeniería institucional, propia de una transformación de este tipo tiene que ser pensada, consensuada y ejecutada con las organizaciones académicas, gremiales y sindicales que hacen vida en las IES;
  4. El tamaño de las IES importa. Las macro universidades, creadas e impulsadas en el periodo de instauración y modernización de los Estados nacionales, con capítulos o extensiones en múltiples provincias, ciudades y territorios, coordinadas por la sede central, fueron el paradigma modelo de la educación superior durante las dos primeras revoluciones industriales. En ciclos largos (30-40 años) de obsolescencia del conocimiento, esto resultaba funcional. Todos sabemos que concretar una reforma curricular o departamental en una IES puede llevar una década y, ahora en ciclos de innovación de 3-7 años, debido a la rigidez de protocolos y las múltiples instancias que hay que allanar para su aprobación, se crea una asincronía entre tradición e innovación que no permite la oportuna actualización institucional. Necesitamos multiplicar el número de IES pero territorializadas, con perspectiva que vincule lo global con lo local, pequeñas, ágiles y flexibles, donde se preserven y unifiquen hacia arriba los beneficios laborales de los trabajadores de la educación, que sean capaces de acompañar los desarrollos desiguales y combinados de nuestras comunidades. Eso no significa desarticular las grandes universidades existentes, sino generar movilidad institucional en todo el ecosistema de la educación superior, en el cual cada IES asuma el camino a recorrer en esta adecuación funcional. Las nuevas universidades en la actual etapa de aceleración de la innovación, propia de la cuarta revolución industrial, deberían ser universidades del territorio que operen como centros de investigación que desarrollan docencia y extensión;
  5. El paradigma del siglo XXI, en tiempos de cuarta revolución industrial es la Convergencia disciplinar, que supera los enfoques disciplinares, multidisciplinarios y transdisciplinarios. La convergencia disciplinar necesita de otros métodos científicos, de otras formas de investigar y presentar los resultados, que solo pueden florecer en instituciones que asuman el nuevo paradigma de manera adecuada. A diferencia de los debates del pasado: disciplina versus transdisciplinariedad, que se quedaron en las definiciones de misiones, visiones y declaraciones, la convergencia disciplinar demanda expresarse en el acercamiento e integración de profesiones, la fusión de perfiles de egreso, la articulaciones de propuestas investigativas. El desafío más grande que tiene la universidad hoy consiste en evolucionar hacia una episteme de convergencia disciplinar con un alto compromiso social, sorteando las trampas del eficientismo funcional y el pragmatismo transhumanista que pretender focalizar el paradigma emergente en los requerimientos del mercado y el modo de producción;
  6. ¿Cuáles serán las profesiones que demandará la sociedad en las próximas décadas? ¿serán las mismas o habrá que crear otras más? ¿algunas profesiones deberán integrarse y quebrar la tendencia a la especialización incesante? ¿seguirá incrementándose el número de profesiones o la tendencia será a converger? Estas son preguntas sustantivas que deberíamos discutir de cara a la próxima CRES;
  7. ¿cómo evaluaremos la actualización profesional en la era de la aceleración de la innovación?   ¿el nuevo enfoque profesional tendrá que hacer realidad la premisa de aprendizaje y actualización a lo largo de la vida? ¿cómo se certificará esa actualización en una dinámica del conocimiento distinta a la que hemos conocido? Sólo si tomamos la iniciativa en estos debates y generamos propuestas desde el mundo del trabajo, con una perspectiva popular e inclusiva, estaremos en capacidad de superar la tormenta que se avecina sobre la universidad;
  8. El centro de la innovación y el conocimiento se viene desplazando en las últimas décadas. Pero la influencia europea y norteamericana sigue siendo muy fuerte en la universidad latinoamericana y caribeña. Necesitamos construir colectivamente una nueva Geopolítica universitaria, situada, interactiva, móvil, contingente, sin perder su identidad popular y de nicho contra las opresiones de cualquier signo. Una geopolítica del sur que se enraíce en nuestra realidad continental;
  9. La universidad tiene que jugar un papel más activo en contener y enfrentar los intentos e iniciativas de bloqueo económico, tecnológico, político y cultural a países que deciden transitar su propio camino. Los bloqueos de las naciones imperialistas afectan a la universidad latinoamericana y caribeña;
  10. La aceleración de la innovación, la revolución digital-virtual. la inteligencia artificial y los análisis de metadatos tienen un impacto profundo en el medio ambiente en medio de la peor crisis ecológica de la civilización humana. El brillo de la nueva tecnología se construye con la devastación propia de la minería del litio, aluminio, cobalto y tierras raras, pero también con la vergüenza de la sobre explotación laboral y el masivo trabajo infantil. La universidad no puede hablar de tecnología e innovación sin tener en cuenta esta cruda realidad y debe convertirse el reservorio ético, educativo de otra lógica justa, solidaria y movilizadora del paradigma ecológico;

 

  1. En conclusión, la CRES+5 se realiza en una encrucijada de la universidad, en la cual la necesidad de cambiar y transformarse para colocar las instituciones a tono con los requerimientos sociales, debe hacerse desde la perspectiva de los trabajadores de la educación, estudiantes, comunidad académica y las mayorías populares. Si queremos que las nuevas generaciones cuenten con universidades robustas, comprometidas con la transformación radical de la sociedad, el cambio debe iniciarse hoy.

 

Para comunicarse: contacto@otrasvoceseneducacion.org

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Debatir la educación en América latina

Por Carina Cabo

En la Ministerial de Educación, en Chile, se abordaron tres temas clave: el desafío de la reactivación educativa, la transformación de la enseñanza para garantizar el derecho a la educación y el financiamiento que requieren estas políticas públicas.

Días pasados se llevó a cabo la Ministerial de Educación en Chile, un encuentro convocado por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile y con la coorganización de la CAF, Banco Mundial, CEPAL y UNICEF, con el objetivo de reactivar y transformar la enseñanza para garantizar el derecho a la educación.

Para dicha reunión se convocó a altas autoridades educativas de América latina y el Caribe para crear un marco de referencia regional sobre políticas públicas para la recuperación de los aprendizajes de 125 millones de estudiantes que constituyen los sistemas educativos de 33 países de la región.

Datos cuantitativos dan cuenta del estancamiento de la educación: las Pruebas Pisa 2022 señalan que 3 de cada 4 niños no alcanzan competencias mínimas en Matemática y más de la mitad tiene dificultades en lectoescritura, no comprenden lo que leen. Si bien podríamos decir que estas cifras son consecuencia de la pandemia, producto de la desvinculación de los estudiantes, previo al Covid 19 ya había más de 10 millones de niños y jóvenes que no accedía al sistema educativo.

A su vez, en el Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030 (2022), UNESCO plantea que todavía hay un porcentaje pequeño de la población que accede a programas de desarrollo de la primera infancia: apenas el 18,6% de los niños y niñas entre cero y dos años. Y considera necesario acelerar estos ritmos de inclusión, ya que, de sostenerse ese porcentaje, para el 2030 se alcanzará a cubrir apenas una cuarta parte de la población. Sumado a esto, entre 2015 y 2020 también se observa una desaceleración de los indicadores de acceso a la educación primaria y secundaria y una fuerte caída de estudiantes que finalizan la escuela media, apenas el 63%. Por ende, la deuda educativa es cada vez mayor y perjudica a los sectores más desfavorecidos.

En las sesiones de la Ministerial de Educación, las autoridades convocadas no sólo se reunieron para intercambiar buenas prácticas, sino también para identificar oportunidades de cooperación regional. Y abordaron tres temas clave: el desafío de la reactivación educativa, la transformación de la enseñanza para garantizar el derecho a la educación y el financiamiento que requieren estas políticas públicas, haciendo hincapié en que la educación es un bien público y un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible.

Sin embargo, nuestro país, lejos de destacar la importancia de la educación pública como acceso a una vida mejor, convirtió el Ministerio de educación nacional en Secretaría e intenta tomar medidas en desmedro de la calidad, tales como que profesionales sin formación docente puedan dar clases o habilitar el homeschooling (enseñanza en casa), como si alcanzara pararse en el frente de un aula para enseñar y que esto garantice que el estudiante aprenda. Pero nada propone para la capacitación de los maestros o profesores que están en las aulas.

Por tanto, es fundamental que los países de la región, caracterizados por la alta desigualdad y con baja capacidad institucional de convocar a niños y jóvenes, logren acuerdos y ayuden a la transformación del sistema educativo a sabiendas que los países más desarrollados son los que tienen políticas públicas ancladas en la educación, la ciencia y la tecnología.

Si pretendemos un Estado más justo y equitativo, hoy por hoy, hay que defender lo obvio: la educación como un derecho de todos y como una responsabilidad compartida, no un privilegio de quienes más tienen. “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”.

https://www.infobae.com/opinion/2024/01/31/debatir-la-educacion-en-america-latina/

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Y lo siguen queriendo llamar educación

Por José Turpín Saorín

Recientemente se ha aprobado una ley en la Asamblea Regional de Murcia donde se prohíbe que los teléfonos móviles del alumnado estén encendidos dentro de las instalaciones del centro educativo a no ser que el profesor/a de turno lo crea necesario como herramienta “ad hoc”, para el buen desarrollo de su laborar. Una vez más, sin consulta previa a los docentes, como tantas otras, y aquí seguimos… ¿verdad? No es el tema ni cuestión a focalizar ahora, pero aviso a navegantes… ¿hasta cuándo?

Retomemos, “Prohibido los móviles en la escuela” incluso el llevarlos encendidos. Hace ya unos años, 2002, Turcke publicó el libro “La sociedad excitada” en la que explicaba un nuevo estado (ser) del sujeto, en donde la pantalla se conformaba, tanto en el trabajo como en su tiempo libre e íntimo, como parte existencial (ontológica) del sujeto. Llegando a afirmar en un momento del libro que, en tiempos actuales, si una existencia no es emitida mediática y electrónicamente, sería que no se ha dado, como si fuera una no existencia viva. En este contexto, hoy podríamos afirmar, que en el caso del móvil el consumo continuo de estímulos audiovisuales alcanza un nivel incomparable a cualquier otro producto. Cultura del teléfono móvil. Y nosotros por ley prohibiendo.

Al respecto señalar que la prohibición se basa en la construcción negativa de la ética, lo que incita a una “natural” resistencia y no implícito aquí ninguna propuesta de ética anarquista, sino el hecho de que lo que no se debe discutir, pues se discutió y se ha decidido. De alguna manera, tema zanjado. Y estarán en que la prohibición ocupa un lugar importante en la economía psíquica de la vida a la vez origen de los mecanismos de defensa y represión del poder. De hecho, el propio Aristóteles en el capítulo XIII libro primero de La Gran Moral afirmaba:

Siempre que fuera del ser humano existe una causa que los obliga a ejecutar lo que contraría a su voluntad, se dice que estos seres hacen por fuerza lo que hacen. De otra manera, el hombre que no se domina sostendrá que no es responsable de su vicio, y justificará que si comete la falta es porque se ve forzado por la costumbre, el hábito o el deseo. Ésta será, pues para nosotros la definición de la violencia y de la coacción: hay violencia siempre que la causa que obliga a los seres a hacer lo que hacen es exterior a ellos; y no hay violencia desde el momento que la causa es interior y que está en los seres mismos que obran”.

¿Qué podríamos aprehender? Debemos evitar y más en la escuela imponer “nuestro criterio” sin los otros/as y sobre todo sin esa potencial posibilidad que y desde nuestro laborar (educāre-educĕre) tenemos y debemos implementar. Pensar en términos morales del uso, los usos que hacemos de las “nuevas tecnologías” y en concreto del móvil. Pero fíjense y termino este apartado, considero que la moral no se puede enseñar pues son más los paradigmas sociales, familiares, mediáticos, pero sí, en la escuela y desde la escuela reflexionar y se piense. Y ahí entraría, entre otros, el tema que nos ocupa.

Exhorto palabras de Erich Fromm en Ética y psicoanálisis cuando afirmaba:

La ética autoritaria y prohibitiva niega formalmente la capacidad del ser humano para saber lo que es bueno o malo”.

Y en línea considero que cuando acciones tan naturales como sacar un móvil y mirarlo, para cualquiera, más en una joven de 14-17 años, y se prohíbe, en gran medida se pierde la legitimidad o la autoridad que se procura poseer como moralistas y, lo que es peor aún como previamente señalé, las prohibiciones banales conducen al rechazo de las mismas. Y termino al respecto… ¿Es la prohibición la respuesta que desde nuestra institución educativa podemos, y debemos representar? Recomiendo que más que imponer, se sugieran alternativas más convenientes… ejercer más responsablemente. Y hablar de nuestro laborar. Pues, el móvil nos conforma y nos forma, herramienta que más que necesaria, insisto, nos conforma. Y el papel de la sociedad moderna, libre y democrática es que su sistema educativo, entre otros, funcione y se adapte y cumpla con su papel formativo y educativo. Nuestro papel como docentes no pasa en ir persiguiendo, sancionando, castigando, llamando a madres, porque su hijo iba mirando el móvil en un pasillo durante un cambio de clase o en el recreo. Pues, el gesto que yo puedo hacer de mirar la hora girando la muñeca, una joven de 15 años lo hace sacando un dispositivo del bolsillo y mirándolo.

El mal uso que se viene haciendo del móvil, en lo cual podríamos coincidir, debería ser todo un reto para el laboral docente, sin embargo, la prohibición es un fracaso de ese mismo quehacer. Aseguro además que ese mal uso del móvil no es el peor de nuestros males como docentes y sí una mayor autoridad social y política sobre nuestras cuestiones y sobre nuestras actuaciones, donde se nos tuviera en cuenta y fuente donde estos poderes políticos y sociales fuesen a beber. Y no es la primera vez que lo señalo, la profesión tan necesaria, bonita e ilusionante de la docente (guía, apoyo, transmisión de valores educativos, diagnóstico, orientación) no tiene que ver nada con decisiones tipo como la que nos ocupa. Mientras no hablamos de ratios (alumnado por clase) programas, transversales, transdisciplinares y ante todo en un contexto de un tiempo de agotamiento en el que las cosas se nos escapan de las manos y no se vislumbran claramente objetivos en el horizonte. ¿Dónde ubicar la figura del/ la docente? ¿para qué hemos quedado? ¿podría ser este el final de un laborar docente, la condición de posibilidad de nuestra profesión, que tan bien señaló Hegel en la metáfora de la “Lechuza de Minerva”? Y es que los hechos no son siempre lo que parecen ni lo que deberían ser. Considero que enseñar críticamente como condiciones del diálogo democrático se convierte hoy en un fin urgente de nuestro quehacer como docentes, al tiempo que peligroso para nuestros políticos. Nosotros ya estamos siendo moldeados, seguimos… ¿y como un apéndice más moldeamos o bebemos del maestro Don Gregorio (La lengua de las mariposas) aún a riesgo de terminar como él?

Pero insisto… que “no lo llamen educación”.

 

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Argentina: Ley Ómnibus | ¿Menos paros y más exámenes? Qué cambiará en Educación si se aprueba el texto

Por: Evangelina Himitian/LA NACION

El proyecto final de la ley ómnibus que hoy empieza a debatirse en el recinto trae importantes modificaciones en materia educativa; qué se mantuvo y qué se descartó.

No fue sencillo llegar a un texto con el acuerdo de los legisladores. Pero en eso trabajaron durante el último mes los representantes del Gobierno y los legisladores para votar el proyecto final que llegará hoy al recinto, y que en materia de educación traerá importantes cambios: el más relevante, que la educación primaria y secundaria se declarará servicio esencial. De forma que, ante una medida de fuerza, se deberá garantizar la continuidad.

Nadie sabe muy bien cómo se implementará esto. Pero la decisión de tomar este concepto del Decreto de Necesidad y Urgencia e incorporarlo a la ley apunta a robustecer un argumento que en el plano judicial ya está teniendo reveses con la reforma laboral. ¿Pesará más el derecho a huelga o la garantía de un servicio esencial? Un dilema que, de prosperar el proyecto de la llamada ley ómnibus, sin dudas traerá conflictos con los gremios.

Los que siguen son algunos de los principales cambios que traerá la ley en materia de educación.

La educación, servicio esencial

El texto incorpora un artículo 2 bis a la ley 26.206, de Educación Nacional: “La educación es un derecho humano fundamental, de carácter personal y social, por lo tanto, el Estado Nacional tiene la responsabilidad de garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad, que profundice el ejercicio pleno de ese derecho y la igualdad real de oportunidades a todos los habitantes de la Nación. La educación inicial, primaria y secundaria es un servicio esencial”, define.

Esto, en concreto busca establecer un límite a los paros docentes, y es un punto muy cuestionado por los gremios, porque supone que ante una medida de fuerza por un conflicto colectivo, debería garantizarse la prestación de un porcentaje del servicio. Cómo ocurrirá, no se sabe hasta que llegue la reglamentación. Algunos dicen que no será cuestión de dejar una guardia mínima para que la escuela permanezca abierta. Sino que el sistema en su mayoría siga funcionando. “No tenemos experiencia de cómo se implementaría, pero se habla de un 75% de cobertura. El cambio es sustancial porque se mete de lleno con un tema complejo como son los paros”, explica Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

El texto del DNU, de donde se tomó la figura, ya señala que se debería garantizar el 75% del servicio. Los diputados y senadores que trabajaron sobre la nueva redacción acordaron que eso lo defina el Ejecutivo en la reglamentación.

Algunos, como la diputada de Pro, Sabrina Ajmechet, consideran que se debería garantizar un servicio mínimo, tipo guardia, como propone un proyecto de ley del legislador Alejandro Finocchiaro, para garantizar la continuidad. “Al menos como para que los padres y sobre todo las madres, puedan llevar a los chicos sin tener que afectar su jornada laboral. Y también pensando en conflictos más largos, como los que ocurrieron en provincias como Jujuy o Chubut, donde los paros docentes duraron meses, no se convierta en una puerta para la deserción escolar”, apunta la legisladora.

Evaluación que mejora el salario

Otro punto que promete polémica gremial es la incorporación de la evaluación periódica docente como condición para aspirar a percibir un suplemento salarial, tal como se detalla en el artículo 276 del proyecto de ley, que se realizaría cada cinco años. “Hasta ahora, la única forma de lograr una mejora salarial en la carrera docente, realizando una misma tarea, es mediante la antigüedad. En cambio, esta modificación permitiría que un docente con mejor rendimiento en las evaluaciones cobre más que otro que realiza la misma tarea, con la misma antigüedad”, explicó Zorzoli. Esto modifica el escalafón del Estatuto Docente y habilita la “meritocracia” en la carrera docente. Echa por tierra la idea de a igual tarea, igual remuneración y promete conflictividad gremial.

Aprender cada dos años

Todos los alumnos deberán ser evaluados con una periodicidad no mayor a dos años. Esto se refiere a evaluaciones tipo las pruebas Aprender, pero que se realizarán a todos los alumnos, cada dos años. Además, otro cambio es que ya no se los evaluará solo en matemática y comprensión lectora, tal como decía el proyecto original, sino “en las áreas que determine la autoridad de aplicación”. Se agrega que “los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

Examen final al terminar la secundaria

“Con la finalidad de analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Estado Nacional tomará un examen censal al finalizar los estudios de educación secundaria, que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas”, dice el texto.

Censal significa que todos lo deben dar, detalla Zorzoli. Este fue uno de los puntos controvertidos y quienes trabajaron en la nueva redacción apuntaron a que quedara en claro que no condicionaría el ingreso a la universidad, aunque sí que será obligatorio. “El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado. Dicho examen no será condicionante para la prosecución de los estudios del egresado evaluado”, dice el texto.

En la oposición habían pedido que se reemplazara por un diploma de honor solo para quienes se saquen 9 o 10, pero que no sea una mancha en el currículum para los demás, pero esta idea no prosperó. No será obligatorio aprobar el examen para finalizar la secundaria, sino solamente rendirlo y esa será la nota final.

¿Se les cobra a los extranjeros?

Se modifica el artículo de la Ley de Educación Superior y habilita el cobro de un arancel a los extranjeros que vengan a estudiar al país. A la vez, garantiza la gratuidad de las universidades públicas para todos los argentinos y para los extranjeros que tengan un DNI argentino permanente, que se obtiene al tener una residencia permanente en el país. Los requisitos son haber vivido dos años en el país en el caso de migrantes de países del Mercosur y tres años para los países extra-Mercosur, así como haber hecho el trámite correspondiente. Este punto no tuvo modificaciones del texto presentado por el Ejecutivo, explicó Ajmechet.

Para los extranjeros con residencia temporaria, el texto no las arancela automáticamente, sino que habilita a que cada universidad pública determine si cobra o no. “Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que reúnan los requisitos”, dice el texto.

También agrega que las universidades podrán “firmar convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión”. Además, podrán fomentar mecanismos de intercambio y generar de esa forma sistemas de becas para los extranjeros que vengan a estudiar en el país.

A la universidad, solo con título secundario

Otro de los cambios que traería esta ley, si se aprueba, en materia de educación es que solo podrán acceder la universidad aquellos que completen sus estudios secundarios. “La ley vigente hasta ahora permite que los mayores de 25 años que acrediten los conocimientos básicos puedan acceder a estudios de grado, era una situación excepcional pero ahora no va a ser posible porque se elimina ese artículo que lo permite”, apuntó Zorzoli.También se incorpora la posibilidad de que los ingresantes a una universidad estatal, rindan examen de ingreso u opten por un curso de ingreso.

No al homeschooling

Un punto que encendió el semáforo rojo para los legisladores fue la redacción del proyecto de ley que hablaba de la hibridez. Muchos de los legisladores del PRO habían sido muy activos en la vuelta a clases presenciales en la pandemia y temían ver ahí una puerta abierta a la no obligatoriedad de la presencialidad.Después de mantener reuniones con miembros del Ejecutivo se entendió que apuntaba a otra cuestión y se decidió modificar la redacción. De forma que, si se aprueba el texto, el homeschooling seguirá sin estar permitido en el país.

Por eso, el texto permite el estudio a distancia solo para el tramo final de la secundaria en casos en los que se dificulte físicamente acceder a un establecimiento y tambiénhabilita el sistema híbrido, esto es el uso de plataformas como un mecanismo complementario para materias extraprogramáticas. El foco está puesto en, por ejemplo, si no se consigue un docente de inglés para una determinada escuela, en lugar de que se pierdan las horas de clase o tengan horas libres, se reemplazaría por un trabajo desde las plataformas, ejemplifica Ajmechet.

¿Y los vouchers?

El texto habla de financiamiento educativo, sin mencionar nada ni siquiera parecido al sistema de vouchers. En cambio, le atribuye un rol protagónico al Consejo Federal de Educación (conformado por los ministros de Educación de las provincias y ciudad de Buenos Aires). Establece que será el Consejo y no la Secretaría de Educación (antes el Ministerio) quien pueda fijar el salario mínimo docente a nivel nacional y por ende llamar a paritarias, convocando a los gremios.

Además, apunta que para definir el salario se consultará al Consejo Federal de Inversiones, integrado por los ministros de Economía de cada provincia y de la ciudad. El cambio llega del siguiente cuestionamiento: por qué el Ejecutivo nacional definiría el monto de un salario que no va a pagar, ya que el salario docente es pagado por cada jurisdicción. Hubo varias redacciones de este punto, alguna incluía a las escuelas privadas en la mesa de negociación de la paritaria nacional, también a las entidades gremiales del sector privado. Finalmente, eso se descartó.

A su vez, el texto apunta que, definida la paritaria nacional, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires podrán definir o acordarán las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.

Aulas sin patrocinadores

El texto que presentó originalmente el Ejecutivo, abría la posibilidad a que empresas y donantes particulares aporten fondos a las cooperadoras de las escuelas, sin que se les prohíba usar esa información como parte de una acción publicitaria, algo que la ley vigente no permite. Podía dar lugar a aulas con patrocinadores, del tipo a esta aulas la cuida tal empresa, cómo ocurre con las plazas. “En Estados Unidos eso es muy frecuente”, detallo Zorzoli. De todas formas, ese artículo se eliminó en la nueva redacción.

Presupuesto según cantidad de egresados

En cuanto al financiamiento universitario, el proyecto trae grandes cambios: el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no podía hasta ahora ser disminuido ni reemplazado, sino que se debía respetar lo establecido en el presupuesto anual.

El proyecto agrega un párrafo que asegura que este aporte se distribuirá entre las distintas instituciones, en función del número de estudiantes matriculados en cada una, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación. También incidirá el números de egresados, no solo de los inscriptos. Este punto generó controversias y finalmente se decidió sumarle otros criterios de relevancia, como que realice investigación, que tenga escuelas y hospitales que dependan de ella, entre otras cuestiones.

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Perú: Año escolar 2024 ¿Es obligatorio que los colegios soliciten informe de salud mental a estudiantes?

Por: Manuel Rojas Berríos

El 20% de escolares en Perú sufrió de depresión durante el periodo pedagógico correspondiente al 2023, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud (Minsa) que fueron solicitados por Infobae Perú.

Por tal motivo, a puertas de iniciar el año escolar 2024, la Defensoría del Pueblo hizo importantes recomendaciones al Ministerio de Educación (Minedu) en relación a la salud mental de los estudiantes y las acciones que deberían adoptar las instituciones educativas para hacerle frente.

Entre ellas destaca la necesidad de modificar la Resolución Ministerial Nº 447-2020-MINEDU, respecto al contenido de la Ficha Única de Matrícula (FUM).

El inicio de clases del año escolar 2024 será el lunes 11 de marzo. (Foto: Andina)El inicio de clases del año escolar 2024 será el lunes 11 de marzo. (Foto: Andina)

¿Es obligatorio que los colegios soliciten informe de salud mental a estudiantes?

A través del informe N° 11-2023-DP/AAE, denominado ‘La Gestión de la Información de la Ficha Única de Matrícula (FUM) para la Protección de la Salud de Niños, Niñas y Adolescentes en Instituciones Educativas’, la Defensoría del Pueblo exhortó al Minedu a solicitar un informe de salud mental de niños y adolescentes al momento de ser inscritos por sus padres, madres o apoderados en los colegios. Cabe destacar que, hasta el momento, este documento no es obligatorio.

“Establecer el carácter obligatorio del registro de la información del estado de salud de la población escolar, a partir del inicio de clases y durante el desarrollo del año escolar; de manera que el padre, madre o tutor deba entregar la información requerida, y el personal directivo la registre en el Siagie. Al tiempo, de realizar las coordinaciones con los establecimientos de salud del primer nivel de atención de su jurisdicción”, se lee en las conclusiones del informe.

“Disponer que la matrícula y el acceso al servicio educativo público no esté condicionado a la entrega inmediata de la información del estado de salud de las niñas, niños y adolescentes, disponiendo un plazo prudencial para tal finalidad”, continúa el texto.

Un total de 1 millón 076 mil 884 de menores, en el rango etario de 6 a 17 años, fueron atendidos por presentar episodios depresivos durante el año 2023. (Foto: Andina)Un total de 1 millón 076 mil 884 de menores, en el rango etario de 6 a 17 años, fueron atendidos por presentar episodios depresivos durante el año 2023. (Foto: Andina)

Cabe destacar que la Ficha Única de Matrícula (FUM) es el documento que contiene los datos personales de un estudiante, el cual se crea cuando éste ingresa por primera vez al sistema educativo peruano.

La información de la FUM se registra en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie) y puede actualizarse en cualquier momento, a pedido del estudiante o de su representante legal.

“Es coherente sostener que el sistema educativo debe garantizar que la gestión de la información referida a los niños, niñas y adolescentes sea idónea, veraz y actualizada durante el año escolar y, en general, en toda la trayectoria educativa de cada estudiante”, sostiene la Defensoría del Pueblo.

Los colegios privados también deben cumplir ciertas obligaciones con estudiantes con discapacidad. (Foto: Andina)Los colegios privados también deben cumplir ciertas obligaciones con estudiantes con discapacidad. (Foto: Andina)

Canales de ayuda

Es válido precisar que, en caso de enfrentar una emergencia relacionada a la salud mental, como episodios depresivos o conducta suicida, existen dos vías fundamentales para obtener asistencia inmediata.

Una opción disponible es comunicarse con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) marcando el número 106. Este servicio no solo se ocupa de emergencias médicas físicas, sino que también está capacitado para abordar crisis psicológicas o psiquiátricas.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) proporciona atención especializada en salud mental a través del número 113 Opción 5. En este canal, se ofrece información, orientación y apoyo para diversas cuestiones relacionadas con la salud mental, incluyendo episodios depresivos y otros problemas emocionales.

https://www.infobae.com/peru/2024/02/01/minedu-ano-escolar-2024-es-obligatorio-que-los-colegios-soliciten-informe-de-salud-mental-a-estudiantes/

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Conduciendo juntos: el camino japonés hacia la movilidad limpia

Conduciendo juntos: el camino japonés hacia la movilidad limpia

En una época en la que empeoran los desastres climáticos, tanto gobiernos como empresas reconocen la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector automovilístico no es una excepción: la descarbonización de los coches será crucial para lograr emisiones «netas cero» en 2050, un objetivo adoptado por un número cada vez mayor de países, entre ellos Japón.

Si se observan las cifras de ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) para 2022, la cuota de mercado de Japón es de apenas un modesto 1%. Los vehículos híbridos gasolina-eléctricos -de los que Japón fue pionero en la década de 1990- han sido extremadamente populares, representando aproximadamente la mitad de todas las ventas nuevas. Sin embargo, los coches impulsados únicamente por baterías siguen siendo escasos.

Sin embargo, un análisis más detallado revela que la tecnología japonesa está ayudando a impulsar la descarbonización del automóvil en todo el mundo. Y las nuevas innovaciones que se están preparando prometen llevar esos esfuerzos a un nivel completamente nuevo.

La descarbonización del sector automovilístico japonés empezó en 1997, cuando Toyota lanzó el Prius, el primer coche híbrido comercial. Al añadir baterías junto a los depósitos de gasolina, el Prius contribuyó a reducir considerablemente las emisiones de CO2. Los últimos híbridos enchufables incorporan modos totalmente eléctricos y pueden recorrer 100 km con unos pocos litros de combustible.

La industria automovilística japonesa ha seguido desarrollando las tecnologías que sustentan la electrificación de los vehículos, como baterías, motores e inversores. Nissan lanzó el primer VE del mundo producido en serie, el Leaf, en 2010, y se convirtió en la primera empresa automovilística en alcanzar las 400.000 ventas de VE en 2019.

El mayor reto de la electrificación de los vehículos es el almacenamiento de energía, y es aquí donde Japón está desempeñando un papel especialmente vital. Las baterías recargables de iones de litio son una tecnología nacida en Japón: su inventor, el Dr. Akira Yoshino, ganó el Premio Nobel en 2019 por su trabajo.Los dispositivos ahora se fabrican en todo el mundo, y Panasonic, una empresa japonesa, sigue siendo uno de los principales proveedores de baterías recargables para automóviles eléctricos.

Alimentando el futuro: las soluciones automovilísticas ecológicas de Japón

Hay más innovaciones en camino. Toyota anunció en junio que planea comercializar baterías de estado sólido, la próxima evolución de las baterías de litio, ya en 2027. Se calcula que un VE equipado con una batería de estado sólido puede alcanzar una autonomía de 1.200 kilómetros y cargarse en menos de 10 minutos. Esto eliminaría las preocupaciones de los consumidores por la distancia recorrida y el tiempo de recarga, abriendo la puerta a la popularización arrolladora de los VE.

El gobierno japonés ha situado la descarbonización del automóvil como un pilar importante de su estrategia de crecimiento. Está apoyando los esfuerzos para aumentar la base nacional de fabricación de baterías de almacenamiento hasta una capacidad de producción de 150 GWh al año, y la capacidad global de los productores japoneses hasta 600 GWh al año para 2030. Además, está trabajando para captar el mercado de baterías de almacenamiento de nueva generación, incluidas las baterías de estado sólido.

Además, la tecnología de descarbonización del automóvil en Japón va más allá de la electrificación, ya que la investigación sobre el combustible de hidrógeno y el biocombustible sigue avanzando.
En 2014, Toyota lanzó el Mirai, un vehículo de pila de combustible que genera electricidad a partir del hidrógeno, y esta tecnología se utiliza en los autobuses públicos de Tokio desde 2017. Las aplicaciones prácticas de los e-combustibles -combustibles sintéticos creados mediante la fusión de hidrógeno y dióxido de carbono- están siendo desarrolladas por fabricantes de automóviles, compañías petroleras y universidades.

Mazda colabora con Euglena, una empresa de bioemprendimiento que promueve la investigación y el desarrollo de la producción de combustibles sintéticos a partir de microorganismos. Mazda ha estrechado su relación con Euglena participando y terminando una carrera en un vehículo alimentado con biodiésel por la bioempresa, y el fabricante de automóviles también ha anunciado su apoyo financiero al proyecto de planta de biocombustible de Euglena.

Movimientos de colaboración: asociaciones mundiales en la escena japonesa del VE

Los grandes fabricantes de automóviles no están solos en la tendencia hacia la descarbonización de la industria de la movilidad. Además de las bioempresas antes mencionadas, start-ups como HW Electro y FOMM también están innovando en el mercado japonés de la movilidad.

Estas startups de la movilidad ven oportunidades comerciales en el mercado de los pequeños vehículos eléctricos, un negocio que los gigantes aún no han desarrollado. FOMM sacó al mercado un pequeño VE que, como su nombre indica, satisface las necesidades de «movilidad en la primera milla», mientras que HWE sacó al mercado un VE comercial (camión VE).Ambas empresas han ido ganando reconocimiento en Japón, exponiendo en el reciente Salón de la Movilidad de Japón (antiguo Salón del Automóvil de Tokio).

«Como empresa de nueva creación, no estamos sujetos a cadenas de suministro establecidas, por lo que podemos aportar ideas nuevas al sector», afirma Hideo Tsurumaki, presidente de FOMM.

Añade que, con la caída del yen, Japón es un lugar viable para fabricar para la exportación.»Alrededor del 97% de las empresas japonesas son pequeñas y medianas», señala.»Tienen una gran capacidad técnica, y la colaboración entre este tipo de empresas podría ampliar el potencial de la fabricación japonesa a nivel mundial».

Se calcula que un VE equipado con una batería de estado sólido puede alcanzar una autonomía de 1.200 kilómetros y cargarse en menos de 10 minutos

En octubre, HIF Global, productor de e-combustibles con sede en Houston, y Eneos Holdings, refinador de petróleo japonés, dijeron que estudiarían formas de cooperar en la producción y distribución de e-combustibles, la segunda asociación de este tipo de HIF en Japón. SWAT Mobility, de Singapur, ofrece a los municipios japoneses soluciones de movilidad como servicio (MaaS), como sistemas de autobuses compartidos basados en aplicaciones, para ayudar a los operadores a aumentar la eficiencia y hacer frente a la escasez de conductores. Muchos gobiernos locales se enfrentan a retos similares, y se espera que aumente la necesidad de soluciones basadas en MaaS.

Más allá de las fronteras: colaboración para coches más limpios

Durante décadas, Japón ha realizado grandes avances para conseguir coches más limpios. Ese compromiso perdura hoy, con avances en campos que van desde la electrificación y la energía del hidrógeno hasta los biocombustibles de nueva generación y el software.Se trata de un esfuerzo de colaboración cada vez más transfronterizo, que reúne a innovadores de todo el mundo en pos de un objetivo común. En Japón, la cooperación entre el gobierno y las empresas locales e internacionales está acelerando la descarbonización de la industria automovilística mundial.

Fuente de la Información: https://reporteasia.com/economia/desarrollo-sostenible/2024/02/02/camino-japones-movilidad-limpia/

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