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América del Sur/Chile/universityworldnews.com

Las universidades en Chile están considerando tomar la acción drástica de extender el semestre actual de diciembre a marzo para hacer frente al impacto de las protestas masivas en curso en Chile, que ya han visto a muchos académicos perder sus empleos, y numerosos manifestantes han perdido la vida.

Al 2 de noviembre, el 75% de los 29 miembros de universidades públicas y privadas del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas (CRUCH) estaban en huelga. Actualmente, más personas también están votando si se deben detener las clases. Otros han sido cerrados por temor a disturbios hasta nuevo aviso.

La extensión del semestre se está discutiendo en la mayoría de las universidades, ya que muchas no han abierto sus puertas desde el 18 de octubre, el inicio de la llamada «revuelta de octubre» en la que casi dos docenas de manifestantes han muerto y miles han resultado heridos durante la violencia por la policía que intenta controlar las protestas.

Mientras tanto, los estudiantes y académicos han quedado inseguros sobre el futuro de sus cursos y trabajos.

El 4 de noviembre, policías armados dispersaron una protesta en el gran campus de San Joaquín de la PUC en Santiago utilizando botes de gas lacrimógeno, un cañón de agua y balas de goma. Tres estudiantes resultaron heridos en lo que la policía etiquetó al Rector Ignacio Sánchez como «violencia desproporcionada».

Los estudiantes de la Universidad de Chile, la universidad más grande de Chile, votaron por una huelga indefinida. Nicole Martínez, vicepresidenta de la asociación de estudiantes de la Universidad de Chile, dijo que su universidad y otras universidades estatales «no deberían volver a clases hasta que el gobierno elimine efectivamente las violaciones de derechos humanos y dé una clara señal política para una nueva Constitución ”, según un informe del diario El Mercurio .

Cambiar la Constitución, aprobada bajo la dictadura de Augusto Pinochet y luego enmendada, se está convirtiendo rápidamente en la demanda más popular de los manifestantes callejeros en todo Chile.

Declaración de problema académico

Académicos, estudiantes y personal de universidades que no están en huelga o cerradas están manteniendo conversaciones conjuntas sobre la situación social y política en el país. Dos mil estudiantes, docentes y personal de la Universidad Técnica Federico Santa María participaron en diálogos el 5 de noviembre, por ejemplo.

Al mismo tiempo, muchos académicos han emitido declaraciones sobre la crisis actual, que casi ha detenido a Chile.

El 22 de octubre, los científicos políticos y sociales enviaron una carta al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la que pedían un acuerdo social, político y económico de gran alcance entre políticos, académicos, actores económicos y políticos.

Afirman que durante mucho tiempo «han estado trabajando e incluso advirtiendo sobre las tensiones en el tejido sociopolítico y [sugiriendo] posibles formas de recomponerlo». Terminan ofreciéndose contribuir, desde sus puntos fuertes, a «construir un país más justo, más inclusivo y democrático».

Cincuenta docentes de la facultad de educación de la PUC propusieron una «agenda educativa para el nuevo Chile». Critican el sistema de educación superior de la nación por la «proliferación desproporcionada de títulos docentes y universidades privadas que están mal reguladas, son masivas y están destinadas a los estudiantes más pobres que están excluidos de universidades selectas que reclutan grupos de mayores ingresos».

Piden un diálogo para desarrollar una nueva agenda. Dicen que las comunidades y actores educativos, la comunidad académica, las autoridades educativas y los líderes políticos deberían participar en el diálogo.

Por su parte, los académicos de las universidades estatales abogaron en su declaración pública, entre otras cosas, por la implementación de cambios constitucionales que devuelvan al estado su responsabilidad de «educación pública para todos», modificando el sistema de cupones que el gobierno proporciona para cada estudiante registrado. , así como sistemas de evaluación cambiantes para estudiantes y profesores. La declaración fue firmada por 100 académicos de una gran cantidad de universidades nacionales y departamentos universitarios.

Estudiantes de secundaria provocan protestas

Fueron estudiantes de secundaria, un grupo muy politizado y vocal en Chile, quienes encendieron el partido que inició la ola interminable de protestas. Enfurecidos por el aumento del boleto de metro en las horas pico en un 3.75%, que asciende a CLP30 (US $ 0.04), organizaron una evasión masiva de tarifas de metro en la que se abrieron paso con fuerza en las estaciones de metro. Los vándalos aprovecharon la agitación para destruir y prender fuego a varias estaciones.

La demostración de evasión de tarifas evolucionó rápidamente en protestas masivas, la más grande que Chile ha presenciado desde el gobierno de 17 años del dictador Pinochet que terminó en diciembre de 1990. Una de las marchas en la capital, Santiago, fue de 1,2 millones, según cifras de Ayuntamiento de Santiago.

Se han organizado grandes marchas de protesta desde la ciudad más septentrional de Arica hasta la ciudad más meridional de Punta Arenas en los centros y municipios del centro. La mayoría de ellos han sido pacíficos, pero también ha habido muchos incendios provocados y saqueos, principalmente de supermercados.

La respuesta del gobierno a los estragos fue llevar a los militares a las calles e instalar toques de queda, que agregaron combustible al fuego. Para amortiguar la ira de la gente, el gobierno revocó estas medidas.

«Las protestas no son por el precio del metro, sino porque el sistema nos está exprimiendo como limones», dijo Bessy Gallardo, una estudiante de derecho de 34 años que se unió a las protestas.

“Esto está sucediendo debido a décadas de injusticia, abuso y desigualdad. No hay seguridad social en este país. La gente gana poco y trabaja mucho y los salarios no son suficientes para llegar a fin de mes ”.

Hasta ahora, Chile fue aclamado en América Latina como un éxito económico, incluso atrayendo inmigrantes de lugares como Haití, Colombia, Perú y Venezuela. Tiene el número más bajo de personas en América Latina bajo la línea de pobreza (alrededor del 14%) y la esperanza de vida más alta (79 años). La matrícula terciaria bruta en Chile es del 88,46% (2017), más del doble que la de México con el 40,23% (2017), según el Instituto de Estadística de la UNESCO.

Pero el problema son las enormes desigualdades sociales y económicas del país que incluyen una fuerte división de clases que distingue a los ricos de los pobres y causa grandes quejas para estos últimos.

Ningún grupo o partido político ha liderado las protestas; solo los chilenos enojados han salido a las calles. La gente exige una mejor salud, pensiones más altas, educación más barata y mejor, un aumento del salario mínimo, impuestos más altos para los ricos, transporte mejor y más barato e incluso un cambio constitucional.

Impacto de la expansión de la educación superior.

Curiosamente, el gran aumento en el acceso a la educación superior ha jugado un papel importante en la ira expresada por los chilenos en las calles. El número de personas de 18 a 24 años en la educación superior pasó del 8% al 53% entre los años 1980 y 2018. Sin embargo, aunque muchos graduados han subido en la escala social, descubrieron que un título universitario a menudo no conduce a un trabajo bueno o seguro.

Por lo tanto, una gran mayoría de la población chilena, en su mayoría jóvenes, está constantemente expuesta a la incertidumbre e inestabilidad económica. El endeudamiento es la norma para ellos. Peor aún, ya no califican para los beneficios de la seguridad social, por lo que quedan en tierra de nadie.

Los jóvenes chilenos menores de 35 años, que representan el 27% de la población de 4.664.902 de Santiago, han sido el rostro visible de las protestas de los ciudadanos. Un estudio, «El Chile que está amaneciendo», del grupo consultor Cadem, reveló que el 57% de este grupo admite haber participado en marchas o en golpear ollas y sartenes, una forma típica de mostrar descontento, en comparación con el 34% de esos Entre 35 y 54 años.

Alrededor del 81% de los jóvenes comparte la opinión de que la crisis actual se debe a un descontento generalizado y constituye el 66% de los que califican mal la agenda social propuesta por el gobierno.

Si bien el presidente Piñera revirtió el aumento de las tarifas del metro y anunció otras medidas, como una reforma de las pensiones y un aumento del salario mínimo, la agitación nacional se prolongó hasta la tercera semana.

En el período transcurrido desde que comenzaron las protestas del 18 de octubre hasta el 3 de noviembre, 23 personas fueron asesinadas, 2.500 heridas, 4.400 detenidas y decenas parcialmente cegadas por proyectiles de goma y gases lacrimógenos disparados por la policía y los soldados.

Las protestas en curso obligaron al presidente Piñera a cancelar la cumbre de naciones de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que Chile estaba organizando en noviembre, así como la reunión sobre cambio climático conocida como COP25 en diciembre. Aunque las cancelaciones empañaron la imagen internacional de Chile, Piñera explicó que su deber era atender la situación sociopolítica del país.

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019110708463148