En años anteriores, NAN (Niños Ayudando a Niños) realizaba una subasta de obras de arte elaboradas por pequeños de 5 a 14 años, en donde el 70% de los fondos recaudados eran utilizados para otorgar becas de estudio.
Debido a que el porcentaje de falta de educación ha aumentado, NAN junto a Burger King tiene planificado expandir el apoyo a través de un programa de Responsabilidad Social Empresarial.
Este programa se implementará con varias acciones y lo principal es que niños ayuden a otros niños.
Varias actividades para ayudar
La primera iniciativa se llevará a cabo durante el Campeonato de Matemática 2019, en donde se solicitará a los centros educativos participantes que donen útiles escolares a BK Becas Fundación. Dicha donación debe entregarse en los restaurantes el día de la competencia.
En la segunda actividad se convocará a niños artistas de 5 a 14 años que deseen ser parte de la “Subasta NAN 2019, pinto por grandes sueños”. Por la venta de cada pintura se destinará el 30% para el pequeño artista y el 70% para las becas. Este evento se realizará en noviembre. Los lineamientos se deben solicitar en restaurantes Burger King.
Y en la tercera actividad se colocarán alcancías gigantes en varios centros comerciales para que varias personas puedan realizar su donación. Las mismas estarán ubicadas en la ciudad capital como en el interior del país.
Para mayor información sobre estas actividades puede escribir en la fanpage de Burger Kingo bien comunicarse al 2205 5555 ext. 104.
Trabajando por una mejor educación
BK Becas Fundación es una entidad sin fines de lucro que se fundó en el 2004. Su finalidad es mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes guatemaltecos de escasos recursos a través de la educación.
Fotos: BK Becas Fundación
Este año se espera contribuir en la formación de más de mil estudiantes de diferentes grados tanto de la capital como del interior del país.
Primero, por medio del “Proyecto Aprendo” se beneficiará a 530 alumnos, entre los grados de preprimaria, primero, segundo y tercero primaria. El mismo se realiza en conjunto con Asociación Renacimiento y División Educativa en tres escuelas de Patzún, Chimaltenango.
BK Becas Fundación
Segundo, con “Promoviendo la educación para un mejor futuro” se apoyará a 401 niños de quinto primaria en varias instituciones como Fe y Alegría, Proyecto Corazón de los Niños, Asociación Renacimiento y Colegio Benedictino Olivetano. Este proyecto inició en el 2014, becando a mil niños que en ese entonces se encontraban en primer grado y en este 2019, ya están culminando sexto primaria. El único requisito es que los estudiantes alcancen un promedio mínimo de 75 puntos.
Y por último, “Formándome por mi sueño” mejorará la calidad académica de 97 estudiantes de tercero básico, que se encuentran en el Centro No. 6 de Fe y Alegría en Mixco. A los estudiantes becados se les brinda conocimientos teóricos y prácticos de emprendimiento, impartidos por INTECAP.
Los funcionarios de la escuela dicen que el monitoreo fue para mantener a los estudiantes seguros, no para castigarlos. Pero los críticos dicen que amplió el papel de la policía en las escuelas y aumentó la vigilancia de los niños.
América del Norte/EEUU/ProPublica Illinois y WBEZ Chicago.
En enero de 2017, después de que un analista de redes sociales de las Escuelas Públicas de Chicago revisó el perfil de Facebook de un estudiante de Roosevelt High School y comenzó a sospechar que podría estar en una pandilla, un oficial de policía fue convocado a la escuela para realizar una intervención. No hubo ninguna amenaza inminente de violencia, pero el oficial y un oficial de seguridad del distrito escolar se reunieron con el estudiante. Le preguntaron si estaba en una pandilla.
«Ese es mi negocio», respondió el estudiante, según un informe de la intervención.
El oficial, miembro del Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas del Departamento de Policía de Chicago, le dijo al estudiante que debía ser más respetuoso. El estudiante dijo que no estaba en una pandilla, pero sí se mantuvo cerca de los pandilleros.
El oficial les pidió sus nombres, pero el estudiante no los dio. El oficial preguntó si el estudiante estaba considerando unirse a una pandilla. Dijo que no estaba seguro. El estudiante, concluye el informe, «parecía no estar motivado y proporcionó respuestas muy cortas».
En los últimos cuatro años escolares, más de 700 estudiantes de CPS han sido llamados a intervenciones como esta basadas en actividades de redes sociales que apuntan a su posible participación en pandillas. Las intervenciones son un resultado de un premio de $ 2.2 millones que el distrito recibió en 2014 a través de la Iniciativa de Seguridad Escolar Integral del Departamento de Justicia de los EE. UU. , Que otorga subvenciones para los esfuerzos de prevención de la violencia.
La subvención cubrió los salarios de dos analistas de inteligencia y el software de monitoreo de redes sociales para analizar las conversaciones en línea de los estudiantes, aunque los funcionarios dejaron de usar el software en 2017. Jadine Chou, la jefa de seguridad del distrito escolar, dijo que los analistas usaron búsquedas de palabras clave para encontrar amenazas en las escuelas objetivo del programa, en lugar de ingresar los nombres de los estudiantes individuales.
La financiación para el programa se agotó después de 2018, pero las autoridades del distrito dijeron que planean continuar de alguna manera, diciendo que mantiene a los niños seguros y les brinda el apoyo que tanto necesitan.
«Es un programa del que estamos muy orgullosos», dijo Chou. «Nuestro objetivo principal es redirigir a los estudiantes a un camino positivo».
Pero el enfoque ha generado inquietudes, en parte porque a la mayoría de los estudiantes y padres no se les informó sobre el programa o porque los funcionarios escolares estarían asumiendo un papel más importante en el monitoreo de la vida de los estudiantes. Y amplió el rol del Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas, una pequeña unidad de policía creada en 2008 con una misión un tanto estrecha: intervenir después de que un joven reciba un disparo. Después de un tiroteo, los oficiales se presentan en la escuela de la víctima, buscando aliviar las tensiones y evitar las represalias. Con el programa, los oficiales fueron a las escuelas antes de que estallara la violencia.
El monitoreo puede salvar vidas si se hace bien, dijo Desmond Patton, profesor asociado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia que estudia las redes sociales y la violencia de pandillas en Chicago. Pero también puede aventurarse en una vigilancia excesiva, lo que Patton describe como una especie de parada y registro virtual que se dirige de manera desproporcionada a las personas de color.
«A menudo, cuando hablamos de amenazas, violencia y trauma, realmente estamos hablando de comunidades negras y marrones», dijo Patton. «Por lo tanto, no estamos enfocándonos en los jóvenes de Jones College Prep o Walter Payton o Northside», las mejores escuelas secundarias de Chicago con más estudiantes blancos que negros.
De las 24 escuelas en el programa de monitoreo a partir del año pasado, 16 son mayoritariamente negras y cinco son mayoritariamente hispanas. La mayoría están en los lados sur o oeste. El cuarenta y seis por ciento de todas las escuelas de CPS son mayoritariamente negras, según los últimos datos disponibles.
«Se siente como una sorprendente invasión de la privacidad», dijo Carisa Parker, cuya hija es estudiante de primer año en Morgan Park High School, una de las escuelas objetivo. Aunque no tiene ninguna indicación de que las actividades de medios sociales de su hija hayan sido monitoreadas, dijo que el distrito se lo debe a los padres para explicar cómo y por qué se eligió a su escuela Far Southwest Side y las demás.
«A estos oficiales solo les importa mucho»
Sabiendo que la violencia entre los estudiantes a menudo se puede rastrear en publicaciones de redes sociales, los funcionarios de CPS persiguieron la subvención como una forma de evitarla. Algunos directores dicen que tales publicaciones desempeñan un papel en más del 90 por ciento de las peleas entre estudiantes, según un informe sobre el programa del Laboratorio de Delitos de la Universidad de Chicago, que ayuda a las ciudades a estudiar los esfuerzos de reducción de la violencia.
En 2015, el distrito comenzó la prueba piloto, conocida como » Conectar y redirigir para respetar «, en 16 escuelas primarias y secundarias para monitorear las redes sociales públicas de los estudiantes. Eventualmente creció a 24 escuelas, cubriendo a unos 25,000 estudiantes, según el Laboratorio de Crimen. Si se descubriera que los estudiantes han publicado material relacionado con pandillas, entonces los especialistas de seguridad del distrito y los administradores escolares se reunirían con el estudiante y los vincularían con mentores, consejeros y trabajos de medio tiempo o de verano.
En los casos en que el estudiante posó con una pistola o parecía amenazar con violencia, trajeron a los oficiales del Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas. Los oficiales también estuvieron presentes en algunos casos donde no había armas involucradas, según los informes de incidentes, y no se les llamó Cada vez que había un arma.
Una revisión de más de 400 informes de incidentes de los años escolares 2016-17 y 2017-18 por ProPublica Illinois y WBEZ muestra que un oficial de policía fue llevado o informado al menos 87 veces. En docenas de otros casos, los registros del distrito no ofrecen una indicación clara de si un oficial intervino.
Las intervenciones típicamente ocurrieron de la misma manera. Primero, un analista encontró una publicación o recibió una sugerencia sobre una publicación, la mayoría de las veces en Facebook, que mostraba a un estudiante mostrando señales de pandillas o sosteniendo lo que parecía ser un arma. El analista le dijo al especialista de seguridad del distrito, quien inició una intervención, a veces con un oficial de policía presente, y casi siempre con un decano o director de la escuela en la sala.
Se le preguntó al estudiante sobre los lazos entre pandillas, se le advirtió sobre los peligros de publicar contenido relacionado con pandillas en las redes sociales y se le alentó a eliminar las publicaciones relevantes mientras los adultos observaban.
En muchos casos, el estudiante negó estar en una pandilla e insistió en que las armas en las fotos eran pistolas o juguetes BB, según la revisión de los informes de incidentes.
Algunas veces, los estudiantes expresaron su incomodidad por la presencia de la policía. En un caso, un estudiante de la Escuela Secundaria Sullivan, en el extremo norte, vio a dos oficiales de policía en la sala y exclamó: «¡No me gusta la policía!»
En otro caso en la Escuela Secundaria Taft, en el Extremo Noroeste, el Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas y un oficial de la policía con sede en la escuela se reunieron con un estudiante que había visto signos de pandillas en Facebook. El estudiante primero se negó a responder preguntas y luego llamó a su madre, quien les dijo a los funcionarios que hablaran con su abogado.
Pero el enfoque tenía sentido, dijo Chou, porque los objetivos no eran punitivos.
«A estos oficiales solo les importa mucho, y creo que los estudiantes sienten eso», dijo. «No es un método de ‘Oye, es mejor que hagas esto o puedo encerrarte’. Es: ‘Como oficial de policía, te digo que me preocupa tu seguridad’ ”.
La revisión de los más de 400 informes de incidentes sugiere que el distrito evitó en su mayoría castigar a los estudiantes. Parece que solo un puñado de incidentes provocó arrestos, que fueron peleas físicas derivadas de disputas en línea, y las intervenciones se produjeron más tarde, y los informes rara vez indican que los estudiantes fueron disciplinados por sus publicaciones, aunque los administradores a veces amenazaron con la disciplina si las publicaciones continuaban.
Algunos incidentes se elevaron a niveles de emergencia. Al menos cuatro veces, se llamó al Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas para investigar las amenazas de disparos escolares en las redes sociales, y los oficiales hicieron visitas fuera del horario laboral a las casas de los estudiantes para informarles a los padres y asegurarse de que no tuvieran acceso a un arma. En un caso, un estudiante fue disciplinado por publicar un anuncio a través de Facebook como un «Tirador de la escuela», promocionándose a sí mismo como un «apuntador muy talentoso con gran habilidad con las armas». Pero el CPS fue alertado de esas amenazas a través de consejos, en lugar de ser monitoreado por el Analistas, muestran los informes de incidentes.
Frank Cabrera, un presidente sénior y de clase en Steinmetz College Prep en el lado noroeste, dijo que imagina que los funcionarios del distrito implementaron el programa con «buenos deseos», pero desea que a él y sus compañeros les dijeran que su escuela era parte de él. Chou dijo que los funcionarios escolares mencionaron a los padres en las reuniones comunitarias que el distrito monitorea las redes sociales en busca de amenazas, pero ProPublica Illinois y WBEZ descubrieron que muchos estudiantes y padres en las escuelas objetivo no estaban al tanto.
«La comunicación es clave entre todos», dijo Cabrera. «Simplemente me sorprende que no lo supiéramos».
Frank Cabrera, un presidente sénior y de clase en Steinmetz College Prep en el lado noroeste, dijo que a los estudiantes se les debería haber dicho que los funcionarios escolares estaban monitoreando sus redes sociales en busca de signos de actividad de pandillas. (Joshua Lott para ProPublica Illinois)
Preguntas sobre la transparencia
A los grupos de defensa como la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois les resulta difícil justificar la ampliación de la función de la policía en las comunidades que, según dicen, ya están demasiado vigiladas.
«Si van a monitorear, es necesario que los estudiantes y los padres notifiquen qué sitios se están monitoreando, cómo se están monitoreando … y qué van a hacer con toda esa información», dijo Rebecca Glenberg. Un abogado senior para el grupo.
La política del distrito dice que los funcionarios escolares solo deben llamar a la policía por una de dos razones : para buscar ayuda en una «situación de emergencia» o para notificarles un crimen. En los documentos sobre el programa de monitoreo, los funcionarios de CPS dijeron que las publicaciones en las redes sociales que indican afiliaciones a pandillas no justifican una llamada a la policía, a menos que también haya un arma involucrada o una amenaza de violencia.
En casos que no sean de emergencia, se supone que los administradores deben hacer «esfuerzos razonables» para comunicarse con un padre o tutor antes de llamar a la policía. Ese contacto es obligatorio en los casos con estudiantes de escuela primaria y se recomienda en aquellos con estudiantes de secundaria. Pero los informes de incidentes, como el del estudiante de Taft que llamó a su madre, sugieren que el esfuerzo no siempre se hace.
Incluso cuando no se realizan arrestos, los defensores temen que la información recopilada por la policía tenga consecuencias negativas para los estudiantes, especialmente dado que algunas intervenciones incluyen oficiales que los presionan para que admitan sus afiliaciones de pandillas. Glenberg se preguntó si los nombres de los estudiantes se agregarán a la controvertida base de datos de pandillas del departamento .
«La policía ha sido completamente no transparente», dijo Glenberg. «Entonces, si no conocemos los criterios para llegar allí, si hay alguno, y no sabemos qué está sucediendo con todos los datos que se recopilan con el monitoreo de las redes sociales, entonces creo que todo está sobre la mesa». . ”
Chou, el jefe de seguridad del distrito, dijo que no hay que preocuparse de que un estudiante identificado a través del programa termine en la base de datos de pandillas. Pero un comandante de policía que supervisa el Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas fue menos inequívoco.
«Creo que cualquier cosa podría progresar», dijo el comandante. Christopher Kennedy de la División de Investigaciones de Pandillas, que incluye al Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas. «No me gustaría decir: ‘No, absolutamente no, nunca’, porque cualquier escenario podría construirse. Pero en circunstancias generales, no estamos usando esto como un medio para ingresar como un expediente para mantener a nadie «.
En un caso en la Escuela Secundaria Taft, el Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas del departamento de policía y un oficial de la policía con sede en la escuela se reunieron con un estudiante que había visto signos de pandillas en Facebook. (Joshua Lott para ProPublica Illinois)
Sargento Gus Vasilopoulos, del Equipo de Seguridad Escolar de Gang, dijo que la policía a menudo crea su propia documentación de las intervenciones. El distrito escolar no tiene un acuerdo por escrito con el Departamento de Policía que prohíba a la unidad documentar las interacciones con los estudiantes o incluso agregarlos a la base de datos de pandillas.
«Hay tantos que no documentamos todo, [pero] si hablamos con el niño, documentamos y hacemos algún tipo de investigación de pandillas» informe complementario, dijo Vasilopoulos.
La falta de transparencia sobre el programa en sí también ha generado escepticismo. El distrito escolar aparentemente implementó el monitoreo sin avisar a los estudiantes y padres.
Esto no solo es problemático sino que también es una oportunidad perdida, dijo Parker, el padre de Morgan Park, que tenía dos hijos mayores graduados de la escuela. Ella dijo que nunca querría a su hijo en una habitación con la policía sin un padre allí, y que también querría saber acerca de un mensaje perturbador para poder hablar con su hijo al respecto.
Chou dijo que hay una diferencia en la política del distrito entre “intervenciones”, donde un padre no necesita estar presente, y “reuniones”, donde los padres deben participar.
«No son reuniones», dijo Chou sobre el programa. «Hacemos intervenciones».
Incluso a algunos funcionarios escolares no se les dijo que sus estudiantes estaban siendo monitoreados. En agosto de 2016, cuando Crime Lab realizó entrevistas con 26 administradores, “solo unos pocos” en las escuelas objetivo conocían la existencia del programa. Los administradores de las escuelas que Crime Lab usó como controles para medir los resultados dijeron que el concepto los hizo sentir incómodos.
«Cuando describimos el programa a las escuelas de control, algunos no querían el programa porque sentían que podría ser una invasión de la privacidad de los estudiantes», escribió Crime Lab en un informe de progreso.
Chou enfatizó que los analistas de inteligencia solo miran publicaciones públicas o capturas de pantalla de publicaciones compartidas con ellos. No envían solicitudes de amistad para evadir las configuraciones de privacidad, dijo, y reconoció que el software que dejaron de usar en 2017 no solo resultó ineficaz, sino que también la hizo sentir incómoda.
«Ese modelo general, la sociedad ha hablado de eso», dijo Chou. «Hemos determinado que no es la respuesta correcta para nosotros».
Aún así, las tres cuartas partes de los administradores entrevistados por el Laboratorio de Delitos dijeron que sus escuelas monitoreaban las redes sociales por su cuenta, por lo general al tener a un miembro del personal como amigos en Facebook y revisar sus publicaciones en la noche y los fines de semana.
«Es cómo hacemos negocios»
Con parte del dinero de la subvención del Departamento de Justicia, CPS contrató a los dos analistas para revisar las redes sociales de los estudiantes que se pueden buscar públicamente, incluidas las publicaciones realizadas fuera del campus y después de la escuela. Ambos analistas trabajaron anteriormente como oficiales de seguridad para el distrito, según los currículos obtenidos por ProPublica Illinois y WBEZ.
La subvención también subsidió el uso del distrito de un software de vigilancia llamado Dunami, que fue comprado en el pasado por el FBI y el Departamento de Defensa y ayuda a los usuarios a identificar figuras influyentes y trazar redes humanas basadas en la actividad de los medios sociales. El distrito usó la herramienta hasta 2017, cuando los funcionarios decidieron que otros métodos, como las búsquedas manuales de palabras clave por parte de los analistas y el seguimiento de las sugerencias del personal y los miembros de la comunidad, fueron más efectivos y menos intrusivos.
Para medir los efectos del programa, Crime Lab comparó los datos de las víctimas con disparos en escuelas objetivo con datos de escuelas con características demográficas similares.
En un informe final publicado a fines de enero, el laboratorio dijo que los estudiantes en las escuelas objetivo experimentaron casi un 30% menos de incidentes con disparos fuera de la escuela que los estudiantes en las escuelas de control, aunque el Laboratorio de Delitos dijo que este resultado no era estadísticamente significativo porque la muestra era demasiado pequeña.
El informe encontró caídas estadísticamente significativas en incidentes de mala conducta y suspensiones fuera de la escuela en las escuelas objetivo en comparación con las escuelas de control. En general, Crime Lab dijo que los datos apuntaban a «la promesa de este enfoque innovador».
Ahora, con el financiamiento para la beca vencida, los funcionarios escolares reconocieron en un memorando de diciembre al Departamento de Justicia que la cantidad de estudiantes identificados a través de las búsquedas en las redes sociales disminuiría «drásticamente». Pero Chou dijo que un analista de inteligencia permanece en el personal. El monitoreo de las redes sociales va a continuar.
«Esto realmente ya no es un programa, en el sentido de que así es como mantenemos a los niños seguros», dijo. «Así es como hacemos negocios».
Aaron Leibowitz es un reportero independiente. Síguelo en Twitter en @aaron_leib . Sarah Karp es una reportera de educación con WBEZ. Síguela en Twitter en @WBEZeducation y @sskedreporter .
El reportero de WTTW, Alex Ruppenthal, contribuyó con el informe.
América del Sur / Uruguay/ 07.05.2019/ Fuente: www.montevideo.com.uy.
Estamos al final de un nuevo período de gobierno y la situación de la educación en Uruguay continúa siendo gravísima.
Estamos al final de un nuevo período de gobierno y la situación de la educación en Uruguay continúa siendo gravísima. Todas las promesas formuladas por el tercer gobierno del Frente Amplio con respecto a la transformación educativa se incumplieron. Quedaron por el camino ante la opción elegida por el gobierno de Tabaré Vázquez de continuar con una conducción inerte, falta de ideas e incapaz de impulsar los cambios profundos imprescindibles.
Al finalizar este período nuestro país apenas aumentó tres o cuatro puntos en la tasa de egreso de la enseñanza media, llegando a la cifra de apenas 43% de los liceales que logran terminar el Bachillerato. Esta circunstancia nos ubica en el contexto de América Latina en los últimos lugares, sólo por encima de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El 70% de los jóvenes de 18 a 20 años no egresan de la Educación Media Superior, lo que es un gravísimo problema para esos muchachos que tendrán crecientes dificultades para la inserción laboral exitosa y, además, es un problema enorme para nuestro país que no contará con los recursos humanos calificados requeridos para impulsar el desarrollo nacional.
La situación es aún más grave porque es particularmente desigual por nivel socio-económico. En efecto, los niveles de aprendizajes son cada vez más desiguales cuando se los observa según el quintil de ingresos de los hogares. Parece mentira, pero es verdad. En estos años de gobiernos del Frente Amplio la brecha social en los aprendizajes educativos ha aumentado. Una vergüenza nacional insostenible.
Podríamos continuar dando el parte de la tragedia educativa que nuestro país vive. Decir, por ejemplo, que siete de cada diez escolares de tercer año de escuela pertenecientes a los hogares de contexto más desfavorable son incapaces de ubicar información en un texto y tampoco pueden «deducir el significado de palabras o expresiones a partir del contexto», así lo indica el Informe Aristas del INEED.
Los contenidos educativos están desactualizados y las formas de enseñanza también. A su vez, los centros educativos carecen de un marco jurídico que permita la construcción de verdaderas comunidades educativas con elencos docentes estables y niveles de personalización de los estudiantes junto a la participación de las familias y las comunidades locales.
La tasa de egreso de los docentes, maestros y profesores es alarmantemente baja, lo que representa una enorme dificultad para contar con docentes en cantidad suficiente para afrontar un necesario crecimiento de la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo.
Sin embargo, a pesar de este gravísimo diagnóstico, hace casi dos décadas que los sucesivos gobiernos de nuestro país no impulsan una profunda reforma educativa.
Por ello el surgimiento de EDUY21 y la presentación de su Libro Abierto, un año atrás, ha sido una apuesta a la esperanza de que en el próximo período de gobierno se lleve adelante, de una vez por todas, la profunda reforma educativa imprescindible.
Nosotros apoyamos con énfasis la propuesta de EDUY21, surgida de un ámbito en el que han participado decenas de especialistas en educación pertenecientes a todos los partidos políticos y con experiencias muy variadas. Académicos, consultores, docentes de aula, directores de centros educativos, inspectores han sido participantes y constructores activos de esta propuesta que es, a nuestro juicio, la clave del urgente cambio educativo.
Es por ello que hemos decidido iniciar una ronda de contactos con los precandidatos de los partidos políticos con representación parlamentaria para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo político para que, gane quien gane el gobierno, tengamos la certeza de que esta propuesta de transformación se concretará a partir de 2020.
En las próximas horas comenzaremos estos contactos. Tenemos la esperanza de que existan respuestas suficientes para lo que sería una gran señal política: dar garantías a los uruguayos y, particularmente, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes de que habrá transformaciones profundas en la educación del próximo tiempo.
La propuesta de EDUY21 implica un compromiso de ciertas modificaciones legislativas para dar fluidez y celeridad a la conducción educativa. También implica un compromiso de incremento gradual de recursos presupuestales destinados a concretar la reforma y un conjunto de medidas sustantivas orientadas a cambiar la educación en sus contenidos y formas de aprendizajes, en la profesionalización de la carrera docente, en el funcionamiento de los centros educativos, en la participación de familias y comunidades en la gestión educativa y en la recuperación de la equidad en el egreso de nuestros estudiantes.
Algunos han señalado que esta iniciativa es ingenua, habida cuenta de la falta de voluntad del gobierno saliente para llevar adelante esta transformación. Ciertamente, nada se puede esperar de este gobierno que ha fracasado estrepitosamente en materia educativa.
Sin embargo, tenemos la obligación política de buscar todos los caminos para evitar que la reforma educativa quede en medio de una riesgosa polarización, en medio de una campaña electoral que amenaza ser muy dura y confrontativa.
Nuestro esfuerzo tiene el objetivo de convertir a la política educativa en una política en la que pueda alcanzarse ciertos grados de consenso. Sería una señal muy positiva que candidatos de distintos partidos pudiéramos firmar un acuerdo básico que tome como referencia la propuesta de EDUY21.
Particularmente en momentos en los que la ciudadanía mira con desconfianza e insatisfacción a los partidos y a los políticos en general, sería muy positivo que pudiéramos enviar una señal constructiva en un tema central para el futuro del país.
Fuente de la noticia: https://www.montevideo.com.uy/Columnistas/Opinion–Acuerdo-politico-sobre-la-reforma-educativa-por-Eduy21-uc717481
Editors discuss new volume of essays on the ways higher education is changing because of issues of race, gender and sexuality — and how they think higher ed needs to change even more.
By Scot Jascchik
Diversity and inclusion are topics of conversation at most American colleges and universities. So are reports of frustrations of many students, faculty members and others who feel colleges are still designed for people of privilege — generally those who are white and are middle or upper class. And so are reports of frustrations that many college leaders have a hard time understanding that issues are not just about black people or women or gay people, but that issues relate to many people in multiple groups and with multiple identities and needs.
That is central to intersectionality, the frame for the essays in Intersectionality and Higher Education: Identity and Inequality on College Campuses (Rutgers University Press). The editors of the collection are W. Carson Byrd, associate professor of sociology at the University of Louisville; Rachelle Brunn-Bevel, associate professor of sociology and anthropology at Fairfield University; and Sarah Ovink, associate professor of sociology at Virginia Tech.
They responded via email to questions about the new book.
Q: Do you think race relations in American higher education are getting better or worse these days?
A: More campuses are engaging the concerns of historically underrepresented students than in the past, but as always, more work needs to be done. Similar to institutions around the nation, our campuses have announced plans to dramatically increase the proportion of the undergraduate student body that identifies as first generation or as members of minoritized groups. At the same time, there is a tense pushback from those trying to bring hate speech (in the guise of “free speech” and “dialogue”) onto campus.
In response to student demands, administrators are working with students using the powerful example set by students at the University of Missouri to reform policies for accountability and acknowledge that racism is an institutional reality and not limited to what one person may do on campus. That said, institutions of higher education are small-c conservative; they are slow to change, and they often rely on tradition as a bulwark of their prestige. Most university administrations are still predominantly white and male as they have been in the past. We still have racial disparities in hiring and promotion of faculty.
Students are still battling for more curricular offerings and resources that recognize and support marginalized communities. It is important for researchers and those who care about the future of higher education in general to take note of when campuses are making full-faith efforts toward actions that can have real benefits for race relations — or as we would prefer to think of it, reducing oppression and increasing inclusion — such as improving racial and ethnic diversity in faculty hiring, slowing the tide of adjunct positions that do not pay a living wage, and taking action when campus community members report bias and discrimination. In the short term, this may look like “worse” relations, because these can be painful topics. But we won’t get to “better” without putting in that difficult work.
Q: In terms of linking race and gender, many colleges have noted that their black enrollments are majority (in some cases overwhelmingly) female. This seems true at historically black colleges and majority white institutions. How might colleges deal with the particular issues facing black men?
A: Most undergraduate populations at colleges and universities in the United States are majority female. This is true for all racial and ethnic groups. However, this is particularly true for black undergraduates and it has been true for a long time, in fact. Some institutions now have mentoring groups targeted toward black men or men of color where junior and senior students, faculty and staff help first-year and sophomore students get acclimated to life on campus …
Reaffirming their experiences in academia, supporting their degree pursuits and assisting with exploring career options after college, providing support networks and resources to help students navigate difficult circumstances on campus as well as off, and other extensions of this work are vital to supporting black men and other men of color historically excluded from many institutions across the nation. It’s also important to note that “majority female” does not mean that women no longer experience discrimination or sexist treatment in higher education. We should continue to pay attention to institutional features that were built without people of color including women in mind as we move toward a more equitable vision of institutional support for students, staff and faculty that takes into account how racial and gender disparities intertwine to inform future initiatives and efforts.
Q: At many campuses, Latinx and Asian populations are growing at faster rate than are black students, and colleges boast about growing minority enrollments. What do you make of this?
A: We have seen many changes in enrollments for students of color, and it’s important to not “run with the numbers” without critically examining what they may mean for issues of access and inclusion. Many institutions post enrollment numbers for students of color without disaggregating by racial and ethnic groups, or without pointing out what proportion are made up of international students, who tend to be wealthier than U.S.-born students. For example, people often lump all Asian and Pacific Islander students together, which can hide disparities that affect certain ethnic groups and can shift perspectives of where campuses should improve their support for students or not.
Also, rates vary for groups depending on the type of postsecondary institution (private liberal arts college, research-intensive university, community college, Hispanic-serving institution, etc.) and geographically. That said, getting more students of color through the college gates does not equate to being more supportive and a racism-free campus. If institutions want to boast about their increasing racial and ethnic diversity as a key aspect of marketing, then these institutions have to seriously consider how such a marketing approach speaks more to using students for money-generating purposes rather than showing their support for these students.
As the recent American Council on Education report on race and ethnicity in higher education poignantly describes, increases in student representation on campuses does not mean these institutions assist students toward graduation or avoiding mounds of student loan debt. There are many efforts that administrators must pursue to support students who are historically excluded and underrepresented at their institutions. These efforts are dependent upon the context of the specific institution and cannot be easily fixed by seeking universal solutions that seem to work at other institutions, even if they have similar contexts, because each institution must reflect on its own needs and goals to build a more holistic approach to supporting students, not just increasing diversity.
Q: Your book includes faculty experiences — particularly those of adjuncts, who on many campuses include many minority academics. Many books about diversity in higher education focus either just on students or just on faculty members. You have both (plus staff members and grad students). Why is it important to consider all of these groups?
A: We aimed to provide readers with a broad discussion of how people in different positions experience higher education, and highlight groups who may not be fully included in conversations about the inequalities on our campuses. What is sometimes overwhelming is to consider that all of these experiences are happening simultaneously at the same institution, and putting this volume together can move discussions forward about how multiple experiences with inequalities are related to explore possible solutions.
For example, the conversations about graduate student experiences are vital for identifying ways to be more supportive of the next generation of faculty and limit reproducing the same issues of marginalization and alienation in our departments. Colleges and universities increasingly rely on adjunct faculty members, who are more susceptible to institutional changes such as budget cuts and face less supportive working conditions than tenure-stream faculty. Staff members are often placed in difficult positions to support students with disabilities and tackling STEM disparities that are often glossed over because they are viewed as “supporting” particular aspects of university missions and initiatives and not being integral actors for institutions. All of these groups have important experiences we must consider if we aim to create a more equitable and inclusive environment for people to live, work and study … In the end, using a more intersectional lens for higher education shows how inequality is as much of a lived experience as an outcome that our institutions need to take seriously.
Q: Your book also notes issues facing LGBTQ populations. In higher ed, there is more support for these groups on many campuses, but some politicians are moving against their rights. How do you see the trends in higher education for these groups?
A: The increasing support for LGBTQ faculty, staff and students in higher education is important on many fronts, but the targeting of these campus community members by politicians and other political groups should have administrators concerned about how far their support extends including with regards to legal protections. The Supreme Court is set to hear a group of three cases to decide whether federal antidiscrimination law extends to sexual orientation and gender identity in the workplace. Two of the cases have plaintiffs arguing they were discriminated against because of their sexual orientation, while the third case explores if discrimination law applies to transgender workers. These cases will have obvious impacts on higher education employment practices, but can also signal the extent to which diversity and inclusion efforts at institutions will go to create more equitable places to work and study for LGBTQ community members.
Institutions have increased their accessibility with the adoption of trans* policies in admissions and creating more inclusive efforts on campus with new campus organizations, resources and policies, but the persistent targeting of LGBTQ community members and possible rulings on these and future Supreme Court cases will bring additional tests to higher education.
La mejora de la nutrición y la gestión del retraso en el crecimiento son hoy grandes desafíos en la India, un país que necesita una estrategia intersectorial para lidiar con una alta tasa de desnutrición.
Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, India tiene niveles inaceptablemente altos de retraso en el crecimiento, a pesar de la mejora marginal en los últimos años, reflejó hoy el periódico The Hindu.
El retraso en el crecimiento tiene consecuencias de por vida en el capital humano, la pobreza y la equidad. Conduce a menos potencial educativo y menos oportunidades profesionales.
En 2015-16, el 38,4 por ciento de los niños menores de cinco años sufrió retraso del crecimiento y el 35,8 por ciento tenía bajo peso.
La falta de inversión en salud y educación lleva a un crecimiento económico más lento. El Banco Mundial afirma que una pérdida del uno por ciento en la estatura adulta debida al retraso del crecimiento infantil se asocia con una pérdida del 1.4 por ciento en la productividad económica.
El retraso en el crecimiento también tiene efectos duraderos en las generaciones futuras. Dado que el 53,1 por ciento de las mujeres estaban anémicas en 2015-16, esto tendrá efectos duraderos en sus embarazos futuros y en sus hijos.
La situación empeora aún más cuando los bebés se alimentan con dietas inadecuadas.
Los datos muestran que solo el 41,6 por ciento de los niños son amamantados dentro de una hora después del nacimiento, solamente el 54,9 por ciento recibe lactancia materna exclusiva durante seis meses, el 42,7 por ciento recibe alimentos complementarios oportunos y nada más que el 9,6 por ciento de los niños menores de dos años tiene una dieta adecuada.
En tanto, la deficiencia de vitamina A puede aumentar infecciones como el sarampión y las enfermedades diarreicas. Alrededor del 40 por ciento de los niños no reciben inmunización completa ni suplementos de vitamina A.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud Familiar, la India tiene más niños con retraso en el crecimiento en las áreas rurales en comparación con las zonas urbanas, posiblemente debido a la más baja condición socioeconómica de los hogares en el campo.
Asimismo, casi el doble de la prevalencia del retraso en el crecimiento se encuentra en niños nacidos de madres sin educación, en comparación con las madres con 12 o más años de escolaridad.
América del Sur/ Brasil/ 07.05.2019/ Fuente: www.eldesconcierto.cl.
Educación ha sido el sector más afectado por el plan de ajuste del presidente brasileño, con recortes de fondos que llegan al 30% en universidades e institutos. Ante esto, el movimiento estudiantil ha convocado a una huelga general para este 15 de mayo, con el fin expresar su descontento hacia las medidas.
Los recortes en educación del presidente Jair Bolsonaro están llegando a un punto clave. Una serie de medidas, culminadas con el anuncio de un recorte de fondos del 30% de las universidades e institutos federales, hecho la semana pasada por el Ministerio de Educación, llevaron al movimiento estudiantil a convocar a una huelga general para este 15 de mayo.
En un discurso a propósito del 130 aniversario del Colegio Militar de Río de Janeiro, el presidente brasileño reiteró su apoyo a los colegios militares y afirmó que la meta del actual gobierno es implantar una de estas instituciones en cada capital del país. Esto justo luego de presentar serie de medidas de restricción fiscal que ha venido anunciando a cuentagotas desde finales de abril.
En la ocasión Bolsonaro defendió también a la educación como medio para mejorar la vida de las personas, pero no le sirvió de mucho, ya que a las afueras del recinto en el que se encontraba estudiantes y profesores de escuelas y universidades se manifestaron e hicieron un llamado a una huelga general el próximo 15 de mayo.
“Queremos más niños y jóvenes estudiando en los bancos de estas escuelas (militares): respeto, disciplina y amor a la patria son fundamentos de estos colegios”, afirmó el presidente ultraderechista, en su discurso. “Los colegios militares son ejemplo de excelencia para la educación brasileña”, agregó.
El ex capitán del Ejército aseguró, además, que está trabajando con sus ministros de Defensa y Educación para ampliar la educación militar e insistió en su intención de construir un colegio militar en cada capital donde todavía no haya uno.
Los recortes
Primero, vino la propuesta del ministro de Educación, Abraham Weintraub, de recortar la inversión para las facultades de Filosofía y Sociología. La medida fue rápidamente apoyada por Bolsonaro ya que su objetivo es “enfocarse en áreas que generen un retorno inmediato al contribuyente, como: veterinaria, ingeniería y medicina”.
Luego llegó el anuncio del bloqueo de recursos para universidades federales con el argumento de que con la medida se dará prioridad a la educación básica.
Por último, fue el anuncio de congelar el presupuesto de colegios e instituciones federales. Aunque, este bloqueo de presupuestos puede ser revertido por el gobierno en el transcurso del año, según indicó el diario brasileño Folha de Sao Paulo. El Ejecutivo sostuvo por su parte que de aprobarse la reforma previsional la economía puede mejorar y con ello la recaudación, lo que permitiría retornar a los pagos previstos en el presupuesto.
La respuesta estudiantil
En las afueras del evento militar, cientos de estudiantes de escuelas federales y universidades Brasil protestaron contra los recortes. La mayoría de los estudiantes se manifestó con frases como “La educación no es gasto, es inversión” o “De tanto ahorrar en educación quedaremos ricos en ignorancia”.
“Estamos aquí para decir no a la censura, no a los recortes y no a este gobierno autoritario”, dijó Camila una estudiante de maestría en Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, según informó Página 12.
“Nosotros queremos estudiar. Nosotros tenemos derecho de estudiar. Nuestras universidades, escuelas e institutos son patrimonio del pueblo brasileño y por encima de cualquier gobierno vamos a luchar para defender eso”, agregó la estudiante.
Por su parte, el ex secretario de Educación Básica del Ministerio de Educación, Cesar Callegari, aseguró que los recortes dan cuenta de la postura del gobierno frente a la educación. “Es coherente con la falta de proyectos en el área educacional. El gobierno da pruebas de que, para él, basta un ministro de Educación que actúe como un vector en una guerra ideológica”, afirmó Callegari.
El 15 de mayo se llevará a cabo una huelga convocada por estudiantes y profesores universitarios para prostestar contra el ajuste en el campo de la Educación, pero también en el de la Cultura, el cual también se ha visto duramente afectado por los recortes.
Fuente de la noticia: https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/07/estudiantes-llaman-a-huelga-general-en-brasil-contra-los-recortes-en-educacion-de-bolsonaro/
América del Sur/ Guatemala/ 07.05.2019/ Fuente: elperiodico.com.gt.
El arte tiene la capacidad, por un lado, de generar procesos de sanación individual, de resiliencia y de toma de acción de las personas; de ser agente social para cambiar nuestra realidad; y, por otro lado, es una herramienta muy efectiva para trabajar con determinados colectivos, es decir es muy potente también para generar comunidad.
Chota nació en un contexto de violencia pero gracias al arte del graffitti encontró un espacio de sanación y resiliencia, un lugar desde donde expresar su ser. Hoy es un líder comunitario en el Barrio 13 de Medillín. Este viernes 10 de mayo, conversará con Juan Pablo Romero, fundador y director del proyecto educativo comunitario en Jocotenango, Los Patojos.
Los programas de arte graffiti en la política pública colombiana son un posible referente para prevenir la violencia juvenil. Invertir en arte callejero y juvenil es hacer una inversión humana para el espíritu. Dado que la violencia es estructural, además de educación y oportunidades, aquí lo que hace falta es llenar también el espíritu. Con y desde el arte callejero podemos construir una cultura de paz.
Guatemala es considerado uno de los países más desiguales de Latinoamérica, el 51.76 por ciento de la población vive en pobreza. Más de dos millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día, sin empleo, salud, vivienda y educación.
Existen otros factores estructurales asociados con la violencia, como la exclusión social y la desigualdad socioeconómica. Diferentes estudios muestran la correlación que existe entre desigualdad y violencia.
Los niños y chavos más vulnerables a la violencia son quienes han sido abandonados por sus familias; quienes tienen el pagmento y la calle como única alternativa, los que están fuera del sistema escolar; los jóvenes desempleados; quienes sufren explotación sexual comercial y económica; quienes migran en condiciones precarias y quienes viven en condiciones de hacinamiento en zonas marginales
Se estima que más de 1,3 millones de niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar. Los miembros de las pandillas, en su mayoría, han desertado el sistema educativo y prácticamente no tienen acceso a capacitación técnica ni al mercado laboral.
Marginales. Sin rumbo. Sin oportunidades. Sumidos en la creciente ola de crimen organizado, extorsiones, ataques a pilotos, tráfico de armas y drogas, asesinatos, violencia intrafamiliar, abuso sexual, linchamientos y otras formas de violencia juvenil, así navegan miles de jóvenes cooptados por el crimen organizado. Esos chavos no se cuentan cuentos y repiten: la muerte es segura, la vida no.
La educación, la capacitación, las oportunidades, el deporte son imprescindibles para prevenir la violencia juvenil. Pero es el arte el que puede generar identidades y comunidades de paz y para la paz.
En sociedades de posguerra como Colombia y Guatemala, el arte puede ser la respuesta más poderosa para construir nuevas identidades juveniles y sociedades más pacíficas.
El conversatorio organizado por Katie Pokorny y Nadia Gezzoli, sobre la No Violencia será en la galería de arte Nueva fábrica este viernes 10 de mayo a las 17:00 horas. Ahí conversaremos sobre cómo el arte callejero frena la violencia y crea cohesión social y sentido de comunidad. Los fondos se usarán para arte urbano y para conseguir becas para jóvenes talentosos. Los esperamos.
Fuente de la noticia: https://elperiodico.com.gt/gente/2019/05/06/banco-azteca-guatemala-es-certificada-como-gran-lugar-para-trabajar/
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