Maestros ecuatorianos marchan contra extensión de jornada laboral
Cientos de docentes ecuatorianos marcharon este lunes en Quito desde la Casa del Maestro hasta la sede de la Corte Constitucional para exigir la protección de sus derechos laborales, presupuesto para la educación pública y garantías de seguridad.
Los manifestantes rechazan el Acuerdo Ministerial 045A, normativa que contempla jornadas extraordinarias los días sábados, sumadas a las 40 horas semanales establecidas en la legislación nacional. Durante la movilización, los profesores denunciaron también el deterioro democrático del país y el accionar del Gobierno nacional sobre las instituciones del Estado.
El magisterio señala que la medida desconoce derechos adquiridos y traslada a los educadores deficiencias estructurales no resueltas por el Estado, como la falta de infraestructura, psicólogos educativos y entrenadores deportivos.
«Quiere acabar con el sistema educativo. Si ya laboramos nosotros las 40 horas semanales como estipula la ley y la Constitución, además de eso nos quiere poner de otra sobrecarga laborando los días sábados», afirmó uno de los voceros durante la marcha.
La marcha evidenció críticas hacia la gestión gubernamental por la falta de recursos y los índices de violencia que afectan a los planteles educativos.
«Planteles sin infraestructura, planteles sin entrenadores deportivos, sin psicólogos educativos y lo más fácil es decir: vayan a trabajar los sábados. Por lo cual esta marcha también es por presupuesto y seguridad para la escuela pública», indicaron los manifestantes. Respecto a la violencia en las aulas, los dirigentes destacaron la situación en la provincia del Guayas, donde contabilizan «más de 300 casos que están en alerta».
🔴 A esta hora, maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores (UNE) marchan hacia la Corte Constitucional para exigir el respeto a sus derechos laborales y demandar la derogatoria del Acuerdo Ministerial 045-A, que dispone jornadas extraordinarias de trabajo los días… pic.twitter.com/gahRYQaLKf
— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) July 20, 2026
Durante el recorrido, los educadores expresaron preocupación por la independencia de los poderes públicos y la reciente suspensión de organizaciones políticas de cara a los comicios locales de noviembre.
«Acaban de quitar a algunos partidos políticos a que puedan inscribirse para las elecciones adelantadas en noviembre y eso demuestra que este gobierno está haciendo lo que quiera con la justicia porque las cinco instituciones que son individuales el gobierno las está manejando a su antojo y eso es obra de una dictadura», manifestó una de las asistentes.
Verónica, docente participante en la movilización, señaló las condiciones del sistema educativo y el contexto social del país.
«Estamos en una dictadura de alguna manera. La seguridad está mal, la educación está mal. Soy educadora y sé cómo están las instituciones fiscales, las instituciones públicas y realmente es muy triste ver cómo tantos estudiantes no reciben una buena educación«, sostuvo la maestra durante el trayecto.
La movilización culminó en la Corte Constitucional, donde la dirigencia gremial espera la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo del Ministerio de Educación.
En el desarrollo de la jornada, los profesores manifestaron su rechazo a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que suspendió por nueve meses al Movimiento Amigo tras una denuncia de la Fiscalía por presunto lavado de activos, decisión que impide a la Revolución Ciudadana utilizar esa plataforma política para participar en las elecciones seccionales fijadas para noviembre.
A causa del sismo, miles de pequeños han perdido sus hogares, a sus familiares, se han visto separados de sus padres y están viviendo el horror que significa una tragedia como esta, donde el miedo y la incertidumbre inundan cada rincón.
Por: María Fernández
Hace casi un mes, Venezuela vivió una de las catástrofes naturales más devastadoras de los últimos años: un doble terremoto que afectó principalmente a La Guaira y Caracas y que ha dejado, hasta el momento, 4.561 muertos y 16.740 heridos. Las cifras son abrumadoras: 128.324 familias han sido atendidas y 20.231 ciudadanos siguen durmiendo y haciendo vida en colegios y campamentos temporales. Sin embargo, uno de los colectivos más afectados y, al mismo tiempo, más invisible, es el de los casi cuatro millones de niños que viven en las zonas afectadas.
A causa del sismo, miles de pequeños han perdido sus hogares, a sus familiares, se han visto separados de sus padres y están viviendo el horror que significa una tragedia como esta, donde el miedo y la incertidumbre inundan cada rincón. Por ello, tanto Educo como el resto de los miembros del Comité de Emergencia están trabajando activamente para «dar apoyo humanitario a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela», explica Pilar Orenes, directora general de Educo, miembro del Comité de Emergencia.
Además de cubrir las necesidades más inmediatas (comida, agua, higiene…), toda respuesta humanitaria tiene que tener en cuenta «derechos como el de la educación y la protección», señala Orenes. Así, recuerda que también es urgente «que los niños estén protegidos y que puedan seguir aprendiendo», cuando la situación lo permita.
Ir al colegio da vida, te hace olvidarte de todo, te reúnes con compañeros, juegas, estás protegido, desarrollas capacidades… Para los niños de Venezuela, no poder ir a la escuela va «muchísimo más allá de perder unos días de clase», afirma la directora general de Educo, quien advierte que eso se pierde «en un abrir y cerrar de ojos cuando ocurre una catástrofe como esta».
Cuando las escuelas han quedado dañadas o son inaccesibles, es muy complicado continuar la actividad educativa de los más pequeños. Sin embargo, se convierte en algo esencial, ya que no solo ayuda a recuperar el impacto emocional, sino que también hace que no pierdan «el vínculo con el aprendizaje y tengan rutinas estables», asegura Orenes.
Las soluciones varían en función de las circunstancias. En este sentido, la directora general de Educo pone como ejemplo a la ciudad de Sahel, donde los conflictos han obligado a cerrar miles de colegios. Allí, explica, las clases continúan a través de programas de radio. En otros escenarios, continúa, se habilitan «espacios temporales mientras se reconstruyen las escuelas o se traslada al alumnado a otros centros de forma provisional».
Esto, insiste la experta, garantiza que los menores «dispongan de entornos seguros y mantengan la continuidad educativa». De lo contrario, advierte, aumenta el riesgo de abandono escolar y, con él, «la exposición de niños a situaciones de especial vulnerabilidad, como el trabajo infantil, la explotación o el matrimonio forzado».
Perder la escuela, peor que perder clase
La educación es «un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño», recuerda Orenes. Dicho esto, asevera, tiene que estar «entre las prioridades de cualquier país que haya vivido una catástrofe» y, por tanto, debe contar con «los recursos y la inversión necesaria para garantizarlo».
Asimismo, anota que también debe ser «una prioridad a nivel internacional». Sin embargo, a pesar de su relevancia, la educación sigue siendo una de las áreas más olvidadas en las respuestas humanitarias. De hecho, recuerda la directora general de Educo, las organizaciones internacionales llevan «años pidiendo que se destine el 10 % de la ayuda humanitaria a educación en emergencias». Algo muy alejado de la realidad, ya que solo reciben el 3 %.
Esto es muy preocupante, puesto que, en zonas como Venezuela, «se les está negando el derecho a la educación», recalca la experta. Además, destaca que la educación es «una de las claves para poder salir del círculo de la pobreza y mejorar la situación de las familias».
Por último, Orenes subraya que, por la experiencia que tienen en Educo, saben que, si un niño pasa semanas o meses sin ir a la escuela, aumentan las posibilidades de que «nunca más vuelva a estudiar». De hecho, según la Unesco, en este tipo de situaciones «el riesgo de no regresar a la escuela puede multiplicarse entre dos y cinco veces en los grupos más vulnerables», lamenta.
Y es que, a pesar de que muchas veces la educación pase desapercibida, se trata de un derecho al que todo el mundo debería tener acceso. Mucho más en lugares como Venezuela, donde estar fuera de ese espacio de protección implica que hay «muchas más posibilidades de ser víctimas de todo tipo de violencias», concluye.
Estamos viviendo una apasionante revolución tecnológica. Vemos cómo el mundo cambia rápidamente y cómo nuestro día a día se ve beneficiado, pero también alterado, en mayor o menor medida, por este ecosistema virtual. Esta realidad también afecta a la forma en que nuestros hijos e hijas viven la sexualidad. Por eso resulta ahora tan necesario hacer una reflexión sobre los retos de la educación afectivo-sexual en la era de las pantallas.
Es evidente que tenemos ante nosotros un deslumbrante escenario digital lleno de oportunidades, pero también repleto de desafíos, especialmente si hablamos como madres, padres y educadores. Este frenético universo virtual, altamente atrayente tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes, se ha instaurado con fuerza en nuestra sociedad. Y no solo ha llegado para quedarse, sino que está modificando, a escala generacional, algunos de los cimientos de la humanidad.
¿Qué cambios trae consigo este nuevo escenario digital?
Su impacto ya se observa en aspectos muy cotidianos de nuestra vida: en la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de comprender el mundo, pero también en la manera en que aprendemos, construimos y vivimos la sexualidad. Y, como era de esperar, todo ello atraviesa, en mayor o menor medida, nuestro preciado núcleo familiar.
Para empezar, los tiempos de la sexualidad real chocan de frente con el ritmo vertiginoso del mundo virtual y con una sexualidad digital que a menudo se presenta como fantástica, perfecta e inmediata. Como se desarrolla en el libro Golosinas virtuales,muchas experiencias digitales están diseñadas para atraer nuestra atención mediante estímulos rápidos, intensos y siempre disponibles. Sin embargo, la sexualidad no entiende de prisas. Requiere detenerse, estar presentes y poder centrarse en sentir; en descubrir el propio cuerpo, escucharlo, cuidarlo y tomar conciencia de él; en reconocer, mimar y respetar también el cuerpo de la otra persona.
Solo desde esa pausa y desde esa toma de conciencia pueden tener lugar la intimidad, el afecto, el deseo y, cuando aparece, también el amor apasionado. Porque vivir la sexualidad con plenitud y libertad implica disponer de tiempo, presencia y tranquilidad.
¿Qué hacer cuando no todo depende de nosotros? ¿Por dónde empezar?
Ante tamaños retos de la educación afectivo-sexual en la actualidad, es fácil sentir cierta inquietud. Como madres, padres y personas adultas con menores a su cargo, tenemos una gran y preciosa responsabilidad: educar, cuidar, amar y acompañar a nuestros hijos e hijas en la maravillosa aventura de la vida. Pero también es evidente que existen variables que nos preocupan y que no siempre podemos controlar. Desgraciadamente, no todo depende de nosotros.
1. Centrarnos en lo posible
Por eso, quizá lo más lógico sea centrar nuestra energía en aquello que sí está en nuestra mano hacer. Porque no podemos llegar a todo, pero sí podemos poner el foco en aquellas acciones y conductas que supongan un verdadero punto de inflexión en la educación y en la vida de nuestros hijos e hijas. Es decir, en aquello que facilita nuestra tarea educativa y mejora nuestro acompañamiento a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento.
2. Potenciar su autoestima y enseñarles a valorar su intimidad
En este sentido, hay dos aspectos especialmente importantes: potenciar su autoestima y ayudarles a dar valor a su intimidad y a preservarla. Porque cuando un niño, una niña o un adolescente aprende a mirarse con respeto, a reconocer su valor, a quererse y a cuidar aquello que forma parte de su mundo íntimo, también está más preparado para poner límites, pedir ayuda y protegerse ante situaciones que puedan dañarle.
¿Qué otras acciones son importantes, incluso determinantes?
La educación afectivo-sexual debe ir de la mano de una buena educación digital. Y aquí nuestro ejemplo es crucial. No debemos olvidar que nuestros hijos e hijas, por pequeños que sean, se fijan en cómo nos relacionamos con la tecnología: cuánto tiempo le dedicamos, qué lugar ocupa en nuestra vida cotidiana, cómo nos atrapa y de qué manera condiciona nuestros vínculos, nuestra atención y nuestra intimidad.
Todo ello va alimentando su imaginario sobre cómo será, o cómo debería ser, su propia relación con estos entornos. Por eso, ser coherentes con nuestro ejemplo dará mucha más fuerza a nuestro discurso. Para poder acompañarlos hacia un equilibrio saludable entre la vida presencial y la vida virtual, primero debemos revisar también nuestra propia relación con las pantallas.
Y es que necesitamos una ‘dieta digital saludable’. Esto también forma parte de la educación afectivo-sexual. ¿Qué mejor punto de partida que hacer una revisión personal y preguntarnos cómo usamos la tecnología, qué espacios ocupa en nuestra vida, qué nos aporta, qué nos resta y cómo preservamos nuestra intimidad en el mundo de las redes? El objetivo no es ser perfectos, sino mejorar como referentes y guías digitales. Así, sin apenas darnos cuenta, también estaremos educando en sexualidad.
¿Qué podemos hacer para ser mejores guías digitales?
Un pilar fundamental de la sexualidad es la autoestima. Y, hoy en día, encontramos multitud de golosinas virtuales, altamente atrayentes y pegajosas, que nos alejan de nuestra realidad física, nos privan de un valioso tiempo para la reflexión y el autoconocimiento, nos mantienen anclados al mundo virtual y nos roban momentos esenciales de presencia real junto a nuestros hijos e hijas.
Reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología e intentar mejorar nuestra higiene digital es una forma muy interesante de empezar. Eliminar aplicaciones que nos roban espacios de comunicación real con las personas que queremos, reducir estímulos innecesarios o recuperar momentos sin pantallasnos ayudará a construir una relación más equilibrada con ese mundo.
Este puede ser un buen comienzo para aprovechar mejor el verano en familia: estar más presentes, conversar más, regalarnos tiempo de calidad, contemplar nuestro entorno con calma y recuperar espacios de conexión que, a veces, el ritmo digital nos va arrebatando de forma silenciosa.
¿Qué más podemos hacer para promover la educación afectivo-sexual de nuestros hijos e hijas?
Una de las acciones más sencillas, pero también más necesarias, es ayudar a niños, niñas y adolescentes a disponer de tiempo para pensar, escucharse y descubrirse con la tranquilidad y la libertad que necesitan.
Porque la educación afectivo-sexual no consiste solo en hablar de sexualidad, riesgos o límites. También significa crear las condiciones para que puedan construir una relación sana con su cuerpo, con su intimidad, con sus emociones, con sus vínculos y con su propia identidad.
He ahí nuestro papel crucial: educar no solo con palabras, sino también con nuestra actitud y nuestro ejemplo. Y este aspecto, aunque no siempre lo parezca, también es clave en la educación afectivo-sexual.
Este libro está dirigido a madres y padres de niños y adolescentes, y también a docentes, profesionales de la educación y educadores sociales, que busquen una guía para afrontar los actuales retos de la educación afectivo-sexual. En sus páginas, la autora plantea preguntas, genera debate y aporta luz y recursos prácticos. Su primera propuesta es “apagar para conectar”, con el fin de que no se nos escape el control de su educación.
A través de consejos prácticos, nos ofrece instrumentos para entender por qué el juego online tiene una doble arista, qué papel tienen las redes sociales, la importancia de detectar las ‘golosinas virtuales’, cómo es la nueva cultura del sexo, el fácil acceso a la pornografía y a la inteligencia artificial, así como los nuevos entornos digitales, como el metaverso. Porque toda educación sexual empieza por una educación digital consciente.
Anna Flotats: Especialista en educación afectivo-sexual y digital, trabaja también en la prevención de violencias ‘online’. Imparte formación para docentes, alumnado y familias. Es autora de los libros ‘Golosinas virtuales’ y ‘Del velcro al porno’, y creadora del juego de mesa familiar Crazy dopamina.
La Unesco calcula que los países con rentas bajas y medias-bajas enfrentan una brecha anual de financiación de la educación de 97.000 millones de dólares, y esta situación no hace más que empeorar. Más allá de la disminución de la ayuda, el aumento de la deuda está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas educativos en gran parte de países en desarrollo.
La mayoría de los países en desarrollo destinaron en 2025 una mayor cantidad de recursos financieros al pago y servicio de su deuda externaque al financiamiento de sus sistemas educativos, indica un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Este panorama crítico en las finanzas globales coincide con proyecciones institucionales que anticipan unadrástica reducción de hasta un 30% en la ayuda internacional dirigida hacia el rubro educativo para el año 2027.
El análisis de la organización multilateral detalla que en 2025 un total de 113 naciones en vías de desarrollo priorizaron los compromisos financieros de su deuda pública por encima de la educación de su población infantil. La disparidad presupuestaria es grave en la región del África subsahariana, donde los Gobiernos gastaron, en promedio, 3.6 veces más capital en el pago de obligaciones crediticias que en el sector educativo.
Las economías de ingresos bajos y medios-bajos ya sufrieron un retroceso del 21% en la ayuda educativa que recibían en 2023, y en naciones como Afganistán, Malí, Níger y Liberia la disminución de fondos internacionales rebasó un 40% en un periodo de tres años.
La directora de la división de educación de la Unesco, Min Jeong Kim, advirtió que los enfoques actuales mantienen a los países atrapados en un ciclo de austeridad, falta de inversión y desarrollo estancado. La funcionaria puntualizó que esta coyuntura debilita las posibilidades de crecimiento económico, erosiona la recaudación interna y disminuye a largo plazo la propia capacidad de las naciones para solventar sus deudas futuras.
El reporte expone casos extremos en los que 18 de las naciones más endeudadas multiplicaron por cinco su gasto en deuda en comparación con el presupuesto educativo, llegando a un desfase de hasta 16 veces en el caso específico de Sri Lanka.
Esta realidad financiera se traduce en el terreno en escuelas desabastecidas y profesores sin percibir salarios, por lo que la Unesco urgió a un cambio radical en los esquemas internacionales de alivio de deuda para pasar desde medidas temporales a acuerdos a largo plazo que blinden los servicios públicos.
Analistas y activistas exigen que el Reino Unido aproveche su presidencia del G20 en 2027 para impulsar reformas legales que impidan a los acreedores privados bloquear o boicotear los procesos de condonación de deuda en beneficio propio.
Cuáles son las manifestaciones previstas para los próximos meses y qué planean para la movilización de “Los Cayetanos” el 7 de agosto. Los reclamos por el cierre de programas sociales y del Salario Social Complementario son unos de los principales reclamos.
Los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de izquierda, enrolados en Territorios en Lucha y gremios combativos, se preparan para enfrentar al gobierno de Javier Milei,con un plan de lucha que incluye marchas y piquetes, y que concluirá con una Marcha Federal y un supuesto paro general que hasta ahora la CGT no confirmó ni anunció.
Los principales reclamos están concentrados en tres puntos: el Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo y la “parálisis total de las obras de integración socio urbana en todo el país”.
Las reuniones entre los principales dirigentes de los movimientos sociales se multiplicaron en los últimos días. ¿El catalizador? La decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, lo que habilita el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto.
La resolución, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país a partir de agosto. El fallo incluye un segundo aspecto criticado por la dirigencia opositora: le permite al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del programa “Volver al Trabajo” por un sistema de vouchers de capacitación laboral, ya anunciado por la funcionaria de Javier Milei.
El 7 de agosto los movimientos sociales realizarán la Marcha de San Cayetano (Jaime Olivos)
Sobre las posibles consecuencias de la eliminación del programa social que reemplazó al Potenciar Trabajo, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, expresó a este medio: “Esto lo único que va a generar es la profundización de la crisis social en los territorios. La plata que el gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejará de circular en las economías locales y eso va a golpear de lleno a todo el circuito económico local: verdulerías, almacenes de barrio, kioscos, todos esos comercios van a desaparecer con este ajuste brutal. Los gobernadores que acompañan al Gobierno nacional deberían estar muy preocupados porque esto lo único que va a generar es que la crisis les va a estallar en la cara, porque esa plata que dejará de circular en las provincias golpea de lleno a las economías regionales”.
Uno de los referentes que impulsa las medidas de fuerza contra las políticas de la Casa Rosada es Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. En diálogo con Infobae, explicó: “Desde la UTEP hemos definido construir este plan de lucha junto a la CGT y las dos CTA con el objetivo de darle continuidad a la pelea contra este modelo económico que va generando un genocidio social en goteo”.
Alejandro Gramajo: “Desde la UTEP hemos definido construir este plan de lucha junto a la CGT y las dos CTA»
Gramajo explicó: “En este contexto de bronca social creciente, definimos este plan de acción conjunto, poniendo el eje en los problemas profundos de nuestro pueblo. Dentro de estas jornadas, vamos a movilizarnos al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias endeudadas en el sistema formal”.
De esta manera, el militante social agregó: “Casi siete millones de argentinos han quedado excluidos del sistema de crédito formal debido a un aumento histórico en la morosidad, que alcanzó el 12,7%. Pero hay una realidad que no muestran estos datos: en el sistema informal muchos casos están vinculados a préstamos ligados al narco, el juego y las billeteras virtuales”.
«El 22 de julio vamos a acompañar a los jubilados, que son un ejemplo de lucha. Además, el 7 de agosto vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Convocaremos a todos los sectores afectados por la crisis, desde empresarios pymes y sectores universitarios hasta organizaciones comunitarias y agrupaciones estudiantiles”, anticipó.
Para la Marcha de San Cayetano, la UTEP no estará sola. Este año, los líderes de la CGT decidieron participar orgánicamente, al igual que las dos CTA. Según los organizadores, la idea es que este año, a 10 años de la primera gran marcha, “se relance la resistencia contra las políticas de ajuste de este Gobierno”.
La peregrinación, en celebración del día del patrono del trabajo, partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, se movilizaron casi medio millón de personas.
Silvia Saravia: «El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda»
A esas acciones se suman otras iniciativas:
El 3 o 4 de agosto -resta definir el día- se realizará la Marcha Educativa. Desde la UTEP, explicaron que “esta es una acción de los gremios docentes, que están resolviendo convocar a un paro para la vuelta a clases”. Y recordaron: “En cada provincia la realidad es distinta. Probablemente haya un acto en la Plaza de Mayo”.
En la primera quincena de agosto se realizará una movilización al Consejo del Salario. En ese marco, la organización de la economía popular reclamará “el aumento del Salario Social Complementario y el reenganche con el salario mínimo”.
Por el mencionado “endeudamiento familiar”, los movimientos sociales marcharán, en las dos primeras semanas de agosto -la fecha aún no se fijó- al Ministerio de Economía. Antes, desarrollarán una campaña previa de “agitación con volanteadas en estaciones de tren y lugares de concentración de gente”.
El 2 de septiembre, Día de la Industria, los dirigentes sociales realizarán un encuentro “entre trabajadores y empresarios en conflicto con el gobierno de Javier Milei”.
También está previsto realizar acciones solidarias en la “Semana Social de la Iglesia”. Este hecho se enlazará en octubre con la prevista “Marcha Federal” y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, opinó al ser consultada por Infobae: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.
Los militantes sociales también se preparan para una posible visita del papa León XIV, un hecho que el Vaticano tampoco confirmó. De todos modos, los dirigenteslo viven como “una instancia de movilización y donde entendemos que su mirada va a confrontar con el cuerpo de valores que defiende el gobierno de Javier Milei”.
Gremios universitarios denuncian la exclusión de jubilados en el pago de bonos y exigen salarios dignos, mientras que docentes de Miranda, Lara, Táchira y Mérida aseguran que mantendrán la organización y las protestas hasta lograr reivindicaciones laborales y el respeto a sus derechos.
Equipo de corresponsales
Mientras el país enfrenta las consecuencias de la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio, gremios universitarios y docentes de distintas regiones del país advierten que la crisis laboral del sector educativo se continúaprofundizando. Representantes de asociaciones de profesores y de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) aseguran que las dificultades derivadas de la emergencia no pueden invisibilizar los reclamos por salarios dignos, seguridad social y el respeto a los derechos laborales.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) emitió un comunicado en el que cuestionó la actuación del Ejecutivo en materia laboral. El gremio rechazó que el bono de Responsabilidad Profesional, cancelado el pasado 30 de junio, excluyera a docentes jubilados, contratados y a tiempo convencional.
También criticó que el denominado «Bono Especial de Vacaciones», equivalente a unos 65 dólares al tipo de cambio del 8 de julio, fuera anunciado en dos pagos, previstos para el 10 y el 25 de julio.
«En momentos como el actual, la responsabilidad del Estado con sus trabajadores debe ejercerse con empatía y máxima responsabilidad», señaló la asociación.
Para el gremio universitario, repetir la exclusión de los jubilados en este beneficio «no solo es ilegal, sino esencialmente inhumano», al tiempo que recordó que la tragedia derivada de los terremotos ocurre en medio de una crisis social preexistente que también requiere atención.
Por ello, exigieron el pago del bono de Responsabilidad Profesional para todos los universitarios y que la bonificación vacacional sea cancelada en una sola fecha.
En Miranda mantienen la organización gremial
Esta determinación también se refleja en el estado Miranda, donde los educadores aseguran que su lucha gremial no se va a detener a pesar del silencio institucional y los intentos de amedrentamiento.
Los representantes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en la entidad, junto a otras organizaciones gremiales, confirman que las bases magisteriales se mantienen unidas y firmes en sus reclamos.
Al respecto, el profesor René Zapata, secretario de organización de la FVM para el eje Tuy-Guaicaipuro, explicó que el descontento es absoluto debido a sueldos devorados por la inflación, la falta de seguridad social y la asignación de bonos que no cubren la canasta básica.
Ante esta realidad, Zapata recalcó que la ruta sindical sigue clara y advirtió que, si el Ejecutivo nacional persiste en ignorar las solicitudes del sector, la base trabajadora mantendrá su organización de cara a la convocatoria de un paro nacional.
Esta postura se extendió hacia la región de Barlovento. Roymer Durán, presidente de la FVM en el municipio Acevedo, sostuvo que la unificación de los maestros rurales y urbanos en una misma exigencia de dignidad laboral es total.
Asimismo, el dirigente recordó que el derecho a la movilización está amparado legalmente y aseguró que no abandonarán las calles hasta lograr la firma definitiva de la convención colectiva.
En Lara: «el sector gremial sigue de pie, con la dignidad intacta»
En Lara, el sector educativo mantiene su lucha por reivindicaciones laborales. Deborah Velásquez,presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Apucla), advirtió que no cesarán en la exigencia de salarios dignos, tras cuatro años de congelamiento desde su migración al Sistema Patria.
Velásquez señaló que, ante una economía dolarizada, el gobierno ha respondido con una política de bonificación que no incide en prestaciones sociales ni en bonos vacacionales o navideños. Asimismo, denunció que la reciente prima de profesionalización excluye a los jubilados, ignorando su meritocracia y trayectoria académica.
«No es que queremos exigir algo que no nos corresponde, nos corresponde. Y por eso la firmeza y la objetividad que tenemos en esta lucha inédita para los trabajadores», recalcó.
Deborah Velásquez, presidenta de Apucla, frente a la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto. Foto: El Pitazo
Pese a décadas de acciones, incluyendo la histórica marcha a pie de Barquisimeto a Caracas en 2013 y la entrega constante de documentos, la respuesta gubernamental ha sido la indiferencia.
«El gobierno aplica una política de oídos sordos: no escucha, no atiende y no resuelve», lamentó Velásquez.
No obstante, frente a la pulverización del poder adquisitivo, reafirmó el compromiso gremial. «Tras 27 años de lucha, seguimos de pie y con la dignidad intacta hasta alcanzar las reivindicaciones que nos corresponden por derecho, constitucionalmente».
En Táchira y Mérida: no se nos puede olvidar luchar por un salario digno
En Mérida, dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) destacaron al equipo de El Pitazoque, aunque la emergencia actual es prioritaria, la exigencia salarial sigue siendo clave para el bienestar del sector educativo.
«A nosotros no se nos ha olvidado, ni se nos puede olvidar jamás, que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos; por un salario digno, como establece la Constitución en su artículo 91, que cubra las necesidades básicas del docente», manifestó Lucybel Rivera, dirigente del magisterio.
Asimismo, denunció que, a pesar de que la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en más de 785 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), los docentes apenas ganan entre 1 y 3 dólares mensuales.
«Necesitamos como 400 salarios para cubrir la canasta básica y la canasta alimentaria (…) Nosotros nos ganamos el título y tenemos años de servicio. Por ejemplo, yo ya tengo 28 años, pero no me jubilo porque dependo del bono de guerra, que lamentablemente no es salario. Una miseria para todos los venezolanos», afirmó.
Por su parte, Ramón Alí Contreras, presidente de la FVM en Mérida, señaló que la crisis de los servicios públicos y las condiciones laborales impactan en la estabilidad emocional de los maestros, una situación que también repercute en el proceso de enseñanza.
«Queremos vivir una vida digna que nos permita responder a los alumnos, quienes necesitan nuestra atención. Un maestro que no coma bien, que no se recrea y que tenga los servicios básicos cortados, se siente afectado psicológicamente y eso no estimula tampoco al niño, quien también siente esa realidad», expresó.
Evencio Zenón, representante gremial del Táchira, resaltó la necesidad de reinstitucionalizar el país para que la crisis económica del país pueda tener una mejor gestión y realmente sean solucionados los problemas de los empleados públicos.
Además indicó que es necesario que, pese a la tragedia de La Guaira, se hable sobre la convocatoria de elecciones porque ya se cumplieron los 180 días de la ausencia de Nicolás Maduro, por lo que se deben establecer los mecanismos que permitan que haya nuevas autoridades en Venezuela: «ya el interinato terminó, necesitamos nuevas autoridades», sentenció.
Zenón recordó que los empleados públicos perciben menos de un dólar mensual como sueldo y que los bonos les ayudan, pero no son salario y no tienen incidencia en sus beneficios laborales.
Los gremios coinciden que la emergencia nacional no puede convertirse en una razón para postergar las reivindicaciones laborales del sector educativo. Mientras esperan respuestas del Ejecutivo, docentes universitarios y de educación básica reiteran que mantendrán la organización gremial y las acciones de protesta hasta lograr mejoras salariales, el cumplimiento de la contratación colectiva y el reconocimiento de sus derechos laborales.
Para la juventud mundial en 2026, el cambio climático ha dejado de ser una «preocupación medioambiental» para consolidarse como una crisis existencial, sistémica y de justicia social.
A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes no solo exigen conciencia, sino que demandan responsabilidad legal, acción política vinculante y una transformación radical de los modelos económicos. Sin embargo, también reflejan un aumento de la fatiga climática y la frustración ante los retrocesos políticos (el llamado greenlash) observados a mediados de la década de 2020.
Diversos estudios sociológicos muestran que la inmensa mayoría de los jóvenes (frecuentemente por encima del 80% en diversas encuestas de la UE) consideran el cambio climático como uno de los problemas más urgentes del mundo, que les crea sentimientos de traición y ecoansiedad generalizada, por percibir que las generaciones mayores y los líderes políticos actuales les están «robando el futuro», priorizando el crecimiento económico a corto plazo sobre la supervivencia del planeta, lo que les causa sentimientos de miedo, impotencia y angustia ante la degradación de los ecosistemas y los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, sequías e incendios en el sur de Europa).
Esto les lleva a su desconfianza política de las instituciones, al considerar insuficientes sus proyectos como el Pacto Verde Europeo (Green Deal) o por retrocesos, como las concesiones políticas realizadas a partir de 2024 (relajación de normativas agrícolas o de restauración de la naturaleza para apaciguar a sectores conservadores) que son consideradas pruebas de que los políticos ceden ante los lobbies económicos, lo que se traduce en exigencia de coherencia, con blindaje de las leyes climáticas contra los ciclos electorales, que modifican los objetivos de emisiones según el color político del gobierno de turno.
A la luz de las evidencias más recientes publicadas en The Lancet Planetary Health, 2026 (1), la percepción del cambio climático por parte de la juventud (incluyendo el contexto europeo) debe entenderse no solo como una demanda política, sino como una crisis de salud mental pública sin precedentes. La angustia climática (ecoansiedad, duelo ecológico, miedo al futuro) es una respuesta racional y adaptativa a una amenaza existencial real. En este contexto, el activismo climático ha dejado de ser solo una herramienta de protesta para convertirse en una estrategia terapéutica fundamental que permite a los jóvenes transformar la parálisis en agencia. Sin embargo, el informe advierte sobre el grave riesgo de burnout (agotamiento) y daño moral si esta carga psicológica recae exclusivamente sobre ellos.
El cambio climático como crisis de salud mental juvenil
La adolescencia y la juventud temprana (13-25 años) son etapas críticas para el desarrollo neuropsicológico y la formación de la identidad. El cambio climático está alterando las condiciones necesarias para un desarrollo saludable, como muestran los estudios globales citados en el artículo del “Lancet PlanetaryHealth”, donde el 75% de los jóvenes considera que «el futuro es aterrador»;y que les ocasiona preocupación constante y sentimientos de tristeza, impotencia, incertidumbre, e incluso ideación suicida y dudas sobre si tener hijos.
Por otra parte, la juventud está expuesta a narrativas de la industria de los combustibles fósiles y a la inacción política que promueven el «doomismo» (la idea de que es demasiado tarde para actuar), lo que exacerba la desesperanza y los síntomas depresivos.
Ante ello destaca el estudio de The Lancet que la angustia que sienten los jóvenes no es un trastorno mental en sí mismo, sino una respuesta emocional válida y racional ante la destrucción ecológica, la injusticia climática y la falta de acción por parte de los gobiernos y líderes industriales que no solo genera ansiedad, sino que les provoca una sensación de traición y abandono por sentir que las instituciones que deberían protegerlos están fallando.
Junto a ello existe un «silencio socialmente construido» en torno a estas emociones, que a menudo disuade a los jóvenes de expresar su dolor por miedo a no ser tomados en serio o a ser incomprendidos.
Frente a la inacción institucional, el artículo destaca que la participación en el activismo y la acción colectiva funciona como una poderosa intervención de prevención primaria y salud mental. El activismo actúa como amortiguador psicológico, transformando la angustia abrumadora en acción con propósito. Al participar en esfuerzos colectivos, los jóvenes recuperan su sentido de agencia y autoeficacia, contrarrestando la parálisis que genera la ecoansiedad.
Junto a ello el activismo permite a los jóvenes alinear sus acciones diarias con sus valores más profundos (justicia, sostenibilidad, empatía). Esta «esperanza activa» o afrontamiento centrado en el significado ayuda a procesar el duelo ecológico, permitiendo que convivan la desesperación por el estado del planeta y la esperanza por el futuro, lo que se une al hecho de que la acción climática colectiva fomenta redes de apoyo social. En un contexto donde los jóvenes se sienten aislados por su preocupación (a menudo incomprendidos en sus entornos familiares o educativos), los movimientos climáticos ofrecen un sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia que es vital para la salud mental.
Más allá de la protesta, surgen intervenciones comunitarias como los Climate Cafés (Cafés Climáticos) o grupos de pares (como Force of Nature o Good Grief Network). Estos espacios descentralizados permiten a los jóvenes procesar sus emociones, compartir experiencias vividas y construir resiliencia psicosocial colectiva en un entorno libre de juicios.
Pero es importante destacar que el artículo de The Lancet introduce una advertencia crucial: el activismo no puede ser el único sustento de la salud mental de los jóvenes, ni puede reemplazar la responsabilidad sistémica.
Cuando los jóvenes participan en la acción climática bajo la premisa de que la situación es «demasiado urgente como para descansar», pueden ser llevados al burnout (agotamiento crónico). El agotamiento es severamente agravado por la inacción percibida de los líderes políticos y corporativos. Cuando los jóvenes luchan incansablemente y son ignorados o traicionados por las instituciones, sufren una «lesión moral», un daño psicológico profundo derivado de transgredir sus propios valores o de presenciar injusticias sistémicas sin poder detenerlas.
Por ello The Lancet plantea que las intervenciones terapéuticas y los movimientos sociales deben enseñar a los jóvenes a equilibrar el activismo con otras facetas de sus vidas, normalizando el descanso y el autocuidado no como una rendición, sino como una necesidad de sostenibilidad a largo plazo. Para ello además del activismo, deben fomentarse las intervenciones basadas en la naturaleza, pasando tiempo en la naturaleza o participando en actividades de conservación, que ayudan a reducir el estrés, aunque se advierte que la naturaleza degradada también puede ser fuente de dolor), para lo que son adecuadas terapias de aceptación y compromiso (ACT) que ayudan a los jóvenes a aceptar pensamientos dolorosos sin rumiarlos, aclarar sus valores y comprometerse en acciones significativas, o terapias conductuales para regular las emociones intensas y tolerar la angustia sin quedar paralizado por ella.
También es de interés la regulación del consumo de medios, ya que las redes sociales son una espada de doble filo (conectan a los activistas pero también bombardean con imágenes apocalípticas) y es vital desarrollar habilidades para gestionar la exposición a noticias catastróficas.
En síntesis: para la juventud, el activismo climático es un mecanismo de supervivencia psicológica. Les permite transformar el terror paralizante en comunidad, propósito y esperanza activa. Sin embargo, para que esta resiliencia sea sostenible, la sociedad y las instituciones deben apoyar su activismo, asumiendo al mismo tiempo la responsabilidad sistémica que les fue arrebatada.
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