El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva puso fin este miércoles a un programa implantado por el exmandatario Jair Bolsonaro que promocionó la creación de las llamadas “escuelas cívico-militares” administradas por las fuerzas armadas.
La medida que extingue el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares fue tomada mediante una resolución del ministerio de Educación y del ministerio de Defensa y divulgada por la prensa brasileña.
La cartera de Educación dijo “no haber comprobado la eficacia” del programa impulsado por el líder de ultraderecha y capitán de la reserva del Ejército, quien sostenía que en las escuelas se debía “imponer la jerarquía”, como “se hace en los cuarteles”.
Entre 2019 y 2022 fueron abiertas en el país 216 escuelas cívico-militares a las que asisten 192 mil alumnos, entre ellos la hija menor del expresidente, Laura, de 13 años. La gestión educativa estaba a cargo de profesionales del área, pero lo relativo a la administración y los llamados “códigos de conducta” eran responsabilidad de personal vinculado a las fuerzas armadas.
Según el ministerio de Educación, en esas escuelas habrá a partir de ahora “una transición cuidadosa de actividades, que no comprometa el cotidiano” de los alumnos y profesores, y que durará hasta el fin del presente año lectivo, cuando esos colegios volverán a tener la misma disciplina de todos los inscriptos en la red pública. Los militares que trabajaban en esas escuelas, de acuerdo a la decisión, serán reubicados progresivamente en otras funciones, pero dentro del cuadro de las fuerzas armadas.
En el documento, la cartera de Educación advierte que el programa “induce una desviación del propósito de las actividades de las fuerzas armadas, invocando su actuación en un área que no es de su competencia y no es consistente con su lugar institucional en el ordenamiento jurídico brasileño”.
Escuelas contra el “marxismo cultural”
El formato de escuela cívico-militar existe en el país desde la década del 90 pero Bolsonaro le dio un fuerte impulso en septiembre de 2019 con la creación del Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que tenía el objetivo de reducir la deserción escolar y reprimir los casos de violencia escolar a través de la disciplina militar. El expresidente creó una secretaría dentro del ministerio de Educación para el programa que contaba con su propio presupuesto y personal.
A principios de año, el gobierno de Lula extinguió esa secretaría. El ministro de Educación, Camilo Santana, ya había manifestado que no apoyaba la medida, pero aún faltaba definir cómo funcionarían las escuelas luego de la supresión del modelo y qué pasaría con los militares que prestaban servicio en los establecimientos escolares.
Cuando Bolsonaro anunció ese programa cuatro años atrás dijo que uno de los objetivos era que las escuelas dejaran de “formar militantes políticos” y pasaran a educar “para el trabajo”, con “la disciplina” propia de los cuarteles. Las escuelas cívico-militares también fueron presentadas como una “herramienta” contra el “marxismo cultural” que, según el líder de ultraderecha, domina el pensamiento y la educación desde hace décadas.
“Visión distorsionada” de prioridades
La enseñanza fue una de las áreas más conflictivas para el gobierno de Bolsonaro, quien en sus cuatro años en el poder tuvo igual número de ministros al frente de la cartera de Educación. Para Gabriel Corrêa, gerente de Políticas Educativas de la ONG “Todos Por la Educación”, este “modelo militarizado de escuelas debía quedar restringido a escuelas de las fuerzas armadas, para jóvenes que quieran este tipo de formación y carrera, con personal militar que haya tenido formación en el campo educativo”.
Otro punto muy criticado por expertos fue la mala lectura de las prioridades, ya que el gobierno de Bolsonaro daba “prioridad a un número mínimo de escuelas, creando una política, un presupuesto específico y una mesa específica en el ministerio de Educación para ellas, lo que muestra una muy visión distorsionada de las prioridades”, dijo Corrêa en diálogo con el portal G1.
Más allá del ámbito educativo, el rol de las fuerzas armadas en el gobierno de Bolsonaro se encuentra bajo análisis, sobre todo porque al menos tres militares están acusados por el complot para desconocer las elecciones de octubre pasado e incentivar el intento de golpe del pasado ocho de enero. El exedecán de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, está detenido y se le encontraron en su celular documentos sobre cómo llevar adelante un golpe de Estado para desconocer las elecciones del año pasado.
Se tornan de vital importancia una serie de correcciones que se están realizando a la Ley del ISSSTE.
El fallecimiento de un ser humano es siempre doloroso en todos los sentidos, aunado al vacío que deja la partida de una persona, se vienen una serie de trámites y formalidades que se tienen que cumplimentar en aras de acceder a los beneficios que cualquier trabajador o trabajadora generaron durante una vida laboral, como lo es en el caso de quienes dependemos del ISSSTE.
Existen una serie de derechos a los cuales puede acceder la familia una vez pasamos a otro plano como lo son el pago de marcha, apoyo de gastos funerarios, seguros de vida, remanentes de los fondos de vivienda y ahorro, y por supuesto, una pensión de viudez, orfandad o ambas, por el riesgo de trabajo asumido en el desempeño de la labor a realizar.
Ésta última figura tiene ciertos candados y complicaciones en el sentido de que el artículo 60 de la Ley General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, establece que la familia – a falta de notificación por parte de las dependencias o entidades los 3 días siguientes a su conocimiento -, tiene 30 días naturales para avisar a las instancias del Instituto sobre el fallecimiento en circunstancias presumiblemente de riesgo de trabajo, haciendo improcedente cualquier reclamo, solicitud o reconocimiento de dicha configuración después de ese lapso.
Siendo conocedores de la burocracia que existe en algunos espacios y particularmente, en los departamentos que se encargan de gestionar estos trámites, se vuelve un procedimiento tortuoso en varios aspectos. En toda ocasión y a pesar de la aflicción que causa el fallecimiento, cierto personal exige datos indispensables sumados a informes del primer respondiente – fuerzas policiales, dictámenes periciales, partes de ambulancias o médicos tratantes – que den fe de los hechos, para el llenado de los formatos RT01, RT02 y RT03, sumado a una serie de documentos que muchas veces tienen sólo quienes fungen como patrones y que por lo regular, tardan en ser liberados.
Es por eso que se tornan de vital importancia una serie de correcciones que se están realizando a la Ley del ISSSTE, como lo es la que se trabajó del 07 de Junio del 2023 en el pleno de la 21A Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, donde se establece la modificación al artículo 60 de la ya mencionada ley, dejando sin efectos el tiempo para solicitar la dictaminación del riesgo de trabajo, no solo para fallecimientos, si no también, para el otorgamiento de incapacidades por accidentes que generen consecuencias en detrimento de las capacidades de los afectados o afectadas.
Con dichas acciones, seguramente se habrán de realizar las modificaciones correspondientes a las leyes secundarias que ayuden a armonizar los parámetros que se utilizan en la actualidad para calificar los riesgos de trabajo, y con ello, reconocer en la vía de los hechos, los derechos a los cuales se hace acreedor cualquier persona y sus familias por el trabajo que presta a las comunidades y a la sociedad en general, lo que estaremos cuidando y acompañando en todo momento en la idea de otorgar a usted, amable lector, claridad en los términos que marque la normatividad.
A través de un consejo asesor las autoridades buscan realizar cambios a las normativas de las instituciones en beneficio de los estudiantes. «Hay presiones que no las tenemos bien diseñadas en los ciclos formativos», afirmó el subsecretario Orellana.
Como plan de acción dentro de las instituciones educativas hoy se presentó en la Casa Central de la Universidad de Chile la Estrategia Nacional para la Salud Mental en Educación Superior, cuyo objetivo es trabajar en torno a los problemas en el bienestar socioemocional de las y los estudiantes luego de la pandemia.
A la instancia, que es producto de un trabajo intersectorial, asistieron el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli y la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.
Cabe destacar que para cumplir los objetivos de este plan se conformó un consejo asesor en salud mental que contará con la presencia de distintos estamentos: representantes del gobierno, instituciones y estudiantes, para que en diciembre se haga entrega de sus recomendaciones.
Lo último, fundamentalmente, enfocado en ejecutar acciones de promoción, prevención, atención y derivación de las y los estudiantes.
Ante esto, el subsecretario Victor Orellana manifestó su compromiso para que el trabajo del comité concluya con modificaciones a las normativas institucionales, teniendo en cuenta que este último tiempo “se ha incrementado exponencialmente las solicitudes de atención por parte de las y los estudiantes. Tenemos un problema fuerte y muy importante que abordar como sociedad con los intentos de suicidio“, señaló.
Por ello, planteó como tarea fundamental repensar la formación académica porque “hay a veces presiones que no las tenemos bien diseñadas en los ciclos formativos, entonces tenemos que avanzar a ciclos mucho más ágiles, modernos, adecuados a como es la vida actual de las y los jóvenes que están en la educación superior”, aunque recalcó que esto es un tema multifactorial que no solo proviene de las instituciones.
Además, durante la presentación se hizo referencia a un estudio expuesto por el Centro Milenio de Investigación donde se evidenció el predominio de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y el consumo de sustancias en la educación superior.
Por otro lado, se destacó un aumento en las solicitudes por problemas de salud mental del 167% respecto a las 320 registradas el año pasado hasta esta misma fecha. Mientras que, en relación a los estudiantes de primer año, se señaló que al rededor de un 50% presentan prevalecencia en síntomas de los trastornos ansiosos.
Por su parte, la Rectora de la Universidad de Chile señaló que “esas cifras representan dos cosas, por un lado mayor ansiedad, todos sabemos que la vuelta de la pandemia fue compleja, pero también algo que no es negativo y es que las personas están acudiendo a solicitar ayuda“.
En esa línea, declaró que el trabajo dentro de las universidades debe concentrarse en “poner el énfasis en comunidades, esto tiene que ver no solo con la relación de un profesor con sus estudiantes en una sala de clases, sino tiene que ver con cómo la comunidad convive en un espacio universitario“.
“Campus seguros, campus amables, interacciones ricas entre personas diversas porque la diversidad por la cual hemos apostado tanto es importante si es que se dan las interacciones. Ahora, el aula es clave y eso a mí me gusta entenderlo como una educación más humanizada. ¿Qué significa? Reconocer que mis estudiantes que conforman ese curso son distintos”, agregó la Rectora Devés.
Por último, Sabina Orellana, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) y vocera nacional de la Confech, dijo “agradecer los esfuerzos, nosotros llevamos impulsando que la salud mental sea considerada a través de una política pública por lo menos siete años. Antes era un tabú y hoy al Gobierno le importa la salud mental en educación superior”.
Sin embargo, la presidenta de la FEUC hizo un llamado a trabajar en una ley en la cual se incluya financiamiento en esta materia para las universidades, porque “si no lo que pasa, es que tenemos instituciones de educación superior de primera y de segunda categoría y queda a la voluntad de las casas de estudios y sus presupuestos, que tienen en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, para abordar las políticas de bienestar y salud mental”.
En al menos una docena de países, los profesores han realizado importantes huelgas y protestas en el último mes contra la erosión de sus salarios por la alta inflación, la falta de personal y el estado deplorable de las escuelas.
Tanto los Gobiernos abiertamente de derecha como los de la llamada “marea rosa” se han negado a atender sus demandas, alegando que “no hay dinero”. En varios casos, han usado una brutal represión policial y militar, así como represalias como despidos.
En todas partes, las burocracias sindicales han intentado aislar las luchas en cada país, provincia o incluso escuela, mientras limitan las huelgas y protestas para aplacar el malestar e imponer los recortes salariales y sociales exigidos por las élites gobernantes.
Las protestas son una respuesta a los ataques a los niveles de vida y a los servicios sociales a medida que las burguesías subordinan la educación, la salud y la vida de los trabajadores y sus hijos a una competición incesante por el capital y los mercados extranjeros. Estas luchas se han intensificado en medio de una crisis cada vez más profunda del capitalismo global, acelerada por la pandemia continua de COVID-19 y las campañas militares lideradas por EE.UU. contra Rusia y China. Son un importante anuncio de un estallido más amplio de la lucha de clases a nivel global.
Después de los dos primeros años de la pandemia de COVID-19, cuando los docentes y las familias se vieron privados de los recursos tecnológicos, pedagógicos y económicos necesarios para clases a distancia adecuadas, la ONU declaró que Latinoamérica vive su peor crisis educacional de los últimos 100 años.
Un estudio de UNESCO y el Banco Mundial constató un retroceso dramático en compresión de lectura, matemática y otras habilidades, lo que relacionan con efectos socioeconómicos para el resto de sus vidas que impactan más fuertemente a las capas más pobres.
Tras ser obligados a dar clases presenciales en condiciones inseguras para que los padres pudieran volver a trabajar a tiempo completo y generar ganancias para las empresas y los bancos, los maestros, los alumnos y los padres están siendo forzados a cargar con todo el peso de los déficits acumulados de aprendizaje y los daños a la salud emocional y física en medio de recortes masivos a sus salarios y los presupuestos educativos.
Estas condiciones intolerables están alimentando las luchas en toda la región, que tiene la mayor desigualdad del mundo. La siguiente lista no está completa, pero incluye las principales protestas realizadas por los docentes en el periodo reciente.
Los profesores han realizado huelgas este mes en al menos siete provincias de Argentina, incluyendo Salta, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Jujuy, la Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Estas huelgas fueron desencadenadas por el acuerdo entre el aparato sindical y los Gobiernos para pagar aumentos salariales muy por debajo de la inflación, que se espera que llegue a 150 por ciento este año. Los educadores también están luchando contra un fuerte ataque a la educación pública por parte del Gobierno peronista de Alberto Fernández, quien abandonó las promesas de gastar 6 por ciento del PBI en educación y, en cambio, lo redujo al nivel más bajo en 11 años.
Estas protestas están siendo organizadas en gran medida en oposición a la burocracia sindical, incluyendo asambleas de profesores de base “autoconvocados” en Salta que votaron en contra de las propuestas del Gobierno. En respuesta, la pseudoizquierda se ha dedicado a desviar la rabia con llamados a votar nuevos burócratas “combativos” o simplemente para exigir que la misma dirección sindical peronista que pertenece al Gobierno convoque a una huelga nacional.
En Brasil, los profesores han realizado cuantiosas huelgas y protestas por el cumplimiento del piso salarial nacional dese inicio de año. Después de las huelgas en Río Grande del Norte y Maranhão, gobernados respectivamente por el Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado Partido Socialista Brasileño (PSB), en marzo y abril, los profesores de Amazonas, Amapá y el Distrito Federal iniciaron en mayo movilizaciones masivas. La próxima semana, los profesores de Pernambuco también amenazan con entrar en huelga.
Hoy día, las luchas docentes brasileñas se concentran en Río de Janeiro, donde su huelga ya completó 44 días (al 29 de junio). La semana pasada, los tribunales decidieron que era ilegal, pero los maestros están desafiando el fallo.
Asimismo, otras huelgas han durado más de un mes y los profesores sufrieron recortes salariales, demostrando su disposición a luchar para revertir los años de ataques a la educación pública, profundizados hoy pro la pandemia de COVID-19. La situación precaria de los docentes se empeoró con la implementación de la reforma propatronal de educación media.
Por ahora, a pesar del carácter nacional del movimiento, los sindicatos controlados por el PT y sus aliados pseudoizquierdistas han aislado las luchas de los profesores y estudiantes y las han subordinado al Gobierno del presidente Lula da Silva (PT). Al estar sumamente desacreditados tras boicotear las luchas por años, los sindicatos docentes asumieron un carácter criminal cuando traicionaron las luchas de los profesores que exigían el cierre de las escuelas durante la pandemia.
Trabajadores uruguayos hacen huelga para conmemorar el 50º aniversario del golpe del 27 de junio de 1973 [Photo: @PITCNT1]
El 21 de junio, los maestros del sector público en Uruguay realizaron una huelga de un día y marcharon a la Torre Ejecutiva para protestar contra los recortes presupuestarios y exigir alzas salariales y un mayor gasto social en general. Posteriormente, el 27 de junio, hubo una huelga general convocada por la principal confederación sindical, la PIT-CNT, para conmemorar los 50 años del golpe militar apoyado por EE.UU. en 1973.
En México, los profesores celebraron varias huelgas y marchas a lo largo del año para protestar contra el insuficiente aumento salarial del 8,2 por ciento anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las promesas de un gran incremento de los salarios reales. En comparación, el coste de la canasta básica ha registrado un aumento anual del 13,5 por ciento.
El 16 de mayo, una manifestación de profesores frente al palacio presidencial exigiendo un aumento salarial del 100 por ciento y garantías educativas para las comunidades indígenas fue atacada por cientos de policías antidisturbios.
Los profesores de educación media superior también se han declarado en huelga en varias ocasiones, alegando que ni siquiera se ha aplicado el pequeño aumento concedido por AMLO. El Frente Nacional de Educación Media Superior (FNSEMS) se vio obligado a organizar una huelga nacional el 22 de junio. Además, los docentes denunciaron que AMLO no había cumplido su promesa de federalizar todos los pagos a los profesores. En su lugar, el fondo para estos pagos (Fone) se ha reducido en casi un 10 por ciento desde 2015, mientras que en muchas regiones sigue habiendo impago de salarios. Las protestas por estas cuestiones en Michoacán, donde los profesores bloquearon las principales vías férreas, fueron brutalmente reprimidas por parte de soldados de la Guardia Nacional.
Los profesores de primaria y secundaria de Santiago, Chile, iniciaron una huelga el 14 de junio por la “deuda histórica” que el presidente pseudoizquierdista Gabriel Boric había prometido pagar a los docentes, así como por los problemas de salud mental y el exceso de trabajo a los que se enfrentan los profesores. El Colegio de Profesores ha aplazado continuamente una huelga nacional indefinida por el pago de la “deuda”, que se refiere a los aumentos salariales y presupuestarios previstos que no se han cumplido desde 1981, cuando la dictadura de Pinochet destruyó gran parte del sistema educativo público.
La respuesta de Boric a los llamados cada vez más extensos de los profesores a una huelga nacional a principios de este mes resume la actitud de la clase dominante en todo el mundo hacia la educación pública. “Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación”.
Los profesores de Perú han estado al frente de las masivas manifestaciones contra el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos del pasado diciembre y el régimen de Dina Boluarte, que respondió con una represión asesina y amenazas de despedir a los profesores en huelga. Los profesores y otros trabajadores del sureño departamento de Puno realizaron una serie de huelgas de 24 horas en mayo y junio exigiendo la dimisión de Boluarte, mientras que los sindicatos de profesores anunciaron huelgas en apoyo de la “Tercera Toma de Lima” liderada por organizaciones indígenas, prevista para el 19 de julio.
En marzo y abril, los educadores de Bolivia llevaron a cabo importantes huelgas, bloqueos y manifestaciones en todo el país para protestar por el “déficit histórico” de horas no pagadas y el deterioro de las condiciones de trabajo en las escuelas. Los profesores no cobraron gran parte del tiempo que enseñaban a distancia, y muchas escuelas dependen de las asociaciones de padres para recaudar dinero para salarios.
El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce reaccionó enviando a la policía antidisturbios contra los manifestantes y declarando que los profesores no tienen derecho a la huelga. Desde las últimas grandes manifestaciones del 1 de mayo, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana ha seguido anunciando nuevas movilizaciones “en las próximas semanas”, pero las ha aplazado indefinidamente.
En Costa Rica, miles de estudiantes universitarios y profesores de todos los niveles marcharon el 20 de junio hacia el Congreso para protestar contra los recortes presupuestarios en educación destinados a reforzar la policía, en las primeras grandes manifestaciones contra el Gobierno derechista de Rodrigo Chaves.
En la República Dominicana, los profesores celebraron repetidas huelgas y grandes manifestaciones en mayo y junio para exigir mejores salarios y pensiones, así como mejores condiciones de trabajo, incluida la entrega de libros y material didáctico, comidas escolares, más personal, una cobertura médica adecuada y la finalización de numerosos edificios escolares inacabados.
A finales de mayo, los profesores celebraron en Jamaica una huelga nacional de dos días para reclamar alzas salariales, cuestión que aún no se ha resuelto.
A lo largo del mes de junio, en Honduras se produjeron casi a diario ocupaciones de escuelas por parte de padres, profesores y alumnos, debido principalmente a la escasez de personal. Tras dos años de clases a distancia en condiciones de pobreza generalizada y altos índices de analfabetismo entre los padres, miles de alumnos siguen sin profesores.
En febrero, los profesores del Cauca, Colombia, acamparon durante dos semanas frente al Congreso para exigir una mejor atención sanitaria. Y a finales de marzo, más de 10.000 profesores de Bogotá hicieron huelga y se manifestaron contra el trabajo excesivo, los recortes salariales y la falta de personal, y fueron objeto de represalias.
Fuera de América Latina, en las últimas semanas estallaron huelgas continuas del personal de las universidades de Reino Unido y votaciones a favor de huelgas de los maestros de Inglaterra en relación con los salarios, las pensiones y la falta de personal; una huelga de casi un mes de duración de 150.000 profesores de Rumanía que exigían un importante aumento salarial; una huelga de los profesores portugueses en relación con los salarios; huelgas de los trabajadores de las universidades públicas de Eslovenia; y una huelga indefinida de los profesores suplentes de Cataluña, entre otras luchas.
En la expresión más avanzada del actual resurgimiento de las luchas docentes, los Comités de Base de Seguridad de los Educadores de Michigan se movilizaron la semana pasada hasta la planta de camionetas en Warren, cerca de Detroit, para luchar por la unidad de los educadores y los trabajadores automotores en una lucha contra los despidos y los recortes presupuestarios, ya que ambos sectores de trabajadores se enfrentan a importantes batallas contractuales en las próximas semanas y meses.
Esta lucha, que debe extenderse a todas las grandes industrias y más allá de las fronteras nacionales se está organizando como parte de la construcción de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base. La AIO-CB fue creada en 2021 por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional para coordinar la necesaria contraofensiva internacional de la clase obrera contra la desigualdad social, la explotación, la guerra, la pandemia del COVID-19, el cambio climático y todos los grandes problemas sociales, junto con su fuente: el capitalismo.
(Publicado originalmente en inglés el 29 de junio de 2023)
La iniciativa busca acercar la conversación a todas las personas, de manera amable, educativa y cercana, intentando derribar mitos y superar los temores que existen en la ciudadanía.
El pasado 14 de julio, Fundación Niñas Valientes lanzó su nueva campaña comunicacional “D(ESI)DIR: la educación sexual que queremos”.
La iniciativa se estará publicando a través de sus redes sociales (@ninasvalientes), estando compuesta por gráficas educativas, informativas y emotivas, que se complementan con videos a personas famosas como Francisco Melo, Francisca Imboden, María José Castro (Lady Ganga) y Belén Soto además de personas no famosas, quienes nos cuentan cómo fue su educación sexual y cuáles son sus sueños en la materia para nuestro país.
Igualmente, tendrá relatos de personas expertas que señalan la importancia de implementar esta educación desde la niñez, buscando terminar con mitos y desinformación.
“En tiempos de desinformación, la información de calidad es más necesaria”
En la instancia, desarrollada en Fundación Prodemu, la organización presentó los resultados de la consulta ciudadana desarrollada sobre la educación sexual en Chile, los que fueron la base para la construcción de la campaña.
Daniela Tejada, coordinadora de la participación adolescente UNICEF, fue una de las panelistas invitadas a comentar los datos de la consulta ciudadana, donde señaló: “En tiempos de desinformación, la información de calidad es mucho más necesaria para poder tomar decisiones y poder hacer políticas públicas, basadas en evidencia, que apunten realmente a resolver los problemas que tenemos como sociedad. Me alegra mucho contar con esta información para movilizarla y generar incidencia”.
Además, aprovechó la instancia para valorar los datos levantados por la organización: “Los datos muestran que la Educación Sexual Integral no está llegando, o está llegando muy tarde. Hay distintos grados de cómo la falta de educación sexual puede impactar en la niñez. Tenemos que llegar con información adecuada para que cada persona pueda tomar esas decisiones de una forma adecuada y las razones para formar una familia sean las correctas”.
La campaña busca acercar la conversación a todas las personas, de manera amable, educativa y cercana, intentando derribar mitos y superar los temores que existen en la ciudadanía.
En esa línea, Carla Ljubetic, directora ejecutiva de la fundación, afirmó: “No podemos seguir postergando una conversación que es sumamente urgente. Para avanzar hacia una educación en afectividad y sexualidad en Chile, necesitamos conversar y escuchar desde la apertura y el diálogo real, para entender cuáles son los miedos y a qué nos referimos cuando hablamos de ESI”.
“Necesitamos amplificar el mensaje para llegar a todas las personas y que, como país, podamos D(ESI)DIR la educación sexual y afectiva que queremos tener, porque, si no lo hacemos hoy día, vamos a seguir llegando tarde”, concluyó.
El evento fue un espacio de encuentro y conversación acerca de la realidad que se vive sin educación sexual, donde también participaron representantes de otras organizaciones y espacios vinculados con las niñeces y juventudes como UNICEF, Prodemu, INJUV, Fundación para la Confianza, la Red Niñez Valiente y Secundarias Chile.
Luego de una reunión privada con rectores y representantes de las Instituciones de Educación Superior del país, la jefa de cartera, Aurora Vergara Figueroa, confirmó que cuenta con el apoyo de las agremiaciones para la reforma a la Ley 30 que planea el Gobierno
Por Luis Ortiz
El ministerio de Educación recibió luz verde de las agremiaciones para la reforma a la educación. El 14 de julio la ministra Aurora Vergara Figueroa tuvo una concertación con los representantes de cuatro agremiaciones educativas del país, que representan a las 217 instituciones de educación superior privadas.
En la reunión estuvieron presentes integrantes de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún); la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet); la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia (Acesad) y la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe Colombiano (Asiesca), con las que se acordaron los ajustes que se le harán al proyecto del Gobierno.
Finalizada la reunión privada con los representantes de las instituciones de educación superior privadas, la ministra indicó que Aciet, Ascún, Acesad y Asiesca ratificaron su compromiso con una transformación de fondo que permita pensar la educación superior como un derecho fundamental de los colombianos y no como un servicio.
“Con el liderazgo de Ascún y las demás asociaciones en educación superior, convocamos a las instituciones estatales y no estatales a realizar una propuesta que entregamos el día de hoy a la Ministra de Educación y que coadyuvará en la construcción de la reforma a la Ley 30. Acompañaremos este proceso de transformación para hacer de la educación el motor de desarrollo social, económico y cultural del país”, declaró José Consuegra, presidente de Ascún.
La reforma busca modificar la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior. El objetivo de la administración de Gustavo Petro es aumentar los mecanismos de financiamiento de las instituciones de educación superior, aumentar la cobertura en las capitales y zonas periféricas del país.
Entre los cambios planeados para el sistema de educación en Colombia está la gratuidad para los estudiantes de escasos recursos, dignificar el trabajo de los profesores, fortalecer y transformar la infraestructura educativa de las principales universidades de Colombia.
La ministra de Educación Aurora Vergara se pronunció sobre la reforma a la educación que se planea desde su cartera. Fuente: Ministerio Público
“Desde el Ministerio hemos abierto y liderado diferentes espacios para escuchar, conocer y recibir los comentarios, observaciones, sugerencias y propuestas que nos han permitido hacer un ejercicio robusto de construcción colectiva. En suma, se han adelantado diálogos permanentes por la educación superior regionales, acompañamiento a Asambleas Populares Estudiantiles y encuentros con todos los actores de la vida universitaria”, sentenció la ministra de Educación.
Finalmente, la jefa de la cartera de Estado indicó que el documento final de la reforma que presentará será el resultado de diálogo a nivel nacional con los diversos actores del sector educativo, movimientos estudiantiles, profesorales, el Sistema Universitario Estatal (SUE), la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, tecnológicas y universitarias públicas (REDTTU), sindicatos, agremiaciones del sistema mixto, rectores y rectoras de las Instituciones de Educación Superior estatales y privadas.
“Las diversas voces y aportes serán tenidos en cuenta porque buscamos consolidar una Ley de Educación Superior que ofrezca las mejores oportunidades para todas y todos los colombianos”, subrayó Aurora Vergara Figueroa.
Propuesta de pago contingente
En el encuentro también estuvieron delegados del Icetex, que hablaron de un pago contingente como una opción para que las personas que deseen continuar con su formación académica tengan un mecanismo de acceso a la educación superior en Colombia.
Según dijo Mauricio Toro, presidente de Icetex, en el Plan Nacional de Desarrollo se contempla ese mecanismo como una ayuda ofrecida al estudiante para que tenga la posibilidad de pagar su matrícula, de acuerdo con sus condiciones económicas, reduciendo la carga de la deuda.
Al respecto, Hugo Valencia, presidente de Aciet, aseveró: “Es muy valioso este modelo para brindar condiciones de acceso y favorecer los índices de cobertura. Vamos a seguir apoyando este sueño del Icetex, pues estamos seguros de que el beneficio no es para las universidades sino para los estudiantes”.
La oficina de la Unicef con sede en Panamá publicó los resultados de una encuesta en la que los jóvenes de América Latina y el Caribe reclaman más acciones gubernamentales en educación y salud.
De acuerdo con el sondeo practicado entre unas 200 mil personas, y publicado aquí previo a la III Cumbre de la UE-Celac, también los participantes demandan atención en materia de empleo y pobreza.
Para muchos de ellos, apunta el informe den ocasión del foro de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), la inseguridad en las comunidades socava su capacidad para desarrollarse y participar.
De otra parte, precisa el documento, cuatro de cada cinco adolescentes y jóvenes consultados creen que los líderes políticos deberían prestarle más atención y considerar sus necesidades.
La encuesta U-Report (una plataforma global) realizada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ( Unicef) y la UE también recogió criterios sobre tecnología y cambio climático.
Dos de cada tres consultados piensan que el acceso limitado a las tecnologías digitales dificulta sus oportunidades de aprender, y casi la mitad de ellos proponen más inversiones en infraestructuras.
Mientras tres de cada diez interpelados estiman que la contaminación del aire y del agua son los principales problemas ambientales en sus comunidades, seguido por la basura y su recolección, especialmente en las zonas urbanas.
En ese sentido, piden a los Ejecutivos que promuevan la educación ambiental, leyes y políticas para proteger a la naturaleza.
Para la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, los jóvenes y adolescentes deben tener asientos en las mesas de toma de decisiones, tal como lo establece el primer Plan de Acción para la Juventud de la UE.
En la nación belga este lunes darán la bienvenida oficial a las delegaciones de la Celac y tendrá lugar la sesión inaugural de la III Cumbre, copresidida por el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en su calidad de presidente pro tempore de ese mecanismo integrado por 33 naciones.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Z5C5XC6Z6FCCXGOHR4O5MULQQY.jpg)
La ministra de Educación Aurora Vergara se pronunció sobre la reforma a la educación que se planea desde su cartera. Fuente: Ministerio Público
Users Today : 29
Total Users : 35474870
Views Today : 56
Total views : 3574965