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Tras expresar gran indignación por el atropello, los expertos señalaron que las autoridades iraníes tampoco han tomado medidas para investigar esos ataque o para prevenir nuevas agresiones.

De acuerdo con las informaciones, el primer envenenamiento ocurrió el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Qom. Desde entonces, se han producido ataques químicos en 91 escuelas de niñas ubicadas en 20 provincias de Irán.

“Estamos profundamente preocupados por el bienestar físico y mental de estas estudiantes y de sus padres”, apuntaron los especialistas en un comunicado conjunto en el que también abogaron por el disfrute del derecho fundamental a la educación de las niñas iraníes.

Negación de los hechos

Las autoridades del país anunciaron recientemente varios arrestos relacionados con los ataques; sin embargo, los relatores especiales mostraron inquietud debido a que durante varios meses negaron esas embestidas en repetidas ocasiones sin investigar lo que había pasado pese a que cientos de niñas debieron ser hospitalizadas debido a los envenenamientos.

Todavía el 1º de marzo el ministro del Interior, la institución encargada de las pesquisas, descartó que los ataques hubieran sido intencionales, afirmando que el 90% de los casos eran atribuibles al estrés de las estudiantes.

Los medios de comunicación estatales reprodujeron ese argumento y más aún, llegaron a decir que las niñas fingían los síntomas para no presentar sus exámenes.

“Muchos padres han sacado a sus hijas de la escuela por temor a estos ataques”, lamentaron los expertos.

Represión de la libertad de expresión y prensa

Por otra parte, un periodista que cubría los acontecimientos fue detenido en la ciudad de Qom y hasta hoy se desconoce su paradero.

Además, en las redes sociales circuló el video de una madre golpeada violentamente frente a la escuela de sus hijas por exigir información.

Los relatores sostuvieron que estos abusos no sólo son muy preocupantes sino que prueban una vez más el patrón de las autoridades iraníes para silenciar a todo aquel que intente informar o exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.

En este contexto, recordaron que dos mujeres periodistas que informaron sobre el caso de Mahsa Amini -la joven arrestada en septiembre de 2022 por no usar el velo o hiyab “adecuadamente” y que luego murió bajo custodia policíaca-, están presas.

También precisaron que la familia de Amini ha sufrido toda clase de represalias y amenazas.

¿Agresiones orquestadas?

Los expertos destacaron que la secuencia de ataques a las estudiantes comenzaron apenas unas semanas después de las protestas suscitadas en todo el país por la muerte de Amini.

“Tememos que las agresiones se hayan organizado para castigar a las niñas por su participación en el movimiento “Mujeres, Vida, Libertad”; por manifestar su oposición al hiyab obligatorio; y por pronunciarse demandando igualdad.

Los relatores especiales destacaron el contraste entre el rápido despliegue de la fuerza para arrestar y encarcelar a manifestantes pacíficos y la incapacidad para identificar y arrestar a los perpetradores de ataques coordinados a gran escala contra las niñas en Irán.

Añadieron que según los datos con que cuentan, decenas de defensoras de derechos humanos, mujeres y niñas que participaron en las movilizaciones tras la muerte de Mahsa Amini continúan en la cárcel, y que algunas de ellas ya han sido condenadas a prisión.

Asimismo, mencionaron que varias jóvenes que se filmaron hace porco bailando en la calle sin cubrirse el cabello fueron perseguidas y obligadas a disculparse en la televisión estatal.

“Las mujeres y las niñas en Irán son una vez más el blanco de las peores formas de discriminación y violencia sistemáticas”, puntualizaron.

Los relatores firmantes del comunicado son: Javaid Rehman, sobre la situación de los derechos humanos en Irán; Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić, Elizabeth Broderick, Melissa Upreti, y Meskerem Geset Techane, del Grupo de trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; Farida Shaheed, sobre el derecho a la educación, Tlaleng Mofokeng, sobre el derecho a la salud; y el Comité de los Derechos del Niño.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU. Se trata de unos mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2023/03/1519432