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Por: elnuevodia.com/ María de Lourdes Santiago/ 02-05-2018

Recién se ha dado a conocer la deficiente puntuación del Departamento de Educación en la monitoría anual mandatada por la Sentencia por Estipulación del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, en el que por 38 años se ha batallado por los derechos de los niños y niñas de educación especial. Ante este bochornoso (y repetido) incumplimiento, y como si la reforma educativa y los cierres de escuelas no implicaran suficiente sufrimiento para los niños con diversidad funcional, la Cámara está considerando el P de la C 1484, que so pretexto de «armonizar» leyes y reglamentos, es una propuesta para legalizar ese incumplimiento.

Como el DE no cumple con el plazo fijado para que antes de que acabe el semestre esté listo el Programa Educativo Indivualizado (PEI) de cada niño, el P de la C 1484 da un nuevo término, de 30 días antes de que empiece el otro año escolar. En el PEI se establece la ubicación y los servicios, y posponerlo hará aún más difícil que los intérpretes, los terapistas o la asistencia tecnológica a la que tiene derecho el alumno estén disponibles a tiempo. La medida también promueve que el PEI se enmiende sin consultar a maestros o especialistas, y sin la presencia de asistencia legal, lo que dará espacio para engaños y abuso de poder de funcionarios.

Aún con la objeción de Admistración de Tribunales, se propone que los procesos de querellas se ventilen en la corte, lejos de los espacios escolares, ante jueces administrativos nombrados por el gobernador, y de cuyas decisiones sólo se podrá recurrir mediante un juicio de novo, lo que implica costos inaccesibles para la inmensa mayoría de las familias.

El proyecto crea, con sospechoso detalle todo un aparato para burocratizar la figura del intercesor —la persona que sin ser abogado puede asistir a los padres en los procesos de querella— de tal forma que tengan que pertenecer «a un grupo dedicado a la defensa de niños con discapacidades», a los cuales se les concederá honorarios, y a quienes beneficiará un fondo de multas que allí se crea.

La educación especial, según el proyecto, será manejada por una Secretaría Asociada con mínimos vínculos con el Departamento de Educación, a pesar de que el 76% de los niños de educación especial están en corriente regular. Entre las facultades administrativas del nuevo organismo estará la imposición de horario flexible a sus empleados más allá de lo que disponga «cualquier convenio colectivo o Ley Laboral aplicable», mientras que la «autonomía docente» parece apuntar a una estrategia de modificación curricular que, en lugar de crear inclusión, llevará a la segregación al interior del salón.

El P de la C 1484 no es otra cosa que una muestra de la violencia institucional del Estado -la que se ejerce desde la comodidad de una butaca en el hemiciclo- dirigida a los más vulnerables.

Está en manos de los legisladores leer con detenimiento esta nefasta medida, escuchara quienes conocen del viacrucis de las familias de educación especial y negarse a ser instrumentos de la injusticia.

*Fuente: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/riesgoderetrocesoparaeducacionespecial-columna-2419294/#comments