Según un informe del Banco Mundial y UNICEF, una de las principales dificultades que enfrentarán los estudiantes estará en la comprensión lectora
Cuatro de cada cinco estudiantes de sexto grado en América Latina y el Caribe (ALC) no alcanzarán el nivel mínimo de comprensión lectora, prevé un informe publicado esta semana por el Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con la UNESCO.
Si bien la región ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, el covid y su prolongado impacto representó agravamiento sustancial. Esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años.
El nuevo informe, “Dos años después: salvando a una generación”, recalcó que estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12 por ciento a lo largo de su vida.
Los niños de América Latina y el Caribe vivieron algunos de los cierres de escuela más extensos por COVID-19 del mundo. En promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje.
“América Latina y el Caribe enfrenta una crisis educativa sin precedentes que podría comprometer el desarrollo futuro de nuestros países”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“El hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que leen pone un signo de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de niños que aún no desarrollaron competencias fundamentales críticas, algo que eleva el riesgo de profundizar aún más las desigualdades de larga data en la región”, añadió.
Los niños más jóvenes y vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por estas pérdidas de aprendizaje, como muestra la evidencia más reciente a lo largo de la región, sentando las bases para una mayor desigualdad y una crisis generacional.
“América Latina y el Caribe ya perdió más de diez años de avances en términos de aprendizaje a causa de los dos años de cierre de escuelas por COVID-19. Y esta catástrofe educativa sigue en marcha, día tras día”, sostuvo Jean Gough, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Agregó que “Si bien la mayoría de las escuelas de la región ha reabierto, vemos que demasiados niños no han podido regresar a la escuela a tiempo completo, y muchos de los que han regresado están perdidos. En ambos casos no están aprendiendo. Cerrar los ojos ante la crisis educativa más severa jamás enfrentada por la región perjudicará a los jóvenes de hoy y a todos nosotros a largo plazo”.
El 40 por ciento de los análisis en una escuela rural de Baradero dieron positivo de agrotóxicos. Las niñas y una docente tienen el herbicida glifosato en la sangre. Las organizaciones, asambleas y familias exigen que se alejen las fumigaciones a más de 1000 metros y que el Estado realice estudios. El Municipio propone solo 250 metros de protección.
“¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?”, interpela una campaña impulsada por organizaciones socioambientales en el municipio bonaerense de Baradero, localidad de la zona núcleo agropecuaria que no cuenta con legislación para poner límites a la fumigación con agrotóxicos. ¿Tendremos glifosato corriendo por nuestro cuerpo?, se preguntaron. La respuesta llegó con los resultados de las muestras de orina enviadas por la comunidad educativa de una escuela rural a un laboratorio especializado de Mar del Plata: tres de ocho muestras analizadas (un 40 por ciento) dieron positivo a la presencia de glifosato y en una al metabolito AMPA, uno de los principales productos de degradación del herbicida. Los casos positivos fueron de dos niñas de 6 años y una docente.
Mientras la comunidad prueba que los agrotóxicos están circulando en sus cuerpos —decidieron preservar la identidad de las personas de la comunidad educativa a la espera de contar con un informe final más amplio—, la Municipalidad de Baradero lleva dos años de demora en el tratamiento de una ordenanza que ponga límite a las fumigaciones. Las organizaciones locales piden alejarlas a 500 metros de las viviendas y escuelas rurales para aumentarlas progresivamente hasta los 1100 metros, mientras que la Sociedad Rural exige que sean solo 50 metros. El gobierno municipal, a cargo del intendente Esteban Sanzio (Frente de Todos), presentó a principios de junio un proyecto de ordenanza que pone un límite de solo 250 metros, sin progresividad.
La campaña de concientización sobre la presencia de agrotóxicos en el cuerpo, el agua y el suelo de Baradero la llevan adelante la Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero-San Pedro (Relea), Acción Ambiental Baradero y Baradero Verde, con el acompañamiento de la Red Federal de Docentes por la Vida. “Los análisis son una foto de la situación, no sabemos si estamos ante cuerpos enfermos o que están enfermando. Lo que necesitamos es un estudio de largo plazo porque tenemos la prueba de que hay tóxicos peligrosos que no deberían estar en el cuerpo”, señala Mauro González, integrante de Relea.
González pone énfasis en la necesidad de un estudio más amplio que las muestras enviadas al laboratorio y costeadas por las organizaciones y vecinos porque la presencia del glifosato habla de la violación a la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051). “El glifosato no debería estar presente en sangre y orina de ninguna persona, mucho menos de niños y niñas de edad temprana”, sentenciaron las organizaciones en un comunicado.
En ese tono, la campaña de concientización exige al Municipio de Baradero que tome cartas en el asunto y le recuerdan el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Foto: RELEA Baradero-San Pedro
Glifosato en el cuerpo de las niñas y una docente
El glifosato es el herbicida más utilizado por el modelo agropecuario transgénico. En Argentina se estima que se aplican 12 litros de agrotóxicos por habitante por año. La Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato “posiblemente cancerígeno” en 2015 y existen más de mil estudios científicos que relacionan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos condenó a Bayer-Monsanto, productora del herbicida Roundup a base de glifosato, a pagar una condena de 25 millones a un ciudadano que padeció linfoma de no-Hodgkins (una forma de cáncer) por el uso habitual del agroquímico.
Se trata de un tóxico que no debería estar en el cuerpo de las personas. Sin embargo, las muestras de orina enviadas al laboratorio Farestaie de Mar del Plata arrojó 3,70 microgramos por litro (μg/L) de glifosato en orina y 1,90 (μg/L) de AMPA en un niña de 6 años que asisten a una escuela rural de Baradero. En la misma comunidad educativa otra niña registró 1,20 (μg/L) de glifosato y una docente 1,00 (μg/L). A mediados de 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó la guía Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil, en la que repone la bibliográfica sobre usos de agrotóxicos en el país y el perjuicio en la salud infantil de los productos mayormente utilizados en los campos de la Argentina como clorpirifos, atrazina, imidacloprid, 2-4D, paraquat, carbofuran y glifosato.
En los tres casos positivos del muestreo realizado se da la particularidad que las niñas viven en la ruralidad, pero no en un predio donde se produzca con agroquímicos, mientras que la docente vive en el centro de la ciudad y se traslada a la escuela para las horas de clase. “Con estos resultados queda expuesto el debate sobre la deriva de agrotóxicos que para la Sociedad Rural y el discurso de las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’ es de solo diez metros”, apunta el integrante de la Relea Baradero-San Pedro. La deriva es la distancia que recorren las partículas de los agroquímicos luego de una pulverización y que no se limita a momento de la aplicación sino que pueden recorrer cientos de kilómetros, por ejemplo, a través del aire cuando se evaporan.
“Las familias que viven en la ruralidad advierten las intoxicaciones agudas, pero no cuentan con información sobre los riesgos de la exposición crónica. A partir de los resultados que obtuvimos aparecen la preocupación y los miedos”, describe González sobre los peligros para la salud que aún pasan desapercibidos. Por eso, la campaña “¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?” impulsa que los análisis sobre la situación sanitaria de Baradero no dependa del esfuerzo de organizaciones sociales que logran juntar el dinero para realizar los estudios.
“No son análisis que para el Estado sean caros. Son estudios que los gobiernos pueden costear, pero no lo quieren hacer porque saben cuál va a ser el resultado. Por eso es la población la que hace la logística y cubrimos los costos. No podemos esperar los tiempos del Estado porque la realidad es que el glifosato está en el cuerpo de las personas”, sentenció el integrante de Relea. Los estudios de orina cuestan 5 mil pesos, mientras que los de sangre completo 20 mil pesos.
¿Quién le pone límite a las fumigaciones en Baradero?
La campaña impulsada por las organizaciones socioambientales cuenta con otros dos estudios para exponer la realidad del municipio de la zona núcleo del agronegocio: análisis de suelo y de agua para detectar la presencia de plaguicidas. Una primera serie de muestras fueron enviadas al Centro de Investigaciones Medioambientales de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA), que integra el científico Damián Marino; y otra serie será enviada a analizar al INTA Balcarce, donde el análisis lo encabezará la doctora Virginia Aparicio, quien intervino en los análisis requeridos por vecinos y vecinas de Pergamino que lograron un fallo judicial para alejar las fumigaciones. Estos estudios tienen un costo de 10 mil pesos para las organizaciones.
Un informe preliminar del primer estudio realizado en el CIMA detectó 56 plaguicidas y metabolitos de los plaguicidas en agua y tierra. Aunque los primeros análisis encontraron plaguicidas dentro de los parámetros permitidos por los organismos de control estatales, las muestras se encontraban lejos de los campos donde se aplican. “Cuando hablamos de presencia lo que ponemos en discusión es la deriva”, apunta González.
Este tipo de estudios sobre la presencia de plaguicidas que no realizan desde los poderes Ejecutivos ni desde el sistema de salud también fueron impulsados por las comunidades en otras localidades bonaerenses como Lobos, Mar del Plata o Exaltación de la Cruz, pero no en todas se logran traducir en herramientas legislativas locales para proteger la salud y el ambiente, comenzando por poner un límite a las fumigaciones, como ocurrió recientemente en Tandil. En este último municipio bonaerense también se denunció cómo se aplican agrotóxicos sin las recetas agronómicas necesarias, tal como indican las «Buenas Prácticas».
Baradero limita con los partidos Zárate, San Pedro, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. Solo Zárate y Baradero son los municipios que no cuentan con ninguna legislación que limite el uso de agrotóxicos. La campaña impulsada por la Relea Baradero-San Pedro, Acción Ambiental Baradero y Baradero Verde busca modificar esta situación, por lo que hace dos años propusieron un proyecto de ley que proponía alejar las fumigaciones a 1000 metros de escuelas y zonas urbanas, con una progresividad para llegar a los 2000 metros en seis años. La iniciativa quedó trabada en el tratamiento en comisiones. La respuesta fue la presentación de otra iniciativa por parte de la Sociedad Rural para que el límite sea de solo 50 metros.
El Municipio de Baradero abrió una mesa de negociación y el pasado 14 de junio anunció que enviará una iniciativa con una zona de exclusión de 250 metros para escuelas rurales, sin precisar cuál será la distancia para las zonas urbanas y periurbanas. En los diálogos de la mesa abierta por el municipio, las organizaciones socioambientales propusieron que la norma contempla la progresividad para que, cada tres años, se incremente 300 metros la zona de exclusión y alcanzar los 1100 metros en seis años, algo que por el momento quedó descartado por el Ejecutivo municipal.
“El proyecto aún no está finalizado. Dijeron que nos lo enviarían para evaluarlo y hacer devoluciones, pero aún no lo recibimos”, apuntaron las organizaciones socioambientales. Uno de los argumentos presentados en la mesa de negociación contra la iniciativa original de las organizaciones fue una proyección del INTA-San Pedro que indicaba que el proyecto, al llegar a los 2000 metros de exclusión, afectaría al 28 por ciento del territorio de explotación agrícola del municipio. “Nos tildaron de prohibicionistas, pero nosotros estamos proponiendo producir y hacerlo de forma agroecológica. El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense cuenta con herramientas formales que fomentan la agroecología”, apuntó el integrante de Relea.
El debate a nivel provincial para actualizar la legislación sobre agrotóxicos y establecer nuevas zonas de exclusión de fumigaciones para proteger la salud y el ambiente continúa demorada. El gobierno de Axel Kicillof suspendió el decreto 246 de la gestión de María Eugenia Vidal, a medida de las pretensiones de los sectores del agronegocio, y creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) a cargo de proponer una nueva legislación, pero los tiempos corren y no existe una propuesta concreta.
“Desde la OTA reconocen los estudios sobre deriva de agrotóxicos, pero no marcan una posición sobre el metraje para que los municipios lo incorporen a sus ordenanzas e insisten con los Buenas Prácticas Agrícolas. Prevalece las posiciones de Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) y la Sociedad Rural”, lamenta González.
Si su alumno sufre acoso escolar, créale y neutralice al agresor
Mariela Rosero
Marcelo le quitaba la colación a Luis, también le rayaba los cuadernos y lo golpeaba. Un día incluso lo pateó tanto que llegó a casa con mucho dolor y su mamá lo llevó al hospital. Tenía los testículos inflamados. En el colegio internacional de Quito, en donde el chico permaneció desde los 4 hasta los 11 años, pasaron por alto las agresiones. Lo recuerda Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de la capital.
Para que una agresión no sea considerada una simple pelea de niños -anota- debe haber desequilibrio de fuerzas, deseo manifiesto de hacer daño y reiteración en la falta. «Los niños saben lo que hacen, un agresor maltrata a un compañero y sabe que lo hace sentir incómodo, aunque quizá no entiende lo que produce a largo plazo».
En Ecuador, seis de cada 10 estudiantes de entre 11 y 18 años han sido víctimas de al menos un hecho violento. Lo señala el informe ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador, violencia entre pares en el sistema educativo’. La investigación se hizo en el 2015, con el aval de Unicef, entre otras ONG y el Ministerio de Educación.
Los adultos, profesores e incluso padres de familia tienden a minimizar los hechos de violencia. Pero la abogada Sybel Martínez, especializada en protección a niños y adolescentes, repite que siempre hay que escuchar a los chicos. Si un niño te cuenta que se siente mal en la escuela, hay que indagar. Pero a veces le responden «¿será que estuviste muy sensible? También les piden arreglar sus asuntos solos.
«Entre niños hay una relación horizontal, en el aula son pares. Si se pasa al dominio y a la sumisión, si uno de los dos se siente más poderoso y actúa como tal se trata de acoso. Y hay que frenarlo. Lo contrario hará que la víctima crea que merezca ser maltratado, humillado. Si los días pasan, se sentirá y será visto como débil ante el grupo. El profesor debe neutralizar esas situaciones».
Lo dice Martínez a menos de un mes del inicio de clases en Sierra y Amazonía, en el ciclo lectivo 2019-2020, este martes 24 de septiembre del 2019. En estas primeras semanas, las maestras y maestros, así como el personal del Departamento de Consejería Estudiantil ya han identificado cómo se comporta cada niño. Les pide creer en ellos. No dudar.
Rescate Escolar,el año lectivo anterior, conoció la historia de una estudiante de 17 años, que se cambió a un colegio religioso de Quito, en el último año, el de la graduación. Era muy bonita y también solía participar en clase y sacar buenas calificaciones. De repente empezó a sentir que les caía mal a sus compañeras, le hacían comentarios groseros. Un día a través de redes sociales empezó a recibir mensajes del tipo ¿por qué no te matas? Una mañana la encerraron en el aula y le dieron un frasco con pastillas. Le pidieron que se las tomara todas. Ella se negó y logró llamar a su madre. Acudió con la Dinapen (Policía especializada en niños y adolescentes). A otra estudiante de un plantel capitalino, también particular, le colocaron la cabeza de una muñeca manchada con pintura. Y una nota: «la próxima serás tú».
Los planteles deben neutralizar situaciones de acoso escolar. Martínez dice que no se puede atacar al problema si no se lo conoce a profundidad. Es la forma de proteger a la víctima, mejorar el clima de la escuela y dar opciones al agresor de cambiar su forma de actuar.
«Mi recomendación para los docentes es que busquen construir escuelas compasivas, que enseñen empatía, alfabetismo emocional y aprecio a la diversidad, a resolver conflictos sin violencia y que pongan freno a la competencia desleal. Los niños son perceptivos, hay que enseñarles a identificar lo que es un maltrato a un compañero, a no ver sin hacer nada».
A las madres y padres de familia de niños que hayan sufrido algún tipo de acoso escolar les pide ir al plantel y no salir de ahí hasta que la maestra o la psicóloga les haya dado una respuesta sobre las acciones que tomarán. Firmar un acta, para registrar su presencia y su queja. Es un primer paso, luego les sugiere llevar escritos con el detalle de lo ocurrido. Si el tema escala, los distritos educativos deben actuar. También las juntas distritales de protección de Derechos.
En Facebook, los padres de familia y maestros pueden buscar El Acoso Escolar Duele – «Grupo Rescate Escolar». También es posible acudir al Consejo de Protección de Derechos, en Twitter (@DerechosQuito), están ubicados en el Pasaje Alejandro Andrade E4-297 y 12 de Octubre, centro norte de Quito. Sus teléfonos 255 4062 y 255 1995. Las direcciones de los distritos educativos las puede ubicar en su sitio web y además puede escribir a sociedad@elcomercio.com
Fuente de la información: https://www.educaccion.ec/el-profe/alumno-acoso-escolar-violencia-bullying.html
Colegios: ¿Qué sanciones pueden recibir por casos de bullying?
El INDECOPI ya ha sancionado a más de un centenar de colegios por este motivo con multas que pueden llegar hasta las 450 UIT. El colegio también podría ser sancionado por el Ministerio de Educación por el incumplimiento de la normativa sectorial aplicable.
Los centros educativos deben tener en consideración los lineamientos generales del proceso educativo, a fin de asegurar la calidad de los servicios dentro de la normativa sobre la materia, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor. “El deber de idoneidad que deben cumplir los proveedores de servicios educativos no se limita a una evaluación de la calidad del servicio brindado, sino también al respeto de las normas sectoriales que regulan la materia educativa”, precisa Jairo Salcedo Rojas, asociado de Aramburú, Castañeda, Boero.
Fuente de la Información: https://gestion.pe/economia/empresas/colegios-que-sanciones-pueden-recibir-por-casos-de-bullying-noticia/
Trabajo infantil, un lastre sin cultura de la denuncia en Honduras
Aunque los organismos como World Visión Honduras registran que en el país centroamericano al menos medio millón de menores engrosan la lista de trabajo infantil, este es un lastre sin cultura de la denuncia, alertó hoy Dayana Renau, la coordinadora de Niñez y Familia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
En ese sentido, Renau notificó que el Conadeh no recepciona ninguna denuncia por trabajo infantil, lo que revela que no existe una cultura de la denuncia en este tema en el país centroamericano.
Según datos de la OIT, unos 160 millones de niños (es decir, casi uno de cada diez en todo el mundo), están sometidos a trabajo infantil. Casi la mitad de ellos, además, se dedican a tareas potencialmente peligrosas.
Honduras no es indiferente a esta realidad y las cifras van en crecimiento impulsados por la pandemia a causa de la COVID-19, han alertado diversos organismos defensores de los derechos de los niños.
No obstante, las denuncias por trabajo infantil se cifran en cero, reprochó la coordinadora de Niñez y Familia del Conadeh.
En nuestra sociedad no hay una cultura de denunciar estos actos y al mismo tiempo desconocen que tienen derechos, agregó.
Razonó que si existieran salarios justos los menores no se verían en la necesidad de trabajar y podrían dedicar su tiempo al estudio y la recreación.
El telón de fondo del trabajo infantil es la pobreza, un flagelo que en Honduras aumentó al 70 % en 2020 a causa de la pandemia.
Esa pobreza obliga a que miles de niños desempeñen labores incompatibles con su edad y lo que al mismo tiempo coloca en riesgo su educación.
Fuente: La Tribuna
Fuente de la Información: http://www.hondurasensusmanos.info/2022/06/26/trabajo-infantil-un-lastre-sin-cultura-de-la-denuncia-en-honduras/
La Formación Docente tiene el propósito de fortalecer las competencias científicas, didácticas, metodológicas y actitudinales de docentes mediante la formación, capacitación y actualización, a fin de centrar el proceso de aprendizaje en la persona como base de la calidad educativa y la formación integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que transitan en el sistema educativo.
Este proceso de formación y actualización del personal docente, se centra en la formación científica y didáctica de cara a los desafíos del siglo XXI, que conlleve a la mejora de la práctica pedagógica y calidad del aprendizaje, destacando la responsabilidad, creatividad, reflexión crítica y propositiva con el objetivo de contribuir al desarrollo de los procesos educativos, contando con el protagonismo de toda la comunidad educativa y la familia.
La Formación Docente comprende las siguientes modalidades:
1. Formación Inicial:
Tiene como propósito fundamental formar docentes de Educación Primaria y sus diferentes modalidades tales como Maestros de Educación Primaria y Maestros de Educación Primaria con mención en Educación Intercultural Bilingüe y Maestros de Educación Primaria con mención en multigrado para garantizar la cobertura y la calidad educativa.
Esta formación responde a las demandas y transformaciones evolutivas dadas en Primaria y que estimulen al desarrollo de saberes que complementen integralmente el aprendizaje de los estudiantes con una actitud positiva, respondiendo al modelo educativo del país.
2. Formación Continua:
La Formación Continua y la Actualización Docente tiene el objetivo de contribuir a la formación integral y actualización de docentes, directores, personal administrativo, asesores pedagógicos y delegados de educación, favoreciendo su desarrollo profesional, con competencias para lograr aprendizajes significativos que evidencien el mejoramiento de la calidad educativa
El proceso de formación, actualización y capacitación responde a las necesidades y realidades del proceso educativo identificadas por las áreas sustantivas del Ministerio de Educación y como resultado de diagnósticos realizados mediante el trabajo conjunto del Ministerio de Educación Con las Universidades.
En correspondencia con el Modelo Educativo vigente se ha revisado y reflexionado sobre la importancia de los procesos de capacitación, actualización y formación continua como parte de su diario vivir. Esto implica poner en práctica procesos metodológicos que permita la promoción del intercambio de experiencias exitosas de acuerdo al contexto educativo, para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en los docentes.
Fuente de la Información: https://www.mined.gob.ni/formacion/
O governo da República Dominicana anunciou esta semana que vai expropriar vários terrenos localizados na fronteira com o Haiti – os dois países dividem uma mesma ilha no Caribe – para garantir o espaço de construção de um muro de separação. A intenção, segundo o presidente Luis Abinader, é, com isso, frear a crescente imigração e o contrabando. A proposta é expropriar 30 metros nas zonas povoadas e 200 metros nas zonas desabitadas. O tema está gerando polêmica no país, mas não é pelo muro em si e sim pelas contendas envolvendo indenização.
A obra foi inaugurada simbolicamente no mês de fevereiro e pretende cobrir 160 quilômetros de extensão, aproximadamente a metade do tamanho da fronteira que é de 391.6 quilômetros. A primeira etapa do muro terá 54 quilômetros, com o uso de alta tecnologia, e custará aos dominicanos perto de 30 milhões de dólares. A obra toda passará dos 100 milhões. A proposta é de que seja feita uma base em cimento com uma cerca metálica de quatro metros de altura.
Apesar de dividirem o mesmo espaço geográfico os dois países tem as relações estremecidas desde há décadas. Ainda assim muitos haitianos acabam passando a fronteira buscando fugir do caos e da violência desatada no país desde o golpe de 2004 que depôs Jean Bertrand Aristid e colocou as forças da ONU no comando. Segundo fontes do governo dominicano há mais de 500 mil haitianos no país, sendo que 200 mil são considerados “ilegais”.
O drama vivido pelos haitianos que buscam desesperadamente encontrar uma saída para uma vida melhor não encontra amparo nas autoridades, nem na maioria da população que compra o discurso de que os vizinhos vão lhes roubar os empregos e as oportunidades. Enquanto isso, os haitianos tentam passar a fronteira tendo ainda que se deparar com quadrilhas de tráfico de pessoas, de tráfico de órgãos e de prostituição, tudo isso acontecendo a partir de vistas grossas de agentes do Estado. Ao que parece, nada disso tem a menor importância para o governo da República Dominicana, que tudo o que quer é impedir a entrada dos migrantes.
A construção do muro e de todo um aparato de contenção e aprisionamento segue a lógica que já se conhece em outras regiões que tratam os imigrantes como um risco, bem como uma fonte de lucros. Ganham as empreiteiras, ganham as empresas de tecnologia da repressão, ganham as assessorias internacionais e ganham as empresas que constroem e mantêm campos de prisioneiros. Portanto, o país que constrói o muro gasta com esse processo muito mais do que a simples construção. É uma indústria. Gastassem esses recursos todos em programas de auxílio provavelmente teriam muito mais êxito na solidariedade e integração. Mas, no mundo capitalista, essas são palavras malditas. O que está em questão não é a vida humana, mas a quantidade de dinheiro que pode ser embolsada por alguns empresários e políticos.
É por isso que destruir países, fazer guerra, invadir nações, ainda é um dos melhores filões para o crescimento do patrimônio de pouquíssimos seres humanos no planeta. Quem conhece a história sabe: os muros não são capazes de conter as gentes em desespero. E é por essa razão que eles são erguidos. Para atrair aqueles que serão as vítimas no altar do capital. Moralmente é perverso, mas para os capitalistas é uma mina de ouro.
Sendo assim, a classe trabalhadora de todo o planeta deveria atuar em uníssono na construção de um mundo sem muros. Um mundo socialista. Discutir pontualmente o tema da migração é enxugar gelo. O ponto nevrálgico é a existência de um modo de produção que não pode prescindir destas vítimas. Este sistema é o que tem de vir ao chão.
Imagem em destaque: Orlando Barría EFE
Fuente de la Información: https://iberoamericasocial.com/o-muro-da-republica-dominicana/
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