Los programas de austeridad del FMI en los países pobres pueden afectar la capacidad de algunas familias de garantizar la buena salud de sus hijos, concluyó un estudio científico publicado el lunes.
Realizado por seis académicos, el estudio publicado en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) de Estados Unidos se suma a una amplia literatura que hurga en los posibles efectos perjudiciales de la ortodoxia fiscal promovida por el Fondo Monetario Internacional en los países del sur.
Compilando los datos recogidos en 67 países en la década de 2000, el estudio rechaza las hipótesis de una «relación directa» entre un deterioro de los indicadores de salud y los planes del FMI, que da préstamos a los Estados a cambio de programas de saneamiento de sus finanzas públicas.
Pero el estudio identifica, sin embargo, los «efectos contradictorios» que la acción del Fondo tendría en la salud de los niños.
«Las intervenciones del FMI buscan incrementar la estabilidad económica, lo que conlleva efectos benéficos para la población. Pero, al mismo tiempo, las medidas de ajuste impuestas por el FMI disminuyen los efectos protectores de la educación de los padres en la salud infantil», escriben los autores, que enseñan en Cambridge y Oxford, en el Reino Unido.
Claramente, los hogares donde el jefe de familia tiene al menos un nivel de educación primaria están por lo general más en condiciones de satisfacer las necesidades de sus hijos en términos de acceso al agua, nutrición o vacunación.
Sin embargo, según el estudio, esta capacidad se reduce en los países bajo la asistencia del FMI, especialmente en las zonas rurales.
De acuerdo con los investigadores, la presencia de padres escolarizados reduce el riesgo de desnutrición infantil en 38% en tiempos normales, pero sólo 21% cuando el país es rescatado por el Fondo.
La diferencia reside en particular, según los investigadores, en los recortes del gasto público exigidos por el FMI que «comprimen los salarios» y provocan la pérdida de oportunidades de empleo, y el riesgo de reducir «la utilidad (…) de una educación básica» a la capacidad de los padres de garantizar mejor la salud de sus hijos.
De acuerdo con el estudio, los planes del FMI son en cambio beneficiosos en cuanto a que reducen el riesgo de que los niños se vean privados de una vivienda digna o del acceso a servicios de saneamiento, en el medio urbano.
Contactado por la AFP, el FMI aseguró que el estudio fracasa de «un modo muy claro» en establecer un vínculo de causalidad entre los planes de ayuda y la salud infantil.
«Nuestros análisis nos muestran que el gasto público en educación aumentó significativamente en los países de bajo ingreso que ejecutan programas apoyados por el FMI», dijo una portavoz del organismo en un correo electrónico a la AFP.
Panamá/Junio de 2017/Autora: María M.Mur/Fuente: W Radio
Personas que se juegan la vida cruzando autopistas a pie, vehículos que adelantan por la derecha, autobuses que exceden peligrosamente los límites de velocidad… Este es el día de las carreteras de Panamá, un país que tiene en la educación vial una de sus grandes asignaturas pendientes.
Personas que se juegan la vida cruzando autopistas a pie, vehículos que adelantan por la derecha, autobuses que exceden peligrosamente los límites de velocidad… Este es el día de las carreteras de Panamá, un país que tiene en la educación vial una de sus grandes asignaturas pendientes.
«Desde que vivo en Panamá no he vuelto a manejar. Me da miedo, la gente es muy agresiva al volante. Cada vez que voy a tomar un taxi, intento montarme en un auto con cinturón, pero casi ninguno tiene en la parte trasera», reconoció a Efe una joven europea, que declinó dar su nombre.
El año pasado murieron en el país centroamericano 440 personas en distintos accidentes de tránsito, casi 20 más que en 2015. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que Panamá es un país de poco más de 4 millones de habitantes.
En lo que va de año, la cifra ya supera las 200 personas, según los datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT).
El portavoz del Movimiento de Víctimas de la Violencia Vial de Panamá, Toribio Díaz, dijo en declaraciones a Efe que a los accidentes de tránsito hay que llamarlos «actos de violencia vial» y que los conocimientos de la sociedad panameña sobre cómo funciona el tráfico son «nulos».
«La mayoría de las víctimas en las carreteras son jóvenes menores de 30 años y esto se debe a la mala formación y preparación que reciben en las escuelas de manejo (autoescuelas)», aseguró Díaz.
La asociación busca, entre otras cosas, que haya certeza de castigo y que se endurezcan las penas hasta los 8 y 15 años para aquellos conductores que provoquen accidentes mortales por ir bajo los efectos del alcohol o por exceso de velocidad.
«Los homicidios culposos por agravantes tienen una pena irrisoria de entre 3 y 5 años. Nuestro código penal castiga más a una persona que ha robado una vaca (el hurto pecuario tiene una pena de entre 8 y 10 años) que a alguien que mata a otra persona por conducir a 160 kilómetros por hora», denunció el activista.
Si se desagregan los datos de mortalidad vial, la situación es especialmente sangrienta entre los peatones, ya que las muertes por atropello representan casi la mitad de las víctimas totales. De las 440 muertes que se dieron el año pasado, 196 fueron atropellos, frente a las 177 de 2015. En lo que va de año, al menos 68 personas han perdido la vida atropelladas, según datos de la ATTT.
El director de Educación Vial y Defensa del Usuario de la institución, David Ramírez, afirmó en una entrevista con Acan-Efe que se ha conseguido reducir la mortalidad entre motoristas y ciclistas, ya que estos solo representan el 3 % de las muertes totales, pero admitió que la cifra de peatones arrollados sigue siendo preocupante.
«Lo de los ciclistas y motorizados lo conseguimos gracias a muchas campañas para concienciar sobre el uso del casco. Nuestra estrategia con los peatones está enfocada en las escuelas porque los niños son todos peatones», indicó Ramírez.
El funcionario explicó que la ATTT tiene un convenio firmado con el Ministerio de Educación (Meduca) y desde el inicio de la actual Administración de Gobierno, en julio de 2014, imparte nociones básicas de educación vial en algunos colegios de educación primaria.
El objetivo, añadió, es convertir a los niños en los policías de sus propios padres, para que les terminen diciendo «papá vamos a cruzar por el paso de peatones».
Para la asociación de víctimas, hay «demasiados» factores que explican las altas cifras de atropellos, entre las que se encuentran la poca señalización, la falta de aceras y semáforos, y el escaso transporte público, que ayudaría a todas luces a descongestionar de vehículos las calles.
«Se hacen esfuerzos muy aislados, pero no hay un mandato legal para promover la educación vial en escuelas e instituciones públicas. Se necesita una verdadera política de Estado que no pueda ser cambiada por los distintos gobiernos», concluyó el presidente de las víctimas.
El concurso de emprendimiento universitario Jump Chile abrió sus postulaciones para jóvenes de todo Latinoamérica.
La iniciativa, organizada por el Centro de Innovación UC y SURA Asset Management Chile, invita a estudiantes de pre y postgrado de todas las instituciones de educación del país y de Latinoamérica, a “pegarse el salto” y emprender con una idea de negocios innovadora que solucione problemas reales de su comunidad.
Con cinco versiones anteriores, más de 15.000 personas de Chile y Latinoamérica, provenientes de 80 instituciones de educación superior, han postulado cerca de 7.000 proyectos.
El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, afirmó que la innovación, transferencia y emprendimiento son “soñar con un Chile mejor que apoye a los habitantes de la tercera edad, que desarrolle innovación en educación para que los niños y jóvenes de Chile tengan un mejor futuro. Soñar con innovación social, emprendimiento social para que nos cuidemos mejor y protejamos la dignidad de todos los habitantes de nuestro país”.
Metodología Jump Chile
Durante septiembre, octubre y noviembre, Jump Chile realizará talleres metodológicos en las 15 regiones del país, junto a la difusión online de cápsulas que se enfocan en temáticas como “El viaje del cliente”, “Empatía con el cliente/usuario”, “Modelo de negocio”, “Producto mínimo viable” y “El pitch”, con las que podrán trabajar los equipos de otros países y quienes no puedan acceder a los talleres presenciales. Estos talleres se basan en diversas metodologías de innovación y emprendimiento, tales como Lean StartUp, Customer Development, Design Thinking, Business Model y Need finding, entre otras.
“Jump Chile es el primer eslabón de una importante cadena que parte con la ideación y que continúa con el desarrollo de un modelo de negocios”, comentó Conrad von Igel, director del Centro de Innovación UC.
Novedades para 2017
Entre las novedades de este año, se encuentra la incorporación de un nuevo premio: el Desafío SURA, con el que se premiará a los tres proyectos más innovadores que busquen impulsar soluciones en salud, infraestructura, entretenimiento, transporte, trabajo y movilidad, entre otros, permitiendo mejorar la calidad de vida de personas mayores de 60 años. Cada equipo ganador recibirá $2 millones de capital semilla.
Cómo postular
Las postulaciones de Jump Chile 2017 estarán abiertas hasta el 23 de agosto, a través de www.jumpchile.com. Para postular sólo es necesario contar con una idea que resuelva un problema relevante y un equipo de al menos 2 estudiantes de alguna institución de educación superior.
El formulario de inscripción solicita: un nombre innovador para el proyecto, una descripción clara del mismo, la identificación del cliente/usuario, del problema, una propuesta de solución y un equipo de trabajo.
Hay $56 millones en premios: $45 millones se repartirán en efectivo entre 12 ganadores, mientras que el resto se entregará como servicios valorizados en $11 millones. Entre estos se encuentran espacios de trabajo en el coworking Ruta5, ubicado en el 5to piso del Centro de Innovación UC, la posibilidad de participar en el International Business Model Competition y una Gira Técnica junto a ProChile. Además, se otorgará un Fast Track a los programas de IncubaUC.
Existe una relación directa entre la falta de apoyo de las familias hacia los menores de edad LGBT y su calidad de vida, pues el rechazo se traduce en altas posibilidades de que padezcan depresión, tengan baja autoestima, posean percepciones negativas sobre sí mismos y tengan pensamientos suicidas.
Esto de acuerdo con la doctora Catlyn Ryan, una prestigiosa investigadora estadounidense, académica de la Universidad de San Frnacisco y trabajadora social que forma parte del Family Acceptance Project, un movimiento que busca generar conciencia sobre los padecimientos de los niños LGBT al ser rechazados por sus familias y la urgencia de transformar sus realidades desde la aceptación y su reconocimiento.
Ryan compartió estas conclusiones en el primer Foro de Familias Diversas: La Importancia del Apoyo Familiar en la Infancia Trans y LGBI, realizado en el marco del mes del orgullo por la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS), en colaboración con la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). “Este foro es la respuesta a todos aquellos que prefieren las terapias de conversión, los internados, o para quienes creen que un sacerdote o un psicólogo fraudulento les va a cambiar sus preferencias. Construyamos unas sociedades mucho más armoniosas, construyamos un mundo en el que quepamos todos y todas, y familias que amemos a nuestros hijos”, declaró Jaqueline L´Hoist Tapia, presidenta del COPRED durante la inauguración del evento.
El Foro de Familias Diversas tiene como objetivo ofrecer información objetiva, científica y con perspectiva de derechos humanos que permita construir políticas públicas con la visión de promover la atención integral de los niños y adolescentes LGBTI, debido a que son un sector que se encuentra fuertemente vulnerado y violentado. “Es de suma importancia generar estos espacios de reflexión porque la función pública está obligada a generar una verdadera democracia frente a los retos que la población LGBTI enfrenta, sobre todo la infancia, quienes carecen de programas integrales en los ámbitos médicos, educativos, sociales, legislativos, entre otros”, declaró Isolda Atayde, copresidenta de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, una red de familias una red de familias con hijos LGBTI. El Foro se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en las instalaciones del COPRED, en él habrá mesas de diálogo, análisis, presentación de investigaciones, talleres y capacitaciones para sensibilizar sobre la diversidad sexual y la necesidad del apoyo a los niños LGBTI por parte de sus familias. Además contará con la participación de académicos e investigadores internacionales y especializados como Johanna Olson Kennedy, Catlyn Ryan y David Barrios; así como con la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos como Mulabi/Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, Gender Spectrum, Opción Bi, entre otras.
En la inauguración participaron Ana María Delgado, vicepresidenta de la FEMMES, Patricia Uribe, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida; y Luis Perelman, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, quien celebró la realización de este evento; además recordó que este tipo de acciones buscan construir una sociedad más inclusiva que combata la discriminación a través de la difusión y producción de información ética sobre la diversidad sexual para acabar con los estigmas. Finalmente, el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, señaló que la instancia que representa recibirá las conclusiones y propuestas que se generen de este foro para trabajarlas y plasmarlas la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Asimismo, informó que el canal de la Asamblea contará con un programa exclusivo para hablar sobre las necesidades de las personas LGBTI.
Colombia/Junio de 2017/Autora: Gisella López Alvear/Fuente: El Universal
La menor de las tres hijas de Arelis Valet tiene 13 años y cursa octavo grado en la Institución Educativa República de Líbano. Vive con ella en el barrio del mismo nombre y ante el paro nacional de maestros, que hoy completa un mes, dice estar preocupada porque “no esperaba que se demorara tanto”.
Indica que de lunes a viernes su hija le dedicaba 6 horas al estudio, que durante las últimas semanas se han convertido en más de 6 horas destinadas al ocio. “Me gusta que mi hija esté en el colegio porque además de estudiar hace deporte y recibe una merienda. Ahora todos los días se despierta después de 10 a.m. y se va a jugar cartas con las amigas casi todo el día”, relata la ama de casa. Arelis dice que no tiene cómo ocupar a su hija en otras actividades durante el periodo de cese escolar, porque “no tengo plata para eso. Veo que hay personas que en estos días han mandado a sus hijos a hacer refuerzos y tareas, pero yo no trabajo, no tengo cómo pagarlo”.
Los inconvenientes que desde el inicio del paro han debido sortear algunos padres como Arelis, son solo una parte de la crisis generada en el sistema educativo nacional con el desacuerdo que persiste entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
El paro comenzó el 11 de mayo por el estancamiento de las negociaciones con el Ministerio, iniciadas en marzo, sobre el pliego anual de peticiones radicado por el magisterio. Dicho pliego tiene 30 puntos divididos en siete ejes: política educativa, carrera docente, económico, salud, prestacional, bienestar, garantías sindicales, laborales y de participación.
De las peticiones solo se han aprobado 11 puntos, pero ha sido el eje económico el causante de la grieta entre el Gobierno nacional y la asociación sindical. Y aunque 7 días después del inicio del paro el Ministerio de Educación retomó los diálogos con Fecode, prácticamente no ha habido avances desde entonces.
El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el Gobierno nacional no tiene los recursos para aceptar las peticiones de Fecode y advirtió que los maestros deben reponer las clases que han dejado de dictar si quieren recibir el pago por los días no trabajados.
En respuesta, los docentes aseguraron que “no le temen a los descuentos” y que el paro se mantiene. El jueves la ministra de Educación, Yaneth Giha resaltó la aprobación del Congreso de 1,18 billones adicionales para el sector educativo, provenientes del Sistema General de Participaciones, explicando que estos dineros se destinarían principalmente a superar necesidades de la jornada única y a fortalecer la educación rural. No obstante, Fecode llamó a los docentes del país a participar en un “cacerolazo” mañana por la defensa de la educación pública, mientras que el martes se programó una marcha con antorchas.
Para en el caso de Cartagena, sindicatos educativos han reiterado la problemática de la educación local debido a la falta de recursos, deficiente infraestructura educativa y la carencia de personal de limpieza y vigilancia. Por ello, en el marco del paro han insistido en reunirse con el alcalde encargado Sergio Londoño, encuentro que aún no se ha dado. Desde el Concejo se citó a debate a las secretarías de Educación y General del Distrito para analizar el tema.
DESACUERDO ECONÓMICO
El último paro de docentes se registró en 2015 y se extendió 15 días. En esa ocasión, los maestros exigían, entre otras cosas, nivelación salarial, un servicio de salud adecuado y la eliminación de la evaluación de docentes. La protesta se logró superar luego que el Gobierno anunciara un incremento del 12% en el salario de los profesores, le hiciera modificaciones a la evaluación docente como requisito para ascenso y otorgara una bonificación anual del 15% del sueldo al año para los docentes que estén en el máximo escalafón.
En el paro de 2017, los maestros reclaman la creación de una mesa que estudie de cuánto debería ser la nivelación salarial para 2020 y 2021, a lo que el Ministerio se ha negado manifestando que dicha negociación le corresponde al próximo gobierno.
También piden que la bonificación anual sea igual a la que cubre a los funcionarios públicos, pero de la que se excluye a los maestros por estar en una categoría especial, es decir, del 35% para los que ganan más de un millón de pesos y del 50% para los que devenguen menos, a lo que el Gobierno ha respondido que es inviable económicamente.
EN CIFRAS
-40 mil docentes de todo el país, aproximadamente, han llegado a marchar en las concentraciones en Bogotá, pero en todo el país son cerca de 380 mil maestros los que han dejado de dar clases uniéndose el paro.
-15 mil maestros de Cartagena y municipios de Bolívar atendieron la convocatoria de paro hecha por Fecode.
-8 millones de estudiantes en el país son los que no asisten a clases desde el paro. En Cartagena son cerca de 120 mil estudiantes, mientras en Bolívar la cifra supera los 200 mil.
-40 millones de pesos diarios le está costando el paro al país, según el Ministerio, por servicios como nóminas y transportes que se están pagando y no se están prestando.
OTROS DATOS
-La Federación Nacional de Padres de Familia anunció que interpondrá una tutela contra Fecode y el Ministerio, buscando que ambas partes lleguen a un pronto acuerdo para que los estudiantes puedan regresar a clases.
-A la par de las multitudinarias marchas, el paro también ha recibido respaldo de colombianos en el exterior que publican mensajes de respaldo a los maestros en sus redes sociales. Y aunque hay padres como Arelis que desean que el paro termine, hay otros que por el contrario apoyan la causa docente.
-La que hasta el momento ha sido una de las manifestaciones más tensas en Bogotá en medio del paro, fue la del viernes, en la que los docentes que participaban de la protesta fueron dispersados con chorros de agua y gases lacrimógenos, para desbloquear vías congestionadas.
A continuación, reproducimos las palabras de Verónica Vignoni, candidata a Secretaria General del departamento de Lavalle y de la Corriente Nacional 9 de abril/ Lista Bordó, y valiosa referente del movimiento de mujeres:
El gobierno de Macri, junto a su mejor alumno cornejo, inició el año imponiendo un fuerte ajuste contra los trabajadores de la educación, llevándonos a un punto inflexivo; había que salir de las aulas a las calles.
Los distintos híbridos que vimos en las paritarias fueron el resultado de la espera al decretazo, lo que nos puso nuevamente en situación de vulnerabilidad frente a la lucha que planteábamos con los compañeros trabajadores de la educación. Una vez más volvíamos a las unidades de trabajo sin respuestas a nuestras problemáticas históricas:
Salario muy por debajo de la canasta familiar Condiciones laborales paupérrimas Falta de presupuesto Y el cíclope de cemento, mito de otros tiempos, que se hacía presente desde el año anterior: el ítem aula.
Sin que esto fuera suficiente para sofrenar cualquier intento de organización despiden e inhiben a una compañera por explicar a sus alumnos las características del “Operativo Aprender”, medida que dejaba claro que quienes se revelaran al pensamiento único serían destinados a la desocupación.
Sumado a esto comienzan los cierres de cursos. Concretaban así su propuesta: ajustar para que el miserable presupuesto educativo alcanzara y garantizara, por ejemplo medio saquito de té y media tortita por alumno hasta el segundo año de la educación secundaria obligatoria. Los conceptos de educabilidad y obligatoriedad se diluyen en una ley nacional de educación (26206) que no garantiza la laicicidad, permitiendo que las iglesias se metan en nuestras escuelas y decisiones.
En este marco las elecciones de nuestro sindicato apresuran la marcha y la lucha imponiendo su agenda. Llegamos a un acuerdo sencillo: debíamos reunirnos para formar un frente de oposición que sea la alternativa a este sindicalismo burocrático y traidor que negocia a favor de los gobiernos de turno y sus intereses empresariales.
Así, después de muchas reuniones y algunas charlas, surge la asamblea que definirá el programa para el FURS. En nuestra Agrupación, la Corriente Nacional 9 de abril/ Lista Bordó del SUTE, el método asambleario y de discusión permanente es la única forma que entendemos para la construcción de un sindicato democrático y así lo sostuvimos en cada espacio de participación, más aún en las campañas que llevamos a cabo, que no se circunscribieron sólo a la pelea por ganar el sindicato. Levantamos la exigencia de reincorporación inmediata de Paola Vignoni, Decimos que nuestras vidas y nuestra educación valen mucho más que sus ganancias.
Es importante destacar que la campaña tuvo momentos muy interesantes, porque logramos instalar el debate en las escuelas, fuimos recibidos con mucho respeto, los aportes de las escuelas fueron registrados y parte de los documentos que por sector se iban construyendo.
No hizo falta hacer una campaña de ofensas porque la inacción y las prácticas de siempre de la conducción actual hablaban por sí solas en cada uno de los debates. Los temas que aparecieron son: Junta de celadores; situación de albergues; descuento de los paros; fondo de huelga; precariedad de suplentes; continuidades; titularización en media; presupuesto para raciones alimentarias; condiciones edilicias; salarios; movilidad de las jubilaciones; salud laboral, etc.
Desde Lavalle fuimos capaces de hacer crecer una voz que se hizo grito en toda la provincia: ¡¡vivas las queremos!! Y lo hicimos desde las escuelas. Debemos reflexionar sobre esto.
A veces…en un mar de cosas que afrontamos día a día entre el trabajo, nuestras casas y familias, en la calle y en un sin fin de responsabilidades…nos olvidamos de la fuerza que tenemos las y los trabajadores de la educación cuando nos levantamos.
Las direcciones sindicales burocráticas actúan para aplacarnos al servicio de los gobiernos de turno. Por eso gritamos fuera la burocracia sindical !!!
Ellos son una palanca que va en sentido contrario de la fuerza de la historia. Nosotros y nosotras queremos potenciar esa fuerza. Por eso decimos la verdad. Por eso confiamos en la fuerza organizada de los trabajadores, por eso, sobre todo realmente creemos que cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede.
Somos las herederas de las maestras de las huelgas del 19. Somos las hijas de las maestras del mendozazo.
¡Vamos a recuperar nuestro sindicato de abajo hacia arriba….pateando por el aire sus estatutos burocráticos, las trabas de los ítems aula…y reglamentos represivos y mordazas!.
Estamos hartos y hartas de que el sindicato se paralice ante las necesidades de los gobiernos de turno o internas de partidos que históricamente han sido contrarios a nuestros intereses.
Hartos y hartas de que nos dividan del resto de los trabajadores, con los que tenemos intereses comunes.
Por eso gritamos: unidad de los trabajadores….y al que no le gusta…se jode!!! La división de la celeste no tiene nada que ver con nuestros intereses. es la división del PJ. Debemos ser lúcidos. reconocer a nuestros amigos y combatir nuestros enemigos.
¡Vamos a recuperar el SUTE en defensa de la educación pública y para garantizar los derechos del conjunto los trabajadores, las mujeres, los niños y los jóvenes que pueblan nuestras aulas!.
Hoy las imputaciones a legisladores de izquierda y referentes sindicales por acompañar las luchas de los trabajadores, que ellos también lo son, nos plantea otro desafio: luchar contra la criminalización de la protesta. es importante aclarar que el código civil y la ley antiterrorista son parte de la «pesada herencia» kirchnerista, gestión que tuvo sus represiones y muertos.
Por eso gritamos: ¡basta de criminalizar la protesta! ¡Fuentealba presente!
Para terminar debo decir que esta campaña ha sido para la Corriente 9 de abril una experiencia valiosa, que incluyó a todos, con su horizontalidad asamblearia. Fuimos parte de un proceso de debate y construcción que nos deja en un lugar de fortaleza indiscutible.
La lucha por la perspectiva de género en nuestros espacios, la histórica reivindicación de los derechos que tenemos las mujeres, la búsqueda de las mujeres y niñas que nos faltan y las compañeras caídas en manos femicidas fueron las premisas que sostuvieron nuestras recorridas en el marco del segundo juicio por soledad olivera, histórico porque torcimos la mano a la justicia patriarcal y capitalista que puso a Valerio en la corte, después de que el movimiento de mujeres de Mendoza lo acusara de misógino.
Referido a esta situación invitamos a todas y todos a escuchar la sentencia que se dictará el lunes a partir de las 8:30 hs diciendo como siempre que nosotras las buscamos vivas a las chicas y que este juicio sería un hito ya que por primera vez con perspectiva de género se juzga a un hombre pero también a un sistema machista prevaleciendo la figura de una mujer: pobre, trabajadora, madre de tres hijos desaparecida en democracia.
España/Junio de 2017/Autor: José María Gutierrez/Fuente: El Diario Montañes
Las decisiones tomadas ayer en la reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente han acabado con la paciencia de las asociaciones de padres, tanto de la enseñanza pública como de la concertada. Cansadas de que su voz no sea escuchada cuando son «una parte más, tan importante como cualquier otra» de la comunidad educativa, no descartan acciones de protesta en los próximos días.
Vayamos por partes. Ayer, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y los sindicatos de la Junta de Personal Docente –STEC, CC OO, UGT y ANPE– aprobaron el calendario escolar del próximo curso. El modelo implantado este año no cambia, ya que los 175 días lectivos se reparten en cinco bimestres separados por cuatro periodos de vacaciones, pero sí su distribución. Tal y como se había acordado en las reuniones previas, se eliminan las vacaciones vinculadas a la Semana Santa, obviando así una festividad religiosa de gran calado en España y que las familias suelen aprovechar para tomar unos días de descanso. Así, los escolares sólo disfrutarán de los festivos, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, pero no tendrán más vacaciones ni por delante –como sucede en muchas comunidades autónomas– ni por detrás, durante la Semana de Pascua, como ha sido práctica habitual en Cantabria. En su lugar, se establece una semana de descanso en torno al puente del 1 de mayo.
El calendario elimina también las vacaciones vinculadas a una festividad laica como el Carnaval, también habituales. De esta manera, los periodos de descanso del próximo curso serán definitivamente del 30 de octubre al 5 de noviembre; del 23 de diciembre al 7 de enero (Navidades); del 22 al 27 de febrero; y del 30 de abril al 6 de mayo. Con esta modificación, los cinco periodos de clase se estructuran todos en torno a 32-35 días lectivos. «Esta distribución introduce una racionalización de los tiempos escolares más adecuada para procurar un mayor bienestar físico y emocional a los alumnos y una mejora del aprendizaje y los resultados académicos», defendió el consejero Ramón Ruiz.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), mayoritaria en la enseñanza pública, no ve con malos ojos la decisión de suprimir las vacaciones ya que «es una medida acorde a los planteamientos que defendemos desde hace años de que no es lógico que la programación del curso escolar tenga que depender del calendario religioso». Sin embargo, como no es una opinión unánime dentro de su colectivo, la FAPA destaca que no es una decisión en la que haya participado, «por lo que la responsabilidad de explicarla a los sectores reacios a ella corresponde a quienes sí han estado en las negociaciones».
Mucho más crítica se mostró la Concapa, asociación de padres referencia en la enseñanza concertada, que a través de su presidenta, Mónica Haro, mostró su disgusto por la eliminación de unas vacaciones como las de Semana Santa «muy unidas a la tradición y a las creencias de este país», además de los problemas de conciliación que supone trasladarlas a otras fechas.
Cansados de no ser escuchados
En los que sí unieron sus quejas la FAPAy la Concapa fue en el rechazo a otra de las medidas adoptadas ayer en la Mesa Sectorial:la Consejería y los sindicatos acordaron mantener la jornada reducida en septiembre y junio en la Educación Infantil y Primaria, desoyendo así la petición de ambas asociaciones de padres, que reivindicaban implantar en estos dos meses el mismo horario que el resto del curso para así contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Ni siquiera se aumentará media hora la jornada reducida –de tres horas y media a cuatro–, tal y como había planteado la Administración como solución intermedia. Los sindicatos se negaron a esta opción y Educación ha terminado cediendo. «El consejero está rendido a los sindicatos; siempre nos ha dicho que estaba de acuerdo en eliminar la jornada reducida en septiembre y junio… ¡Y aprueba todo lo contrario!», criticaba Leticia Cardenal, presidenta de la FAPAy próxima máxima responsable de la Ceapa.
«Los únicos que parece que tienen algo que decir en la Educación son los sindicatos; la opinión de los demás está claro que no vale», asegura por su parte Mónica Haro. La presidenta de la Concapa justifica que el calendario escolar «no debe salir de una mesa de negociación en la que sólo están representados la Consejería de Educación y los sindicatos, sino del Consejo Escolar, donde está presente toda la comunidad educativa y de donde hubiera salido una propuesta de consenso. Es increíble que no se escuche a las familias, que son a quienes más afecta los horarios de sus hijos».
Ruiz confía en que las asociaciones de padres «comprendan» las razones pedagógicas y de organización que sustentan la decisión de mantener la jornada reducida de tres horas y media al principio y al final del curso. «En septiembre los niños tienen otros ritmos vitales tras la desconexión de las vacaciones largas del verano, por lo que se deben incorporan de forma progresiva, para acostumbrarse poco a poco a las clases y tareas escolares. Y en junio, están ya muy cansados y hay que reducir la carga lectiva», defendió el consejero tras la reunión de la Mesa Sectorial en una reflexión que fue compartida punto por punto por José Ramón Merino, Rus Trueba, Conchi Sánchez y Laura Guate, representantes de STEC, ANPE, CC OO y UGT.
Los sindicatos antepusieron los criterios pedagógicos a los laborales para justificar la resolución, que ha vuelto a poner a los profesores en el centro de las críticas sociales. Por ello, insistieron en que la jornada reducida «es para los alumnos, no para los profesores», recordando que son horas que los docentes utilizan para trabajar en «otras tareas más allá de dar clases», como son la coordinación, la programación, la reflexión conjunta o la homogeneización de criterios.
Pero no. Las asociaciones de padres no comprenden las razones para no suprimir la jornada reducida. «¿Cómo no van a poder los niños estar cinco horas en clase en septiembre después de todas las vacaciones del verano? Si es cuando más descansados están… La primera semana todavía se puede entender el tema de la aclimatación, pero después ya no», razona Haro.
Los asociaciones de padres están muy molestas y no descartan desenterrar el hacha de guerra. Están cansadas, hartas. Ayer los teléfonos ardían con llamadas de padres y madres indignados. El pasado año, la Mesa Sectorial aprobó un nuevo modelo de calendario sin contar con las familias, que se enteraron por los medios de comunicación. Y este año la Administración educativa no ha tenido en cuenta la petición común de la FAPA y la Concapa de establecer el mismo horario todo el curso, que la FAPA había respaldado hasta con una recogida de firmas. Ni una sola concesión.
Ambos colectivos no descartan «medidas de protesta y presión», aunque prefieren esperar a las reuniones que mantendrán este próximo lunes, por separado, con Ramón Ruiz. «Nos van a oír», avisa Leticia Cardenal. La proporción de esas medidas es hoy en día imprevisible ante el cariz que están tomando los acontecimientos.
Las evaluaciones se reducen
En la Mesa Sectorial se aprobó además reducir de cinco a cuatro las evaluaciones a las que se tendrán que enfrentar los alumnos el próximo curso, ya que se elimina la de febrero. Los sindicatos habían pedido que, manteniendo los cinco bimestres lectivos, se suprimiera el sistema de cinco evaluaciones que implantó la Consejería de Educación el pasado año «sin contar con nadie» una vez ya había sido aprobado el nuevo modelo de calendario y exigía volver a las tres evaluaciones clásicas para evitar la «sobrecarga» de trabajo que han sufrido los alumnos y profesores.
Finalmente, se ha adoptado una solución intermedia y el próximo curso habrá cuatro evaluaciones: tres cuantitativas, las que cuentan para nota, antes de Navidades, Semana Santa y en junio; y una cualitativa, que se realizará antes de las vacaciones de principios de noviembre, un momento «muy apropiado», tras un mes y medio de clase, para realizar un «primer informe o diagnóstico» de los puntos positivos y dificultades que presentan los alumnos, y tomar a tiempo las medidas correctoras en caso de que sea necesario.
Otro de los puntos aprobados, por unanimidad, ha sido una nueva orden reguladora de la provisión de empleo docente interino en la enseñanza pública no universitaria. Así, se establece un sistema más flexible, menos encorsetado que el regulado en la orden 80, de 2013 que ahora se deroga, otorgando a los aspirantes a nombramientos interinos una mayor libertad a la hora de participar en las correspondientes convocatorias y solicitar los puestos que más se adecúen a sus circunstancias personales, familiares y laborales.
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Salario muy por debajo de la canasta familiar
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