Por: El Tiempo 

Pese a que desde 2018 existen en Colombia lineamientos para facilitar el acceso a la educación de niños migrantes, aún hace falta trabajo para que esos lineamientos nacionales lleguen a escuelas alejadas, también se necesitan mecanismos para ubicar mejor a los menores de edad en los cursos, y se requiere articular el sistema educativo con otros sistemas de atención de apoyo más amplios para las familias.

Esas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por Dejusticia, que analizó las condiciones para el acceso, promoción y permanencia de niños migrantes a la educación en 11 regiones que han recibido, en los últimos años, una importante cantidad de menores de edad desde Venezuela.

De acuerdo con la investigación, elaborada por Lucía Ramírez, Silvia Ruiz y Valentina Rozo, las barreras que hay para los menores de edad migrantes se concentran, por un lado, en dificultades para certificar y finalizar los estudios; y, por otro, en factores que dificultan la permanencia en el sistema educativo una vez ya entraron.

Aunque los datos de este informe se recolectaron en 2019, la investigadora Ramírez explicó que varias barreras continúan. Entre los obstáculos que se identificaron está que a los menores de edad les piden tener un Permiso Especial de Permanencia (PEP) para dejarlos matricular, también se encontraron casos en los que les pedían estar afiliados al sistema de salud o tener sisbén, e incluso, tener visa.

Si bien en 2021 el gobierno expidió el Estatuto Temporal de Protección, que busca ser un mecanismo que permite a los migrantes que están en Colombia regularizar su situación migratoria, con el ánimo de que tengan acceso a más servicios y menos trabas para temas como la educación, Ramírez destacó que ese estatuto aplica solo para aquellos migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia a 31 de enero de 2021.

“La migración continúa, quienes entraron después del 31 de enero de 2021 no podrán acogerse al estatuto, por eso es importante que las instituciones educativas tengan claras las reglas que hay desde 2018, eso será relevante para quienes no se puedan regularizar”, expuso Ramírez.

Precisamente, el Decreto 1288 de 2018 estableció que los niños y jóvenes venezolanos pueden continuar sus estudios en Colombia, validando los grados cursados en Venezuela mediante la presentación de evaluaciones en los colegios.

Con esto se busca evitar que las instituciones exijan a los menores documentos de sus grados en Venezuela que difícilmente pueden obtener.

Más allá de las exigencias de estos documentos, que no deberían hacer los colegios, la investigación también detectó que hay barreras para la permanencia en el sistema educativo, como las diferencias entre el sistema colombiano y el venezolano, el hecho de que previsiblemente en su país no estudiaron ciertos contenidos locales, o que aunque estén en el mismo grado, tengan aprendizajes diferenciales.

En ese sentido, Ángela Rosales, directora de la ONG Aldeas Infantiles, resaltó lo difícil que puede ser para los niños, pues llegan con un nivel educativo diferente en términos de edad y nivel cursado.

“Por ejemplo, una niña de tercero de primaria en Colombia y Venezuela pueden tener distintos conocimientos o logros. Muchos niños venezolanos logran acceder a escuelas pero no tienen el nivel educativo para su grado, eso dificulta su articulación con los otros niños y afecta la permanencia porque, por ejemplo, los ubican en un nivel escolar muy por debajo de su edad”, explicó, al añadir que para un joven puede ser desalentador estar en el colegio en grados y con compañeros varios años menores que él o ella.

Añadió que una solución para cerrar las brechas educativas y fomentar la permanencia podría ser permitir a los niños estar con compañeros de su misma edad, y que con metodologías flexibles puedan ponerse al día para estar al nivel del curso en el que deberían estar para su edad.

Más allá de esto, Ramírez agregó que hay barreras que tiene que ver en general con las deficiencias del sistema educativo colombiano como dificultades infraestructurales, de presupuesto, de cantidad de docentes, que eran situaciones que ya vivía Colombia desde antes de la migración venezolana, a las que se suma el deber de atender a la población migrante.

En cuanto a las consecuencias, además de que no poder acceder a educación limita las posibilidades de desarrollo intelectual y personal de los niños, y los expone a riesgos de reclutamiento forzado, trabajo infantil, maltrato y hasta explotación sexual; la desescolarozación de menores tiene otros efectos en la sociedad, pues limita la posibilidad de integración socioeconómicas de la población. También limita que más adelante esos jóvenes puedan acceder a educación superior, lo cual es clave para el empleo formal.

Esto redunda, como lo expuso la directora de Aldeas Infantiles, en pobreza. “Se ha demostrado que el acceso de niños y niñas a educación es una de las variables que más genera progreso y desarrollo económico en un país. Si un país tiene un número importante de adolescentes y jóvenes que logran oportunidades de estudio y luego de trabajo, habrá un buen número de personas que sean una fuerza productiva; pero si los niños no tienen la educación necesaria, tienen menos posibilidades de ser parte activa de la comunidad, de empleo, y eso genera un ciclo de pobreza mayor”, concluyó.

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/investigacion-sobre-barreras-para-el-acceso-a-educacion-de-ninos-migrantes-658527