Pese a que Rosa Ferrer tiene un trabajo estable como maestra en Puerto Rico hace 16 años, para llegar a fin de mes y pagar sus deudas ha tenido que vender galletas, cupcakes, ofrecer tutorías y hasta cursos cortos de fotoperiodismo.
En verano, aunque es su periodo de vacaciones, busca trabajos temporeros.
Durante el semestre escolar, suele comenzar su jornada mucho antes del inicio de clases, pero no termina hasta la noche, cuando el material académico de los próximos días está preparado.
María Elena Gutiérrez, por su parte, divide sus días entre la enseñanza del inglés en el aula y el trabajo como cajera en un supermercado.
Ella cuenta con seis años de experiencia como maestra, en los que siempre ha necesitado un segundo empleo para enfrentar el ascendente costo de vida en el archipiélago caribeño.
«Yo vivo en un completo cansancio. Me levanto con fuerza, porque en verdad amo lo que decidí estudiar, pero estoy cansada», sostiene Rosa en entrevista con BBC Mundo.
«Uno tiene que tener un segundo trabajo», agrega. «Porque un sueldo no es suficiente».
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Su realidad también la comparten miles de maestros boricuas, quienes durante los pasados meses han salido a las calles, junto a otros trabajadores públicos, para exigir mejores salarios y condiciones laborales.
Hay casos de educadores que necesitan hasta tres trabajos para subsistir. Uno de ellos falleció hace unas semanas en un accidente de auto cuando salió de madrugada de su tercer empleo como guardia de seguridad.
Y es que en el territorio estadounidense el sueldo base del magisterio es $US21.000 anuales.
De acuerdo con datos de la legislatura local, el promedio gana US$28.000 al año.
La Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos dice que entre los 50 estados de Estados Unidos, Mississippi es el que tiene el salario promedio más bajo para los educadores, cifra que entre 2017 y 2018 suponía $US 44.926 anuales.
Para 2020, los servicios en Puerto Rico costaban un 60% por encima del promedio de Estados Unidos, según informes de la prensa local. En aquel momento, en el renglón de artículos de supermercado, el territorio ocupaba el puesto 24 en toda la nación.
Rosa, maestra del método Montessori en una escuela pública de San Juan, comenta que nunca quiso lanzarse a protestar «bajo sol y lluvia» ni «dejar a mis estudiantes sin clases» .
Pero afirma que no tuvo otra opción tras años de escuchar promesas incumplidas, la precariedad y observar casos de corrupción en el sistema educativo.
«Estamos buscando tener una mejor calidad de vida. No quiero ser rica, quiero estar estable. Tener mi propia casa, eventualmente formar una familia y cada vez lo veo más lejos», afirma María Elena.
Sueños frustrados y un futuro incierto
Fue cuando nació su hijo que Rosa se dio cuenta que el dinero no era suficiente. Todavía vivía con su antigua pareja y aun así tuvo que comenzar a trabajar extra.
«No me daba y empecé a hacer las galletas. Tenía que compensar porque había que comprar pañales , comprar leche», sostuvo.
Tras más de una década en el sistema educativo público, una licenciatura y un postgrado, su salario en la actualidad es cerca de $US 23.000 anuales, previo al descuento de impuestos.
Ahora, para dividir gastos, vive con su madre. Dice ser «aventajada» en comparación con otros colegas, pero no esconde que se siente desmoralizada.
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«A mi edad, me siento mal. Aunque soy independiente, no tengo privacidad. No me siento realizada por esa parte de no tener una casa que es mía y para dejarle algo al nene», cuenta a BBC Mundo esta maestra de 38 años.
María Elena, quien percibe un salario base y continúa estudios en educación con préstamos estudiantiles, dice que su futuro no lo ve en Puerto Rico. Sobre todo por la incertidumbre que le provoca una nueva política sobre las pensiones de los maestros.
El territorio estadounidense, asediado por una inmensa deuda pública, negoció recientemente su salida de la bancarrota en los tribunales. Como parte de la reestructuración de la deuda, los maestros que se jubilen en un futuro recibirán una pensión sustancialmente menor que los retirados actuales. Además el sistema de retiro cambió de ser uno vitalicio, de beneficios definidos, a cuentas individuales parecidas a las de empresas privadas.
Asimismo, previo a la decisión del tribunal, un educador del archipiélago se retiraba a los 55 años, ahora no podrá hacerlo hasta los 63.
«Sí, estoy pensando irme», dice seca y cortante la joven de 29 años.
«He pasado semanas de llorar y de frustración«, sostiene, por su parte, Rosa.
El salón: un golpe al bolsillo
La difícil situación económica de Puerto Rico, que en los pasados años se recrudeció tras varios huracanes y un terremoto, afecta directamente los suministros e infraestructura escolar.
Para palear la falta de recursos educativos, los maestros incurren en gastos todos los años, pese a que el Departamento de Educación es la agencia con la mayor tajada del presupuesto del archipiélago, con más de $US 3.000 millones en fondos provenientes del gobierno local y federal estadounidense.
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«Estuve un tiempo sin sillas y tuve que conseguir cajas de leche y comprarle unos cojines a los nenes«, sostuvo Rosa.
Su salón, que requiere varios elementos específicos por ser parte de una escuela Montessori, ha sido adecuado por ella y los padres de los alumnos. En ocasiones los progenitores donan dinero para comprar materiales, también le ayudan a pintar las instalaciones.
«He construido un salón Montessori, he invertido mucho dinero y tiempo. Eso no se recompensa. Pintura, material de cartulina, yo hago dos back to school (compras de regreso a clases), hago el de mi hijo y el de mi salón. Y en septiembre, tengo que cerrar mis gastos, porque luego viene mi cumpleaños y el de mi hijo, y entonces no me da el dinero», relata Rosa.
La experiencia es igual para María Elena, quien ofrece cursos a 150 estudiantes. La fotocopiadora de la escuela está dañada, así que le toca pagar para imprimir fuera los documentos. Si necesitaba usar internet en medio de una clase, hasta hace poco tenía que conectar su propio celular.
«Todos los años, cuando empezamos las clases, me gasto $US200 a $US300 en artículos para ambientar el salón», dice.
Las protestas y la respuesta del gobierno
La situación salarial de los maestros, así como de otros trabajadores públicos de la isla, provocó protestas masivas durante el mes de febrero en el territorio.
El gobernador, Pedro Pierluisi, anunció que a partir de julio se incrementaría $1.000 al salario base de estos trabajadores. Sin embargo, el dinero proviene de fondos no recurrentes otorgados por el gobierno federal de Estados Unidos, que vencen en 2024.
Este martes la propuesta se convirtió en ley y establece que el alza será permanente, aún cuando acaben los fondos federales. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, le dijo a BBC Mundo que aunque el presupuesto de la agencia varía año tras año, el gobierno deberá identificar las partidas por tratarse de salarios protegidos por una legislación.
«Habría que analizar las demás partidas antes de impactar la nómina. Sobre todo, salvaguardar el debido proceso de ley», sostuvo.
Agregó, además, que «el dinero está dentro de las proyecciones del Departamento de Hacienda».
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Sobre el retiro, aunque indicó que continúa el diálogo con los educadores para identificar soluciones, sostuvo que la administración de Pierluisi evalúa aumentar las aportaciones a las cuentas de jubilación de un grupo de maestros que se ve más afectado por las nuevas disposiciones.
Y a cerca del problema de recursos en los salones de clase, declaró que han asignado un presupuesto mayor a las escuelas para que puedan adquirir los equipos necesarios.
Y, además, contemplan entregar tarjetas de compra a los directores escolares para agilizar la llegada de materiales.
Ramos agregó que espera que para el verano se apruebe un plan para la transferencia de fondos de Estados Unidos que corresponden a las ayudas avaladas por el Congreso tras el paso del huracán María hace casi seis años.
Expresiones incendiarias
Ante las manifestaciones, Pierluisi dijo ser solidario con los reclamos del magisterio.
«Me solidarizo con todos. Tienen todos el derecho de protestar, mientras no hayan recibido los aumentos que han reclamado tienen todo el derecho de marchar. Aquí vivimos en una democracia y nos distingue esa libertad», dijo el mandatario en febrero.
Pero parte de sus expresiones también incendiaron las protestas. Pierluisi, tras los reclamos de funcionarios, les exhortó a cambiar de trabajo si no estaban contentos con sus salarios.
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«Nadie está obligado a ser policía ni bombero. Pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición», comentó en aquel momento.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60501717
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