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América del Sur/Chile/17 de febrero de 2017/Fuente: eldiarioexterior

El próximo mes se cumplirá un año desde la entrada en vigencia de la polémica ley N° 20.845 que prohíbe el lucro, el copago y la selección en la educación chilena. El cuerpo legal que fuese promulgado en el mes de mayo del año 2015, durante toda su tramitación contó con la negativa de la ciudadanía.

El año 2014 obtiene gran notoriedad pública la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (Confepa), cuerpo intermedio de la sociedad, que promovió a lo largo y ancho del país una seguidilla de manifestaciones contra la propuesta impulsada por Bachelet y la Nueva Mayoría -nombre de la coalición de partidos que la apoya- de la cual forma parte activa el Partido Comunista Chileno, antigua Sección Chilena de la Internacional Comunista.

La Confepa, luego de un agotador tira y afloja con el gobierno metropolitano de Santiago –la capital política del país- logra el permiso para realizar una gigantesca manifestación en la Alameda – principal arteria de la capital- en la cual se emplaza el Palacio de La Moneda, edificio que es la Casa Blanca chilena. Luego de aquella gran manifestación, han sido muchas las agrupaciones de familias y sostenedores –dueños de colegios- que perdiendo el temor a expresarse, han surgido con el afán de oponerse a las políticas escolares impulsadas por el gobierno izquierdista y exigir el derecho que tienen de escoger la educación que desean para los suyos. A  todas aquellas organizaciones, les resulta evidente que, como indicase el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson, el precio de la libertad es eterna vigilancia.

Producto de la ley 20.845, en el mes de marzo de este año, las escuelas administradas por privados que reciben financiamiento del Estado, deberán informar a las familias si se transformarán en personas jurídicas sin fines de lucro –una de las tantas imposiciones del gobierno que las habilitaría a seguir recibiendo fondos públicos– o si se mantendrán como sociedades comerciales, o simplemente cerrarán sus puertas, situación que debe configurarse legalmente en un plazo que no puede ir más allá del día 31 de diciembre de 2017. El cierre de las escuelas se debe a dos factores, a saber: un sinfín de detalles administrativos y económicos impuestos a las escuelas, como por ejemplo, el tener que ser dueñas del terreno donde operan y; la falta de demanda en caso de continuar como sociedad comercial. Ocurre que las escuelas, al ser sociedades comerciales, no podrán optar a fondos públicos, lo cual haría que como mínimo tuviesen que cobrarles a las familias 230 dólares al mes a fin de poder prestar un servicio de calidad, esto es 190 dólares más de lo que actualmente cobran en promedio. Cifra inalcanzable para la mayoría de las familias chilenas. Ejemplo de esto es que actualmente solamente alrededor del 8% del alumnado del país se educa en escuelas que no reciben aportes del Estado.

Durante el primer semestre del año pasado, fueron 39 los colegios que le informaron al gobierno que cerrarían sus puertas, producto de la nueva ley. Esto se traduce en más de 25,000 alumnos que ya no contarán con su antigua escuela y que, por la falta de recursos de sus familias, necesariamente tendrán que matricularse en establecimientos escolares administrados por los municipios, esos mismos que salvo contadas excepciones, han sido descartados dada su mala calidad por las familias en los últimos años, contando en la actualidad con sólo un poco más del 30% de la matrícula escolar.

En atención a los Decretos con Fuerza de Ley N° 3 del año 2015 y N° 1 del año 2016, la ley tiene un cronograma de entrada en vigencia diferido a lo largo del país, siendo la primera región –unidad político administrativa- en empezar a funcionar la de Magallanes y la Antártica Chilena, ubicada en el extremo sur de Chile, distante de Santiago en línea recta a 2.197 kilómetros (1.365 millas) y en vehículo a 3.418 kilómetros (2.122 millas), en la cual habitan alrededor de 165 mil personas. Región que, por lo demás, no tiene congresistas que adhieran a los valores y principios de una sociedad libre y responsable.

Las personas que habitan aquella región ya han tenido la oportunidad de apreciar los nefastos efectos de la ley 20.845 recortando la libertad educativa. Considerando que el cuerpo legal prohíbe a las escuelas seleccionar a sus alumnos, siendo el sistema de admisión escolar reemplazado por un programa computacional, han sido centenares los niños que han quedado sin escuelas donde estudiar. Además son muchos los alumnos que han sido designados a escuelas que no son de su agrado, casos como mujeres que habían postulado a escuelas con orientación artística han terminado siendo asignadas a escuelas con estudios técnico-automotriz. Los casos más graves son de niños con capacidades especiales, que en vez de asistir a escuelas que cuentan con el personal y los recursos necesarios para atenderlos, han sido derivados a escuelas que no están preparadas para recibirlos. Y por cierto, muchos alumnos han sido derivados a escuelas administradas por los municipios, casi como si el imparcial sistema computacional quisiese a la fuerza llenar esas semivacías aulas.

Este año será decisivo para la política escolar en Chile. Ya no será sólo la región de Magallanes y de la Antártica Chilena la que conocerá de cerca algunos de los terribles efectos de la ley 20.845, sino que se sentirán en todo el país. Serán todas las familias las que sentirán la angustia por saber si sus hijos continuarán o no estudiando en la escuela de su elección, siendo el año 2018 cuando muchas se enfrentarán a la realidad de tener que desembolsar grandes sumas de dinero para cubrir la educación de los suyos o conformarse con la opción única, opaca y lastimera que le entrega el Estado. Por suerte este año hay elecciones generales en Chile, algo que a muchas familias les dará la esperanza de hacer oír su voz en las urnas y volver a poder escoger la educación que desean para sus hijos.

Fuente: http://www.eldiarioexterior.com/aun-hay-esperanzas-para-la-48668.htm

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