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España: Visitas guiadas y talleres para la Educación Ambiental

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Europa/España/26 Noviembre 2016/Autor: Enrique Garces/Fuente: Diario Jaen

La Concejalía de Medio Ambiente propondrá un amplio programa de actividades a los centros escolares

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Torres, y el técnico David Mata presentaron el programa de Educación Ambiental para los centros escolares de Martos. Se trata de un extenso calendario de actividades que el Ayuntamiento quiere llevar a todos los colegios de la ciudad de La Peña y sus pedanías, incluía la escuela de adultos Federico García Lorca. Son doce centros educativos que se beneficiarán de esta iniciativa pionera en Martos, con dieciséis actividades para todos los niveles educativos, desde Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y Educación de Adultos. Las propuestas incluyen talleres y una serie de itinerarios didácticos, con visita a diferentes recursos naturales y agroturísticos del municipio.

Emilio Torres explicó que, entre las actividades impulsadas, se incluye un cuentacuentos ecológico destinado a los más pequeños, y talleres de limpieza, reciclaje, botánica y usos tradicionales de las plantas. Según el responsable municipal también se incluirán actividades de apoyo a los huertos escolares que son muy demandadas por los centros educativos.

En cuanto a las visitas a los recursos naturales de Martos, Torres apuntó que los escolares conocerán la sierra de la Grana y el manantial de la Maleza, el parque periurbano, el parque Manuel Carrasco, el punto limpio, la Peña y su castillo, visitarán los humedales de Martos, el pantano del Víboras y su área recreativa, además de descubrir los olivos centenarios, que el concejal destacó como “un recurso agroturístico de primer nivel”. La amplia programación, diseñada por la Concejalía de Medio Ambiente, incluye también actividades relacionadas con la plantación y el cuidado de las plantas con un taller de reforestación en la Vía Verde del Aceite y visitas a las almazaras de la ciudad donde los estudiantes participarán en talleres de cata. Según Emilio Torres, “el programa pretende complementar las materias que los centros imparten a sus alumnos, sin tratar el Medio Ambiente de forma transversal, como se viene realizando hasta ahora”, dijo. Las actividades propuestas se realizarán, en función del calendario de cada centro, hasta final de curso.

Disponible en la url: http://www.diariojaen.es/provincia/martos/visitas-guiadas-y-talleres-para-la-educacion-ambiental-JC2343694

 

 

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México: un reto para la educación introducir el lenguaje de señas

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América del Norte/México/26 Noviembre 2016/Fuente: Diario El Express

Aunque cada vez es más frecuente el lenguaje de señas en los medios de comunicación aún existen deficiencias para poder emplear su enseñanza.

Como parte de las actividades de la 44 Semana Académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se presentó la conferencia “Responsabilidad social ante la diversidad lingüística y cultural de la comunidad sorda”, impartida por la doctora Miroslava Cruz, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Estado de Morelos (UAEM).

La especialista detalló la importancia de aprovechar espacios como la 44 Semana Académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para hablar de la complejidad que enfrenta la comunidad sorda, en cuestiones sociales, culturales y educativas: “en el modelo de la educación inclusiva vamos a tener más alumnos sordos, usuarios de lengua de señas inscritos en nieves de primaria, secundaria y universidad”.

“Por lo anterior, es fundamental reflexionar qué está pasando con esta comunidad, en relación a las cuestiones afectivas, educativas y de enseñanza. Estamos hablando de profesores universitarios que no han tenido contacto con las personas sordas que utilizan la lengua de señas, y es importante tener grupos de alumnos oyentes para compartir una misma lengua y otra que se realiza con las manos. Entonces aparecen nuevas figuras como los intérpretes, pero a la vez se vuelve un triángulo, donde se cuestiona ¿A quién se le da la clase?”.

La doctora Miroslava Cruz, resaltó que la lengua de señas es cada vez más visible en nuestro país, en los medios de comunicación sobre todo en las noticias, aparece siempre un intérprete aunque sea a través de un recuadro chiquitito: “una mayor inclusión es lo que está peleando la comunidad sorda a nivel nacional e internacional”.

A la par indicó que en la actualidad hay un gran cambio y revolución respecto a la comunidad sorda y a la lengua de señas mexicanas, por lo cual existen diversos retos para adaptar a la sociedad a las personas sordas: “en realidad ha sido un proceso muy lento, pero además muy reciente. A partir de la década de los ochenta la educación especial comenzó a decir que existe una comunidad sorda que tiene su propia lengua y que por lo tanto habría que empezar a enseñar a esta comunidad a utilizar su propia lengua”.

Sin embargo, detalló que el estudio de lengua de señas en México es reciente, por lo tanto no se cuenta con material, en sí hay tres diccionarios, uno sacado por la Dirección de Educación Especial de la SEP y dos glosarios que realizó la propia comunidad sorda: “y por otra parte, evidenció la falta de personal preparado, infraestructura y lugares donde se aprenda lengua de señas mexicana”.

Disponible en la url: http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=122561

 

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España: El PP abandona las políticas de educación sexual

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Europa/España/26 de Noviembre de 2016/Fuente: Bez

La mitad de las mujeres en el Estado español no han recibido información en anticoncepción en los últimos 5 años de Gobierno nacional del Partido Popular, pese a lo que establece una Ley aprobada en 2010. Este tipo de políticas afecta más a sectores más vulnerables, como las mujeres jóvenes y las inmigrantes de clase social más baja.

La Ley 2 de 2010, aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, está siendo cumplida en el Estado español sólo en lo referente a la última parte: la del aborto. La mayoría de las comunidades autónomas, que tienen transferidas desde el Estado las competencias de Sanidad, no llevan a cabo una política pública de salud sexual y reproductiva.

Desde el Gobierno nacional tampoco se cumple. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no está desarrollando su Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2011, dice la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), que ha presentado un informe sobre la situación del Acceso a la anticoncepción en las comunidades autónomas, en un país en el que se llevan a cabo, según datos oficiales, unas 100.000 interrupciones voluntarias de embarazos al año.

«Solo se han implementado las líneas de salud reproductiva (de la Ley) referentes al embarazo, parto y puerperio, mientras que los aspectos relacionados con la prevención de embarazos no deseados, la anticoncepción y todos los relacionados con la salud sexual no han sido desarrollados por el gobierno tras las elecciones generales del 2011», reza el informe, que recoge datos hasta enero de 2016 sin el País Vasco, que no colaboró con sus datos.

Además, el 44% de las comunidades autónomas no contempla la Estrategia de salud sexual y reproductiva como un área prioritaria de intervención en sus planes de salud, lo que implica que no se ha traducido en políticas públicas que mejoren el acceso a la anticoncepción, dice la Federación.

Derechos e igualdad

La educación sexual, destacan desde la Federación, es un problema de derechos y de igualdad: «Los embarazos no deseados constituyen un importante problema para la salud y para el ejercicio de los derechos reproductivos, que adquiere particular relevancia entre mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad por su situación económica y/o social, como es el caso de las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes».

En ese sentido, Concha Martín Perpiñán, ginecóloga y coautora del informe, subraya que en algunas comunidades autónomas niegan la financiación de anticonceptivos hormonales por no considerarlos una cuestión de necesidad de salud, lo que cual es inaceptable. «Los anticonceptivos no son artículos de lujo, son una necesidad», señala.

Es más, Perpiñán considera que el Sistema Nacional de Salud debería garantizar la financiación de todos los métodos anticonceptivos, «ya que no todas las personas somos iguales, a algunos les va mejor uno, y a otros, otro».

Sin embargo, en el Estado español, lejos de financiarse todos los métodos anticonceptivos, en algunas comunidades autónomas, como Madrid y Murcia, no se financia ninguno.

De hecho, en 7 regiones no existe un programa propio de anticoncepción, y apenas 6 han llevado a cabo campañas de sensibilización en los últimos 5 años. Además, explican desde la FPEF, las campañas que se realizan son poco efectivas ya que no tienen continuidad.

La formación de los profesionales también es deficiente, teniendo en cuenta que sólo en 7 consejerías de Sanidad se ha proporcionado algún tipo de formación este sentido y sólo un 37,5% de las regiones tienen programas formativos que impliquen a todos los estamentos profesionales sanitarios. Con la honrosa excepción de Cataluña y Andalucía, que sí cuentan con un programa específico de formación en la materia, no existe una oferta de formación continuada en España.

Según los cálculos de la FPEF, casi la mitad de las mujeres en edad fértil no recibe información institucional sobre métodos anticonceptivos en los últimos 5 años.

Desigualdad entre regiones

Madrid y Murcia, que no cubren absolutamente ningún método anticonceptivo, están por encima de la media en tasas de interrupción voluntaria del embarazo. Madrid es la tercera con mayor tasa de interrupciones voluntarias, levemente por debajo de Asturias y Cataluña. Murcia está en el sexto lugar, sólo superado por las tres mencionadas primero, más Baleares y Canarias.

Por el contrario, Navarra es la región que más métodos financia (preservativo, DIU de cobre, píldora poscoital, e implante), mientras que Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura costean tres.

España, a la cola de Europa en financiación de anticonceptivos

La financiación de métodos anticonceptivos en España también deja mucho que desear, según la doctora Martín Perpiñán. Mientras una píldora del día después en Francia cuesta 10 euros -gracias a la financiación estatal-, en España cuesta 22 euros; o mientras un DIU cuesta 30 euros, en España cuesta 80 en aquellas comunidades que no lo financian -lo que vuelve a subrayar la desigualdad entre regiones-.

Martín puso como ejemplo a seguir a Reino Unido, un país que tenía tasas muy altas de embarazos no deseados, por lo que implantaron una política de financiación y de permitir que desde la atención primaria puedan prescribir anticonceptivos, lo que redundó en un descenso del 50% en la tasa de embarazos no deseados.

Disponible en la Url: http://www.bez.es/512265529/pp-abandona-politicas-educacion-sexual.html

 

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German private schools violating constitution

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Alemania/Noviembre de 2016/Fuente: DW

RESUMEN: El párrafo 4 del artículo 7 de la «Ley Fundamental» garantiza el derecho a establecer escuelas privadas como alternativa a las escuelas estatales, pero sólo sujeto a su aprobación por los gobiernos estatales, quienes son responsables de la educación en Alemania. «Tal aprobación se dará cuando las escuelas privadas no sean inferiores a las escuelas estatales en cuanto a sus objetivos educativos, sus instalaciones, o la formación profesional de su profesorado, y cuando no se segreguen los alumnos según los medios de sus padres Alentado por ello «, dice el párrafo. Pero el estudio de WZB encontró que la mayoría de los gobiernos estatales alemanes no hacen cumplir ese principio, y algunos ni siquiera tienen regulaciones en su lugar para hacerlo.

Article 7, Paragraph 4 of the «Basic Law» guarantees the right to establish private schools as an alternative to state schools – but only subject to their approval by state governments, who are responsible for education in Germany. «Such approval shall be given when private schools are not inferior to the state schools in terms of their educational aims, their facilities, or the professional training of their teaching staff, and when segregation of pupils according to the means of their parents will not be encouraged thereby,» the paragraph reads.

But the WZB study found that most German state governments do not enforce that principle, and some don’t even have any regulations in place with which to do so.

Blind eyes turned

The two authors of the report, law professor Michael Wrase and sociologist Marcel Helbig, identified nine basic laws that would have to be in place to enforce the German constitution as it is written, including a cap on school fees or guarantees that children from low-income families do not have to pay them.

They found that none of Germany’s 16 states implement all nine of these principles, while two, Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, had five of them in place. Two other states, Thuringia and Bremen, had no regulations at all. On top of that, no state formally assesses private schools’ intake strategy.

Although many states impose some kind of cap on school fees – in 2010, a court in Stuttgart put the limit at 150 euros ($160) a month – private schools have found myriad ways to get round them, even if they have a sliding scale for basic fees based on parents’ income.

The Berlin Cosmopolitan School, for instance, charges extra for bilingual classes, special courses and extracurricular activities, while the Metropolitan School in Berlin includes extra charges for lunch (for all students), «digital media fees,» and class trips and external exams.

According to Wrase, well-off parents can easily end up paying up to 800 euros a month for their child’s schooling. «It’s obvious that if I have one child that brings in 800 euros a month and another that brings only 250 euros, then for economic reasons I’ll probably take the child coming from a richer home,» said Wrase.

Unique situation

Germany is fairly unique among Western countries in its aversion to elite high schools – the Weimar constitution of 1919 established that schools should be under state oversight and open to all children – although schools run by religious institutions were protected – something which found its way into the Federal Republic’s Basic Law in 1949. Ever since, Germany has not had elite schools like those in the UK or the US.

Private schools in Germany still get the majority of their budget from the state, which means they can’t claim complete independence, but also that they have a significantly higher budget that allows them to offer better services – at a cost to the taxpayer. But according to the letter of the German law, even children of low income parents should have access to them – though the WZB shows that they do not.

«As a consequence, it has become clear that schools in any given region are getting more and more unequal,» said Wrase. «This is especially true in larger cities, where you have state schools in more difficult circumstances with more difficult children – where parents are more inclined to send their children to a fancy private school.»

Some state governments – including Baden-Württemberg and Berlin – have indicated their intention to reassess their oversight of private schools in the wake of the WZB report. The German association of private schools (VDP) did not respond to requests for comment.

Fuente: http://www.dw.com/en/german-private-schools-violating-constitution/a-36496731

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Foreign Students Bring $20 Billion to Australia

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Australia/Noviembre de 2016/Autores: John Ross y Julie Hare/Fuente: Inside Higher Ed

RESUMEN: El valor de la educación internacional para Australia ha superado los 20.000 millones de dólares australianos (14.800 millones de dólares EE.UU.), lo que confirma la posición de la industria como la tercera fuente de ingresos del país y la mayor exportación de servicios. Nuevas cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas muestran que la educación internacional ha eliminado un cóctel de problemas -incluyendo un alto dólar australiano, administración de visas oficiosas y ataques contra estudiantes extranjeros- para publicar un nuevo récord de ingresos.Los expertos dicen que el resurgimiento podría acelerar, si la exitosa campaña presidencial de Brexit y Donald Trump llega a los dos mayores competidores de Australia. Las cifras publicadas la semana pasada mostraron que el crecimiento en el número de estudiantes chinos matriculados en instituciones de Estados Unidos el año pasado fue el más bajo en una década.

International education’s value to Australia has surged past 20 billion Australian dollars ($14.8 billion U.S.), confirming the industry’s status as the country’s third-biggest earner and easily the largest export of services.

New figures from the Australian Bureau of Statistics show that international education has shrugged off a cocktail of problems — including a high Australian dollar, officious visa administration and attacks against foreign students — to post a new revenue record.

Experts say the resurgence could accelerate, if Brexit and Donald Trump’s successful presidential campaign stem student flows to Australia’s two biggest competitors. Figures released last week showed that the growth in the number of Chinese students enrolling at U.S. institutions last year was the lowest in a decade.

Australia’s international education exports totaled 20.3 billion Australian dollars ($15 billion) last financial year, an 8 percent rise compared with 2014-15.

The figure includes fees and onshore spending on goods and services such as food and accommodation, as well as royalties, consultancies and other related services.

Most of the income came from foreigners studying at universities, with the higher education sector attracting about 14 billion Australian dollars ($10.4 billion).

Vocational training institutions earned about 3 billion Australian, English language colleges 1 billion and schools 800 million ($2.2 billion, $740 million and $592 million, respectively).

Universities Australia, which represents institutions, said international education helped sustain Australian living standards, supporting more than 130,700 jobs.

It said more than 320,000 students from 130 countries were currently studying in Australia’s universities.

“Through the exchange of students on a grand scale, we’re forging relationships that underpin our future diplomacy, trade, business links, cultural insight and personal connections,” said Universities Australia’s chief executive, Belinda Robinson.

Meanwhile, newly released government data reveal that Australia’s most prestigious universities are continuing to increase dramatically the number of international students they enroll, largely to help cover the costs of research.

While the national average was just shy of 20 percent international student enrollments, last year Melbourne University enrolled 18,384 overseas students — or 31.2 percent of its total enrollment, up from 16,140 the previous year.

Melbourne was followed by the Australian National University, with 28 percent international students.

The University of Sydney, University of New South Wales, Monash University, University of Technology Sydney and RMIT University all had more than one in four students from overseas.

Previous research has demonstrated that international students not only subsidize the teaching of domestic students but also keep afloat the multimillion-dollar research efforts of major universities.

However, Melbourne’s overseas student enrollments pale in comparison with Federation University in Ballarat, where 42.5 percent of students come from overseas, and Gold Coast-based Bond University, with 41.3 percent.

Local undergraduate students contribute 10,440 Australian dollars ($7,729) a year to study business. For international students, fees to study for a business degree next year range from 19,920 Australian dollars ($14,746) at the University of New England to 39,264 Australian dollars ($29,065) at research-intensive Melbourne University.

Phil Honeywood, chief executive of the International Education Association of Australia, warned that any increase in students deciding against the U.S. or Britain could be tempered by increased competition from Canada, China and New Zealand.

Fuente: https://www.insidehighered.com/news/2016/11/23/international-education-20-billion-industry-australia

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Chile: Codicen y gremios fustigan informe crítico de educación

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Chile/Noviembre de 2016/Autor: Carlos Tapia/Fuente: El País

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) criticó la forma en que se gobierna la educación en Uruguay. Acusó falta de liderazgo y transparencia. Y advirtió sobre el «corporativismo» docente formando parte de las decisiones. Incluso alentó a «suspender» la representación de estos dentro del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Desde el gobierno y los gremios, lejos de tomar los consejos del organismo, se objetó gran parte de las alertas expresadas por éste.

«La participación docente no garantiza corporativismo, sino especificidad. Autonomía y cogobierno son como José Pedro Varela; estamos hablando de vacas sagradas. Es más, no solo los consejeros docentes deberían ser electos, sino todos», dijo a El País la consejera de Secundaria, justamente en representación de los profesores, Isabel Jaureguy.

El consejero de Primaria electo por los maestros, Pablo Caggiani, en tanto, opinó que «existe una suerte de esquizofrenia» con respecto a la participación de los trabajadores. Y explicó: «Todos hablan del rol de los maestros y de su reconocimiento, pero opinan que no deben estar asociados a la gestión del sistema». Caggiani añadió que la participación de los consejeros electos en el Codicen «garantiza la preservación de la desviación ideológica».

La consejera de la ANEP, Laura Motta, precisó que «como en cualquier cargo, este se puede ejercer en función de un corporativismo o no». Y que en «la experiencia que se tiene hasta ahora esto no ha sido así». Por otra parte, recordó que todos los consejeros son docentes, y que la diferencia está solo en que algunos llegan al cargo por designación del Poder Ejecutivo y posterior venia del Parlamento, mientras que otros son designados mediante elecciones.

El consejero electo por los docentes en el Codicen, Robert Silva, marcó un matiz frente a sus compañeros. «Lo del corporativismo es algo que yo he dicho varias veces, porque replica la representación de las entidades sindicales», precisó. De todos modos, aclaró que no es su caso, puesto que él no fue el candidato preferido por los gremios en las elecciones de los consejeros, y porque aunque es colorado no se presentó como tal. «Yo no represento al gobierno, a ningún partido político, ni a los sindicatos», enfatizó.

Desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), donde recayó la mayoría de las críticas de la OCDE, Julio Moreira también reivindicó la participación de los docentes en el Codicen y sus desconcentrados. «La acusación que hacen es fuerte. Dicen que los sindicatos somos corporaciones, y que si se nos consulta a nosotros también habría que hacerlo a padres y alumnos. El problema es que los docentes son especialistas en educación, nuestro juicio es calificado, en el caso de padres y alumnos no sé», criticó.

Más reparos.

El capítulo de Uruguay en la Revisión de Recursos Educativos que presentó la OCDE el martes, tuvo 30 páginas, pocos elogios y muchas críticas. En los pasillos de la ANEP y de sus respectivos consejos ayer no se hablaba de otra cosa. Y entre algunos consejeros (y también en sindicalistas) existe preocupación sobre las implicancias del estudio.

La OCDE realiza sus pruebas y sus análisis en Uruguay porque se lo permite el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En la presentación del nuevo informe hablaron varios oradores, entre ellos una especialista de Chile, que comparó los modelos de ambos países. «Yo quisiera saber por qué se hizo esa comparación. Porque temo que estemos ante una nueva reforma como la de (el expresidente del Codicen entre 1995 y 2000, Germán) Rama. Antes queríamos copiar el modelo de España, ahora parece que vamos por el chileno. Al menos los pasajes nos van a salir más baratos», ironizó Jaureguy.

En este sentido también se pronunció Caggiani, que criticó el sistema de vouchers (que se aplica en Chile) para que los padres sean quienes decidan a qué institución educativa pública mandan a sus hijos. Esta propuesta fue mencionada por el presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral, pero luego de una ola de críticas de los sindicatos dio un paso atrás.

«Las regulaciones que maneja la OCDE, que tiene que ver con hacer todo con la lógica del mercado, han fracasado ya en varios países. Esto es algo muy claro, es la propuesta de los vouchers. Acá vamos a tener que peinar y leer bien para ver cuáles son las recetas que plantean», consideró.

«Me gustaría saber qué piensan los actores políticos sobre las recomendaciones que hace la OCDE. Hay cosas que dice el informe que son muy preocupantes. Por ejemplo cuando habla de evaluar las políticas educativas bajo una lógica de costo beneficio. ¿O sea que la educación es buena si egresan más, no si permite varios resultados?», consideró por su parte el sindicalista Moreira.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/codicen-gremios-fustigan-informe-critico.html

 

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Uruguay: Minorías étnicas reclaman inclusión de su historia en programas educativos

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Uruguay/Noviembre de 2016/Fuente: La Diaria

Por el pequeño tamaño y la reducida población del país en que vivimos, bien podríamos ser todos parecidos físicamente, de igual color de ojos y piel. Pero por suerte, no. Uruguay goza de una gran diversidad étnico-racial que lo hace muy rico, mucho más si se atienden las discriminaciones y se incluye mediante políticas públicas -además de la actitud consciente de cada uno- a las minorías étnicas. Una delegación uruguaya concurrió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra a rendir cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR); los avances son “sustanciales”, pero queda mucho por hacer.

Uruguay es uno de los 177 estados que han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965, que procura defender los derechos civiles, culturales, sociales, económicos y políticos, entre otros, de las minorías étnicas discriminadas por su origen. Por esta firma, debe presentar informes periódicos ante expertos independientes en la materia que intercambian con el gobierno para asegurar su correcta implementación.

Ayer, durante la primera de las dos sesiones en las que se está tratando el caso uruguayo, el director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, tomó la posta para informar sobre el avance -principalmente normativo- en la materia.

La principal referencia fue a la Ley 19.122, promulgada en 2013, que asegura normas para favorecer la participación de la población afrodescendiente en lo educativo y laboral, mediante el reconocimiento, en primer lugar, de que esta ha sido “históricamente víctima del racismo, la discriminación y la estigmatización”. Aun así, algunos indicadores presentados mostraron una magra incorporación de la población afro por parte de los distintos poderes del Estado hasta 2015: 1,7% en el Ejecutivo, 1,1% en el Judicial, 0,4% en los gobiernos departamentales y 0% en el Legislativo.

Visiones propias

La Coordinadora Nacional Afro Uruguaya presentó un informe alternativo ante la CEDR en el que considera que el Estado no ha avanzado en la implementación de acciones que den respuesta a las recomendaciones en la materia. En diálogo con la diaria, Noelia Maciel, representante del colectivo, explicó que en el informe presentado por el gobierno “se habla de actividades que se han realizado pero no se mide el impacto que estas tienen en la población afrouruguaya”.

El “mayor problema” que tiene la comunidad afrouruguaya a raíz del racismo son las desigualdades, sobre todo a nivel socioeconómico. “Vemos que se han desarrollado políticas sociales que han disminuido la pobreza, pero la brecha entre la población blanca y afrodescendiente ha aumentado”, afirmó Maciel. La pobreza -medida por ingresos monetarios- alcanza a 9,7% de los uruguayos, pero si se atiende al colectivo afro únicamente, la cifra trepa hasta 20%.

A su entender, hay cierta “resistencia” por parte del Estado a incorporar el enfoque étnico-racial en el desarrollo de las políticas públicas. “Más allá de que se hagan cosas puntuales, no hay un compromiso de recursos específicos para atender el desarrollo de nuestra comunidad”, afirmó. Lo que se busca es “una política integral que transversalice todas las políticas públicas para abordar el tema de una forma más abarcativa”, y en este sentido una de las fallas es que “cuando se cambia de gobierno no se trabaja con el acumulado anterior”.

Maciel también llamó la atención sobre la falta de una tipificación de la discriminación racial como un delito y, por otro lado, de un “espacio que sirva de centro de referencia para que las personas sepan dónde ir a denunciar una situación de discriminación racial”.

Otro integrante del colectivo, Juan Pedro Machado, mostró a la diaria las carencias en el interior del país, sobre todo “al norte”, donde se concentra una mayor cantidad de afrodescendientes. “Creo que hay que profundizar las políticas, hacerlas llegar y transformarlas en un elemento más práctico”, apuntó, criticando la “macrocefalia” existente en relación con la capital del país.

Por otro lado, Paula Surí, del Clan Choñik, una comunidad indígena conformada por familias que “han rescatado las costumbres de nuestros ancestros charrúas” y que integran el Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay, consideró que entre las principales responsabilidades del Estado está la de “reconocer que estamos acá, vivos, y que tenemos una cultura, una lengua y una espiritualidad”.

Asimismo, el colectivo busca el reconocimiento por parte del Estado uruguayo del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la inclusión en los programas educativos de todos los niveles del aporte indígena a lo largo de la historia. “Los niños y jóvenes deben poder acceder a esa cultura ancestral que durante mucho tiempo les dijeron que no existía; no sólo existe, sino que también es nuestra”, afirmó. Maciel dijo que es “fundamental” que “se pueda reconocer al país como multicultural y multiétnico”.

Visiones externas

Luego de la presentación de Graña, los expertos de la ONU procedieron a hacer sus comentarios y consultas. Varios de ellos destacaron el avance, al que calificaron de “fantástico” y “excelente”, pero también abordaron sus faltas.

La mayoría de las consultas tuvieron que ver con la Ley 19.122 y, sobre todo, con el registro de los resultados e impactos de su reglamentación, considerando que “hay un problema real entre la ley y su espíritu”. También se preguntó sobre la implementación en el ámbito privado y acerca de los “castigos” realizados a personas o empresas que hayan incitado al odio. En este sentido, también se abordó la necesidad de contar con “algún organismo” que “vigile los mensajes emitidos por los medios de comunicación”, así como la necesidad de “alguna capacitación” en la materia. Por otro lado, cuestionaron la poca “voluntad política” de ratificar el convenio 169 de la OIT. En cuanto a las minorías indígenas, también se consultó si “se habla del genocidio a los niños” y “cómo se presenta la información” en los planes educativos. El intercambio entre la delegación uruguaya y el comité continuará hoy a las 6.00 (hora local), con las respuestas de los primeros a las consultas y se podrá seguir por http://webtv.un.org.

Fuente: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/11/minorias-etnicas-reclaman-inclusion-de-su-historia-en-programas-educativos/

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