Europa/España/26 de Noviembre de 2016/Fuente: Bez
La Ley 2 de 2010, aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, está siendo cumplida en el Estado español sólo en lo referente a la última parte: la del aborto. La mayoría de las comunidades autónomas, que tienen transferidas desde el Estado las competencias de Sanidad, no llevan a cabo una política pública de salud sexual y reproductiva.
Desde el Gobierno nacional tampoco se cumple. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no está desarrollando su Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2011, dice la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), que ha presentado un informe sobre la situación del Acceso a la anticoncepción en las comunidades autónomas, en un país en el que se llevan a cabo, según datos oficiales, unas 100.000 interrupciones voluntarias de embarazos al año.
«Solo se han implementado las líneas de salud reproductiva (de la Ley) referentes al embarazo, parto y puerperio, mientras que los aspectos relacionados con la prevención de embarazos no deseados, la anticoncepción y todos los relacionados con la salud sexual no han sido desarrollados por el gobierno tras las elecciones generales del 2011», reza el informe, que recoge datos hasta enero de 2016 sin el País Vasco, que no colaboró con sus datos.
Además, el 44% de las comunidades autónomas no contempla la Estrategia de salud sexual y reproductiva como un área prioritaria de intervención en sus planes de salud, lo que implica que no se ha traducido en políticas públicas que mejoren el acceso a la anticoncepción, dice la Federación.
Derechos e igualdad
La educación sexual, destacan desde la Federación, es un problema de derechos y de igualdad: «Los embarazos no deseados constituyen un importante problema para la salud y para el ejercicio de los derechos reproductivos, que adquiere particular relevancia entre mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad por su situación económica y/o social, como es el caso de las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes».
En ese sentido, Concha Martín Perpiñán, ginecóloga y coautora del informe, subraya que en algunas comunidades autónomas niegan la financiación de anticonceptivos hormonales por no considerarlos una cuestión de necesidad de salud, lo que cual es inaceptable. «Los anticonceptivos no son artículos de lujo, son una necesidad», señala.
Es más, Perpiñán considera que el Sistema Nacional de Salud debería garantizar la financiación de todos los métodos anticonceptivos, «ya que no todas las personas somos iguales, a algunos les va mejor uno, y a otros, otro».
Sin embargo, en el Estado español, lejos de financiarse todos los métodos anticonceptivos, en algunas comunidades autónomas, como Madrid y Murcia, no se financia ninguno.
De hecho, en 7 regiones no existe un programa propio de anticoncepción, y apenas 6 han llevado a cabo campañas de sensibilización en los últimos 5 años. Además, explican desde la FPEF, las campañas que se realizan son poco efectivas ya que no tienen continuidad.
La formación de los profesionales también es deficiente, teniendo en cuenta que sólo en 7 consejerías de Sanidad se ha proporcionado algún tipo de formación este sentido y sólo un 37,5% de las regiones tienen programas formativos que impliquen a todos los estamentos profesionales sanitarios. Con la honrosa excepción de Cataluña y Andalucía, que sí cuentan con un programa específico de formación en la materia, no existe una oferta de formación continuada en España.
Según los cálculos de la FPEF, casi la mitad de las mujeres en edad fértil no recibe información institucional sobre métodos anticonceptivos en los últimos 5 años.
Desigualdad entre regiones
Madrid y Murcia, que no cubren absolutamente ningún método anticonceptivo, están por encima de la media en tasas de interrupción voluntaria del embarazo. Madrid es la tercera con mayor tasa de interrupciones voluntarias, levemente por debajo de Asturias y Cataluña. Murcia está en el sexto lugar, sólo superado por las tres mencionadas primero, más Baleares y Canarias.
Por el contrario, Navarra es la región que más métodos financia (preservativo, DIU de cobre, píldora poscoital, e implante), mientras que Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura costean tres.
España, a la cola de Europa en financiación de anticonceptivos
La financiación de métodos anticonceptivos en España también deja mucho que desear, según la doctora Martín Perpiñán. Mientras una píldora del día después en Francia cuesta 10 euros -gracias a la financiación estatal-, en España cuesta 22 euros; o mientras un DIU cuesta 30 euros, en España cuesta 80 en aquellas comunidades que no lo financian -lo que vuelve a subrayar la desigualdad entre regiones-.
Martín puso como ejemplo a seguir a Reino Unido, un país que tenía tasas muy altas de embarazos no deseados, por lo que implantaron una política de financiación y de permitir que desde la atención primaria puedan prescribir anticonceptivos, lo que redundó en un descenso del 50% en la tasa de embarazos no deseados.
Disponible en la Url: http://www.bez.es/512265529/pp-abandona-politicas-educacion-sexual.html
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