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América del Sur/Argentina 13 de octubre de 2016/Fuente: ambito

Sindicatos de maestros, padres y profesores expresaron su rechazo a la evaluación nacional Aprender 2016 que ordenó el Gobierno nacional, y que se realizará el próximo martes a más de 1,4 millón de alumnos de 3° y 6° grado de la primaria y los de 2° o 3° y 5° o 6° año de la secundaria.

Las críticas abundan: un examen no refleja los «contextos» de los chicos, se concibe a la evaluación como un «mecanismo punitivo», se organizó de manera «inconsulta», en los establecimientos del interior poseen «poca» información, «reduce» la participación de los docentes a meros «aplicadores», ofrecen $ 1.000 para a cada maestro que «aplique» y se niegan reabrir paritarias, refuerza la«desigualdad» escolar con posibles sistemas de premios y castigos y que impulsa a un modelo educativo cada vez más «privatista».

Según la cartera de Esteban Bullrich, las pruebas se tomarán en más de 30.000 escuelas de todo el país, colaborarán 31.365 directivos como veedores y unos 71.606 docentes «aplicadores». «Hay que personalizar las respuestas. Hay que trabajar en conjunto para entender que hay que llegar a soluciones individuales», resumió el ministro Bullrich. Sin embargo, son los gremios docentes la punta de lanza contra el programa gubernamental.

El jefe de la UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, insistió que «no tiene en cuenta el contexto ni las condiciones de aprendizaje de los alumnos considerándolos como simples objetos de estudio y no como sujetos de aprendizaje».

«Este tipo de exámenes tienen un carácter meramente censal, que reduce el concepto de calidad educativa sólo a resultados que reflejan una realidad educativa totalmente sesgada», afirmó Romero. Además, la UDA alertó que la iniciativa se resolvió de manera «inconsulta» y que «ni los docentes, ni los sindicatos representativos del sector, participaron de su elaboración».

«La evaluación debe ser comprendida como parte integral del proceso formativo y no como un fin en sí mismo ni como una simple tabla de medición. Los saberes poseen una validez social que este tipo de sistemas de evaluación no contempla. El proceso educativo es algo mucho más complejo que decir que se está mejor o peor en función del dominio de los contenidos que manejen los alumnos», señaló el gremialista cegetista.

Los abogados de UDA presentaron la semana pasada «recursos administrativos» en las carteras educativas de cada distrito para intentar impugnar la convocatoria por «falta de motivación» para concretarla.

Suteba organizó debates territoriales abiertos a la comunidad para enfrentar el problema. El sindicato que lidera Roberto Baradel impulsa el hashtag «#NoAlAprender2016», con la firme convicción de que«las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje nunca evalúan todo lo que se aprende, porque siempre se realiza un recorte intencionado del currículo».

«Lo deseable sería tener en cuenta la relevancia social de los saberes, el contexto del alumno, de la escuela y sus trayectorias escolares. La ecuación en la que subyace que una prueba que mida el desempeño sea igual al aprendizaje, impide considerar los matices que cada sujeto y cada sociedad poseen y que son inherentes a todo proceso de adquisición de conocimiento», consideraron en el sindicato bonaerense.

«Las pruebas fueron confeccionadas utilizando ítems de respuestas cerradas, condición que reduce al mínimo la retroalimentación en las escuelas», advirtieron, y proponen: «Si lo que se pretende es mejorar la educación, las evaluaciones deberían brindar información».

A la par de los debates en Mar del Plata, Lomas de Zamora, Hurlingham, San Martín y Tres de Febrero, Laprida, Chacabuco y Florencio Varela, entre otros, lanzaron un petitorio para suspenderla. Al igual que Suteba, desde la CTERA también expresaron una «enorme preocupación» y denunciaron un «sesgo tecnocrático, en un Operativo que involucra a los docentes en una tarea instrumental que no contempla la visión del trabajador y la dimensión político pedagógica tan necesaria en un proceso de evaluación».

El gremio Ademys, que reúne a los maestros porteños, argumentó que se busca desligar al Estado de sus obligaciones. «El objetivo es generar información sobre las escuelas para descargar la responsabilidad de la situación de la educación en los estudiantes, docentes y familias, desligando al Estado de su rol de garante de derechos. Así buscan justificar medidas de ajuste», señalaron.

La Asociación que dirige Jorge Daniel Adaro recordó que estudios similares ya se realizan en Chile, Estados Unidos o México, donde «la privatización educativa y la precariedad laboral han avanzado de la mano de este tipo de evaluaciones externas y estandarizadas» y remarcaron que el Gobierno nacional «también quieren imponer dentro de las escuelas una lógica de la competencia entre docentes, escuelas, estudiantes y familias».

Según el sindicato, en esos tres país ya se cuestionan que los «lineamientos de las evaluaciones los deciden las empresas contratadas para tal fin, y se deja de enseñar lo que dicen los programas escolares para adiestrar en la respuesta a las preguntas de tipo ‘choice’ de la evaluación, lo que empobrece la educación en lugar de mejorarla«.

«En última instancia buscan establecer rankings para poner, con el tiempo, premios y castigos salariales a sus docentes y de recursos a las escuelas. Esto sólo reforzaría la desigualdad ya que es injusto comparar estudiantes y escuelas de contextos sociales y económicos diferentes», se quejaron en Ademys.

Desde Udocba anticipan que el resultado del Operativo «seguramente dará cuenta de un fracaso escolar que no es más que el resultado del fracaso social». Tras acusar por el «deterioro» educativo a todos los gobiernos desde el cívico militar de 1976 en adelante, la organización que conduce Miguel Díaz admitió que el Ministerio de Educación tiene «derecho» en realizar la evaluación, pero aclaran que «no tiene derecho a responsabilizar a los docentes de los errores de ministros, funcionarios y pedagogos que trabajaron en la cartera educativa durante 40 años».

«Los argentinos tenemos el derecho a una educación en serio. Más allá del resultado que se obtenga, lo que está en juego es el futuro de la República», afirmaron en Udocba.

También expresaron su repudio la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Sadop, la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica (RIOSAL), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Federación Nacional Docente (FND-CTA), la Conadu y la Conadu Histórica, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sitech de Chaco, el Sutef de Tierra del Fuego, Amsafe de Rosario y Agmer de Paraná, entre otros.

La docente de sexto grado y escritora Leticia Walther es una de las abanderadas en la cruzada contra Aprender 2016. Desde su cuenta en Facebook lideró una rebelión de maestros e incita a sus colegas a no aceptar el cargo de «aplicador».

Walther saltó a la fama con una célebre carta donde relata algunas situaciones de conflicto familiar de sus alumnos que repercuten en las aulas: «P. que a principio de año se negaba a leer y a escribir porque lo avergonzaban las dificultades que tenía para hacerlo; pienso en S, a la que sus compañeros le reconocen el interés que pone ahora en estudiar cuando ‘antes nunca hacía nada’; F en cambio, no logra salir adelante debido a que se ausenta continuamente porque la madre se la pasa haciendo trámites para que le renueven la exclusión perimetral al marido», describió.

El breve texto de Walther pone en las pruebas estandarizadas por la falta de contemplación de «los problemas que le crean los adultos» a los pequeños estudiantes. «Sumarme a este programa sería ser desleal con ellos porque estas pruebas van reflejar sus fracasos, sin reconocer sus progresos, y por lo tanto, sería ser desleal también conmigo, con mis convicciones, con mi tarea, con la dirección de mis esfuerzos: que crean en sí mismos, que deseen aprender, que puedan salir del lugar al que fueron marginados», justificó.

En los últimos días, Walther cosechó varias adhesiones por las redes, donde publicó un instructivo para renunciar al cargo de aplicador. «Te cuento que soy de Paraná (docente jubilada) pero dos de mis tres hijos van a la Escuela Normal José María Torres, perteneciente a la Facultad de Humanidades Arte y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Esta Facultad no tomará la evaluación ni en esta escuela ni en las que dependen de su órbita (escuela rural Almafuerte, escuelas Alberdi), considerando que sus alumnos no son meros números estadística y porque no contemplan el carácter inclusivo de todos los que la conforman», comentó una madre, que se dijo «orgullosa» de pertenecer a esa comunidad educativa que rechaza la evaluación. «Al leer tu nota me siento esperanzada que no todo está perdido», le agregó.

Walther también aclaró que tomar los exámenes no es una «carga pública», establecido en la Constitución como sí lo son participar del Censo o las elecciones, y remarcó que los alumnos «no están obligados a realizar las pruebas», por lo que «no pueden ser desaprobados por no participar, ya que no se trata de una actividad curricular».

Fuente: http://www.ambito.com/858677-gremios-y-padres-rechazan-el-examen-e-incitan-a-docentes-y-alumnos-a-no-participar

Imagen: media.ambito.com/diario/2016/1013/imagenes/not_858677_13_123102_m.jpg