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UNESCO condena asesinatos de periodistas en Guatemala y México

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/Guatemala y Mexico / Julio  de 2016/ Noticia/www.miamidiario.com

Las condenas de los asesinatos de profesionales de los medios responden a la resolución 29 adoptada en 1997 por la Conferencia General de la UNESCO

por Rose Mary Santana

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenó enérgicamente el asesinato de periodistas ocurridos en Guatemala y México, al tiempo que expresó su preocupación sobre la influencia que pueden tener crímenes violentos en torno a la libertad en que los profesionales puedan ejercer su labor informativa.

En relación con el asesinato de los periodistas Álvaro Alfredo Aceituno López y Diego Salomón Esteban Gaspar en Guatemala, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, expresó que «condena estos asesinatos», pidiendo que se abra una investigación en lo inmediato.

«Es importante para la sociedad en su conjunto no dejar que los crímenes violentos limiten la libertad de los profesionales de los medios para ejercer su labor», subraya la Directora del alto organismo de las Naciones Unidas.

El 25 de junio, Aceituno López, director y locutor de la estación local Radio Ilusión, fue abatido en la ciudad de Quetzaltenango, al oeste de Guatemala.

Al mismo tiempo, informes independientes confirmaron el asesinato de Esteban Gaspar, locutor de la estación local Radio Sembrador, ocurrido el 30 de abril en Ixcán, en el norte del país.

Caso de Zamira Esther Bautista en México
Mientras que, en el mismo orden, Irina Bokova, reclamó una investigación sobre el asesinato de la periodista Zamira Esther Bautista, ocurrido en Ciudad Victoria, capital del estado mexicano de Tamaulipas.

Al reclamar una investigación también por este horrendo crimen, señaló además que «en el interés del estado de derecho, y para asegurar que este crimen no silencie la voz de los medios de comunicación independientes, hago un llamamiento a las autoridades para investigar este caso y llevar a sus autores ante la justicia», dijo la Directora.

Bautista era corresponsal de los diarios locales La Verdad y El Mercurio, trabajaba como periodista independiente y profesora. Recibió un disparo que le dejó sin vida, según reportes de medios locales.

Las condenas de la Directora General de la UNESCO ante los asesinatos de profesionales de los medios responden a la resolución 29 adoptada en 1997 por la Conferencia General de la UNESCO y titulada «Condena de la violencia contra los periodistas«. Figuran en la página web que la UNESCO dedica a los periodistas asesinados.

Breve sobre la UNESCO
La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El Artículo I de su Constitución declara que la Organización se propone «asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo.»
Para lograrlo, la Organización debe fomentar «el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su concurso a los órganos de información para las masas» y recomendar «los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen», conforme se especifica.

Fuente:http://www.miamidiario.com/sucesos/mexico/guatemala/libertad-de-prensa/unesco/irina-bokova/sucesos/asesinato-de-periodistas/alvaro-alfredo-aceituno-lopez/diego-salomon-esteban-gaspar/zamira-esther-bautista/361388

Fuente imagen  http://fotos.miamidiario.com/noticias/25/01/3d/39/106692.jpg?nocache=1686a9d770ac4aba7d8239fca7f8ec04

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África Investing in the future of African women farmers

Noticias

 

Invertir en el futuro de las agricultoras africanas

África/Malawi/Julio 2016/Noticias/www.universityworldnew

Resumen:

A la edad de 12 años, nacido en Malawi Mphangera Kamanga supo que quería ir a la universidad para estudiar la agricultura para que poder ayudar a los pequeños agricultores para mejorar sus rendimientos.
Expresó «Cuando pensé en la agricultura, me di cuenta de que había una necesidad de tecnologías de ahorro de trabajo y la mejora de las políticas en torno al acceso a la tierra y los recursos para ayudar a las mujeres en particular para aumentar sus rendimientos». A los 24 años, su visión se mantiene estable.
Ahora bien, en el último año de su maestría de investigación en agronomía en la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, como parte del programa de la Fundación MasterCard estudiosos, la investigación de Kamanga se orienta hacia la mejora de la productividad entre los pequeños agricultores africanos con recursos limitados, especialmente las mujeres.
Su potencial para hacer un impacto importante en su campo continúa siendo reconocido al más alto nivel.
Kamanga es uno de los 45 jóvenes de 54 países africanos seleccionados por la Red Africana de jóvenes expertos en política para representar Malawi como Coordinador joven de política nacional, un papel que la pone en una posición fuerte para influir en la elaboración de las políticas agrícolas integrados para apoyar a las mujeres agricultores y jóvenes en el progreso agrícola.
El año pasado, Kamanga fue una de las 70 mujeres para recibir las mujeres africanas prestigiosos de Agricultura y Desarrollo beca de investigación después de terminar su licenciatura en la agricultura de la Universidad de Ciudad del Cabo.
El programa de becas mejora las habilidades de investigación y de liderazgo de las mujeres científicas agrícolas a través de África subsahariana con el fin de contribuir al desarrollo de los pequeños agricultores africanos, especialmente las mujeres.
Las mujeres en la agricultura
«La mayoría de los pequeños agricultores en África son mujeres, por lo que tienden a centrarse en los desafíos que enfrentan las mujeres agricultores,» dijo Kamanga University World News.
Entre estos retos es el hecho de que en el contexto africano, el sistema de tenencia de la tierra a favor de los hombres más que las mujeres. «Como resultado, las mujeres no pueden acceder al crédito porque tienen muy poca tierra para calificar para préstamos», dijo.
La investigación de Kamanga
En su investigación en la Universidad de Pretoria, Kamanga está analizando los pequeños sistemas agrícolas con miras a la comprensión de cómo los recursos disponibles a nivel local puede mejorar la salida.
«Sí, la mayoría de los agricultores se enfrentan a una falta de recursos, pero que pueden utilizar los recursos disponibles a nivel local para mejorar el rendimiento de sus cosechas», Se pregunta.
Aunque su investigación se lleva a cabo en Sudáfrica bajo la supervisión de tres supervisores – dos en Sudáfrica y uno con sede en los Países Bajos – Kamanga cree que los desafíos que enfrentan los pequeños agricultores en África son compartidos por todo el continente, y los métodos de producción utilizados son similares.
Entre las tecnologías disponibles a nivel local, Kamanga se centra en la producción y aplicación de abonos orgánicos y la implementación de sistemas de labranza para conservar el uso del agua.
Ella también está utilizando herramientas de modelado para predecir cómo el cambio climático puede afectar a los sistemas agrícolas y qué tecnologías se pueden utilizar para mejorar la producción agrícola en el contexto del cambio climático.
Una breve historia
Una estudiante universitario de primera generación, Kamanga dijo que sus padres estaban algo sorprendidos por su determinación para estudiar agricultura y  que vieron la posibilidad de que su hija de ayudar a sus compatriotas a lograr una mayor seguridad alimentaria.
Uno de nueve hijos, Kamanga nació en un pueblo cerca de Kasungu, a la que la familia ha mantenido un enlace permanente. Como una colegiala que mostró fuertes capacidades académicas en las materias científicas. Ella también estaba decidida a tener éxito. Cuando entró en la escuela secundaria en Lilongwe empezó a vender cacahuetes tostados para recaudar dinero para el autobús, que la salvó más de una hora en el tiempo entre el hogar y la escuela caminando. Cualquier dinero extra se pagó de nuevo en la casa – una adición bienvenida a los ingresos familiares del padre de Kamanga se retrenched de un empleo en telecomunicaciones en 2008. Mientras termina su licenciatura en la Universidad de Ciudad del Cabo, se aplica a la Fundación MasterCard y se le concedió una beca para realizar su maestría de investigación en la Universidad de Pretoria. El grado le trae más cerca de cumplir su objetivo de ayudar a la niñez a los pequeños agricultores, especialmente las mujeres.
Planes futuros
Kamanga dice que aunque ella tiene la intención de estudiar más, su intención inmediata después de la graduación es volver a Malawi y establecer un centro de formación para jóvenes interesados en la agricultura. «Quiero animar a la participación de los jóvenes en la agricultura y compartir mis conocimientos con ellos», dijo. «Cuando vuelvo a mi pueblo, me llama la atención la cantidad de pasión que hay que estar involucrados en la agricultura, pero la gente no sabe cómo acceder a los recursos y la formación. Quiero ayudar aquí «, dijo. Kamanga dijo que también quiere ayudar a la gente a entender las posibilidades que ofrece una carrera en la agricultura. «De vuelta a casa, la gente solía preguntarme por qué he estudiado la agricultura y no de ingeniería o algo más» emocionante «. Explicó que la agricultura no se trata de estar en la granja. Una carrera en la agricultura puede abarcar una amplia gama de aspectos, desde la formulación de políticas para la iniciativa y otras actividades relacionadas con el negocio «. La brecha de conocimientos entre los investigadores y los pequeños agricultores africanos sigue siendo un problema, sobre todo cuando se trata de las investigadoras, dijo Kamanga. «Necesitamos investigadores de las mujeres que trabajan en ámbitos de decisión política para ayudar en el desarrollo de políticas que favorecen a las mujeres; lo que les puede ayudar a acceso a la tierra y las finanzas «. Su última ambición es establecer una unidad de procesamiento de semillas que no sólo suministrar buena calidad, semillas de alto rendimiento a los agricultores locales y las empresas de semillas, sino también generar oportunidades de empleo que tanto se necesitan para los jóvenes. «Hay una cierta resistencia a cambiar los tipos de semillas que se utiliza, pero creo que hay una gran oportunidad para que los investigadores africanos para mostrar el valor de semillas de mayor rendimiento, particularmente en el contexto de las limitaciones de recursos.

 

Fuente:http://www.universityworldnews.com/images/articles/20160630101329900_1.jpg

Fuente:http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160630101329900

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Critics say bipartisan bill signed by Obama imposes “colonial” control board on Puerto Rico, puts “hedge funds ahead of people”

Noticias

Fuente: salon.com / 4 de julio de 2016

A bipartisan bill signed by President Obama will impose a “colonial” control board on Puerto Rico, critics say.

 Sen. Bob Menéndez slammed the legislation as a form of “blatant colonialism” that puts “hedge funds ahead of the people.” Bernie Sanders likewise condemned the bill as a “disaster for the people of Puerto Rico” that makes the U.S. the “colonial master” and takes away the Puerto Rican people’s democratic rights.

President Obama signed the Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, or PROMESA, on Thursday night, hours before Puerto Rico was obligated to pay $1.9 billion of its $70 billion debt on a July 1 deadline.

Minutes after Obama signed the bill into law, Gov. Alejandro García Padilla issued an executive order authorizing suspension of payments on Puerto Rico’s debt.

PROMESA permits a debt restructuring process, similar to bankruptcy, but at a great cost: In return, the U.S. federal government will impose an unelected control board onto the U.S. territory. This board will control Puerto Rico’s finances, yet will consist of people who do not even live on the island.

The control board is likely to impose harsh austerity measures, including big cuts in social services, public institutions and pension funds.

PROMESA already forces the Puerto Rican government to reduce the minimum wage to $4.25 an hour for people under 25, while 45 percent of Puerto Ricans live in poverty and 60 percent of adults are unemployed.

The Senate passed PROMESA on Wednesday, June 29 by a 68-to-30 vote.

Democratic presidential candidate Hillary Clinton has previously expressed support for the colonial-style bill. Her opponent, Bernie Sanders, has vehemently opposed it.

Menéndez, who led the opposition to the bill, and proposed 30 of its 68 amendments, held a four-hour filibuster on the Senate floor on Tuesday. Sanders joined him in the filibuster.

This “is a vote to disenfranchise 3.5 million Americans,” Menéndez said. He stressed that, contrary to what the Obama administration and Congress have claimed, the people of Puerto Rico are overwhelmingly against the bill.

Menéndez cited a poll that found that a staggering 69 percent of Puerto Rican voters oppose PROMESA.

Activists in Puerto Rico aggressively protested the colonial-style legislation. Demonstrators created a long-term protest camp outside of the U.S. federal courthouse in Hato Rey, Puerto Rico.

On the Senate floor,  Menéndez listed off a long series of negative impacts the bill will have on the U.S. territory:

“It is a vote to authorize an unelected, unchecked and all-powerful control board to determine Puerto Rico’s destiny for a generation or more.

It is a vote to authorize an unelected and all-powerful control board that could close schools, shutter hospitals, and cut senior citizens’ pensions to the bone.

It is a vote to force Puerto Rico, without their say, to go $370 million further in debt to pay for this omnipotent control board which they don’t even want.

It is a vote to cut the minimum wage down to $4.25 per hour for younger workers in Puerto Rico.

It is a vote to make Puerto Ricans work long overtime hours without fair compensation or protection.

It is a vote to jeopardize collective bargaining agreements.

It is a vote to cut worker benefits and privatize inherent government functions.

It is a vote to place well-heeled hedge funds and creditors ahead of the people.

It is a vote to give the board the power to sell off and commercialize natural  treasures that belong to the people of Puerto Rico.

And at its worst, it is a vote to authorize an unelected, unchecked and all-powerful  control board that determines Puerto Rico’s destiny for a generation or more.”

Sanders also vociferously opposed the legislation, railing against it on the Senate floor.

In another article, Salon featured a video and transcript of Sanders’ powerful Senate speech.

“This is a terrible piece of legislation, setting horrific precedent, and must not be passed,” he said, adding, “the United States of America should not treat Puerto Rico as a colony. We cannot and must not take away the democratic rights of the 3.5 million Americans of Puerto Rico and give virtually all power on that island to a seven-member board.”

Sanders called the legislation “both a political and economic disaster for the people of Puerto Rico” that “takes away their democratic rights and self-governance and will impose harsh austerity measures, which will make the poorest people in Puerto Rico even poorer.”

“The United States must not become a colonial master, which is precisely what this legislation allows,” he warned.

Fotografía: Barack Obama signs into law the Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, June 30, 2016.(Credit: Reuters/Carlos Barria)

Enlace original: http://www.salon.com/2016/07/01/critics_say_bipartisan_bill_signed_by_obama_imposes_colonial_control_board_on_puerto_rico_puts_hedge_funds_ahead_of_people/

 

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España: El internado franquista «del horror» donde se prohibía beber agua a las niñas

Noticias

Fuente: el diario.es / 4 de julio de 2016

Al menos una veintena de mujeres han denunciado vejaciones y malos tratos por parte del cura y las cuidadoras de un centro de Guadarrama para niñas en la década de los sesenta y setenta

El espacio entonces pertenecía al Patronato Antituberculoso y hoy está en manos del Instituto Armado, que tiene una residencia de ancianos en ese local

Paloma tenía 11 años cuando llegó a esta colonia de verano: «Me desnudaron, me ducharon y me quitaron la ropa de la maleta». Se alimentaban a base de «pasta blanca» y algunas niñas comían pasta de dientes por la sed

La fachada de piedra está intacta. Los cambios en el interior no han conseguido despojar al edificio de ese halo hostil, frío, casi fantasmagórico. Lo que hoy es la residencia de ancianos Virgen de la Cabeza, perteneciente a la Guardia Civil, fue durante tres décadas un internado franquista al que las familias enviaban a sus hijas para las colonias de verano en la sierra de Guadarrama, en Madrid. Al menos veinte mujeres que pasaron por allí de niñas relatan vejaciones y malos tratos por parte de las cuidadoras y el cura en la década de los sesenta y setenta. Once de ellas se personaron en la querella argentina contra los crímenes del franquismo y pretenden hacerlo en septiembre como asociación de víctimas del Preventorio Doctor Murillo de Guadarrama.

 La declaración de Paloma Fernández viajó de España a Argentina y llegó a las manos de la jueza instructora María Servini de Cubría. En un papel volcó los recuerdos del preventorio «del horror», donde se sentía «como una presa». Paloma tenía 11 años en el verano de 1971. La ilusión de pasar un verano divertido en lo que a priori se vendía como un campamento de niñas desapareció en el mismo momento que entró por la puerta del preventorio: «me desnudaron, me ducharon y me quitaron toda la ropa que llevaba en la maleta», recuerda.
El padre de Paloma, médico de profesión, «se quedó aterrorizado cuando apareció por sorpresa a verme», cuenta ella. Gracias a esa visita inesperada, la niña solo estuvo 20 días en el internado; tiempo suficiente para ver, afirma, los insultos y malos tratos que proferían las cuidadoras a sus compañeras. «Yo iba de enchufada y jamás me tocaron», puntualiza.

Chus Gil fue una de esas compañeras. No se conocen, pero coincidieron en el preventorio en los meses estivales de 1971. Era el segundo verano que Chus pasaba allí. «Tenía pánico de hablar y de llorar, reprimía el llanto todo el tiempo. Recuerdo un dolor tremendo de garganta de contenerme. Me metí en mi mundo porque cada vez que miraba a mi alrededor veía el horror», relata. Las dos mujeres detallan «prácticas habituales» en el internado, como obligar a pasearse con la sábana a las niñas que se orinaban en la cama o pasarles una vela por sus genitales si no lograban contenerse por la noche.

Agua solo dos veces al día

Ni a Chus ni a Paloma se les olvida «la pasta blanca no identificada» que comían de lunes a domingo; y tampoco la disciplina de beber agua solo dos veces al día. «Había niñas que comían pasta de dientes de la sed que tenían», narra Paloma. Ambas recuerdan la ropa interior que les obligaban a llevar. «Eran una especie de pololos con una cuerda que se nos caían. Resultaba incomodísimo y viejo, como todo lo que nos ponían a pesar de que cada una traíamos nuestra ropa de casa».

Hubo un día, cuenta Chus, que no pudo quitarse la ropa interior en la ducha semanal. Tenía la piel repleta de llagas y ampollas «muy dolorosas». «Llevaba avisando varios días de lo que me estaba pasando, pero nadie me hizo caso». Según su relato, fue sacada inmediatamente del preventorio, a pesar de que las instalaciones contaban con una enfermería –»la casita», la llamaban– de la que nunca pudieron recuperar sus expedientes médicos.

Cuentan que se los tragó la tierra y, con ellos, las pruebas del delicado estado de salud de algunas niñas dentro del preventorio. De adultas recuerdan –y todas coinciden– unas inyecciones diarias de color amarillo y blanco cuyo contenido es imposible conocer sin esos documentos médicos.

El ministro responsable, imputado

El internado pertenecía al Patronato Nacional de la Lucha contra la Tuberculosis, un organismo creado en tiempos republicanos que se reconfiguró como un eje vertebral del régimen franquista ya en los años de la Guerra Civil. El Patronato gestionaba estos «campamentos de verano» para niños y niñas –separados– de entre 7 y 12 años a través del Servicio de Colonias Preventoriales.

Durante la contienda, el bando golpista se propuso construir 40 sanatorios, aunque no fue hasta 1940 cuando se aprobó un ambicioso plan con efecto de propaganda («La España sana habrá que sacrificarse por la España enferma») para abrir 20.000 camas: se destinó un presupuesto extraordinario de 178 millones de pesetas para este fin. La tuberculosis tardó años en erradicarse en España, pese al montaje de este escaparate –entre la beneficiencia y el adoctrinamiento– cuyos resultados, más que reales, fueron cosméticos

Blas Pérez González estaba entonces al frente del Ministerio de Gobernación, del que dependía la Dirección General de Sanidad, responsable del Patronato. El dirigente, fallecido en 1978, fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en la causa instruida por Baltasar Garzón por delitos de detención ilegal y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y en los primeros años de dictadura. Es también una de las personas a las que, post mortem, el Ayuntamiento de Madrid  ha retirado la medalla de honorde la ciudad.

El edificio, en el municipio de Guadarrama, sigue hoy en pie y pertenece a la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, una organización subvencionadapor la Comunidad de Madrid. La asociación amplió las instalaciones y creó un bloque anexo para reconvertir el antiguo preventorio en una residencia de ancianos cuyas plazas están reservadas para personal del Instituto Armado y sus familiares.

El PP defiende la»inocencia de las cuidadoras»

El programa de Antena 3 Espejo Público reunió en el mismo plató en 2012 a mujeres denunciantes de malos tratos y vejaciones en el preventorio con sus cuidadoras. Las víctimas relataron entre acusaciones de mentira y falsedad vivencias traumáticas que alcanzan a delitos tan graves como el de abusos sexuales a menores. Dolores Zamorano contó que fue violada por el cura del internado cuando se quedaba a solas con él para preparar la primera comunión.

Tras la emisión –en la que algunas ex cuidadoras defendieron que «si tienes que lidiar con 600 personas, me imagino que tendrás que tener una disciplina»–, el PP presentó una moción urgente en el pleno del Ayuntamiento de Guadarrama para solicitar una declaración del consistorio y el resto de grupos políticos que mostrara el «apoyo unánime a la presunción de inocencia de las extrabajadoras». A su juicio, el testimonio de Dolores y otras mujeres perjudicaba a la imagen del pueblo y dañaba la «honorabilidad de muchas de sus familias». La moción fue aprobada gracias a los votos a favor de APPG, una escisión del PP que estaba y sigue estando en el gobierno municipal.

Las mujeres que acudieron al plató han ido encontrándose unas a otras estos últimos años a través de grupos de Facebook. Coinciden en lo mucho que les ayudó localizar a personas que tenían relatos similares y con quienes podían compartir las experiencias en Guadarrama sin ser señaladas, acusadas o juzgadas. Por primera vez.

Foto: Chus Gil estuvo en el preventorio y sostiene una foto de ella de niña. / Foto cedida

Enlace original: http://www.eldiario.es/sociedad/residencia-Guardia-Civil-subvencionada-Madrid_0_529147706.html

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Argentina: Gremios estatales ratifican el paro del 12 de julio

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Fuente: agenciacta.org / 4 de julio de 2016

Gremios estatales realizaron una conferencia de prensa en la sede ATE nacional ratificando el paro provincial y la jornada de lucha para el próximo 12 de julio en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Participaron ATE; SUTEBA; AJB; SOEME; CICOP; UDOCBA.

Al respecto, el secretario General de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, explicó los motivos de la medida de fuerza y los alcances de la misma.

“En primer lugar, solicitamos un aumento salarial urgente y en el marco de la discusión paritaria, teniendo en cuenta que la fantasía del 25% anual de inflación fue echada por tierra por los mismos economistas del gobierno, ya que Prat Gay habló de una proyección inflacionaria del 42%».

Y agregó: «En segundo lugar, exigimos la derogación de las leyes de Emergencia Administrativa y de Reforma Tecnológica, que lo único que hacen es desguazar el Estado e impactar de manera negativa en la prestación de servicios, sobre todo aquellos dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad. La derogación de los Decretos Nº 230, que otorga potestad a los ministros para hacer contrataciones directas y el Decreto Nº 618, que congela las vacantes y el pase a planta permanente del personal provincial”.

Asimismo, De Isasi señaló que “El gobierno provincial cada vez que decide una medida tiende a desguazar el estado y precarizar las relaciones laborales. La unidad y la masividad sigue siendo la clave para derrotar estas políticas del gobierno de Vidal”.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa, el secretario Adjunto del SUTEBA, Raúl Calamante; el secretario General de la AJB, Pablo Abramovich; la secretaria Adjunta del SOEME, Susana Laburu; el secretario General de la CICOP, Guillermo Pacagnini y el secretario General de UDOCBA, Miguel Díaz.

La medida de fuerza convocada por ATE, SOEME, UDOCBA y la Federación Nacional Docente (FND-CTA) se enmarca en la Jornada Provincial de Lucha a la que adhieren SUTEBA, AJB y CICOP, con quienes acordaron actividades en las distintas regiones, donde se va a poner en evidencia cómo se está vaciando el Estado, cómo faltan políticas en educación, en salud y en las áreas de niñez, entre otras.

Además, cada organización participante decidirá a través de sus cuerpos orgánicos la forma en que protagonizarán la jornada provincial de lucha.

Fuente: www.atepba.org.ar

* Equipo de Comunicación de la CTA de la provincia de Buenos Aires

 

Enlace original: http://www.agenciacta.org/spip.php?article20311

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Una hidroeléctrica amenaza a un pueblo indígena en Guatemala. Sólo deja coger agua desde las 7 hasta las 17hs

Noticias

www.ecoportal.net-Por: Alba Ara Anel

Guatemala es el segundo país del mundo con mayor proporción de población indígena, por detrás de Bolivia. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, el número de habitantes estimado alcanza los 6 millones, lo que equivale al 60% del total del país. “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”.

A pesar de constituir más de la mitad de la población, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados sus derechos básicos y los de sus territorios al servicio de la práctica capitalista más ambiciosa. El ejemplo más reciente es el caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez y en la que la familia March es uno de sus máximos accionistas.

La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha consultado para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenasy tribales que Guatemala ratifica.

Ante esta situación, la ONG Alianza por la Solidaridad presentó este jueves 16 de junio una campaña de recogida de firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la masiva violación de derechos que esta acción empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala. La iniciativa se enmarca dentro de TieRRRa, una campaña que vela por el desarrollo empresarial ético y respetuoso con los recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los intereses de las grandes corporaciones no se impongan a ellos.

En la presentación, Almudena Moreno, responsable de la campaña, explicó cómo descubrieron el caso de Renace. En un principio, la iniciativa se entendió como un ejemplo de buena práctica empresarial, debido a la información falseada que CMI facilitaba. Sin embargo, tras dos años de investigación se dieron de cuenta de que se trataba de todo lo contrario. “El desastroso estado actual del río Cahabón, la división social que ha generado en la zona el proyecto y la falta de una consulta informada a los afectados y un estudio real de impactos son algunos de los elementos que nos indican que no es una buena práctica y debe por ello debe pararse”. Su objetivo es llegar a las 10.000 firmas y hacerlas llegar a Florentino Pérez para exigir la paralización de las obras hasta que no se haya realizado un informe independiente que evalúe el impacto económico, social y ambiental global que este proyecto supone para el territorio y sus habitantes.

El impacto ambiental y social

Bajo la visión empresarial más ambiciosa y agresiva, el potencial natural que tienen muchos territorios de Lationamérica la convierte en un destino perfecto para la instalación de grandes proyectos. “Para las empresas no importa el territorio, si no lo que puedan sacar de él. Importa la rentabilidad y la maximización de la producción”, explica Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). “Todo ello independientemente de la destrucción de los ecosistemas y el impacto sobre la población que la obra pueda ocasionar”.

La puesta en marcha de estos proyectos tiene duras consecuencias sobre la salud de las personas que viven en los territorios, derivadas de la contaminación de las aguas y el ruido. El impacto se agrava todavía más cuando se trata de territorios indígenas, como es el caso del río Cahabón, en los que la tierra y los ríos desempeñan un papel central en el desarrollo de la vida de las comunidades que lo habitan, además del fuerte valor simbólico, espiritual y cultural que adquieren dentro de su cosmovisión.

Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó durante la presentación de la campaña la importancia que tiene el río para la comunidad quekchí y cómo la instalación del complejo hidroeléctrico va a afectar a su día a día: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”. Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estas violaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.

Las multinacionales hidroeléctricas en América Latina

El de Renace no es el único caso de violación de derechos indígenas derivada de una decisión empresarial unilateral de estas dimensiones. La campaña TieRRRa desveló otros dos casos similares, como el de la explotación de un acuífero por parte de la embotelladora Coca-Cola en El Salvador; o el de la apropiación para construir otrahidroeléctrica por parte de Hidro-Santa Cruz (Ecoener-Hidralia) del río Cambalan de Guatemala, sagrado para las personas que viven en torno a él. Tampoco se puede olvidar el Caso Quimbo, otra central hidroeléctrica emplazada en el río Huila para cuya construcción el Grupo Endesa invirtió 837 millones de dólares; o los numerosos proyectos de obra en Honduras que terminaron con el asesinato de Berta Cáceres por defender su territorio frente a las multinacionales.

Erika González cuenta cómo el modo de proceder en la instalación de este tipo de proyectos es muy similar en todos los casos: “Los gobiernos y las empresas establecen acuerdos muy opacos para la población, que no sabe lo que va suceder hasta que ve la maquinaria ya en funcionamiento. Es una clara muestra de déficit democrático: no se les consulta ni se les proporciona toda la información desde el primer momento, y por lo tanto no pueden alegar”.

La investigadora de OMAL habla también de los argumentos a los que recurren los estados para justificar la cesión de los territorios a las empresas. “Los gobiernos insisten en la cantidad de producción energética que estas acciones van a traer al país, pero en la mayoría de los casos esta producción no va destinada al abastecimiento de la ciudadanía, si no a los intereses de la empresa que no repercuten para nada en la población autóctona”. En la presentación de la campaña del Caso Renace, Karen Ramírez, de la Asociación ProVida/ Foro del Agua de El Salvador, aseguró que “muchos gobiernos de Centroamérica ponen por encima de los derechos humanos de lospueblos indígenas la ayuda a las transnacionales”.

En algunas ocasiones, los Estados sí llevan a cabo consultas para no vulnerar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y justificar la intervención. “Sin embargo, en la mayoría de los casos se realizan de manera irregular, sin informar adecuadamente a la población e incluso recurriendo al chantaje para conseguir firmas” asegura Erika González.

Cuando la oposición social se organiza contra estas violaciones del territorio, tanto las compañías como los gobiernos responden con diferentes medidas para frenarla y desarticularla. “Las empresas optan por la estrategia de cooptación, mediante amenazas y otras acciones agresivas contra la población para ganarse su apoyo. Por otra parte, el estado criminaliza a las personas más visibles y activas de la oposición social, y se producen denuncias y encarcelamientos de defensores de derechos humanos”, continúa Erika González. Karen Ramírez también dedicó parte de su intervención al recuerdo de los “presos políticos” en Centroamérica, arrestados por defender los derechos de la población y del medioambiente.Ecoportal.net

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Hungría: Two months to act

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Europa/Hungría/02 de Julio de 2016/Autor: Adam Janos/Fuente: The BudapestTime

RESUMEN: La Comisión Europea envió una carta de advertencia a Hungría el 26 de mayo sobre la segregación de los niños romaníes en el sistema de educación pública del país. La Comisión dio el gobierno del primer ministro Viktor Orbán dos meses para responder a la preocupación por el desproporcionado número de estudiantes romaníes en escuelas para discapacitados mentales, así como «un considerable grado de educación segregada en las escuelas regulares». El requerimiento se inicia un procedimiento de infracción contra Hungría, con el argumento de que esté en violación de la Directiva sobre igualdad racial de la Unión Europea.

The European Commission sent a letter of warning to Hungary on May 26 over the segregation of Roma children in the country’s public school system.  The Commission gave Prime Minister Viktor Orbán’s government two months to respond to concerns about the disproportionate number of Romani students in schools for the mentally disabled, as well as “a considerable degree of segregated education in mainstream schools”.

The formal notice begins an infringement procedure against Hungary, on the grounds that it is in violation of the European Union’s Racial Equality Directive.
The Commission’s letter echoed sentiments voiced in 2014 by the European Court of Human Rights in its judgment of Horváth and Kiss v. Hungary, a case involving the misdiagnosis of two young Roma men as mentally disabled.
In that unanimous judgment, the Strasbourg court noted that primary school children in Hungary were being diagnosed as mentally disabled more than twice as often as the European Union average, the result of a “systemic misdiagnosis of Roma children as…  a tool to segregate,” them from their non-Roma classmates in the Hungarian public school system, existent since “at least the 1970s”.
In response to the letter, Minister Overseeing the Prime Minister’s Office János Lázár said he had “no idea how the European Commission knows who is and isn’t a gypsy”, according to the daily Népszava.
Hungarian citizens are allowed to abstain from reporting their ethnicity in the nationwide census. This right, afforded by the Rights of National and Ethnic Minorities Act of 1993, was implemented so as to protect the privacy of Roma and other longstanding ethnic minorities in Hungary and thus safeguard them from potential discriminatory state policy.
In the 2011 census, 315,583 people reported themselves as Roma, about 3.7% of the country’s populace. Some scholars estimate the real number to be nearer to 700,000.
Without reliable demographic information, the extent of segregation in the educational system is impossible to measure. But Roma rights activists claim that the governmental response to the letter is a diversionary tactic which deliberately misses the forest for the trees.
“The existence of segregation of Roma schoolchildren in Hungarian schools… it just exists,” says Péter Molnár, a researcher at Central European University who has sued the Ministry of Human Capacities for allegedly withholding information from the public about governmental desegregation policy. “It’s probably not possible to get exact numbers, but… the existence of segregation: it’s not really possible to seriously question or challenge it.”
A report by sociologist Gábor Havas estimated that in 2004 “at least” 15% of Hungarian Roma primary school children were enrolled in special education classes, more than four times the national average.
Members of the Fidesz administration argue that the underperformance of Roma in school is intimately tied to the population’s deep poverty, which the party says it is striving to alleviate.
At a Roma Coordination Council meeting in Kaposvár in June, Minister of State for Social Affairs and Inclusion Károly Czibere said poverty rates among Hungarian Roma had dropped over the past three years. Czibere noted nationwide initiatives meant to assist Roma youth, such as compulsory kindergarten attendance and one free hot meal per day in schools.
But opponents see glaring setbacks, including a May 2015 decision by the Kúria, the country’s supreme court, to keep open a state-funded parochial school, operated by the Greek Catholic Church, in the city of Nyíregyháza.
The Chance for Children Foundation, a Roma educational rights group, sued to have the school closed in 2007 on the grounds that it was substandard and promoted Roma segregation. Electing not to challenge the lawsuit, the federal government instead allocated funds so as to bus the children to better schools in the city as part of a wider desegregation effort.
In 2010, the newly elected Fidesz administration reversed course on the decision and had the school reopened under the administration of the church, causing the foundation to once again bring litigation against the municipality and the church.
The Kúria ruled in favour of the church last May on the grounds that the school granted Roma children freedom of religion. Those at the Chance for Children Foundation say this parochial schooling is just a new avenue for Hungarian schools to segregate, and creates a dangerous precedent for other cities with Roma populations to follow suit.
“This model can be used in other places,” said Gábor Daróczi, a former chair of the board for the foundation, adding that the European Commission’s letter was a direct result of the court’s decision.
Roma rights activists add that the matter of segregation is exacerbated by Hungary’s system of free choice school enrollment, which grants students the right to attend any public school in the country, provided the school is not at full capacity and that the student’s family can afford to transport them to and from premises.
“The rich parents take their kids to wherever they want,” said Ernő Kadét, an editor at the Roma Press Centre, a news agency that covers Hungary’s Roma population. “Those who don’t have money… their kids get stuck in the schools where they live. And that’s how schools get polarised.”
Efforts to desegregate the school system are further complicated by pervasive anti-Roma sentiment nationwide. According to a 2014 Medián poll, 73% of Hungarians would not feel comfortable having a Roma living next door. A February Publicus Research poll found that 82% of Hungarians either “completely agree” or “mostly agree” that “the problems of most Roma would be solved if they would finally start working”. Those numbers hold steady regardless of the respondents’ political party allegiances.
Kadét, who worked at the Ministry of Education from 2005 to 2009 under the left-leaning MSZP-SZDSZ administration, said he saw firsthand the expediency of anti-Roma sentiment across the political spectrum, when in 2008 and 2009 “more than a dozen” MSZP mayors protested efforts by the ministry to desegregate and proportionally increase funding to neglected Roma schools through a National Roma Integration Strategy.
He says efforts to desegregate schools were hampered at the time by limitations on the federal government’s control over local school districts.
Since 2013, Hungary’s public schools have all fallen under the purview of one centralised body: the Klebelsberg Institution Maintenance Centre (KLIK).
“If there’s one central power, and everything’s in one hand, then if you want to take care of segregation in Hungarian schools, you can,” Kadét said. “The issue usually with segregation is that if you poke at it here, then it just shifts over there. But if it’s all in one central power’s hands… they could eliminate it if they wanted to. But they don’t.”

Fuente: http://budapesttimes.hu/2016/07/02/two-months-to-act/

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