Alfredo Velásquez, secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP, ratificó que presentarán una demanda contra la ley 32242 que permite la destitución automática de docentes por delitos graves, vulnerando el derecho al debido proceso y a la pluralidad de instancia. Agregó que el magisterio dará un plazo de 30 días al Minedu para la instalación de la mesa de negociación colectiva tras presentar el pliego de reclamos.
“Algunos congresistas días antes con 10 u 20 personas del Movadef denegaron su registro, pero hoy pretenden comprar un kit con la inconstitucionalidad de la ley 32242 que desde el Congreso fueron indiferentes y ahora quieren abanderarse, por eso, hacemos un llamado a los maestros 2 y auxiliares de educación de que sus firmas aparezcan en fachadas de Sendero Luminoso”, dijo a través del programa Enlace Educativo por RCR.
Indicó que espera que en los siguientes 30 días el Ministerio de Educación instale la mesa de negociación tras la presentación del pliego de reclamos, que incluye diversas demandas como un incremento del presupuesto del sector educación, aumento salarial a los docentes y auxiliares de educación y el cumplimiento del pago de bono por maestrías y doctorados.
“Estamos planteando el 6% del PBI, el incremento salarial del próximo año para docentes y auxiliares de educación y el pago de bono por maestrías doctorados. Hoy en día los bloques magisteriales se olvidan de las demandas del sector educación, tratan de amordazar a los maestros para evitar que exijan lo que les corresponde”, expresó.
Finalmente, convocó a una Asamblea Nacional para el 5 de febrero, con el objetivo de analizar el pliego de reclamos y aprobar un plan de lucha para este año. Además, anunció un Diálogo por la Educación que abordará el tema de la infraestructura de los colegios.
“Este 5 de febrero hemos convocado una Asamblea Nacional para profundizar el pliego de reclamos, plazos de nuevas afiliaciones del Sutep a la Derrama Magisterial y también un dialogo por la educación para priorizar el tema de infraestructura educativa, un factor vital para el desarrollo de clases”, anotó.
Miles de personas protestaron la tarde de este domingo en el centro de Los Ángeles contra la política de deportaciones a la comunidad migrante impuesta por el Presidente Donald Trump.
La protesta comenzó alrededor de las 9:00 horas de la mañana en la Placita Olvera, en el área del centro de Los Ángeles, después de ser organizada y promovida en las redes sociales.
A las 11:30 horas, ya se contaban en miles las personas reunidas para la manifestación, que crecía todavía más mientras la columna avanzaba hacia la sede del Ayuntamiento de Los Ángeles.
Cerca del mediodía, los manifestantes se dirigieron hacia los carriles en dirección sur del Freeway 101, en la salida de Alameda Street, en el centro de Los Ángeles, lo que ocasionó problemas de tráfico en ambos lados de la carretera, así como en las calles Spring, Main, Aliso y Arcadia, en el centro de la ciudad, reportó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en las redes sociales.
Los retrasos en el tráfico comenzaban a incrementarse en el centro de Los Ángeles, en el área del Crypto.com Arena, donde algunas calles estaban cerradas para la entrega de los Premios Grammy, la tarde de este domingo.
Pero los carriles del Freeway 101 se reabrieron alrededor de la 1:20 horas de la tarde, cuando los manifestantes regresaban a las calles.
Entre los manifestantes, había quienes llevaban carteles en contra de las medidas de inmigración impuestas por Donald Trump desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero.
“El verdadero criminal está en la Casa Blanca” y “Jesús dijo: ‘Ama a tu prójimo’, no lo deporten”, eran mensajes que se presentaban en algunos de los carteles que llevaban los manifestantes, que también llevaban banderas de México y Estados Unidos.
Ante las protestas, el LAPD, que calificó la manifestación como “no permitida”, estableció cierres en varias calles en el centro de la ciudad, como Spring Street entre Temple Street y 1st Street.
Tan pronto llegó a la presidencia, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que otorgó a los militares un mayor número de efectivos en la frontera sur entre Estados Unidos y México, además de reducir restricciones impuestas previamente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con las políticas impuestas por Trump, agentes de ICE pueden arrestar a inmigrantes, por posibles deportaciones, en lugares como escuelas, hospitales y lugares de culto religioso.
“Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP y de ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, agregó.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha entregado entre sus estudiantes las “tarjetas rojas” para que conozcan sus derechos como inmigrantes y cómo responder en caso de que sean abordados por un agente de ICE.
La DEA en Los Ángeles señaló la semana pasada en las redes sociales que cooperaba con las fuerzas del orden federal en la aplicación de las leyes de inmigración, además de divulgar redadas de ICE en Riverside, Pomona y San Diego.
El Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles (LASPD) hizo pública una declaración para aclarar que no participaría en redadas con ICE y reafirmó su postura de proporcionar un entorno seguro para todos los estudiantes sin importar su origen étnico.
Movilizaciones en más ciudades de EU y Canadá
Diversas ciudades de Estados Unidos se unieron a las protestas contra las políticas migratorias de Trump. Las manifestaciones se realizaron en Los Ángeles, Houston, Dallas, San Diego y Oregón, con pancartas y banderas mexicanas.
Los manifestantes exigieron el fin de las deportaciones masivas y el respeto a los derechos de los migrantes. También pidieron la detención de personas en bases militares.
De manera simultánea, en Toronto, Canadá, los asistentes a un partido de baloncesto entre Raptors y Clippers abuchearon el himno nacional de Estados Unidos como acto de rechazo a la embestida de aranceles del 25 por ciento.
Mientras tanto, se registraron enfrentamientos pacíficos entre manifestantes y autoridades en Salem, Oregón, quienes intentaron evitar arrestos.
Además, miles de personas se congregaron en Houston, Texas, para exigir un trato justo a los migrantes y criticaron las políticas de detención.
Conductores de automóviles mostraron apoyo a las protestas tocando sus bocinas y aumentando la velocidad de sus vehículos.
Desde que asumió la presidencia Javier Milei la Educación Sexual Integral (ESI) ha sido objeto de múltiples ataques y recortes. El partido de extrema derecha La Libertad Avanza durante su primer año de gestión ha promovido una visión biologicista y recientemente ha optado por eliminar contenidos que consideran “ideologizados”.
Hace unas semanas eliminaron materiales de Educación Sexual Integral (ESI) de la plataforma estatal Edu.ar, entre ellos la canción “Hay Secretos” de la banda Canticuenticos. Su letra dice: «Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar» y es utilizada por docentes para detectar el abuso sexual en la infancia. Desde la Secretaría de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano expresaron: “Elegimos contenidos no politizados y que se apoyen en la rama biológica. Después en sus casas que las familias les enseñen lo que se le canta, pero el Estado en esas cosas no se mete”.
La reacción social fue tan contundente que decidieron dar marcha atrás a la medida.
Educación sexual siempre hubo, lo que está en disputa es con qué perspectiva. Es decir, si se mantendrá una mirada integral y con garantía de derechos respaldados por el Estado.
“Todas las personas seamos conscientes o no educamos en estos temas, con lo que decimos o lo que no decimos. La formación de la ESI justamente permite mejorar prácticas docentes porque permite evitar reproducir prejuicios, estereotipos y establecer vínculos interpersonales que sean más positivos generando climas de enseñanza aprendizaje que sean favorables”, explica Karina Cimmino, coordinadora académica del Diploma Superior de ESI de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Argentina.
Situación a nivel nacional
Un informe realizado por el Movimiento Federal XMasEsi relevó que durante 2024, de las 24 provincias del país, 13 están en proceso de desfinanciamiento de las políticas públicas relacionadas a la educación de niños, niñas y adolescentes. “Es evidente que la ESI está en jaque por la falta de garantías del Estado Nacional y de la mayoría de los gobiernos provinciales”, concluyeron. El Presupuesto 2025 directamente elimina las partidas específicas para ESI.
Durante la candidatura, Javier Milei había manifestado su intención de acabar con la “ideología de género” la cual describe como “un mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente”. Previo a dichas elecciones 28 escuelas bonaerenses aparecieron con la pintada “ESI es corrupción de menores”.
Al cierre de programas, la desfinanciación, la persecución ideológica y las fake news, le siguieron los intentos de vaciar de contenido o volver a tradiciones religiosas, morales y biológicas. El gobierno contrató a una ONG ultracatólica llamada Teen Star para brindar capacitaciones sobre ESI a docentes.
El desmantelamiento de los equipos representa una pérdida de la experiencia acumulada en la generación de políticas sobre el tema. Según un informe elaborado por el Movimiento XMasEsi los equipos residuales fueron subsumidos en equipos referidos a otras temáticas: Prevención y cuidados, enfocando en consumos problemáticos (Chaco); Trayectorias escolares (Chubut); Contenidos transversales (Neuquén); Convivencia escolar (Santa Cruz); Educación emocional con enfoque moralizante (Misiones); Educación emocional (CABA). Es evidente que la desjerarquización de la ESI augura una progresiva desaparición de sus temáticas específicas y la distorsión más preocupante es la pretensión de recortar a la ESI en Educación Emocional.
La Provincia de Buenos Aires sostiene actualmente una Dirección de Educación Sexual Integral y fue objeto de críticas. Durante el mes de noviembre dirigentes libertarios y del PRO (Partido Republicano, del expresidente, Mauricio Macri), entre ellos la vicepresidenta, Victoria Villarruel, lanzaron un ataque contra el gobierno bonaerense por la distribución de libros con contenido sexual destinado a los últimos años del secundario. Esta campaña fue respaldada por el gobierno de Javier Milei bajo el lema “¡Con los chicos no!”. Como una respuesta colectiva contra lo que muchos consideran una censura orquestada por sectores conservadores, el mundo literario organizó una lectura multitudinaria de Cometierra y otras tres ficciones amenazadas.
Una formación sensible e integral
En la práctica, dejarse atravesar por la perspectiva de la ESI siendo ya personas adultas es un proceso desafiante. En este sentido, Jesica Nul, docente de Biología en la Ciudad de Buenos Aires, comparte su experiencia cursando la capacitación en la diplomatura de ESI, y señala cómo este trabajo la llevó a enfrentarse con zonas dolorosas de la autobiografía. “Yo tuve experiencias de mucha dureza, y tener ahora una experiencia en la que puedo llorar y permitirme trabajar desde la corporalidad y el arte es muy sanador. Con la ESI se abre un espacio de escucha propia y también poder expresar y confiar en que hay un grupo que escucha, contiene, abraza. Es muy transformador porque sacas capas de dureza y nos hace más sensibles, permeables y empáticas. Lleva a que luego el aula sea un espacio de confianza, en el que podamos expresarnos sin ser juzgadas”, cuenta Nul.
La educación sexual integral es contemplada como derecho bajo la Ley 26.150 promulgada en 2006. La norma establece el derecho a recibir una educación sexual en todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal o privada. La propuesta es transversal a todas las asignaturas e incluye el cuidado del propio cuerpo; la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el reconocimiento de la perspectiva de género; el respeto de la diversidad; y el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. A la vez, promueve el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias.
A pesar de que la Ley está vigente desde hace 18 años, fue a partir de 2015 cuando se produjo un avance significativo en su implementación, gracias a la visibilidad pública y masiva del trabajo realizado durante décadas por organizaciones feministas. Explica María Elisa Salgado, secretaria General Seccional Tigre de SUTEBA (Sindicato Docente de la Provincia de Buenos Aires) que las oposiciones a la ESI se dan debido a que “no quieren que se pueda pensar críticamente el mundo donde vivimos. En el fondo es la lucha feminista que es profundamente revolucionaria porque cuestiona cómo está sustentada esta sociedad patriarcal.”
El país nunca superó la transición posterior a la promulgación de la ley, donde hay un derecho legalmente garantizado, pero no es posible hablar de una efectiva implementación a nivel nacional. Proceso que cada vez enfrenta más obstáculos. “Hablando específicamente de la provincia de Tucumán, lo que se observa es una resistencia significativa por parte de sectores conservadores, principalmente vinculados a la iglesia católica, el Opus Dei y otros grupos religiosos como los evangelistas. Somos un país laico pero en las escuelas, tanto públicas como privadas, se imparte religión”, explica María Gabriela Córdoba, doctora en Humanidades, docente y codirectora de la Especialización en Estudios de Mujeres y de Géneros de la Universidad Nacional de Tucumán.
En los años que la normativa lleva ejecutándose junto con otras leyes y programas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), las cifras de embarazo en adolescentes han disminuido considerablemente. El Plan en cinco años había logrado que la tasa de fecundidad adolescente se redujera de 49 a 27 %, pero también fue desmantelado durante la gestión de Javier Milei.
Los beneficios hacia las infancias y juventudes son contundentes. Un estudio realizado en 2020 por el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años pudieron comprender que fueron abusados después de recibir Educación Sexual Integral. Cabe destacar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufren o han sufrido violencia sexual. “Esas infancias que muchas veces pueden darse cuenta que están sufriendo abusos pero que no contamos con los recursos necesarios para que tengan el tratamiento, para que su situación tenga el debido encaminamiento debido a los recortes de recursos. Esa contención que debiera dar el Estado no existe, pero si sacan el contenido, por supuesto que la situación va a ser mucho peor”, explica María Elisa Salgado.
Esta problemática se enmarca en un contexto de vaciamiento estatal generalizado, donde la vulneración de derechos complementarios a la ESI se profundiza cada mes. Recientemente se conoció que en las direcciones de VIH y vacunas del Ministerio de Salud de la Nación tienen contrato solo hasta fin de este mes, a su vez el Gobierno nacional dejó sin provisión de preservativos a muchos de los organismos públicos.
La resistencia ha tomado múltiples formas
“La ESI desde un inicio se desarrolló en nuestro país a partir de la creación de espacios de participación, diálogos y discusiones donde estuvieron reflejados los distintos sectores, las distintas posturas, incluyendo grupos religiosos. Y donde se fueron construyendo consensos que permitieron sostenerla durante estos años. Por eso está instalada en la sociedad como un derecho”, explica Karina Cimmino, coordinadora académica del Diploma Superior de ESI de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede Argentina.
Hoy son esas organizaciones feministas, de derechos humanos, docentes, colectivos, quienes han desarrollado campañas de sensibilización. Realizan acciones que van desde la movilización social, hasta la producción de contenidos digitales hechos a pulmón o capacitaciones gratuitas en los barrios. “Están realizando distintas acciones para defenderla desde distintos lugares y todo esto evidencia justamente que la ESI no es de un partido político ni es una ideología. Ponen en evidencia que es una ley que está construida sobre consensos y tiene bases científicas y curriculares sólidas”, concluye Cimmino.
El gobierno de Trump está preparando una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, aunque los detalles aún se están elaborando, informaron dos medios de comunicación el lunes.
El Wall Street Journal fue el primero en informar que la orden podría “cerrar todas las funciones de la agencia que no estén escritas explícitamente en la ley o trasladar ciertas funciones a otros departamentos”, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. Del mismo modo, The Washington Post informó que la orden no aboliría directamente la agencia, sino que “ordenaría a la agencia comenzar a disminuirse a sí misma”, citando a tres personas que fueron informadas sobre la orden.
Otras fuentes familiarizadas con las conversaciones sobre la orden informaron a Inside Higher Ed ya desde el viernes que la orden al menos dirigiría al Secretario de Educación a idear un plan para dividir el departamento. Aún no se ha firmado ninguna orden ejecutiva, pero un funcionario de la Casa Blanca le dijo al Post que una está en proceso para más adelante este mes y “cumplirá la promesa de campaña de Trump de desfinanciar el departamento”.
Fuentes dijeron al Journal y al Post que la Casa Blanca debería esperar a que Linda McMahon, la nominada por Trump para dirigir el Departamento de Educación, sea confirmada. Pero el Senado aún no ha programado ni siquiera una audiencia a nivel de comité, mucho menos una votación de confirmación.
El viernes, cuando comenzaron los rumores entre legisladores, grupos de presión de la educación superior y defensores sobre el potencial de tal orden, Inside Higher Ed se puso en contacto con el Departamento de Educación pero fue redirigido a la Casa Blanca. Un portavoz de la Casa Blanca luego declinó hacer comentarios en el registro.
Solo el Congreso puede deshacerse de la agencia, por lo que la orden ejecutiva en su mayoría sería una táctica de mensajería. Pero la administración de Trump puede tomar otras medidas para reducir la agencia a una cáscara de lo que es, desde recortar personal hasta detener algunos programas.
Ya, la administración ha puesto a decenas de empleados del Departamento de Educación en licencia remunerada. Y el Post informó que algunos empleados en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, que no es un departamento a nivel de gabinete sino una iniciativa dirigida por el multimillonario Elon Musk, tienen acceso a un “conjunto de datos de ayuda financiera que contiene la información personal de millones de estudiantes inscritos en el programa federal de ayuda estudiantil”.
Aaron Ament, presidente de Student Defense, un grupo de defensa legal, dio la alerta sobre el intento de Trump de desmantelar el departamento tras los informes de los medios.
“Cerrar efectivamente el Departamento de Educación a través de una acción ejecutiva o despidos masivos es una receta a corto plazo, profundamente impopular para el caos y la confusión”, dijo Ament en un comunicado. “Disruptirá las vidas de los estudiantes en todo el país. Y tratar de hacerlo sin el Congreso es claramente ilegal y anticonstitucional. Ya estamos explorando opciones para detener este exceso inconstitucional”.
Los republicanos han apuntado al Departamento de Educación para su destrucción desde que fue creado, pero hasta ahora, ningún plan para reducir significativamente la presencia de la agencia ha tenido éxito. Pocos expertos creen que la administración de Trump tendrá éxito esta vez en desmantelar el Departamento de Educación. (Durante su primer mandato, Trump propuso fusionar los Departamentos de Educación y Trabajo).
LEAREl plan de Trump para destruir nuestro gobierno: Timothy Snyder
Pero expertos en política de educación superior reconocen que el impulso se está construyendo hacia la idea, especialmente después de que la administración de Biden perdonara miles de millones en préstamos estudiantiles federales, trabajara para expandir los derechos de los estudiantes transgénero y manejara mal el lanzamiento del Formulario de Ayuda Federal para Estudiantes del 2024-25. La versión más reciente del FAFSA está en camino, aunque ex funcionarios del departamento advierten que las interrupciones en el departamento podrían deshacer ese progreso.
Intentar deshacer el Departamento de Educación plantea más preguntas para los administradores y defensores de la educación superior que ya están luchando por entender las implicaciones de las primeras dos semanas de Trump en el cargo. Los movimientos, desde apuntar a la financiación de programas de diversidad, equidad e inclusión hasta una pausa en las becas de investigación, han causado confusión en los campus.
Los interesados de colegios y universidades se preocupan de que abolir el Departamento de Educación podría ser catastrófico para las instituciones y los estudiantes. Los funcionarios estatales de educación superior, los administradores universitarios, los grupos de defensa sin fines de lucro y los estudiantes dependen del Departamento de Educación para supervisar la ayuda federal para estudiantes, administrar la cartera de préstamos estudiantiles, investigar quejas de derechos civiles y asignar miles de millones de dólares en ayuda institucional, entre otras operaciones. Más de 4,000 personas trabajan para la agencia, que tiene un presupuesto discrecional de $80 mil millones.
Varios expertos han dicho que cualquier esfuerzo para dividir el departamento probablemente dejaría sus programas en su lugar. Por ejemplo, legisladores y grupos de expertos conservadores han propuesto trasladar los programas de ayuda federal para estudiantes del departamento, incluida la Beca Pell y la gestión de préstamos estudiantiles, al Departamento del Tesoro, mientras que la Oficina de Derechos Civiles se trasladaría al Departamento de Justicia.
Los críticos del departamento argumentan que la existencia de la agencia viola la Constitución porque el documento no menciona la educación. También dicen que la orden es un ejemplo principal de la pompa federal. Trump dice que la agencia ha crecido demasiado y interfiere en asuntos que sería mejor dejar en manos de las autoridades locales y estatales. En cambio, quiere devolver la educación a los estados, aunque aún no ha explicado cómo lo haría.
Pobreza y desempleo juvenil persisten en la CEMAC, según informe Barómetro Económico del Banco Mundial
El Banco Mundial advierte sobre desafíos económicos y propone reformas para la sostenibilidad forestal en la CEMAC
La región de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), compuesta por Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y República del Congo, enfrenta un panorama económico complejo en 2024, según el último Barómetro Económico del Banco Mundial. Aunque se espera una recuperación del crecimiento económico, los desafíos persisten, especialmente en materia de pobreza, desempleo y dependencia de los recursos naturales.
El informe revela que la CEMAC experimentó una desaceleración en 2023, con un crecimiento del PIB del 1.8%, frente al 3.1% en 2022. Sin embargo, se proyecta un repunte del 3.4% en 2024, impulsado principalmente por el sector de hidrocarburos. A pesar de este crecimiento moderado, la pobreza sigue aumentando, con un tercio de la población viviendo en pobreza extrema (menos de USD $2.15 al día). Además, el desempleo juvenil es alarmante, con uno de cada cuatro jóvenes sin empleo, educación o capacitación.
La inflación, por otro lado, disminuyó del 6.3% en 2022 al 4.5% en 2023, gracias a una política monetaria estricta del Banco de los Estados de África Central (BEAC) y la mejora en las cadenas de suministro globales. No obstante, los riesgos económicos persisten, incluyendo la volatilidad de los precios del petróleo, la inestabilidad política y los fenómenos climáticos.
El informe destaca la necesidad de diversificar la economía de la región, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas. La falta de infraestructura adecuada, especialmente en energía y transporte, limita el crecimiento, mientras que el comercio intrarregional sigue siendo bajo debido a barreras arancelarias y no arancelarias.
El Banco Mundial recomienda invertir en sectores como la agricultura, la silvicultura y la industria manufacturera, así como mejorar el capital humano a través de la educación y la salud. Además, se sugiere una mayor integración regional para fomentar el comercio y la cooperación entre los países de la CEMAC.
El informe dedica una sección especial al diseño de instrumentos fiscales para promover un sector forestal sostenible en la Cuenca del Congo, el mayor sumidero neto de carbono del mundo. A pesar de su importancia global, la deforestación y la degradación forestal están aumentando, especialmente en la República Democrática del Congo (RDC).
El sector forestal contribuye solo entre el 4% y 6% del PIB en los países de la Cuenca del Congo, debido en parte a la tala ilegal y la falta de procesamiento local de la madera. El Banco Mundial propone reformas fiscales, como ajustar los impuestos forestales según la huella ecológica, ofrecer incentivos fiscales para prácticas sostenibles y reinvertir los ingresos de los recursos naturales en la conservación forestal.
La región necesita más apoyo financiero internacional para compensar los esfuerzos de conservación forestal. Actualmente, los bosques de la Cuenca del Congo reciben menos financiamiento que otras regiones boscosas como el Amazonas y el sudeste asiático. El informe recomienda fortalecer la gobernanza forestal, mejorar la transparencia y promover la certificación forestal.
Además, se sugiere invertir en infraestructura y tecnologías digitales para mejorar el monitoreo y la trazabilidad de los productos forestales. La cooperación regional también es clave para armonizar políticas fiscales y ambientales, y para combatir la tala ilegal y la deforestación transfronteriza.
El informe del Banco Mundial subraya la necesidad de reformas económicas y fiscales audaces para abordar los desafíos de la región. La combinación de políticas fiscales bien diseñadas con una mejor gobernanza y cooperación internacional puede ayudar a los países de la CEMAC a conservar sus bosques, promover el crecimiento económico y reducir la pobreza.
El Barómetro Económico de la CEMAC es una publicación semestral del Banco Mundial que ofrece un resumen de los acontecimientos recientes y la perspectiva económica de la región de la CEMAC, seguido de una breve evaluación a nivel de país. El Barómetro Económico también incluye una sección técnica que se enfoca en un tema de relevancia regional. El tema especial de esta edición ofrece opciones en materia de políticas fiscales para que los países de la CEMAC puedan abordar los desafíos que enfrenta el sector forestal, con las que se abarcan distintos aspectos fundamentales como un efectivo diseño de instrumentos fiscales, la mejora de la gobernanza forestal y el aumento del apoyo financiero y técnico por parte de la comunidad internacional. En el tema especial de esta edición se destaca cómo se pueden utilizar los instrumentos fiscales para incentivar la silvicultura sostenible y generar más ingresos públicos.
Fuente de la Información: https://www.guineainfomarket.com/
El proyecto se sitúa en Boko, cerca de Parakou, segunda ciudad en importancia de la República de Benín, situada a unos 500 Km. al norte de Cotonou, capital económica del país.
Benín ocupa el puesto 173 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano 2023/2024.
Se trata de una zona rural y muy alejada de la vía principal, que cuenta con una población perteneciente a diversas etnias. Sus principales actividades son la agricultura y el pequeño comercio, lo que les obliga a vivir en unas condiciones de vida bastante precarias. En los últimos años la población ha ido tomando conciencia de la importancia de escolarizar a los hijos desde la infancia. Ha habido una labor de sensibilización y en la actualidad el Estado Beninés está dedicando una parte importante del PIB a la educación. A pesar de estos esfuerzos, los recursos son insuficientes, las escuelas públicas no bastan, y las existentes se encuentran desbordadas y con una calidad de enseñanza muy baja.
Ante esta situación, la archidiócesis de Parakou, decide impulsar la creación de escuelas católicas en cada parroquia para dar respuesta a la creciente demanda de plazas y para garantizar calidad en la formación. A pesar de ello, todavía hay muchas niñas cuyos pueblos no tienen escuela y que tienen que recorrer grandes distancias para acceder a un centro escolar. Esto conlleva una elevada tasa de abandono escolar. Los internados son la única solución a este problema y con ellos se evita el abandono escolar y se protege a las niñas de los abusos y explotaciones que suelen sufrir cuando sus padres las mandan a casa de familiares, conocidos o incluso desconocidos, para tener cerca el centro escolar.
Por ello, la Archidiócesis de Parakou solicita la colaboración de Manos Unidas para la construcción y equipamiento de un internado que garantice las condiciones de acogida y estudio adecuadas para 20 niñas. La parroquia de Boko, con la ayuda de la diócesis de Parakou, las Hnas. del P. Claver y los padres de las alumnas, asegurarán el mantenimiento de las nuevas estructuras y la correcta gestión del internado (equipamiento, salarios, casos sociales).
También financiarán parte de la construcción, lo que supone un 23% del coste total. Manos Unidas colabora con el 77% restante. Las participantes directas de esta iniciativa serán las 20 niñas internas, con edades comprendidas entre los 10 y 14 años, e indirectamente, sus familias y entorno.
Con la realización de este proyecto se espera ofrecer las condiciones de acogida y estudio adecuadas para asegurar la formación académica de las internas, en un entorno protegido. Se favorecerá la lucha para alejarlas de situaciones de violencia, malos tratos y abusos que sufren por vivir fuera de sus hogares para poder estudiar y se apoyará la lucha contra de desescolarización femenina.
Este proyecto tiene una duración de 12 meses y se alinea con el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) nº4 «Educación de Calidad», promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos.
Que las niñas puedan alzar sus voces, estudiar y vivir libres de violencia es el contundente mensaje que un grupo de niñas y jóvenes activistas—Josefina Tíu (Guatemala), Dheysi González Soto (Perú), Sandra Hellario (Sudán del Sur), Naty Coronado (España) y Maimouna Konate (Chad)— llevó a Ginebra el pasado 17 de enero para exigir al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU acciones concretas que garanticen su derecho a la educación y a la protección contra la violencia.
“Mi deseo para las niñas de mi comunidad es que logren estudiar, que no se les quite ese derecho, que no vivan en violencia, en discriminación o en desigualdad y que tengan una mejor calidad de vida”, ha expresado en una entrevista con Efeminista Josefina, una de las lideresas y participantes en la reunión en Ginebra la semana pasada. Su deseo, junto al de sus compañeras, resuena con fuerza, especialmente en el marco del 24 de enero Día Internacional de la Educación, un recordatorio de los derechos que aún están siendo negados a millones de niñas y niños en todo el mundo.
Violencia y conflictos, barreras para la educación de las niñas
La situación de violencia que enfrentan las niñas en todo el mundo es alarmante y, en muchos casos, les aleja de las aulas. Unas 650 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, es decir, una de cada cinco, han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual durante su infancia, según datos de Unicef. Este tipo de violencia es aún más prevalente en contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado.
Los conflictos, los desastres naturales y los desplazamientos forzados están poniendo en serio riesgo la educación de 224 millones de niños y niñas alrededor del mundo, según datos de Plan Internacional.
En este contexto, las cinco jóvenes que participaron en la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas del Alto Comisionado se unieron para entregar 83.160 firmas recogidas a través de la campaña La Luz de las Niñas, una iniciativa de la ONG Entreculturas, que tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de violencia y discriminación que enfrentan las niñas a nivel global y exigir respuestas contundentes.
Josefina y la lucha por la educación de las niñas indígenas en Guatemala
Josefina Tíu, una joven indígena de 21 años originaria de Santa Lucía La Reforma, en el departamento de Totonicapán, Guatemala, fue una de las jóvenes que, aunque nunca pensó estar ahí, pudo alzar su voz en Ginebra. Durante una entrevista con Efeminista, ha compartido que se sintió “la voz de muchas niñas que no pudieron estar presentes, pero que viven las mismas realidades”.
En su país, explica, son comunes “la desigualdad, discriminación y violencia de todo tipo de violencia”. “Y lo que más pasa en Guatemala es que se nos quita el derecho a la educación, que es algo que la verdad es difícil”, continúa.
“Si no estudiamos, no tenemos un trabajo y si no trabajamos, no tenemos cómo vivir”, reclama, poniendo de manifiesto cómo la falta de acceso a la educación perpetúa el ciclo de pobreza.
Sin embargo, la realidad es que “muchos padres prefieren que las niñas trabajen en lugar de que vayan a la escuela, porque dicen que las niñas solo están para casarse, tener hijos y mantener el hogar”.
Josefina Tíu (Guatemala). EFE/Laura de Grado
Josefina fue una de esas niñas que estuvo a punto de abandonar la escuela a los ocho años debido a la falta de recursos y a la negativa de su padre. Recuerda con claridad el momento que transformó su vida: su tía, al ver su deseo de seguir aprendiendo, decidió hacerse cargo de su educación, cubriendo los gastos y regalándole, simbólicamente, una mochila que nunca imaginó tener.
“Fue un golpe muy difícil cuando pensé que no podría seguir estudiando. Si hubiera dejado la escuela, hoy sería como muchas niñas que no tuvieron la oportunidad de continuar y hoy en día sufren”, ha compartido con emoción.
A pesar de las adversidades, la joven guatemalteca logró terminar la primaria y continuar con su educación secundaria gracias al apoyo de Fe y Alegría y una beca de la campaña La Luz de las Niñas. Ahora, trabaja con Fe y Alegría en las comunidades rurales, apoyando a mujeres mayas k’iche, y está cursando estudios universitarios para convertirse en maestra de primaria.
Sandra contra las violencia sexual y el matrimonio forzado en Sudán del Sur
Entre las participantes de la reunión en Ginebra también estuvo Sandra Hellario, de 19 años, quien viajó desde Sudán del Sur. En su intervención, recuerda que habló sobre la difícil situación de las niñas en contextos de conflicto y desplazamiento, subrayando cómo la violencia, en sus diversas formas interrumpe el acceso de las niñas a la educación.
“Si miramos a las personas que pasan por la violencia, especialmente el matrimonio forzado, sabemos que tienen problemas emocionales y físicos, porque básicamente no están preparadas para lo que se les obliga a hacer”, ha explicado Hellario a Efeminista.
Y ha destacado la crudeza de esta violencia en la que niñas de siete años pueden ser obligadas a casarse con un hombre mucho mayor, lo que genera “un profundo trauma psicológico y físico”. Según Unicef, unos 640 millones de niñas y mujeres han sido obligadas a casarse en la infancia.
“Imagínate que te obliguen a hacer algo para lo que no estás lista. No tienes la experiencia para asumir responsabilidades, como la casa, el cuidado de los niños y la tortura que va a enfrentar”, critica.
Sandra Hellario (Sudán del Sur). EFE/Laura de Grado
En este contexto, la joven ha explicado que “las sobrevivientes de abuso sexual desarrollan problemas en sus vidas, sienten que no valen nada, porque esto es algo que nunca imaginaron”.
“El abuso sexual es considerado vergonzoso, y muchas veces las víctimas se aíslan, sintiendo que no merecen nada”, lamenta Sandra, quien además destaca que la falta de acceso a atención médica y el estigma social agravan la situación, ya que algunas enfrentan complicaciones de salud como el VIH o embarazos no deseados.
¿De qué manera impacta la violencia en el acceso a la educación de las niñas?
Estas violencias “realmente afectan a la educación”, afirma Sandra. “Cuando una niña es obligada a casarse, el hombre no la va a dejar ir a la escuela, porque sabe que si ella va a la escuela, aprenderá que esto no era su destino, y tal vez cuestionará su situación”, relata.
Y en el caso de las víctimas de agresión sexual, el riesgo de un embarazo no deseado, las complicaciones de salud o el estigma social dificultan aún más que puedan asistir a la escuela.
La situación descrita por Sandra en Sudán del Sur resuena con lo que Josefina vivió en su comunidad en Guatemala. Ambas reconocen que la falta de educación no solo perpetúa la pobreza, sino que aumenta las desigualdades de género.
“Las mujeres y niñas que están educadas en Sudán del Sur son muy fuertes, tienen suficiente confianza, se defienden a sí mismas, hacen las cosas por sí mismas; pero las mujeres que no están educadas, tienen menos acceso a la sensibilización y son más vulnerables”, explica.
Dheysi: el machismo es una barrera para la educación en Perú
Otra de las voces destacadas en la reunión fue la de Dheysi González Soto, una niña peruana de 14 años, que viajó desde la ciudad de Huancayo, en la Sierra Central de Perú. En su intervención, Dheisy cuenta que describió las dificultades que enfrentan las niñas en su país debido a la presencia del machismo y la violencia de género, dos factores que limitan gravemente su acceso a la educación.
“Más que nada, los casos que se tratan en mi país son la crianza patriarcal que se vive día a día y la violencia doméstica que daña mucho a las niñas, volviéndolas cohibidas y sin ganas de participar ni alzar su voz en la familia y en su entorno”, ha explicado Dheysi a Efeminista.
Resalta cómo muchas veces las niñas, por el simple hecho de intentar alzar su voz, son víctimas de violencia, se les niega el derecho a opinar e incluso se les impide tomar decisiones dentro de sus hogares.
También ha destacado las graves limitaciones educativas que enfrentan las niñas, especialmente en las zonas rurales. En estas áreas, muchas familias se muestran reacias a permitir que sus hijas reciban una educación de calidad, incluso negándoles la oportunidad de completar la secundaria o de acceder a estudios universitarios.
Dheysi, joven de La LUZ de las NIÑAS ha mantenido una reunión oficial en Ginebra con el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. EFE/Laura de Grado
La joven activista ha expresado la esperanza de que su participación en la reunión en la ONU, junto con la de otras jóvenes, impacte positivamente en el futuro de las niñas, elevando sus voces y haciéndolas escuchadas.
“Yo espero que a partir de la conversación que tuvimos, se logre cambiar el futuro de las niñas, que su voz sea alzada y que los adultos tomen en cuenta lo que ellas piensan”, ha señalado con convicción.
Mirar hacia el futuro
Las propuestas y deseos de estas jóvenes activistas reflejan la determinación con la que luchan por los derechos de todas las niñas y mujeres. Para ellas, el camino hacia la igualdad pasa irremediablemente por la educación, la eliminación de la violencia y el respeto a sus derechos fundamentales.
“Mi deseo es que todas las niñas puedan estudiar y vivir sin miedo”, expresa Josefina. Y afirma que “sería bonito hablar con los padres para que entiendan la importancia de la educación. Si el gobierno apoyara más a las comunidades rurales y a las niñas indígenas, Guatemala sería un país diferente”.
Sandra, por su parte, no solo ha expresado su deseo de que se amplíe la sensibilización en las comunidades rurales sobre los derechos de las niñas y mujeres, sino que también propone medidas concretas para reducir la violencia y la discriminación.
“Si los padres entienden la importancia de la educación, dejarán de obligar a sus hijas a casarse y las apoyarán para que vayan a la escuela”, explica.
Además, subraya que el gobierno de Sudán del Sur debe colaborar con las organizaciones que trabajan para eliminar la violencia y “actuar de manera estricta y responsable para que los culpables de estos abusos enfrenten consecuencias”.
Dheysi, desde Perú, también ha dejado claro el enfoque que debería tener la educación: “uno basado en valores y respeto mutuo entre los géneros”.
“Mi deseo es que las niñas puedan alzar su voz porque es muy importante las opiniones que ellas tienen para su futuro, cómo quieren cambiar o cómo quieren que sea un entorno mejor para ellas”, dice.
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