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China: Ciudad china de Guangzhou pospone examen de ingreso a enseñanza secundaria superior por COVID-19

Asia/China/18-06-2021/Autor(a) y Fuente: panish.xinhuanet.com

Las autoridades de Guangzhou, capital de la provincia meridional china de Guangdong, anunciaron este lunes que el examen de ingreso a las escuelas secundarias superiores, programado entre el 20 y el 22 de junio, será pospuesto para julio a causa de la COVID-19.

El departamento municipal de educación explicó que la decisión se tomó con el fin de proteger la salud de maestros y estudiantes, así como en apego a las medidas de prevención y control epidémicos, ya que en el contexto actual el examen podría aumentar los riesgos de infección cruzada.

El horario del examen será fijado próximamente, dependiendo de la situación epidémica, y se hará público con anticipación, adelantó Gu Zhongpeng, subdirector del departamento.

Más de 90.000 alumnos de secundaria tienen programado participar en el examen, añadió Gu.

Las autoridades de Guangzhou levantaron el aislamiento en once zonas de cinco distritos este lunes, gracias a la mejoría en la situación epidémica.

La provincia de Guangdong reportó el domingo cuatro casos de COVID-19 de transmisión local, todos en la capital, detalló la comisión provincial de salud.

Dos médicos en el Octavo Hospital Popular de Guangzhou dieron positivo al nuevo coronavirus el 11 de junio y actualmente están recibiendo tratamiento en el centro de salud, informó la comisión.

Ambos se encuentran en condición estable, según la misma fuente.

La provincia también notificó el domingo tres casos confirmados importados y 14 portadores asintomáticos procedentes del exterior.

En la actualidad, 194 pacientes de COVID-19 están recibiendo tratamiento en hospitales, precisó la comisión.

Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/14/c_1310007337.htm

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Efectos profundos de la pobreza aumentarán a lo largo del 2021: ENCOVID-19

Por: Valentina González

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la IBERO presentó los resultados de la más reciente Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), correspondiente a marzo de este año, en donde se observaron los efectos severos que ha dejado la pandemia en el bienestar de la población en términos de empleo, ingresos, salud mental y alimentación.


Durante la presentación de los resultados, la Dra. Graciela Teruel, directora del EQUIDE, señaló que aún no se toca fondo pues los efectos profundos de la pobreza seguirán aumentando a lo largo de este 2021, y que un foco rojo es la disminución en los niveles de seguridad alimentaria que indican que hay personas que no están comiendo.

“La pandemia ha afectado más a los hogares de menor nivel socioeconómico haciendo las brechas entre los que tienen y no aún más grandes. Asimismo, ha afectado más a las mujeres, además, los impactos en bienestar tendrán secuelas a mediano y largo plazo”, explicó.

De acuerdo con la encuesta, la recuperación en el ingreso de los hogares sigue rezagada respecto a la recuperación en el empleo, pues 64% de los hogares declaró tener menos ingresos que antes de la pandemia.

Asimismo, los hogares de menor nivel socioeconómico reportaron una mayor pérdida de ingresos, con 70%, respecto a los de mayor nivel socioeconómico (53%). La recuperación también ha sido desigual: mientras que sólo 4% de los hogares de bajo nivel socioeconómico reporta un mayor ingreso que antes de la pandemia, en los hogares de nivel socioeconómico alto este porcentaje fue de 12%.

Respecto al empleo, la ENCOVID-19 arrojó que 4.2 millones de personas se encontraban desocupadas (7.3% de la población económicamente activa), es decir, estaban desempleadas, las habían ‘descansado’ sin goce de sueldo o no podían salir a buscar trabajo por la pandemia.

Esto muestra una recuperación importante respecto a mayo del año previo, cuando 8.9 millones de personas estaban en dicha situación (15.5% de la PEA). La recuperación se ha dado particularmente en aquellos sectores que sufrieron los mayores aumentos en desocupación por la pandemia, particularmente en el sector informal, donde las tasas de desocupación bajaron gradualmente desde un máximo de 18.7% en mayo de 2020 a 8.1% en marzo de 2021.

Aún con esta recuperación, en marzo de 2021 había considerablemente más trabajadores desocupados en el sector informal (2.6 millones) que en el formal (1.6 millones). Las mujeres siguen presentando tasas de desocupación considerablemente mayores (9.5% contra 5.8% en los hombres), particularmente en el sector informal (11.1% contra 5.9% en hombres).

Disminución de la seguridad alimentaria

Un hallazgo preocupante ha sido la disminución en los niveles de seguridad alimentaria, acompañada por un alarmante aumento en los correspondientes a inseguridad alimentaria moderada y severa (hogares que no reportaron preocupaciones o dificultades para acceder a alimentos), al bajar de 33% en diciembre de 2020 a 27% en marzo de 2021.

La seguridad alimentaria es un foco rojo pues tiene que ver con el porcentaje de personas que tiene acceso a una adecuada alimentación. La inseguridad severa es consistente, empezó con 12% y ha ido aumentando mes a mes hasta llegar al 17% en marzo (2021). Esto habla de personas que tienen hambre, que ven reducidos la calidad y cantidad de alimentos que consumen”, dijo Teruel.

La inseguridad alimentaria leve se mantuvo en niveles similares en diciembre 2020 y marzo de 2020 (36% en ambos periodos), la inseguridad moderada aumentó de 14% a 20%, y la severa de 16% a 17% en el mismo periodo.

Por su parte, Roberto Vélez, director del Centro Espinosa Yglesias, dijo que los datos sobre la seguridad alimentaria arrojan luz sobre el escenario que viene, pues cuando se presenta un problema de este tipo, aunque todo el hogar es afectado, la población que se encuentra en crecimiento biológico y desarrollo nutricional es más vulnerable. 

“La ENCOVID-19 nos dice lo que nos puede esperar en un futuro sobre un nivel de vida biológico en la población afectada. Tenemos un costo que no se está observando, no tenemos una solución total, pero vamos a tener que pensar cómo se empezará a resolver este problema que se presentará en los próximo años”, añadió.

Gasto para la atención de COVID-19

En 26% de los hogares del país, al menos un integrante había presentado síntomas de SARS-CoV-2 (COVID-19). De las personas con síntomas más graves en el hogar, 15% requirió hospitalización.

El gasto de bolsillo, es decir, el dinero gastado por los hogares para atender los síntomas del COVID-19 de sus integrantes (pago de medicamentos, atención médica, oxígeno u otros insumos), representó un reto importante para los hogares: sólo 5% no realizó gasto alguno, 14% desembolsó menos de mil pesos, 45% pagó entre mil y 10 mil pesos, y 36% erogó más de 10 mil pesos.

Al verlo como proporción del ingreso anual total del hogar declarado por los informantes, 56% informó un gasto menor al 10% del ingreso anual del hogar; 27% gastó entre el 10 y el 50% del ingreso anual del hogar; y 17% reportó haber gastado más del 50% del ingreso total anual del hogar.

Los datos revelan mayores afectaciones para la población más vulnerable, pues el gasto en salud por COVID-19 como proporción del ingreso anual del hogar fue más elevado entre la población de menor nivel socioeconómico.

En cuanto a salud mental, 31% de la población presentó síntomas severos de ansiedad, siendo las mujeres y las personas de bajo nivel socioeconómico las más afectadas.

En ese sentido, Graciela Teruel apuntó que antes no se media esta dimensión sistemáticamente en México, por lo cual son sorprendentes los resultados y el número de personas que sufren estos padecimientos. “Una de cada tres personas sufre síntomas severos de ansiedad. Se había registrado una ligera recuperación en octubre (29%) pero en marzo repuntó a 31%”.

Programas sociales

Aproximadamente, 4 de cada 10 hogares en el país fueron receptores de algún programa o apoyo de gobierno. La respuesta ante la crisis del Estado mexicano estuvo enfocada en reforzar los programas sociales que existían antes de la crisis.

Los principales programas sociales reportados en marzo de 2021 fueron las Pensiones de Bienestar (17%) y las Becas Benito Juárez (15%). Además de los programas sociales, seis de ocho gobiernos locales y otras instituciones emprendieron acciones de ayuda a los hogares ante la crisis por COVID-19, siendo las despensas en especie el apoyo más reportado (16% mencionó recibirlas).

Finalmente, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, concluyó que la pobreza creció por la pandemia y continuará. Agregó que el efecto de la pandemia es mucho mayor para hogares con menores ingresos, de estratos bajos; y aunque los programas sociales tienen presencia amplia, están repartidos para toda distribución del ingreso y poco más de la mitad de los estratos más bajos no recibe apoyo social.

En la presentación de los resultados también se contó con la presencia de Graciela Márquez, vicepresidenta del INEGI; y de Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford.

El levantamiento de la ENCOVID-19 ha sido posible gracias al apoyo de UNICEF México y la División de Investigación y Posgrado de la IBERO. EL EQUIDE y la IBERO agradecen el apoyo de QUANTOS para el diseño de la muestra y la elaboración y validación de los ponderadores.

Asimismo, se agradece el apoyo de distintas organizaciones en distintas etapas de este proyecto por su impulso a esta iniciativa, tales como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y la Organización de Estados Iberoamericanos.

Fuente e imagen: IBERO

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México: Esto plantea la SEP para los maestros que se negaron a recibir la vacuna contra el COVID-19

Redacción de Profelandia


La Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, aseguró que fue mínimo el número de docentes que se negaron a recibir la vacuna contra el COVID-19.

En declaraciones a la prensa durante su visita al jardín de niños «Celic», en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, Gómez Álvarez afirmó que se respeta el derecho que tienen las personas de decidir si se quieren vacunar o no.

«Como decía nuestro Presidente y lo ha comentado, somos muy respetuosos, no vamos a obligar a nadie, nos vamos a ir precisamente por esa conciencia, por esa situación de convencimiento a través de la cuestión hablada.  Ellos tienen su derecho a decir no me vacuno, pero nosotros también tenemos la obligación de cuidar las medidas de precaución para nuestros niños».

Detalló que esos docentes seguirán trabajando en modalidad a distancia, ya que no se permitirá que trabajen de manera directa con los estudiantes.

«Lo que se trataría de hacer es que estos maestros si se puedan presentar a través de la cuestión de lo que es la educación a distancia o establecer algunos mecanismos que puedan trabajar, pero no directamente con los niños».

Aseguró también que se desconoce con exactitud el número de docentes que se negaron a recibir la vacuna, así como aquellos que fallecieron a causa del COVID-19.

Respecto al tema de deserción escolar, la funcionaria señaló que ésta oscila entre el 2.5 por ciento, en todos los niveles de enseñanza, con mayor prevalencia en las instituciones educativas particulares.

Sostuvo que entre los casi un millón de alumnas y alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior que retomaron las actividades presenciales, prevalece un entorno de alegría y bienestar, sobre todo, por la necesidad de compartir con sus compañeros de clase y retomar sus aprendizajes.

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Acuerdo global en la Conferencia de la OIT sobre la acción para la recuperación de la COVID-19

Ginebra / OIT 2021

La Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado un Llamamiento Mundial a la Acción en el que se esbozan medidas para crear una recuperación de la pandemia centrada en las personas y evitar que las economías y las sociedades queden marcadas a largo plazo.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los delegados de 181 países que representan a los gobiernos, trabajadores y empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo  (CIT) han adoptado por unanimidad un Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación de la COVID-19 centrada en las personas, que dé prioridad a la creación de empleos decentes para todos y aborde las desigualdades causadas por la crisis.

El Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas esboza un programa exhaustivo. Compromete a los países a garantizar que su recuperación económica y social de la crisis sea «totalmente inclusiva, sostenible y resiliente».

El acuerdo incluye dos conjuntos de acciones acordadas. El primero abarca las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus «interlocutores sociales» empresariales y sindicales, para lograr una recuperación rica en empleo que refuerce sustancialmente las protecciones sociales y de los trabajadores y apoye a las empresas sostenibles.

Un segundo conjunto de acciones abarca la cooperación internacional y el papel de las instituciones multilaterales, incluida la OIT, con el objetivo de aumentar el nivel y la coherencia de su apoyo a las estrategias nacionales de recuperación de la pandemia «centradas en las personas».

Hace un llamamiento a la OIT -con su mandato de justicia social y trabajo decente- para que desempeñe un papel de liderazgo y utilice todos los medios para respaldar el diseño y la aplicación de estrategias de recuperación que no dejen a nadie atrás, incluso reforzando la cooperación con otras instituciones del sistema multilateral.

El Llamamiento a la Acción se basa en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo , adoptada en la CIT de 2019. El Llamamiento ofrece una vía para acelerar la aplicación práctica de la Declaración mediante la mejora de las políticas y las inversiones que apoyan una recuperación de base amplia y plenamente inclusiva. También hace un llamamiento a la acción urgente y coordinada en áreas relacionadas, incluyendo la cooperación y la solidaridad internacionales para garantizar un acceso global e igualitario a las vacunas, los tratamientos y las medidas preventivas.

El Director General de la OIT, Guy Ryder, acogió con satisfacción el acuerdo: «La creación de una recuperación que sea inclusiva, sostenible y resiliente debe convertirse en una de las principales prioridades de las políticas públicas. Esta resolución ofrece un camino claro y completo que permitirá a los países convertir en acciones concretas la aspiración moral y política de no dejar a nadie atrás».

Y añadió: «La eficacia y la resiliencia de la recuperación de la COVID-19  dependerán en gran medida de su amplitud y de su carácter socialmente inclusivo. A menos que abordemos específicamente las desigualdades que se han agudizado durante esta crisis, existe un riesgo muy real de que las consecuencias económicas y sociales causen cicatrices a largo plazo, en particular para los grupos desproporcionadamente afectados, como los jóvenes y las mujeres, y las pequeñas empresas y microempresas que proporcionan la mayor parte del empleo mundial.»

En una sesión especial de la CIT, antes de adoptar el Llamamiento a la Acción, los delegados participaron en la primera jornada de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, de dos días de duración: Acción global para una respuesta a la COVID-19 centrada en las personas. En la Cumbre se debatieron los efectos de la pandemia en los mercados laborales, y las estrategias de recuperación que promueven la justicia social y el trabajo decente.

En la Cumbre también se escucharon mensajes de vídeo de los principales líderes mundiales , como el Papa Francisco, el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el Primer Ministro de Portugal, António Costa, y el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

 

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Francia/FERC-CGT: CT-MESR de 16 de junio de 2021: declaraciones CR y FERC CGT – LPR: reclasificación de EC y Ch., CDI en cesión

CT-MESR de 16 de junio de 2021: informe y declaraciones FERC CGT – LPR: reclasificación de CE y Ch., Misión CDI

Informe sintético:

El Comité Técnico del Ministerio de Educación Superior e Investigaciones (CT-MESR) se reunió en video el 16 de junio de 2021. Tenía tres puntos en la agenda relacionados con la LPR:

  • dictamen sobre dos proyectos de decreto de reclasificación de personal investigador y docente:

    Voto (por los 2 textos): 8 a favor (SNPTES, CFDT, UNSA), 0 en contra, 7 abstenciones (CGT, FSU, FO, SUD).

  • un punto de información sin voto sobre “misión CDI”. La FERC CGT presentó un dictamen que concluyó con:
    »  El CT-MESR se opone al establecimiento de la» misión científica CDI «y pide a las instituciones y organizaciones que no la pongan en marcha.  «

    Voto de opinión: 15 a favor (SNPTES, CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, SUD): unanimidad .

A) Explicación de la votación de la FERC CGT sobre los proyectos de decretos de reclasificación de profesorado e investigadores

El propósito de estos proyectos de decreto es alinear y mejorar las condiciones de reclasificación de profesores-investigadores (CE) e investigadores (Ch). Estos organismos (MCF y CR) se beneficiarán de ahora en adelante:

  • un año de bonificación de antigüedad para la preparación de la tesis (nuevo para CE),
  • la consideración por 3 años de tesis CIFRE (nuevo para Chs),
  • la posibilidad de acumular reclasificaciones (nuevo para Ch)
  • y la reanudación total de posdoctorados después de la tesis (MCF: posdoctorados públicos y privados sin límite de tiempo; CR: posdoctorados públicos tomados al 100% – y posible extensión para posdoctorados privados si el ministerio así lo decide).

El biselado está previsto para MCF y CR recién contratados: teniendo en cuenta la nueva normativa con límite (los servicios realizados por el colega entre su contratación y la publicación del decreto cuentan por un máximo de 1 año).

La FERC CGT valora positivamente estos avances para los nuevos MCF y CR. Sin embargo, no olvida que se introducen en el marco de la LPR, que precaria la financiación de la investigación y ataca los estatutos del personal.

También señala que esta medida contribuye a aplastar la red de profesores-investigadores e investigadores (porque elimina efectivamente los primeros pasos, sin agregar pasos en la parte superior de las grillas): la carrera de EC y Ch comienza un poco menos bajo, pero se bloquea más rápidamente. Además, solo afecta al personal que está a punto de ingresar o que acaba de ingresar a una carrera, dejando fuera a la gran mayoría de los colegas en el cargo.

Finalmente, señala que esta medida acompaña a la eliminación de la contratación desde el inicio de la tesis (cada vez más postdoctorados antes de la esperanza de establecerse algún día).

Exigimos la contratación lo más cercana posible a la tesis por lo tanto la apertura masiva de puestos, la mejora de las escalas y por supuesto el aumento del punto índice para compensar la pérdida de poder adquisitivo (-18% desde el año 2000) . Estas medidas de reclasificación vinculadas a la LPR están muy alejadas de estas demandas.

Por todo ello, la FERC CGT se abstendrá de estos proyectos de decreto.

Voto (proyecto de decreto de reclasificación de personal investigador y docente): 8 a favor (SNPTES, CFDT, UNSA), 0 en contra, 7 abstenciones (CGT, FSU, FO, SUD).

B) Declaración de la FERC CGT sobre la «misión CDI»

El Decreto relativo al “contrato indefinido previsto en el artículo L. 431-6 del código de investigación”, denominado “contrato indefinido de cesión”, se nos presenta hoy a título informativo.

Esta nueva “oportunidad” de contratación en un establecimiento público de investigación y educación superior cuestiona profundamente las contrataciones permanentes tanto en el sector público (condición de funcionario) como en el sector privado (CDI). De hecho, la ausencia de un plazo para el contrato de trabajo indefinido cuestiona por completo la noción misma de empleo indefinido.

El “contrato indefinido de cesión” en el sector privado se basa en la limitación del contrato de duración determinada a 18 meses. La duración real de las asignaciones por contrato indefinido debe ser ciertamente inferior a 6 años en los sectores que las utilizan habitualmente, como la construcción. Los elementos estadísticos habrían sido útiles para el debate: en realidad no existe una situación similar de contratación en «contrato indefinido de misión» comparable entre el público y el privado.

En el servicio público, el contrato de duración determinada ya es muy largo con un máximo de 6 años, y además, el «contrato de duración determinada por proyecto» fue introducido por la ley de transformación del servicio público. Esto ya está ampliamente abierto a contrataciones con contratos de duración determinada vinculados al cumplimiento de una misión.

Añadiendo un «CDI de misión científica», que de hecho se confunde por su duración con un trabajo fijo, se cuestiona directamente la noción de CDI en el sector privado y la condición de funcionario en el público. Se trata, por tanto, de un cuestionamiento del CDI como apoyo al empleo fijo en el Código de Trabajo (para todos los empleados del sector privado).

Esta misión CDI también tiene como objetivo establecer la contratación a largo plazo con recursos propios a través de convocatorias de proyectos. Esta medida confirma la transición de la contratación a la condición de funcionario público a la contratación precaria de por vida en la investigación. El personal de educación superior e investigación podrá pasar de «misión científica CDI» a «misión científica CDI» siempre que las instituciones consideren que necesitan sus servicios.

La «misión CDI» finaliza cuando finaliza la misión. El motivo del final de la misión puede ser «tema de investigación abandonado». Además, la salida (fallecimiento, traslado, jubilación, etc.) del líder del proyecto o la finalización de la financiación del proyecto se convierten en motivos de rescisión del contrato … Por tales condiciones de rescisión del contrato (vagas y cuestionables) , este contrato no puede ser considerado como un CDI, es un contrato a término determinado por la duración de la cesión.

Finalmente, cuando el contrato finaliza debido a un proyecto terminado, la persona no recibe ninguna compensación relacionada con la terminación de un CDI, como se hace en derecho privado al final de un CDI de cesión realizado. Esto es incluso lo que hace posible llamar a este tipo de contrato CDI y no CDD en derecho privado. En el «CDI de misión científica», esta medida de compensación está excluida: el artículo 1 dice «el interesado se beneficia de las asignaciones diarias previstas en el código de seguridad social que son pagadas por la caja primaria de seguridad social. ¡Es por tanto un régimen general de rescisión de contrato del tipo DDC!

¡Esta falta de consideración de la indemnización por rescisión demuestra hasta qué punto se usurpa particularmente el «yo» de «indeterminado» en CDI! Una vez más, los desarmadores del derecho en el Servicio Público se distinguen por su declive decreciente en comparación con el derecho privado. El Estado, brazo armado del gobierno en el lugar, es un pésimo empleador, que no sabe qué inventar para torcer la ley a tonterías. Y la dirección del ministerio, aquí presente, realiza su trabajo con la mayor celeridad, pero también con un ferviente apoyo a la ideología política de estos textos.

La ausencia de votación sobre este decreto que aquí se presenta al CT-MESR no reduce en modo alguno nuestro enfado ante la ignominia legislativa que está implementando a través de la LPR, de la cual este decreto es un mal ejemplo.

Opinión de la FERC CGT sobre la «misión CDI» presentada al CT-MESR el 16 de junio de 2021:

“La Ley de Programación de la Investigación (LPR) ha creado la“ misión científica CDI ”. Estos «CDI de misión científica» se supone que están dedicados a misiones de más de 6 años, terminan con la «realización de las misiones» y pueden «romperse cuando el proyecto o la operación […] no se puede llevar a cabo». La salida (fallecimiento, traslado, jubilación, etc.) del líder del proyecto o la finalización de la financiación del proyecto se convierten en motivos de rescisión del contrato, entre otros. Esta nueva herramienta permite instalar la precariedad en un contrato vinculado a la duración previsible de un proyecto. También es un ataque sin precedentes a la obligación legítima de desempeñar funciones permanentes de los funcionarios públicos (cf. art. 3 de la ley Le Pors 83-634). Finalmente, tal «misión científica CDI», que de hecho reemplaza, por su duración de más de 6 años, un trabajo fijo, cuestiona la noción de CDI. Se trata, por tanto, de un cuestionamiento del CDI como apoyo al empleo permanente en el Código de Trabajo para todos los empleados del sector privado.

El CT-MESR se pronuncia en contra del establecimiento de «CDI de misión científica» y pide a los establecimientos y organizaciones que no los creen.  «

Voto de opinión: 15 a favor (SNPTES, CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, SUD): unanimidad .

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Argentina: COAD se pronuncia sobre los 103 años de la Reforma Universitaria

En un contexto de crisis, pensar y luchar por una nueva Reforma Universitaria es la tarea

Conmemorar la Reforma Universitaria del 18 es reivindicar un universo de transformaciones, resistencias y luchas que protagonizó el pueblo argentino y latinoamericano en los últimos 103 años.
 
La disputa por una Universidad al servicio de un cambio social profundo e igualitario son las claves de una tradición rebelde que en las universidades tiene su impulso inicial en la segunda década del siglo XX. Un legado que se actualizó en clave obrera y popular durante el primer peronismo, del que son parte las juventudes revolucionarias de los 60 y 70, que continúa con la recuperación de la democracia y con la resistencia a la política neoliberal en los noventa y su Ley de Educación Superior (LES).
 
En este contexto de crisis social y sanitaria, la pregunta por las reivindicaciones y las características de una nueva Reforma adquiere una renovada relevancia y una mayor urgencia. Necesitamos ampliar el debate y fortalecer la lucha por una Universidad pública popular, critica, feminista y tranformadora.
 
Una tarea de primer orden es la elaboración de una nueva ley de educación superior que barra con la LES sancionada durante el gobierno de Menem y restituya a la educación superior como un derecho y que oriente a la Universidad pública como un espacio y una herramienta de transformación al servicio de las necesidades del pueblo argentino.
 
Necesitamos democratizar la universidad. Para ello es preciso establecer formas de elección más democráticas de las autoridades, restituir la igualdad docente-estudiantil en los órganos de cogobierno, avanzar en el ejercicio concreto de la ciudadanía universitaria de las Escuelas Medias y pelear por un mayor protagonismo de las mujeres y disidencias en los espacios y órganos de decisión política y de gobierno. A su vez, impulsar el fortalecimiento y la implementación de nuevas políticas de inclusión que permitan el acceso, la permanencia y el egreso de la universidad a todos los sectores sociales, especialmente a los más vulnerados en sus derechos.
 
La Reforma Universitaria de nuestro tiempo debe abonar la construcción de un país soberano, con independencia económica y democracia participativa. La universidad pública tiene que desarrollar conocimiento y planes de estudio con un sentido crítico y liberador y direccionar la investigación hacia problemáticas científicas, sociales, políticas y económicas que resultan claves para atender las necesidades populares. La extensión  debe ser reformulada para que exista un ida y vuelta entre la universidad y la comunidad de forma tal que la generación de conocimiento sea parte de la resolución de los problemas de la vida cotidiana. Precisamos tejer un vínculo universidad-comunidad que no puede ser una acción lineal “desde la Universidad hacia el medio” ni tampoco la puerta abierta para el lobby de los poderes concentrados.
 
Para esta tarea no partimos de cero. Contamos no solo con décadas de historia de la que aprender y en la que inspirarnos. La consecución de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, el avance de las políticas y los contenidos feministas hacia adentro de las universidades, el triunfo de la ciudadanía para las escuelas medias y las masivas resistencias contra el ataque a la educación pública llevado adelante por el Gobierno de Cambiemos son algunos hitos de los últimos años que marcan un rumbo. 
 
Tampoco estamos solxs. Por convicción y experiencia histórica, sabemos que la reforma popular, feminista, crítica y latinoamericanista que necesita nuestro tiempo solo puede hacerse a partir de la lucha y la construcción conjunta del pueblo argentino.
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