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Brasil: PEC 32/20 e o aumento da desigualdade

América do Sul/Brasil/04-09-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br

50 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para atendimento de saúde e 80% dos estudantes do ensino fundamental e médio estudam na rede pública. Infelizmente, a Reforma Administrativa abre as portas para a privatização e terceirização na saúde e na educação para que os empresários desses setores possam lucrar mais. Diga não à Reforma Administrativa!

 

(Dados: IBGE/PNS 2020 e IBGE/PNAD 2019)

 

*Material divulgado originalmente pelo Fonasefe, integrando a campanha contra a Reforma Administrativa.

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Fonte e Imagem: https://sinasefe.org.br/site/pec-32-20-e-o-aumento-da-desigualdade/

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España: «Los niños salen del colegio con hambre», critican familias usuarias del comedor escolar

Europa/España/09-04-2021/Autora: Laura Mayordomo/Fuente: www.elcomercio.es

Protestan por la calidad de los menús y el tamaño de las raciones, mientras la adjudicataria dice ceñirse a las indicaciones nutricionales del contrato.

Los niños salen del colegio con hambre». Es una afirmación que reiteran varias asociaciones de padres y madres de centros públicos de GijónAMPAS como las de los colegios Atalía, Antonio Machado, Xove, Honesto Batalón o García Lorca a las que, a lo largo del curso, las familias han ido trasladando sus preocupaciones por el contenido y la cantidad de los menús que se sirve a sus hijos en los comedores escolares. Consideraciones como que «las raciones son escasas», «en muchos casos no tienen opción de repetir», «la comida es poco atractiva visualmente» o que «es comida de hospital, sosa y que no sabe a nada».

Podemos-Equo Xixón planteó recientemente esta cuestión al equipo de gobierno tras mantener una reunión con once AMPAS de centros públicos. «Las problemáticas que nos han trasladado necesitan de soluciones que no se dilaten en el tiempo, pero evidencian algo más importante: la necesidad de recuperar modelos de comedores con cocina propia para garantizar la calidad de un servicio tan básico como la alimentación de la infancia», defendió la portavoz del grupo municipal, Laura Tuero. Solo cuatro colegios gijoneses -el Alfonso Camín, el Cabueñes, el Tremañes y el Jacinto Benavente- cuentan con cocina propia para dar de comer a sus alumnos.

En el resto, el servicio corre desde enero de 2020 a cuenta de Serunion. En las últimas semanas, las quejas han arreciado. En parte ha tenido que ver el hecho de que algunas familias han tenido que acudir a los centros a recoger los menús por estar alguna clase confinada. «Los táper son ridículos. Yo pesé uno con una ración de pescado: 70 gramos», cuenta una madre del colegio de Xove.

Serunion asegura que ésta es la única queja que ha recibido por el tamaño de las raciones que sirve y que, en ese caso, se debió a «un error»: poner en el táper solo un trozo de pescado cuando debería haber llevado dos. Niega la empresa concesionaria que la cantidad de comida que se sirve sea escasa y subraya que, tal y como se acordó en una de las reuniones mensuales de la comisión de comedores, las raciones para los alumnos de Primaria se preparan teniendo en cuenta cuál sería el consumo «de un niño de diez años».

«Salen pidiendo la merienda»

La cuestión es que madres como Olga González, miembro de la AMPA del García Lorca, asegura que su hija, que con diez años mide casi metro setenta «y además es de buen comer, sale a las cuatro pidiendo la merienda porque dice que en el colegio pasa hambre». Eva García, del Antonio Machado, apunta que «hasta de los que comen bien los padres nos preguntan qué pasa con el comedor porque los hay que van a buscar a los hijos a las tres y media y a esa hora les están pidiendo un plato de comida, no un bocadillo».

Al AMPA del Honesto Batalón han llegado comentarios en la misma línea: «Nos dicen que los platos son pequeños, que solo pueden repetir si sobra comida y que muchos, sobre todo los de sexto, quedan con hambre», cuenta su presidenta. «Es que la comida es muy poco apetecible», apunta Ana Méndez, del Atalía,

Como en todo, hay disparidad de opiniones. María González Feito, del Príncipe de Asturias, asegura haber probado el menú escolar. Lo encontró «soso», pero considera que «para ser línea fría, el sabor era bastante bueno». «Es comida sana, con todo lo que eso conlleva, lo que puede dificultar que a algunos críos les guste», anota Brezo del Riego, del AMPA de los Pericones.

El director regional de Serunion, Luis Gómez, reconoce que los platos que se sirven en los colegios públicos de Gijón son «difíciles» y «exigentes» para los niños. Son los términos que emplea para referirse a la dieta «nutricionalmente equilibrada» que el Ayuntamiento detalló en el pliego de condiciones del contrato y al que se atienen para elaborar los menús semanales. Unos menús que «han cambiado mucho» y en los que no hay lugar para los fritos ni las grasas animales (salvo el compango que acompaña a la fabada), las legumbres se sirven estofadas y la comida, en general, «está sosa» porque se cocina con el 50% de la sal que se utilizaría para el consumo de un adulto.

«¿Los niños están entusiasmados con el comedor? No. La comida que les gusta no la van a encontrar todos los días. Pero es que lo que les gusta ya lo comen los fines de semana en casa. El objetivo en el comedor es enseñarles a comer de todo. Y se consigue. Se ve sobre todo cuando empiezas a trabajar con los más pequeños, ofreciéndoles variedad de menús y texturas», asegura Luis Gómez.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/gijon/ninos-salen-colegio-hambre-familias-comedor-escolar-20210405000558-ntvo.html

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Colombia: Niegan tutela que buscaba regreso inmediato a clases presenciales

América del Sur/Colombia/09-04-2021/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com

Un juez negó a Red Papaz la tutela con la que buscaba proteger los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, vulnerados con el cierre de colegios y hogares de atención a primera infancia del ICBF.

Hace un par de semanas, la Red de Padres y Madres, Red Papaz, había presentado una tutela en contra del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Educación de Cundinamarca. La idea era que ordenaran el retorno inmediato a las clases presenciales de niños, niñas y adolescentes de colegios públicos.

Sin embargo, hoy se supo que la tutela fue negada por la juez Stella María Osorno Bautista, del Juzgado sexto laboral del circuito en Bogotá. ¿La razón? A sus ojos, la acción presentada por Red PaPaz es improcedente.

Con esta acción Red PaPaz buscaba, entre otras cosas, ordenar a la Nación, en cabeza del Mineducación, y a las secretarías, “adelantar todas las acciones necesarias para iniciar dentro del menor término posible, y en ningún caso superior a treinta (30) días la prestación del servicio público educativo presencial en la modalidad de alternancia de forma universal y simultánea en todas las instituciones educativas”.

Así mismo, pretendían que ordenaran al “Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “adelantar todas las acciones necesarias para iniciar la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia de forma presencial, universal y simultánea”.

“La prestación remota de estos servicios ha sido completamente deficiente. Se ha perdido el registro de peso y talla, los registros sobre situación nutricional y el seguimiento a la vacunación”, aseguraban en el documento. Además, insisten en que la prestación remota de estos servicios no se adapta a la realidad de las familias.

En la otra cara de la moneda, hoy el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pidieron, a través de una circular (la 026 del 31 de marzo de 2021), mantener la apertura de Instituciones educativas y de las clases presenciales, de acuerdo a los lineamientos que ha establecido el Gobierno.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/niegan-tutela-que-buscaba-regreso-inmediato-a-clases-presenciales/

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Argentina: Justicia para Manuela, la salvadoreña muerta en prisión por un aborto espontáneo

Por: Andrea A. Gálvez 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones en sus embarazos. Desde 1998, más de 180 han sido condenadas por pérdidas naturales y abortos

“Manuela, justicia y esperanza”, clamaba una de las pancartas en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en el centro de San Salvador.

Hace 13 años, Manuela, una mujer de pocos recursos, bajo nivel educativo, dos hijos y un embarazo avanzado, empezó a sentir fuertes dolores abdominales que terminaron en un aborto espontáneo. Así comenzó su pesadilla. En el hospital, el personal médico que la atendió la denunció, el primer paso de una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado. Dos años después murió, presa, por un cáncer linfático. Una enfermedad que, según la familia, ya daba señales años antes y para la que no tuvo atención médica adecuada durante su encarcelamiento.

Acompañada por organizaciones feministas y movimientos de derechos humanos, la familia de Manuela inició una larga batalla legal para que se reconociera que fue condenada injustamente y que sufrió vulneración de sus derechos. “Tuvo un trato completamente inhumano y denigrante”, afirma Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que siguió el caso desde el principio y estuvo involucrada en el proceso de demanda contra el Estado salvadoreño.

En los últimos 20 años, 180 mujeres salvadoreñas han sido condenadas por aborto o por homicidio agravado, incluso en casos en que se produjo la muerte del feto debido a complicaciones durante el embarazo. “La criminalización que se da en El Salvador hacia las mujeres no la hemos visto en ningún lugar de América Latina con la misma contundencia y sistematicidad”, explica Paula Ávila Guillén, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, una ONG feminista que apoya a personas y organizaciones que lideran la lucha por la libertad reproductiva en América Latina.

En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación por el caso de Manuela. Siete años más tarde, en 2019, la Comisión presentó el caso a la Corte, al considerar que el Estado había vulnerado el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud.

Para los grupos feministas y de derechos humanos la noticia es muy importante. “Es el primer caso relacionado con un aborto y una emergencia obstétrica que llega a la CIDH y nos renueva la esperanza para detener la criminalización en el país y en la región”, aseguran en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

El Salvador que castiga a las mujeres

El Salvador contaba con un sistema que impedía el aborto, aunque con algunas excepciones. Pero, en 1998 entró en vigor una reforma del Código Penal que lo prohibió por completo. Un año más tarde, además se modificó la Constitución con objeto de reconocer como persona “a todo ser humano desde el momento de la concepción”. Estos cambios han provocado una fuerte criminalización.

“Cualquier mujer que acceda a un aborto o que simplemente tenga una pérdida natural de un embarazo se convierte en una posible criminal”, denuncia Ávila. El aborto inducido está  penado entre dos y ocho años –las condenas para los profesionales de salud varían entre los seis y ocho años–, pero en muchos casos las sentencias judiciales lo consideran como “homicidio agravado” –hasta 50 años de prisión– en abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo.

“Incluso existen casos en los que las mujeres tienen complicaciones obstétricas en etapas avanzadas, pero al acudir al hospital el bebé nace vivo, y aun así se las condena con hasta 15 años de prisión por tentativa de homicidio”, explica Morena Herrera, una de las principales referentes del movimiento por la despenalización del aborto en El Salvador.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Herrera cuenta que lo que ocurre es que los médicos, el personal sanitario y los trabajadores sociales son los que denuncian a las mujeres que llegan al hospital con emergencias obstétricas. “Existe mucha presión hacia el personal sanitario para que denuncien, si no lo hacen les pueden acusar por complicidad”.

“Muchas veces, los doctores, en vez de brindar la atención que necesitan, interponen una denuncia como primera reacción. Algunas por el temor de ser demandadas no acuden al centro sanitario, lo que conlleva un mayor riesgo de muerte materna por hemorragias e infecciones”, suma Ávila.

El suicidio de mujeres jóvenes embarazadas es una de las peores consecuencias que tiene la penalización del embarazo en El Salvador. En el año 2009, el suicidio era la segunda causa de muerte en chicas adolescentes, tasa que se fue reduciendo a lo largo de los años. El resultado de la violencia y la criminalización es un elevado número de adolescentes, que cursando embarazos, muchas veces forzados, terminan quitándose la vida por el miedo de ir a prisión.

El Salvador es también uno de los países con más violencia sexual de América Latina y del mundo: se estima que cada 4 horas se produce una violación. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) calculó que en 2017 se registraron 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día.

Conquistas del movimiento feminista

Primero se conoció el caso de “Las 17”  –17 mujeres encarceladas con penas de hasta 40 –. Las organizaciones feministas del país iniciaron una gran campaña para pedir su liberación y se encontraron que la prisión de mujeres por motivos relacionados con abortos era más habitual de lo que creían. Según cuenta Ávila, que participó en este proceso, muchas presas mantenían en secreto su historia por el estigma que supone, pero a medida que los colectivos feministas estaban más presentes, se animaron a compartir lo que les ocurrió. Gracias a esto, se llegó a documentar más de 180 casos, la mayoría con penas de entre 15 y 30 años de prisión por pérdidas espontáneas del embarazo y por aborto.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Con el paso de los años, y gracias a la labor de algunas organizaciones, muchas de ellas fueron indultadas o se redujo su condena. “La liberación y la reducción de condenas ha sido uno de los grandes logros, que se ha conseguido encarando un sistema opresor donde la Fiscalía, la policía, el hospital están en contra de las mujeres”, afirma Ávila.

Pero aún quedan 18 mujeres que siguen en prisión con penas de entre 30 y 35 años y la criminalización continúa, según la activista: “Sólo el año pasado nuestra organización acompañó el caso de 10 mujeres condenadas a cárcel por sucesos relacionados con aborto y que enfrentaron procesos judiciales injustos”, comenta Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del país.

La promesa

En la cárcel cualquier ocasión era buena para reunirse y soñar con la libertad detrás de los barrotes. Teodora Vásquez, que tuvo que dejar a un niño de 3 años y asumir la pérdida de su bebé por un aborto espontáneo y entrar presa por este suceso, conoció en prisión a varias mujeres con realidades parecidas a la suya. Con decenas de años por delante, la promesa para el día de después de quedar libre era la misma: liberar a las demás compañeras. “Entablamos una relación bien fuerte con otras presas e hicimos un pacto que consistía en excarcelar a todas las mujeres”, cuenta Vásquez.

En el 2015, cuando fue indultada, empezó a participar en los movimientos feministas y en las campañas de liberación de otras presas. Según cuenta Teodora, en el Salvador se castiga la pobreza y la falta de educación. “La justicia sólo castiga a las que no tenemos recursos. Hay un estigma muy fuerte de las mujeres pobres, quebrantan con facilidad nuestros derechos”, comenta.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Morena Herrera afirma que no ha habido ningún caso de mujeres de clase media y alta que hayan sido acusadas o condenadas por una emergencia obstétrica. “El perfil que hemos encontrado es muy específico, las mujeres que están en prisión son jóvenes, con bajo nivel educativo, pobres y con abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo”, explica Herrera.

De la cárcel, las mujeres pobres salen con peores expectativas económicas, recrudeciéndose el ciclo de la violencia y discriminación. En palabras de Vásquez: “Una entra pobre a la cárcel porque no tiene recursos para defenderse y sale sin nada, con los lazos familiares truncados, con muchas incertidumbres, no se sabe cómo le va a ir a una”. Aún así, ella encontró abrigo en otras compañeras, buscó la forma de salir adelante y encontrar fuerzas en conquistas como la demanda contra el estado salvadoreño por el caso de Manuela.

“Estamos en un momento emblemático porque El Salvador tendrá que responder por todos los daños ocasionados en el caso de Manuela y brindar justicia a todas las mujeres que hemos sufrido situaciones similares”, concluye Teodora Vásquez, que pasó 10 años en la cárcel injustamente.

Esta también es la expectativa de las agrupaciones feministas: “Nosotras esperamos que la sentencia del CIDH genere medidas de reparación integral para su familia, que se impulsen medidas de no repetición como la transformación de las leyes que actualmente están generando discriminación, además de garantizar el secreto profesional, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que casos como el de Manuela y otras mujeres no vuelvan a suceder”.

La última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se espera que en el segundo trimestre dicte el fallo, después de las audiencias públicas del pasado 10 y 11 de marzo. Una esperanza de justicia que sobrepasa el caso de Manuela y que sirve de aliento para las mujeres que aún continúan presas y para otras que aún sufren criminalización en El Salvador y en la región.

Fuente e imagen: https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35598/aborto-El-Salvador-carcel-Manuela-despenalizacion-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos–Andrea-A-Galvez.htm

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México: Fin del outsourcing, un tipo de explotación laboral


Por: Gerardo Villagrán del Corral 


El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la consecución de un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y su gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades, y en beneficio de miles de trabajadores del “outsourcing”.

Desde noviembre del año pasado, AMLO presentó una iniciativa de reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo, con el propósito de poner fin a esa práctica, conocida como outsourcing, que por décadas permitió a los patrones eludir obligaciones legales con sus trabajadores.

La iniciativa generó de inmediato expresiones de rechazo por parte de los organismos cúpula empresariales, pero luego se sentaron en las negociaciones con el gobierno y los sindicatos.

Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal mexicano, señaló que de cuatro mil empresas dedicadas a este negocio, sólo 40 cumplen con sus impuestos. Las irregularidades en el pago de obligaciones vinculadas al trabajo alcanzan varios esquemas.

Asimismo advirtió que la subcontratación no se limitó a ser un mecanismo para que las empresas redujeran costos: el abuso llegó al grado de que además de subregistrar a los trabajadores con salario mínimo, se les daba de alta frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo un día del mes.

Muchas de las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios son de papel; cuando se inician acciones de fiscalización desaparecen y luego abren otra razón social, con lo que dejan una estela de adeudos incobrables.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que en un caso reciente se encontró que los trabajadores estaban registrados con un sueldo base de 166 pesos. Iniciadas las auditorías se encontró que éste debía ser de 865, 421 por ciento más. “De ese tamaño se ha abusado de estos modelos”, añadió.

Destacó que tres empresas concentran 242 mil puestos de trabajo en tercerización, con un salario promedio de cotización de 243 pesos, cuando el promedio en el sector ronda 386. Esto representa una evasión en cuotas obrero-patronales de 773 millones de pesos anuales, además de todos los derechos laborales que se vulneran a los empleados. Indicó que, además de dar seguimiento a las factureras y a las empresas que omiten el pago de contribuciones laborales, también se sigue los actos de corrupción de políticos.

En el curso de las conversaciones tripartitas de esta semana se agregó el asunto del reparto de utilidades, una obligación que en el marco legal actual puede ser minimizada o eludida por los empleadores mediante triquiñuelas legales y también, desde luego, por medio de la subcontratación, lo que en los hechos resulta nugatorio de ese derecho laboral.

En la reunión con el mandatario hubo acuerdo para prohibir la subcontratación de personal, la regulación para subcontratar servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como la creación de un registro en la Secretaría del Trabajo de un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que propuso la creación de dos modalidades para que los propios trabajadores definan su reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario o con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

La Fiscalía, mientras tanto, explicó que se investiga por defraudación fiscal a cualquier funcionario o ex funcionario público que recibió ingresos no reportados o que no van con su declaración patrimonial. Busca investigar por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente e imagen: https://rebelion.org/fin-del-outsourcingun-tipo-de-explotacion-laboral/

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El punk mexicano de finales del siglo XX


Por: Ricardo Hernández

Con una charla virtual, un ciclo de videos, un libro artesanal y una exposición próxima a inaugurarse, el polifacético artista Rubén Ortiz Torres conmemora al punk de Ciudad de México de finales del siglo XX.

El Museo Universitario del Chopo auspició la conversación virtual El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes, en la cual el director del recinto, José Luis Paredes Pacho, y la fotógrafa Laureana Toledo, curadora de la muestra, platicaron con Ortiz Torres, privilegiado testigo de la época, sobre su obra fotográfica en torno al punk.

Durante la charla fueron presentadas imágenes que formarán parte de la exhibición, la cual será inaugurada cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, aclaró Paredes Pacho. Son retratos íntimos y llamativos que muestran cómo un grupo de jóvenes mexicanos interpretaba lo que para ellos significaba ser punk, gay, queer y underground.

Toledo, egresada del International Center of Photography de Nueva York, contó que la exposición surgió a raíz del documental que actualmente prepara sobre el punk mexicano de los últimos 20 años del siglo pasado. Su idea, prosiguió, fue acudir a Ortiz Torres para revisar sus archivos fotográficos sobre la época y solicitarle en calidad de préstamo algunas piezas para integrarlas a la obra fílmica, sin embargo, al ver la cantidad, calidad y contenido de su acervo, le propuso exhibirlas.

Algunas fotos tienen como escenario los legendarios bares El Nueve y Tutti Frutti, epicentros de la escena gay y rockera, respectivamente; como protagonistas figuran artistas en ciernes, luego holgadamente reconocidos; y como contexto, un país marcado por una crisis económica y la pandemia del sida.

Censura

Como ejemplo, Rubén Ortiz, actualmente radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, mostró una fotografía de María Bonita, una banda “legendaria y súper underground”, conformada por Mario Lafontaine y Guillermo Santamarina.

En aquella época, recordó, estos grupos no tenían acceso a la televisión, la radio u otro medio de transmisión, y fue precisamente por ello que quedaban exentos de las políticas institucionales de censura, por lo que hacían “casi cualquier cosa”, como interpretar La muñeca fea, de Cri-Cri, uno vestido de mujer y encadenado, y el otro cantando y subyugándolo.

Y fue él quien retrató esas y muchas otras presentaciones de lo que, a la postre, serían grupos que marcaron el devenir artístico de Ciudad de México.

El creador precisó que el registro de aquellos momentos lo hizo de muy joven y cuando el punk era algo marginal, sin buena publicidad y mayormente estigmatizado, y que lo hizo por tener la convicción de estar viviendo momentos históricos, algo que luego se confirmó.

Al respecto, también promocionó Mexipunx, un libro al cuidado de la editorial Taller California, el cual contiene fotografías de la época. “Animada por la estética de los fanzines mexicanos de los años 80, ruidosos, atrevidos y efímeros, esta edición da vida a un proyecto de juventud”, se lee en el anuncio de la obra.

Rubén Ortiz Torres estudió en la Harvard Graduate School of Design, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en el California Institute for the Arts. Trabaja distintos medios como video, escultura, pintura y fotografía. Los temas que aborda son la transculturación, la identidad y los estereotipos de lo mexicano creados por los medios masivos.

Fuente e imágenes: Gaceta UNAM.

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Jordania: reformas incumplidas, crisis social y creciente represión


Por: Victoria Silva Sánchez 


En marzo de 2011 los jordanos salieron a la calle para pedir reformas políticas y económicas. Diez años después de las Primaveras Árabes, las promesas reformistas no se han cumplido, el país se halla en una crisis económica y social y la solución parece consistir en más represión.

El arresto el pasado 3 de abril del hermano del rey Abdalá II, el príncipe Hamza, acusado de conspirar para derrocar a su hermano, ha sido el último episodio de la creciente ola represiva que surca el reino hachemita, tanto que los jordanos han tenido que informarse en la prensa internacional para conocer lo que estaba sucediendo en su país.

El llamativo suceso ha hecho olvidar que el pasado 24 de marzo se cumplieron diez años de las protestas de la Primavera Árabe en Jordania. La celebración del aniversario fue abortada por las autoridades, que durante todo el día desplegaron numerosos efectivos en distintas partes de Ammán, impidiendo la concentración de ciudadanos y deteniendo a más de cien personas, que fueron liberadas en los días posteriores.

En 2011 los movimientos ciudadanos pedían reformas que incluían un Parlamento representativo, un gobierno elegido en las urnas, reformas constitucionales, persecución de la corrupción, la reforma del sistema impositivo, rebajar la presión del aparato de seguridad y trabajar por la unidad nacional. El rey Abdulá II prometió trabajar por la implementación de estas reformas, pero cayeron en saco roto, como viene siendo habitual. Diez años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido: no hay reforma de las instituciones políticas, la corrupción continúa rampante, el aparato de seguridad ha incrementado su poder y el espacio cívico está totalmente limitado.

Foto: Mercado en la ciudad antigua de Ammán. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Más allá del coronavirus

La pandemia de coronavirus ha afectado gravemente a Jordania, que registra más de 627.000 casos confirmados y más de 7.100 fallecimientos desde marzo de 2020, mientras que apenas el 2,9% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Según el FMI, la economía jordana se contrajo un 3% durante 2020, el déficit presupuestario creció un 106% y los ingresos descendieron un 9,3%. Mientras, el desempleo ha alcanzado el 24,7% de la población activa a finales de 2020 y el Banco Mundial estima en un 27% más el número de jordanos que viven bajo el umbral de la pobreza.

Sin embargo, estos indicadores económicos negativos no tienen su origen en la pandemia, sino que son parte estructural de la economía jordana, principalmente importadora, basada en el sector servicios y el turismo, una débil industria centrada en la exportación, con bajo rendimiento del sector agrícola y dependiente de las rentas procedentes de la ayuda internacional y las remesas.

Un claro ejemplo son los presupuestos anuales de 2021, que permiten vislumbrar las carencias sistémicas, como un anticipo del déficit presupuestario en 2.600 millones de dinares jordanos (3.118,5 millones de euros). El Gobierno prevé recolectar el 76% de los ingresos a través del sistema impositivo (principalmente del sector privado) y estima destinar la mayor parte del gasto público al aparato civil (24,5%), Ejército y seguridad (27,5%), deuda pública (15%), prestaciones por jubilación y compensaciones (16%) y apenas un 5% en asistencia a los más vulnerables, salud, educación o subsidios. Dada la precaria situación que gran parte del comercio minorista y de sectores como la restauración atraviesa, las previsiones de ingresos pueden cambiar a la baja. Las reformas del sector impositivo no han surtido el efecto deseado y medidas como el recorte del sector público, necesario ante la imposibilidad de hallar nuevas fuentes de ingresos, se ven impedidas por el uso del sector público como moneda de cambio para comprar lealtades y favores, particularmente en la relación con los principales grupos tribales. Asimismo, en los últimos años la inversión directa extranjera también ha descendido en más de un 50%, debido al deterioro de la seguridad nacional y regional y la dificultad de hacer negocios debido a las trabas burocráticas, imposibilitando el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. Finalmente, la baja inflación demuestra el escaso poder de compra de los ciudadanos e impacta negativamente sobre la recuperación económica.

El alto nivel de desempleo está directamente relacionado con los sectores productivos de la economía, aunque no refleja el desempleo real. La mitad de la población jordana trabaja en el sector informal, por lo que es muy vulnerable a la pérdida de trabajo, y a la ausencia de un sistema de seguridad social efectivo que proteja a los desempleados e incentive el alta en el mismo, pero se resiste a ser regulado. Por otra parte, la dependencia externa lastra a la economía jordana de forma catastrófica, pues tanto su energía como su seguridad alimentaria están sujetas a la importación de productos como hidrocarburos, cereales, azúcar o carnes, muchos de ellos subsidiados hasta hace poco, suponiendo un gasto desorbitado par las arcas públicas.

Foto: Un grupo de personas en Ammán reciben la vacuna de covid19. (Jordan Pix/Getty Images)

Finalmente, los jordanos son cada vez más conscientes de la corrupción generalizada en el país. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Jordania figura como el 60 país menos corrupto a nivel global, pero el 55% de los jordanos consideraba en 2019 que la corrupción había aumentado durante el último año. La pandemia no ha hecho sino empeorar esta percepción, tal y como atestigua el enfado generado por la negligencia que causó la muerte de nueve pacientes en un hospital público por falta de oxígeno.

Inmovilismo político y aumento de la represión

Pese a las promesas de reforma política y económica, lo cierto es que el espacio político jordano se ha reducido desde 2011. La vigilancia sobre la discusión pública ha aumentado y con ello las dificultades de discutir sobre reformas democráticas. Se da una cierta tendencia inmovilista. Un ejemplo de esta persecución es el caso de los Hermanos Musulmanes. Aprovechando divisiones internas, el Gobierno reconoció en 2015 a la nueva organización disidente Sociedad de los Hermanos Musulmanes, leal al régimen, como legítima, y ordenó la disolución de los Hermanos Musulmanes originales, alegando que esta última no cumplía con la ley de partidos políticos. Pese a que recurrieron dicha decisión judicialmente, el Tribunal de Casación sentenció en julio de 2020 que la organización era ilegal y debía ser disuelta, aunque se trata de una decisión política influenciada por las presiones de países como Emiratos Árabes Unidos y su cruzada regional contra la hermandad.

El aparato de seguridad ha acaparado cada vez más espacio de acción y decisión a todos los niveles. A través de instrumentos legales como la Ley de Prensa y Publicaciones, la Ley contra el Cibercrimen o la Ley antiterrorista se ha criminalizado a periodistas y autores por expresar sus opiniones o, simplemente, compartir información en redes sociales. “La libertad de prensa está en su punto más bajo en muchos años, tanto en términos de autocensura como de temas que la prensa local ya no cubre”, apunta Adam Coogle, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.

Durante los últimos años no solo ha habido un aumento notable de la represión y la censura contra periodistas, activistas, dibujantes e, incluso, diputados, sino también del ciberespacio a través de la disrupción de redes sociales y de la conectividad como herramienta de gestión de las movilizaciones sociales. “En los últimos siete u ocho años ha habido una creciente oposición desde el Gobierno a Internet y la creencia de que este medio tiene que ser limitado y regulado”, apunta Issa Mahasneh, director ejecutivo de la Asociación Jordana de Código Abierto (JOSA, por sus siglas en inglés). Esta tendencia, que comenzó durante las protestas contra la austeridad de 2018, se ha afianzado. “Desafortunadamente, esto es algo recurrente. La gente ya espera, cada vez que hay una gran manifestación, que Facebook Live se vuelva inaccesible para sus usuarios”, señala Mahasneh. Desde JOSA reclaman mayor transparencia por parte de las autoridades respecto a estas disrupciones, cuya causa se niegan a explicar. En la actualidad, no existe base legal que justifique a las autoridades jordanas bloquear el acceso a determinadas aplicaciones sociales, ya que la única institución capacitada para bloquear la Red es la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y para ello necesita una orden judicial amparada por la legislación vigente, tal y como sucede en el caso de los medios de comunicación online, cuyo bloqueo está respaldado por la ley de Prensa y Publicaciones. “El Gobierno insiste en que este es un país gobernado por el Estado de derecho. Este es el argumento que le lanzamos al gobierno: ‘De acuerdo. Si lo somos, muéstranos el respaldo legal detrás de este bloqueo’”, señala Raya Sharbain, gestora de programas de JOSA.

La pandemia ha retirado el velo sobre la creciente militarización de la vida pública que vive el país, que cada vez se asemeja más a algunos de sus vecinos. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó una Ley de Defensa como medida excepcional para hacer frente a la pandemia. Un año después, esta norma, que otorga amplios poderes al primer ministro para gobernar por decreto, sigue vigente. Hasta la fecha se han publicado 27 de estos decretos, que en muchos casos están redactados en términos muy ambiguos, lo que permite perseguir penalmente a aquellos ciudadanos que compartan determinadas informaciones que “extiendan el pánico”. Esta tendencia ha acrecentado la represión durante la pandemia, que ha ofrecido episodios como la prohibición del sindicato de profesores y la detención y sentencia de sus líderes bajo cargos fabricados. “No se trata de nada nuevo. Simplemente, han ido más lejos que antes. Esto no es un producto de la legislación de emergencia, todo se ha hecho utilizando la legislación existente fuera de la pandemia”, apunta Coogle.

“Golpe de Estado” y golpe de efecto antidemocrático

Pese a que las autoridades militares negaron públicamente el arresto de Hamza, el vídeo filtrado a la BBC por el propio príncipe reconociendo estar bajo arresto domiciliario e incomunicado y un audio que ha sido posteriormente filtrado en redes sociales donde se escucha al jefe de las fuerzas armadas advertirle sobre sus actividades y al príncipe expulsándole de su domicilio, contradicen la narrativa oficial. En el vídeo Hamza arremetió contra la incompetencia y corrupción de los gobernantes y la creciente represión en el país, recogiendo así las reclamaciones de las últimas protestas. Además de él, también fue arrestado Bassem Awadallah, antiguo asesor del rey Abdalá y cercano a Mohammad Bin Salman, lo que ha avivado los rumores de la implicación saudí en la supuesta desestabilización.

Las autoridades han buscado vincular Hamza a la figura de Awadallah con el objetivo de desacreditar al primero frente a la población, pero el resultado ha sido el opuesto. El Gobierno no se ha referido a los sucesos como “golpe de Estado” sino como “acciones desestabilizadoras”, con conexiones internacionales hasta ahora desconocidas. Pero son muchos los jordanos que cuestionan la veracidad de lo ocurrido o al menos creen que les están ocultando una parte de lo sucedido, hecho que queda demostrado por la prohibición impuesta a los medios de informar sobre esta cuestión. Lo que sí está confirmado es el triste precedente que este suceso ha sentado en el país, y aunque el propio Hamza ha movido ficha declarando públicamente su lealtad al rey, la cuestión está lejos de haberse resuelto. En cualquier caso, su consecuencia más palpable será el aumento, aún más si cabe, de la vigilancia y la represión.

A diez años de la Primavera Árabe, la esperanza reformista parece haber pasado de largo por Jordania. La falta de democracia y participación de la sociedad civil, la corrupción rampante, el creciente desempleo y escaso crecimiento económico, la creciente represión y militarización de la vida pública no hacen presagiar avances. Después de la pandemia, a las autoridades jordanas se les acaban los chivos expiatorios para continuar posponiendo unas reformas tan necesarias que, de no ser implementadas, acabarán fagocitando al propio sistema.

Fuente e imágenes: https://www.esglobal.org/jordania-reformas-incumplidas-crisis-social-y-creciente-represion/

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