América del Sur/Argentina/09-04-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
Ayer, más de 250 estudiantes de la escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la UNSJ, volvieron a las aulas. Se trata de estudiantes de primero, segundo y tercer año. También retornaron todas las especialidades pertenecientes al séptimo año.
América del Norte/México/09-04-2021/Autor(a) y Fuente: Spanish. xinhuanet. com
El trabajo, encabezado por el investigador Germán Buitrón Méndez, fue logrado en el Instituto de Ingeniería (II) en la Unidad Juriquilla, perteneciente a la máxima casa de estudios a fin de lograr biocombustibles gaseosos útiles para generar electricidad en un proceso limpio, precisó la instancia académica en un comunicado.
Los académicos utilizan el mosto o zumo de las uvas y su cáscara, además del suero de la leche resultante de la industrialización del queso, para darles valor agregado.
Buitrón explicó que el efluente vitivinícola es recolectado durante la vendimia de junio a noviembre en una zona de Querétaro, donde están concentradas las bodegas y viñedos, mientras que el resto del año logran obtener el suero de la leche para trabajar en el laboratorio y generar electricidad con el biogás.
Ya colectados, precisó, los residuos se llevan al laboratorio del Instituto donde se procesan con microorganismos (bacterias y arqueas) en varios reactores y una planta piloto en un proceso en serie.
De acuerdo con la UNAM, por ahora, la propuesta de sus académicos, es utilizar los biocombustibles gaseosos en las propias productoras de vino y queso para hacerlas autosuficientes sin transportar muy lejos el biogás.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/05/c_139859196.htm
América Central/EL Salvador/09-04-2021/Autora; Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com
A diferencia de otras instituciones que se reportan listas para el 6 de abril, otras no podrán retornar aún y lo harán en días posteriores. Entre ellas están el Centro Escolar República de Nicaragua, siempre de San Salvador; el Complejo Educativo Walter Soundy, de Santa Tecla, así como el Centro Escolar Profesor José Luis Ernesto Sánchez, de Lourdes, en La Libertad.
Francisco Zelada, director del C. E. República de Nicaragua, informó que este no reúne las condiciones para regresar a clases semipresenciales mañana, debido a que las instalaciones están en proceso de remodelación bajo un proyecto del MINED y FEPADE, no tienen servicio de internet, ni de agua potable.
Imagen de archivo en el Centro Educativo Walter Soundy. La institución no abrirá operaciones ni en semipresencial el 6 de abril. / Foto EDH Archivo
El Complejo Educativo Walter Soundy en este momento funciona como centro de acopio, desde donde el Gobierno está repartiendo insumos de bioseguridad a otros municipios, lo que les impide recibir estudiantes.
Paz Zetino Gutiérrez, subdirector de este centro, dijo que planean reabrir hasta el 12 de abril, cuando estiman que la escuela podría haber sido desalojada.
Mientras, en el Centro Escolar Profesor José Luis Ernesto Sánchez aún no pueden dar el paso porque, según explicó David Rodríguez, su director, no lograron finalizar el proceso de acreditación de su protocolo de bioseguridad antes de Semana Santa, porque les faltaba anexar horarios.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/educacion-centros-internet-agua-semipresencial/824123/2021/
América do Sul/Brasil/04-09-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br
50 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para atendimento de saúde e 80% dos estudantes do ensino fundamental e médio estudam na rede pública. Infelizmente, a Reforma Administrativa abre as portas para a privatização e terceirização na saúde e na educação para que os empresários desses setores possam lucrar mais. Diga não à Reforma Administrativa!
(Dados: IBGE/PNS 2020 e IBGE/PNAD 2019)
*Material divulgado originalmente pelo Fonasefe, integrando a campanha contra a Reforma Administrativa.
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Fonte e Imagem: https://sinasefe.org.br/site/pec-32-20-e-o-aumento-da-desigualdade/
Europa/España/09-04-2021/Autora: Laura Mayordomo/Fuente: www.elcomercio.es
Los niños salen del colegio con hambre». Es una afirmación que reiteran varias asociaciones de padres y madres de centros públicos de Gijón. AMPAS como las de los colegios Atalía, Antonio Machado, Xove, Honesto Batalón o García Lorca a las que, a lo largo del curso, las familias han ido trasladando sus preocupaciones por el contenido y la cantidad de los menús que se sirve a sus hijos en los comedores escolares. Consideraciones como que «las raciones son escasas», «en muchos casos no tienen opción de repetir», «la comida es poco atractiva visualmente» o que «es comida de hospital, sosa y que no sabe a nada».
Podemos-Equo Xixón planteó recientemente esta cuestión al equipo de gobierno tras mantener una reunión con once AMPAS de centros públicos. «Las problemáticas que nos han trasladado necesitan de soluciones que no se dilaten en el tiempo, pero evidencian algo más importante: la necesidad de recuperar modelos de comedores con cocina propia para garantizar la calidad de un servicio tan básico como la alimentación de la infancia», defendió la portavoz del grupo municipal, Laura Tuero. Solo cuatro colegios gijoneses -el Alfonso Camín, el Cabueñes, el Tremañes y el Jacinto Benavente- cuentan con cocina propia para dar de comer a sus alumnos.
Serunion asegura que ésta es la única queja que ha recibido por el tamaño de las raciones que sirve y que, en ese caso, se debió a «un error»: poner en el táper solo un trozo de pescado cuando debería haber llevado dos. Niega la empresa concesionaria que la cantidad de comida que se sirve sea escasa y subraya que, tal y como se acordó en una de las reuniones mensuales de la comisión de comedores, las raciones para los alumnos de Primaria se preparan teniendo en cuenta cuál sería el consumo «de un niño de diez años».
La cuestión es que madres como Olga González, miembro de la AMPA del García Lorca, asegura que su hija, que con diez años mide casi metro setenta «y además es de buen comer, sale a las cuatro pidiendo la merienda porque dice que en el colegio pasa hambre». Eva García, del Antonio Machado, apunta que «hasta de los que comen bien los padres nos preguntan qué pasa con el comedor porque los hay que van a buscar a los hijos a las tres y media y a esa hora les están pidiendo un plato de comida, no un bocadillo».
Al AMPA del Honesto Batalón han llegado comentarios en la misma línea: «Nos dicen que los platos son pequeños, que solo pueden repetir si sobra comida y que muchos, sobre todo los de sexto, quedan con hambre», cuenta su presidenta. «Es que la comida es muy poco apetecible», apunta Ana Méndez, del Atalía,
Como en todo, hay disparidad de opiniones. María González Feito, del Príncipe de Asturias, asegura haber probado el menú escolar. Lo encontró «soso», pero considera que «para ser línea fría, el sabor era bastante bueno». «Es comida sana, con todo lo que eso conlleva, lo que puede dificultar que a algunos críos les guste», anota Brezo del Riego, del AMPA de los Pericones.
El director regional de Serunion, Luis Gómez, reconoce que los platos que se sirven en los colegios públicos de Gijón son «difíciles» y «exigentes» para los niños. Son los términos que emplea para referirse a la dieta «nutricionalmente equilibrada» que el Ayuntamiento detalló en el pliego de condiciones del contrato y al que se atienen para elaborar los menús semanales. Unos menús que «han cambiado mucho» y en los que no hay lugar para los fritos ni las grasas animales (salvo el compango que acompaña a la fabada), las legumbres se sirven estofadas y la comida, en general, «está sosa» porque se cocina con el 50% de la sal que se utilizaría para el consumo de un adulto.
«¿Los niños están entusiasmados con el comedor? No. La comida que les gusta no la van a encontrar todos los días. Pero es que lo que les gusta ya lo comen los fines de semana en casa. El objetivo en el comedor es enseñarles a comer de todo. Y se consigue. Se ve sobre todo cuando empiezas a trabajar con los más pequeños, ofreciéndoles variedad de menús y texturas», asegura Luis Gómez.
Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/gijon/ninos-salen-colegio-hambre-familias-comedor-escolar-20210405000558-ntvo.html
América del Sur/Colombia/09-04-2021/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com
Hace un par de semanas, la Red de Padres y Madres, Red Papaz, había presentado una tutela en contra del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Educación de Cundinamarca. La idea era que ordenaran el retorno inmediato a las clases presenciales de niños, niñas y adolescentes de colegios públicos.
Sin embargo, hoy se supo que la tutela fue negada por la juez Stella María Osorno Bautista, del Juzgado sexto laboral del circuito en Bogotá. ¿La razón? A sus ojos, la acción presentada por Red PaPaz es improcedente.
Con esta acción Red PaPaz buscaba, entre otras cosas, ordenar a la Nación, en cabeza del Mineducación, y a las secretarías, “adelantar todas las acciones necesarias para iniciar dentro del menor término posible, y en ningún caso superior a treinta (30) días la prestación del servicio público educativo presencial en la modalidad de alternancia de forma universal y simultánea en todas las instituciones educativas”.
Así mismo, pretendían que ordenaran al “Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “adelantar todas las acciones necesarias para iniciar la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia de forma presencial, universal y simultánea”.
“La prestación remota de estos servicios ha sido completamente deficiente. Se ha perdido el registro de peso y talla, los registros sobre situación nutricional y el seguimiento a la vacunación”, aseguraban en el documento. Además, insisten en que la prestación remota de estos servicios no se adapta a la realidad de las familias.
En la otra cara de la moneda, hoy el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pidieron, a través de una circular (la 026 del 31 de marzo de 2021), mantener la apertura de Instituciones educativas y de las clases presenciales, de acuerdo a los lineamientos que ha establecido el Gobierno.
Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/niegan-tutela-que-buscaba-regreso-inmediato-a-clases-presenciales/
Por: Andrea A. Gálvez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones en sus embarazos. Desde 1998, más de 180 han sido condenadas por pérdidas naturales y abortos
“Manuela, justicia y esperanza”, clamaba una de las pancartas en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en el centro de San Salvador.
Hace 13 años, Manuela, una mujer de pocos recursos, bajo nivel educativo, dos hijos y un embarazo avanzado, empezó a sentir fuertes dolores abdominales que terminaron en un aborto espontáneo. Así comenzó su pesadilla. En el hospital, el personal médico que la atendió la denunció, el primer paso de una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado. Dos años después murió, presa, por un cáncer linfático. Una enfermedad que, según la familia, ya daba señales años antes y para la que no tuvo atención médica adecuada durante su encarcelamiento.
Acompañada por organizaciones feministas y movimientos de derechos humanos, la familia de Manuela inició una larga batalla legal para que se reconociera que fue condenada injustamente y que sufrió vulneración de sus derechos. “Tuvo un trato completamente inhumano y denigrante”, afirma Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que siguió el caso desde el principio y estuvo involucrada en el proceso de demanda contra el Estado salvadoreño.
En los últimos 20 años, 180 mujeres salvadoreñas han sido condenadas por aborto o por homicidio agravado, incluso en casos en que se produjo la muerte del feto debido a complicaciones durante el embarazo. “La criminalización que se da en El Salvador hacia las mujeres no la hemos visto en ningún lugar de América Latina con la misma contundencia y sistematicidad”, explica Paula Ávila Guillén, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, una ONG feminista que apoya a personas y organizaciones que lideran la lucha por la libertad reproductiva en América Latina.
En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación por el caso de Manuela. Siete años más tarde, en 2019, la Comisión presentó el caso a la Corte, al considerar que el Estado había vulnerado el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud.
Para los grupos feministas y de derechos humanos la noticia es muy importante. “Es el primer caso relacionado con un aborto y una emergencia obstétrica que llega a la CIDH y nos renueva la esperanza para detener la criminalización en el país y en la región”, aseguran en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
El Salvador que castiga a las mujeres
El Salvador contaba con un sistema que impedía el aborto, aunque con algunas excepciones. Pero, en 1998 entró en vigor una reforma del Código Penal que lo prohibió por completo. Un año más tarde, además se modificó la Constitución con objeto de reconocer como persona “a todo ser humano desde el momento de la concepción”. Estos cambios han provocado una fuerte criminalización.
“Cualquier mujer que acceda a un aborto o que simplemente tenga una pérdida natural de un embarazo se convierte en una posible criminal”, denuncia Ávila. El aborto inducido está penado entre dos y ocho años –las condenas para los profesionales de salud varían entre los seis y ocho años–, pero en muchos casos las sentencias judiciales lo consideran como “homicidio agravado” –hasta 50 años de prisión– en abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo.
“Incluso existen casos en los que las mujeres tienen complicaciones obstétricas en etapas avanzadas, pero al acudir al hospital el bebé nace vivo, y aun así se las condena con hasta 15 años de prisión por tentativa de homicidio”, explica Morena Herrera, una de las principales referentes del movimiento por la despenalización del aborto en El Salvador.
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Herrera cuenta que lo que ocurre es que los médicos, el personal sanitario y los trabajadores sociales son los que denuncian a las mujeres que llegan al hospital con emergencias obstétricas. “Existe mucha presión hacia el personal sanitario para que denuncien, si no lo hacen les pueden acusar por complicidad”.
“Muchas veces, los doctores, en vez de brindar la atención que necesitan, interponen una denuncia como primera reacción. Algunas por el temor de ser demandadas no acuden al centro sanitario, lo que conlleva un mayor riesgo de muerte materna por hemorragias e infecciones”, suma Ávila.
El suicidio de mujeres jóvenes embarazadas es una de las peores consecuencias que tiene la penalización del embarazo en El Salvador. En el año 2009, el suicidio era la segunda causa de muerte en chicas adolescentes, tasa que se fue reduciendo a lo largo de los años. El resultado de la violencia y la criminalización es un elevado número de adolescentes, que cursando embarazos, muchas veces forzados, terminan quitándose la vida por el miedo de ir a prisión.
El Salvador es también uno de los países con más violencia sexual de América Latina y del mundo: se estima que cada 4 horas se produce una violación. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) calculó que en 2017 se registraron 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día.
Conquistas del movimiento feminista
Primero se conoció el caso de “Las 17” –17 mujeres encarceladas con penas de hasta 40 –. Las organizaciones feministas del país iniciaron una gran campaña para pedir su liberación y se encontraron que la prisión de mujeres por motivos relacionados con abortos era más habitual de lo que creían. Según cuenta Ávila, que participó en este proceso, muchas presas mantenían en secreto su historia por el estigma que supone, pero a medida que los colectivos feministas estaban más presentes, se animaron a compartir lo que les ocurrió. Gracias a esto, se llegó a documentar más de 180 casos, la mayoría con penas de entre 15 y 30 años de prisión por pérdidas espontáneas del embarazo y por aborto.
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Con el paso de los años, y gracias a la labor de algunas organizaciones, muchas de ellas fueron indultadas o se redujo su condena. “La liberación y la reducción de condenas ha sido uno de los grandes logros, que se ha conseguido encarando un sistema opresor donde la Fiscalía, la policía, el hospital están en contra de las mujeres”, afirma Ávila.
Pero aún quedan 18 mujeres que siguen en prisión con penas de entre 30 y 35 años y la criminalización continúa, según la activista: “Sólo el año pasado nuestra organización acompañó el caso de 10 mujeres condenadas a cárcel por sucesos relacionados con aborto y que enfrentaron procesos judiciales injustos”, comenta Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del país.
La promesa
En la cárcel cualquier ocasión era buena para reunirse y soñar con la libertad detrás de los barrotes. Teodora Vásquez, que tuvo que dejar a un niño de 3 años y asumir la pérdida de su bebé por un aborto espontáneo y entrar presa por este suceso, conoció en prisión a varias mujeres con realidades parecidas a la suya. Con decenas de años por delante, la promesa para el día de después de quedar libre era la misma: liberar a las demás compañeras. “Entablamos una relación bien fuerte con otras presas e hicimos un pacto que consistía en excarcelar a todas las mujeres”, cuenta Vásquez.
En el 2015, cuando fue indultada, empezó a participar en los movimientos feministas y en las campañas de liberación de otras presas. Según cuenta Teodora, en el Salvador se castiga la pobreza y la falta de educación. “La justicia sólo castiga a las que no tenemos recursos. Hay un estigma muy fuerte de las mujeres pobres, quebrantan con facilidad nuestros derechos”, comenta.
Morena Herrera afirma que no ha habido ningún caso de mujeres de clase media y alta que hayan sido acusadas o condenadas por una emergencia obstétrica. “El perfil que hemos encontrado es muy específico, las mujeres que están en prisión son jóvenes, con bajo nivel educativo, pobres y con abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo”, explica Herrera.
De la cárcel, las mujeres pobres salen con peores expectativas económicas, recrudeciéndose el ciclo de la violencia y discriminación. En palabras de Vásquez: “Una entra pobre a la cárcel porque no tiene recursos para defenderse y sale sin nada, con los lazos familiares truncados, con muchas incertidumbres, no se sabe cómo le va a ir a una”. Aún así, ella encontró abrigo en otras compañeras, buscó la forma de salir adelante y encontrar fuerzas en conquistas como la demanda contra el estado salvadoreño por el caso de Manuela.
“Estamos en un momento emblemático porque El Salvador tendrá que responder por todos los daños ocasionados en el caso de Manuela y brindar justicia a todas las mujeres que hemos sufrido situaciones similares”, concluye Teodora Vásquez, que pasó 10 años en la cárcel injustamente.
Esta también es la expectativa de las agrupaciones feministas: “Nosotras esperamos que la sentencia del CIDH genere medidas de reparación integral para su familia, que se impulsen medidas de no repetición como la transformación de las leyes que actualmente están generando discriminación, además de garantizar el secreto profesional, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que casos como el de Manuela y otras mujeres no vuelvan a suceder”.
La última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se espera que en el segundo trimestre dicte el fallo, después de las audiencias públicas del pasado 10 y 11 de marzo. Una esperanza de justicia que sobrepasa el caso de Manuela y que sirve de aliento para las mujeres que aún continúan presas y para otras que aún sufren criminalización en El Salvador y en la región.
Fuente e imagen: https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35598/aborto-El-Salvador-carcel-Manuela-despenalizacion-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos–Andrea-A-Galvez.htm
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