El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la consecución de un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y su gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades, y en beneficio de miles de trabajadores del “outsourcing”.
Desde noviembre del año pasado, AMLO presentó una iniciativa de reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo, con el propósito de poner fin a esa práctica, conocida como outsourcing, que por décadas permitió a los patrones eludir obligaciones legales con sus trabajadores.
La iniciativa generó de inmediato expresiones de rechazo por parte de los organismos cúpula empresariales, pero luego se sentaron en las negociaciones con el gobierno y los sindicatos.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal mexicano, señaló que de cuatro mil empresas dedicadas a este negocio, sólo 40 cumplen con sus impuestos. Las irregularidades en el pago de obligaciones vinculadas al trabajo alcanzan varios esquemas.
Asimismo advirtió que la subcontratación no se limitó a ser un mecanismo para que las empresas redujeran costos: el abuso llegó al grado de que además de subregistrar a los trabajadores con salario mínimo, se les daba de alta frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo un día del mes.
Muchas de las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios son de papel; cuando se inician acciones de fiscalización desaparecen y luego abren otra razón social, con lo que dejan una estela de adeudos incobrables.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que en un caso reciente se encontró que los trabajadores estaban registrados con un sueldo base de 166 pesos. Iniciadas las auditorías se encontró que éste debía ser de 865, 421 por ciento más. “De ese tamaño se ha abusado de estos modelos”, añadió.
Destacó que tres empresas concentran 242 mil puestos de trabajo en tercerización, con un salario promedio de cotización de 243 pesos, cuando el promedio en el sector ronda 386. Esto representa una evasión en cuotas obrero-patronales de 773 millones de pesos anuales, además de todos los derechos laborales que se vulneran a los empleados. Indicó que, además de dar seguimiento a las factureras y a las empresas que omiten el pago de contribuciones laborales, también se sigue los actos de corrupción de políticos.
En el curso de las conversaciones tripartitas de esta semana se agregó el asunto del reparto de utilidades, una obligación que en el marco legal actual puede ser minimizada o eludida por los empleadores mediante triquiñuelas legales y también, desde luego, por medio de la subcontratación, lo que en los hechos resulta nugatorio de ese derecho laboral.
En la reunión con el mandatario hubo acuerdo para prohibir la subcontratación de personal, la regulación para subcontratar servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como la creación de un registro en la Secretaría del Trabajo de un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que propuso la creación de dos modalidades para que los propios trabajadores definan su reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario o con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
La Fiscalía, mientras tanto, explicó que se investiga por defraudación fiscal a cualquier funcionario o ex funcionario público que recibió ingresos no reportados o que no van con su declaración patrimonial. Busca investigar por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente e imagen: https://rebelion.org/fin-del-outsourcingun-tipo-de-explotacion-laboral/
Con una charla virtual, un ciclo de videos, un libro artesanal y una exposición próxima a inaugurarse, el polifacético artista Rubén Ortiz Torres conmemora al punk de Ciudad de México de finales del siglo XX.
El Museo Universitario del Chopo auspició la conversación virtual El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes, en la cual el director del recinto, José Luis Paredes Pacho, y la fotógrafa Laureana Toledo, curadora de la muestra, platicaron con Ortiz Torres, privilegiado testigo de la época, sobre su obra fotográfica en torno al punk.
Durante la charla fueron presentadas imágenes que formarán parte de la exhibición, la cual será inaugurada cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, aclaró Paredes Pacho. Son retratos íntimos y llamativos que muestran cómo un grupo de jóvenes mexicanos interpretaba lo que para ellos significaba ser punk, gay, queer y underground.
Toledo, egresada del International Center of Photography de Nueva York, contó que la exposición surgió a raíz del documental que actualmente prepara sobre el punk mexicano de los últimos 20 años del siglo pasado. Su idea, prosiguió, fue acudir a Ortiz Torres para revisar sus archivos fotográficos sobre la época y solicitarle en calidad de préstamo algunas piezas para integrarlas a la obra fílmica, sin embargo, al ver la cantidad, calidad y contenido de su acervo, le propuso exhibirlas.
Algunas fotos tienen como escenario los legendarios bares El Nueve y Tutti Frutti, epicentros de la escena gay y rockera, respectivamente; como protagonistas figuran artistas en ciernes, luego holgadamente reconocidos; y como contexto, un país marcado por una crisis económica y la pandemia del sida.
Censura
Como ejemplo, Rubén Ortiz, actualmente radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, mostró una fotografía de María Bonita, una banda “legendaria y súper underground”, conformada por Mario Lafontaine y Guillermo Santamarina.
En aquella época, recordó, estos grupos no tenían acceso a la televisión, la radio u otro medio de transmisión, y fue precisamente por ello que quedaban exentos de las políticas institucionales de censura, por lo que hacían “casi cualquier cosa”, como interpretar La muñeca fea, de Cri-Cri, uno vestido de mujer y encadenado, y el otro cantando y subyugándolo.
Y fue él quien retrató esas y muchas otras presentaciones de lo que, a la postre, serían grupos que marcaron el devenir artístico de Ciudad de México.
El creador precisó que el registro de aquellos momentos lo hizo de muy joven y cuando el punk era algo marginal, sin buena publicidad y mayormente estigmatizado, y que lo hizo por tener la convicción de estar viviendo momentos históricos, algo que luego se confirmó.
Al respecto, también promocionó Mexipunx, un libro al cuidado de la editorial Taller California, el cual contiene fotografías de la época. “Animada por la estética de los fanzines mexicanos de los años 80, ruidosos, atrevidos y efímeros, esta edición da vida a un proyecto de juventud”, se lee en el anuncio de la obra.
Rubén Ortiz Torres estudió en la Harvard Graduate School of Design, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en el California Institute for the Arts. Trabaja distintos medios como video, escultura, pintura y fotografía. Los temas que aborda son la transculturación, la identidad y los estereotipos de lo mexicano creados por los medios masivos.
En marzo de 2011 los jordanos salieron a la calle para pedir reformas políticas y económicas. Diez años después de las Primaveras Árabes, las promesas reformistas no se han cumplido, el país se halla en una crisis económica y social y la solución parece consistir en más represión.
El arresto el pasado 3 de abril del hermano del rey Abdalá II, el príncipe Hamza, acusado de conspirar para derrocar a su hermano, ha sido el último episodio de la creciente ola represiva que surca el reino hachemita, tanto que los jordanos han tenido que informarse en la prensa internacional para conocer lo que estaba sucediendo en su país.
El llamativo suceso ha hecho olvidar que el pasado 24 de marzo se cumplieron diez años de las protestas de la Primavera Árabe en Jordania. La celebración del aniversario fue abortada por las autoridades, que durante todo el día desplegaron numerosos efectivos en distintas partes de Ammán, impidiendo la concentración de ciudadanos y deteniendo a más de cien personas, que fueron liberadas en los días posteriores.
En 2011 los movimientos ciudadanos pedían reformas que incluían un Parlamento representativo, un gobierno elegido en las urnas, reformas constitucionales, persecución de la corrupción, la reforma del sistema impositivo, rebajar la presión del aparato de seguridad y trabajar por la unidad nacional. El rey Abdulá II prometió trabajar por la implementación de estas reformas, pero cayeron en saco roto, como viene siendo habitual. Diez años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido: no hay reforma de las instituciones políticas, la corrupción continúa rampante, el aparato de seguridad ha incrementado su poder y el espacio cívico está totalmente limitado.
Foto: Mercado en la ciudad antigua de Ammán. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Más allá del coronavirus
La pandemia de coronavirus ha afectado gravemente a Jordania, que registra más de 627.000 casos confirmados y más de 7.100 fallecimientos desde marzo de 2020, mientras que apenas el 2,9% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Según el FMI, la economía jordana se contrajo un 3% durante 2020, el déficit presupuestario creció un 106% y los ingresos descendieron un 9,3%. Mientras, el desempleo ha alcanzado el 24,7% de la población activa a finales de 2020 y el Banco Mundial estima en un 27% más el número de jordanos que viven bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, estos indicadores económicos negativos no tienen su origen en la pandemia, sino que son parte estructural de la economía jordana, principalmente importadora, basada en el sector servicios y el turismo, una débil industria centrada en la exportación, con bajo rendimiento del sector agrícola y dependiente de las rentas procedentes de la ayuda internacional y las remesas.
Un claro ejemplo son los presupuestos anuales de 2021, que permiten vislumbrar las carencias sistémicas, como un anticipo del déficit presupuestario en 2.600 millones de dinares jordanos (3.118,5 millones de euros). El Gobierno prevé recolectar el 76% de los ingresos a través del sistema impositivo (principalmente del sector privado) y estima destinar la mayor parte del gasto público al aparato civil (24,5%), Ejército y seguridad (27,5%), deuda pública (15%), prestaciones por jubilación y compensaciones (16%) y apenas un 5% en asistencia a los más vulnerables, salud, educación o subsidios. Dada la precaria situación que gran parte del comercio minorista y de sectores como la restauración atraviesa, las previsiones de ingresos pueden cambiar a la baja. Las reformas del sector impositivo no han surtido el efecto deseado y medidas como el recorte del sector público, necesario ante la imposibilidad de hallar nuevas fuentes de ingresos, se ven impedidas por el uso del sector público como moneda de cambio para comprar lealtades y favores, particularmente en la relación con los principales grupos tribales. Asimismo, en los últimos años la inversión directa extranjera también ha descendido en más de un 50%, debido al deterioro de la seguridad nacional y regional y la dificultad de hacer negocios debido a las trabas burocráticas, imposibilitando el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. Finalmente, la baja inflación demuestra el escaso poder de compra de los ciudadanos e impacta negativamente sobre la recuperación económica.
El alto nivel de desempleo está directamente relacionado con los sectores productivos de la economía, aunque no refleja el desempleo real. La mitad de la población jordana trabaja en el sector informal, por lo que es muy vulnerable a la pérdida de trabajo, y a la ausencia de un sistema de seguridad social efectivo que proteja a los desempleados e incentive el alta en el mismo, pero se resiste a ser regulado. Por otra parte, la dependencia externa lastra a la economía jordana de forma catastrófica, pues tanto su energía como su seguridad alimentaria están sujetas a la importación de productos como hidrocarburos, cereales, azúcar o carnes, muchos de ellos subsidiados hasta hace poco, suponiendo un gasto desorbitado par las arcas públicas.
Foto: Un grupo de personas en Ammán reciben la vacuna de covid19. (Jordan Pix/Getty Images)
Finalmente, los jordanos son cada vez más conscientes de la corrupción generalizada en el país. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Jordania figura como el 60 país menos corrupto a nivel global, pero el 55% de los jordanos consideraba en 2019 que la corrupción había aumentado durante el último año. La pandemia no ha hecho sino empeorar esta percepción, tal y como atestigua el enfado generado por la negligencia que causó la muerte de nueve pacientes en un hospital público por falta de oxígeno.
Inmovilismo político y aumento de la represión
Pese a las promesas de reforma política y económica, lo cierto es que el espacio político jordano se ha reducido desde 2011. La vigilancia sobre la discusión pública ha aumentado y con ello las dificultades de discutir sobre reformas democráticas. Se da una cierta tendencia inmovilista. Un ejemplo de esta persecución es el caso de los Hermanos Musulmanes. Aprovechando divisiones internas, el Gobierno reconoció en 2015 a la nueva organización disidente Sociedad de los Hermanos Musulmanes, leal al régimen, como legítima, y ordenó la disolución de los Hermanos Musulmanes originales, alegando que esta última no cumplía con la ley de partidos políticos. Pese a que recurrieron dicha decisión judicialmente, el Tribunal de Casación sentenció en julio de 2020 que la organización era ilegal y debía ser disuelta, aunque se trata de una decisión política influenciada por las presiones de países como Emiratos Árabes Unidos y su cruzada regional contra la hermandad.
El aparato de seguridad ha acaparado cada vez más espacio de acción y decisión a todos los niveles. A través de instrumentos legales como la Ley de Prensa y Publicaciones, la Ley contra el Cibercrimen o la Ley antiterrorista se ha criminalizado a periodistas y autores por expresar sus opiniones o, simplemente, compartir información en redes sociales. “La libertad de prensa está en su punto más bajo en muchos años, tanto en términos de autocensura como de temas que la prensa local ya no cubre”, apunta Adam Coogle, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
Durante los últimos años no solo ha habido un aumento notable de la represión y la censura contra periodistas, activistas, dibujantes e, incluso, diputados, sino también del ciberespacio a través de la disrupción de redes sociales y de la conectividad como herramienta de gestión de las movilizaciones sociales. “En los últimos siete u ocho años ha habido una creciente oposición desde el Gobierno a Internet y la creencia de que este medio tiene que ser limitado y regulado”, apunta Issa Mahasneh, director ejecutivo de la Asociación Jordana de Código Abierto (JOSA, por sus siglas en inglés). Esta tendencia, que comenzó durante las protestas contra la austeridad de 2018, se ha afianzado. “Desafortunadamente, esto es algo recurrente. La gente ya espera, cada vez que hay una gran manifestación, que Facebook Live se vuelva inaccesible para sus usuarios”, señala Mahasneh. Desde JOSA reclaman mayor transparencia por parte de las autoridades respecto a estas disrupciones, cuya causa se niegan a explicar. En la actualidad, no existe base legal que justifique a las autoridades jordanas bloquear el acceso a determinadas aplicaciones sociales, ya que la única institución capacitada para bloquear la Red es la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y para ello necesita una orden judicial amparada por la legislación vigente, tal y como sucede en el caso de los medios de comunicación online, cuyo bloqueo está respaldado por la ley de Prensa y Publicaciones. “El Gobierno insiste en que este es un país gobernado por el Estado de derecho. Este es el argumento que le lanzamos al gobierno: ‘De acuerdo. Si lo somos, muéstranos el respaldo legal detrás de este bloqueo’”, señala Raya Sharbain, gestora de programas de JOSA.
La pandemia ha retirado el velo sobre la creciente militarización de la vida pública que vive el país, que cada vez se asemeja más a algunos de sus vecinos. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó una Ley de Defensa como medida excepcional para hacer frente a la pandemia. Un año después, esta norma, que otorga amplios poderes al primer ministro para gobernar por decreto, sigue vigente. Hasta la fecha se han publicado 27 de estos decretos, que en muchos casos están redactados en términos muy ambiguos, lo que permite perseguir penalmente a aquellos ciudadanos que compartan determinadas informaciones que “extiendan el pánico”. Esta tendencia ha acrecentado la represión durante la pandemia, que ha ofrecido episodios como la prohibición del sindicato de profesores y la detención y sentencia de sus líderes bajo cargos fabricados. “No se trata de nada nuevo. Simplemente, han ido más lejos que antes. Esto no es un producto de la legislación de emergencia, todo se ha hecho utilizando la legislación existente fuera de la pandemia”, apunta Coogle.
“Golpe de Estado” y golpe de efecto antidemocrático
Pese a que las autoridades militares negaron públicamente el arresto de Hamza, el vídeo filtrado a la BBC por el propio príncipe reconociendo estar bajo arresto domiciliario e incomunicado y un audio que ha sido posteriormente filtrado en redes sociales donde se escucha al jefe de las fuerzas armadas advertirle sobre sus actividades y al príncipe expulsándole de su domicilio, contradicen la narrativa oficial. En el vídeo Hamza arremetió contra la incompetencia y corrupción de los gobernantes y la creciente represión en el país, recogiendo así las reclamaciones de las últimas protestas. Además de él, también fue arrestado Bassem Awadallah, antiguo asesor del rey Abdalá y cercano a Mohammad Bin Salman, lo que ha avivado los rumores de la implicación saudí en la supuesta desestabilización.
Las autoridades han buscado vincular Hamza a la figura de Awadallah con el objetivo de desacreditar al primero frente a la población, pero el resultado ha sido el opuesto. El Gobierno no se ha referido a los sucesos como “golpe de Estado” sino como “acciones desestabilizadoras”, con conexiones internacionales hasta ahora desconocidas. Pero son muchos los jordanos que cuestionan la veracidad de lo ocurrido o al menos creen que les están ocultando una parte de lo sucedido, hecho que queda demostrado por la prohibición impuesta a los medios de informar sobre esta cuestión. Lo que sí está confirmado es el triste precedente que este suceso ha sentado en el país, y aunque el propio Hamza ha movido ficha declarando públicamente su lealtad al rey, la cuestión está lejos de haberse resuelto. En cualquier caso, su consecuencia más palpable será el aumento, aún más si cabe, de la vigilancia y la represión.
A diez años de la Primavera Árabe, la esperanza reformista parece haber pasado de largo por Jordania. La falta de democracia y participación de la sociedad civil, la corrupción rampante, el creciente desempleo y escaso crecimiento económico, la creciente represión y militarización de la vida pública no hacen presagiar avances. Después de la pandemia, a las autoridades jordanas se les acaban los chivos expiatorios para continuar posponiendo unas reformas tan necesarias que, de no ser implementadas, acabarán fagocitando al propio sistema.
Que las autoridades hagan su trabajo, no les pedimos nada más», exigieron esta tarde familiares de víctimas de desaparición durante la novena Caminata por la Memoria y la Justicia en el Zócalo capitalino.
Las autoridades «no cumplen con su obligación principal, la de cuidar a la ciudadanía», denunciaron los familiares en la plancha del Zócalo, donde realizaron actos para demandar la atención del gobierno y acciones concretas contra la impunidad.
Durante la protesta, portaron carteles y mantas con las fotos de sus desaparecidos, mientras gritaban consignas como «¿Por qué los buscamos? Porque los amamos» y «Vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Los colectivos de búsqueda y familiares de las víctimas realizaron un pase de lista con los nombres de sus seres queridos y demandaron su aparición con vida, así como la garantía de acceso a la justicia por parte de las autoridades.
Aseguraron que se reunirán el primer miércoles de cada mes para dar seguimiento a sus demandas.
De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón se han registrado más de 80 mil desapariciones forzadas en el país.
La Caminata por la Memoria y la Justicia nace como paralelo a la caminata de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, quienes desde hace más de 30 años protestan cada jueves para exigir justicia y memoria por las víctimas de desaparición durante la dictadura militar.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/que-las-autoridades-hagan-su-trabajo-exigen-familiares-de-desaparecidos-en-el-zocalo/
Las personas migrantes no están contempladas en el diseño de políticas públicas de desarrollo en los países receptores y, en ese sentido, carecen de los derechos que sí tienen los nacionales, lo que posterga su integración plena a los procesos de adquisición de bienes, de progreso y de realización, dijo el Dr. Javier Urbano Reyes, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Y en tanto más se difiera su integración, se estará posponiendo el que las y los migrantes doten de mayores posibilidades a los países a los cuales llegan, pues “un inmigrante plenamente productivo puede aportar mucho al desarrollo de una nación, a condición de que se le dé espacio para el desarrollo pleno de sus capacidades”.
Para Urbano, docente del Departamento de Estudios Internacionales, son innegables los beneficios que generan las personas migrantes. Por ejemplo, naciones con un envejecimiento de su población están resolviendo o atenuando este problema grave con la llegada de migración, que está rejuveneciendo su pirámide demográfica, lo que además implica una aportación en el contexto de lo fiscal, un pago de impuestos que a su vez genera una serie de beneficios que no se tendrían si no hubiera inmigrantes.
En segundo lugar, y contrario a lo que dice mucha gente, la presencia de inmigrantes dinamiza el fortalecimiento de las culturas, pues éstas, al cambiar constantemente, encuentran en el migrante, el transmigrante y el inmigrado, a un dinamizador de esta transformación, abundó el también profesor en la Maestría en Estudios sobre Migración, quien recientemente publicó el libro Migración y desarrollo: propuestas para una gestión alternativa de la política migratoria de México, editado por la Dirección de Publicaciones de la IBERO.
No obstante, las personas migrantes se han vuelto una mercancía para los partidos políticos de derecha y de extrema derecha, que están aprovechando su debilidad e incapacidad para responder políticamente, para decir que son los culpables de muchos de los problemas en sus naciones; lo que “se vende en un contexto político electoral”. En este escenario político, en un contexto de crisis como la actual, se dice que los migrantes son el riesgo; y no que es “la irresponsabilidad de los políticos, que no saben hacer política pública adecuada”.
Respecto a qué debería considerar una gestión alternativa de la política migratoria, tema de su libro, el catedrático de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, propone, primero, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se involucre más en evaluar qué están haciendo los países en materia de atención, protección, promoción e integración de los migrantes, inmigrantes y transmigrantes; lo cual podría exponerse en un informe mundial.
Por otro lado, es urgente tener un diálogo multilateral sobre la migración altamente calificada, de la cual no reclaman nunca las naciones ricas, porque se están aprovechando de esta migración que se forma en los países pobres; “esto lo he definido yo como piratería de recursos humanos altamente calificados”. Es así que, habría que iniciar un diálogo respecto a cómo las naciones receptoras van a compensar el que se están beneficiando a largo plazo con migrantes altamente calificados, que son estratégicos en sus países de origen.
Un tercer punto es la “pobre” ayuda oficial al desarrollo, que ronda los 140 mil millones de dólares, frente a los casi 600 mil millones de dólares en remesas. Aunque las y los migrantes son las personas más desfavorecidas en el mundo, transfieren más recursos de las naciones ricas a las pobres, lo que debe debatirse urgentemente en términos de que por lo menos las naciones ricas igualen los recursos de las remesas, para poder acompañar su proceso de impacto en el desarrollo de las naciones emisoras de migrantes.
En el caso específico de México y Centroamérica, tiene que haber una mayor colaboración instrumental, para generar bases de datos sobre desaparecidos, heridos, mutilados, niños y niñas no acompañados y personas fallecidas.
Asimismo, debe haber una armonización legislativa regional para la persecución de delitos relacionados con la migración, como: trata, tráfico, secuestro, secuestro exprés y extorsión contra migrantes; para que pudieran ser castigados a nivel mesoamericano y evitar que quien cometa alguno de esos delitos huya a otro país donde no está penado, lo que anula la efectividad en la persecución de esos delitos.
También hay que pensar en planes de desarrollo para Centroamérica de lapsos de 20 a 30 años, porque la región requiere una renovación a partir de cero en muchos procesos sociales de violencia, deserción escolar, maternidad y paternidad precoz, violencia intrafamiliar, falta de empleo, cambio climático, entre otros; problemas se resuelven de una generación a otra, no de un sexenio a otro.
Y, finalmente, se requieren recursos. Pero no basta con los cuatro mil millones de dólares que plantea el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; sino que se necesitan cuatro mil millones de dólares anuales durante los próximos 20 años, para que dentro de un cuarto de siglo se empiecen a ver resultados claros en el desarrollo de Centroamérica.
La situación afectó de «manera desproprocionada» a los afroamericanos
Por la pandemia de coronavirus, según un estudio publicado el pasado lunes en la revista médica JAMA Pediatrics, ya son más de 40.000 los chicos y chicas de Estados Unidos que perdieron al padre o la madre. Esta situación, revela la investigación, perjudica especialmente a los «chicos negros, que se vieron afectados de manera desproporcionada».
El número de niños que experimentó la muerte de un padre o madre por covid-19, describió el estudio, encabezado por la doctora Rachel Kidman de la Universidad Stony Brook, «es pasmoso», con un total estimado de entre 37.000 y 43.000.
«Los chicos negros se vieron afectados de manera desproporcionada, ya que constituyen el 14% de los niños de Estados Unidos y el 20% de ellos perdió a un padre o madre por covid-19«, detalló la investigación.
Para llegar a la cantidad de niños afectados por cada adulto muerto por coronavirus, los autores del estudio aplicaron un índice denominado multiplicador de duelo paterno. Según este cálculo, cada muerte por covid-19 deja a 0.078 chicos de entre 0 y 17 años en duelo paterno, «lo que representa un aumento de entre 17,5 y 20,2% delmultiplicador de duelo paterno en ausencia de coronavirus».
Aunque el multiplicador de duelo paterno puede parecer pequeño, advirtieron los especialistas en ese sentido, la suma luego de un año de coronavirus brinda un elevado número: «A febrero de 2021, al menos 37.300 niños habían perdido un progenitor debido a la covid-19, las tres cuartas partes de los cuales eran adolescentes», escribieron los investigadores.
El estudio, aclararon, se basa en una proyección estadística, no en una investigación o datos oficiales, y no incluye la pérdida de tutores primarios de los niños que no sean sus progenitores.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/333822-estados-unidos-mas-de-40-000-nines-perdieron-a-su-madre-o-pa
La georreferenciación en países como Brasil contribuye a la privatización de las tierras comunales y la expansión de monocultivos. El almacenamiento digital de los datos agrícolas está en manos de grandes compañías tecnológicas.
Estaba leyendo acerca de las maravillas que impulsará el rescate europeo de 750.000 millones de euros, que si las energías verdes, que si la digitalización, cuando me ha llegado una nota de prensa esclarecedora. Como reza (nunca mejor dicho pues de fe es que hablamos) en el cuerpo del correo, “se trata de un ambicioso proyecto de innovación, financiado por la UE en el que participan organizaciones y centros de I+D de referencia de ocho países europeos, entre ellos España”. El proyecto en cuestión lo explica muy bien el adjunto:
“La solución WeLASER se enfoca en el manejo no químico de hierbas no deseadas basado en la aplicación de dosis letales de energía en sus meristemos, utilizando una fuente láser de alta potencia. Un sistema de visión de Inteligencia Artificial discrimina los cultivos de las hierbas adventicias y detecta la posición de sus meristemos para apuntar con el láser sobre ellos. Un controlador inteligente coordina estos sistemas y técnicas de computación en la nube para administrar el conocimiento agrícola. Un vehículo autónomo conduce de manera eficiente por la explotación para su correcta aplicación. Esta tecnología proporcionará una solución limpia al problema de la eliminación de malas hierbas y ayudará a reducir significativamente los productos químicos en el medio ambiente”.
El lenguaje militar que se utiliza para explicar su funcionamiento y el propósito de este nuevo chisme militar da para mucho: que si, como decía Victor Hugo, no hay malas hierbas, hay malos agricultores; que si se han preguntado por qué en la agricultura de los pesticidas las malas hierbas son un problema mientras en la agroecología no; que si el problema de la agricultura es el monocultivo para el que se diseña este artilugio; que justamente no necesitamos nada autónomo, sino personas con trabajo; que a la tierra se la cuida, no se la ataca; que la inteligencia artificial no es inteligencia; que cuánto costará todo esta nueva patrulla de robots, energéticamente hablando, y cada cuánto se tendrán que reemplazar; de que minas saldrán todos estos materiales y a qué coste ecológico y social… Pero la pregunta que quiero hacerme es ¿dónde nos llevan las supuestas bondades de la era digital que se han instalado en nuestro cerebro mediante lo que Gramsci llamó la “fabricación del consentimiento”?
Una pregunta a la que solo contribuiré aportando dos informaciones que encuentro en las páginas de la Fundación Grain.
1. Sabemos que los mercados agropecuarios están demandando cada vez más cosechas de soja, tanto para el engorde industrial de cerdos como para la producción de combustibles, lo que conlleva la necesidad de “abrir cada vez más tierras para su producción”. En el caso de Brasil, pero también en otros muchos países, conseguir más tierras fértiles pasa por expoliar aquellas que están en manos públicas, se consideran baldías o son comunales, propiedad colectiva de pueblos y comunidades locales. Y precisamente, el mecanismo que se ha encontrado para hacerlo posible viene de la mano de la digitalización. Con el apoyo económico del Banco Mundial y con el supuesto propósito de disponer de información ambiental, se están georreferenciando grandes extensiones de tierra en las provincias del Cerrado y Matopiba. Como la inscripción al catastro se está haciendo mediante autodeclaración de quienes proporcionan la información, Grain explica que “se han producido numerosos fraudes con el fin de lograr el acaparamiento de tierras”. Como además se prohíbe la inscripción colectiva, se está dando lugar a inscripciones individuales, la mejor manera de romper la fuerza del pueblo y de poder ir comprando de una en una esas fincas hasta lograr el control de todas sus tierras. Con estos mecanismo, y otras triquiñuelas del gobierno de Bolsonaro, en los diez últimos años Brasil ha extendido su frontera agraria en 16,5 millones de hectáreas para la cría de ganado y 12 millones de hectáreas más para el cultivo de soja (FAOSTAT, 2018), es decir una extensión similar a la mitad de la península Ibérica.
2. La digitalización siempre lleva asociado el manejo y tratamiento de todos esos datos, “en la nube”. Y, aunque hasta la fecha, las nubes no son de nadie, la Nube a la que nos referimos sí que tiene dueño, los gigantes tecnológicos que, centrados en este sector esperan ganar el dominio de muchos otros campos. En agricultura, por ejemplo, ya es notorio el papel de Microsoft, aunque empresas como Bayer, la compañía de semillas y pesticidas más grande del mundo, se defiende creando sus propios servicios de big data en alianza con Amazon Web Services, la plataforma de servicios en la nube más grande del mundo, por delante de Google y Microsoft.
He aparcado aquí estas reflexiones de mi supuesta “inteligencia no artificial” y estoy redactando un guion para Spielberg en el que unos vehículos autónomos se han desbocado y con sus sensores conectados a la Nube andan por ahí disparando láser de alta potencia a los meristemos de seres humanos adventicios o no deseados: ni ricos, ni blancos, ni adultos, ni varones, ni urbanos.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 6
Total Users : 35474814
Views Today : 6
Total views : 3574874