LEY DE PRESUPUESTO 2026: NO AL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO
Comunicado del Consejo Directivo Nacional de Sadop
Desde Sadop denunciamos el rumbo de ajuste del Gobierno Nacional y señalamos su responsabilidad directa en la desarticulación del sistema educativo argentino, con la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, recientemente aprobada. Esta norma institucionaliza el recorte y consolida un proceso regresivo inédito en las últimas décadas, al tiempo que desmantela mecanismos y garantías que resguardaban el financiamiento de la educación y del sistema científico-tecnológico.
La aprobación del Artículo 30° del Presupuesto 2026 implica la eliminación del piso del 6 % del PBI destinado al financiamiento educativo, y deja sin efecto los marcos legales que garantizaban el financiamiento de la Educación Técnico Profesional, así como de la ciencia y la tecnología. De este modo, el ajuste se institucionaliza una vez más como política de Estado y el derecho a la educación queda reducido a una variable subordinada a la lógica de mercado.
Este retroceso estructural no sólo cercena el derecho a la educación, sino que debilita la capacidad del país para la formación técnica, científica y profesional, una trama esencial para la soberanía productiva, la innovación y la justicia social.
Por lo anterior, rechazamos categóricamente el Artículo 30 del Presupuesto 2026, ya que atenta contra derechos adquiridos y marcos de financiamiento ya consolidados, y en especial representa un grave atentado contra el derecho a la educación. Asimismo, repudiamos la conducta de quienes acompañaron este artículo, avalando un marco presupuestario que desfinancia la educación, la ciencia y el trabajo docente, y que restringe las condiciones reales de acceso, permanencia y posibilidad.
Desde Sadop decimos no al desfinanciamiento del sistema educativo y científico, al intento de desarticulación del sistema educativo nacional y a las políticas que deterioran las condiciones de vida y de trabajo de quienes educamos. Y exigimos el respeto irrestricto de los derechos conquistados, porque constituyen la base esencial de una sociedad democrática, justa y con igualdad de oportunidades.
Consejo Directivo Nacional
5 de enero de 2026
Fuente de la Información: https://sadop.edu.ar/no-al-desfinanciamiento-educativo-y-cinetifico-de-la-ley-de-presupuesto-2026/
Voces silenciadas: Por qué la libertad de expresión está retrocediendo en todo el mundo
La libertad de expresión está disminuyendo más rápidamente hoy que en cualquier otro momento de los últimos 12 años, según el Informe sobre Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios publicado recientemente por la UNESCO.
16 de diciembre de 2025
Última actualización: 5 de enero de 2026
La libertad de expresión ha disminuido un 10% a nivel mundial desde 2012, una erosión sin precedentes desde las guerras mundiales y la Guerra Fría. Al mismo tiempo, la autocensura ha aumentado un 63%, ya que los periodistas evitan cada vez más informar sobre corrupción, derechos humanos y daños ambientales. Una práctica que antes era poco común se está convirtiendo en la norma.
Entre las tendencias que explican este descenso se encuentran el retroceso en materia de derechos humanos, el número de ataques contra periodistas y la crisis que afecta al modelo de negocio de los medios de comunicación.
Un espacio cada vez más reducido para las voces que desafían el poder
En todo el mundo, quienes denuncian abiertamente se enfrentan a una creciente hostilidad. Se están reduciendo las protecciones de los derechos humanos, y la violencia y el acoso, especialmente en línea, se están normalizando cada vez más. Una encuesta de la UNESCO muestra que el 67 % de los encuestados ha sido víctima de discursos de odio en línea, lo que subraya la magnitud del problema.
Las mujeres y los grupos marginados se ven afectados de forma desproporcionada. Para muchas, la visibilidad tiene un alto coste personal. La periodista y activista francesa de derechos humanos Rokhaya Diallo, autora de un capítulo del informe, describe cómo la defensa de los derechos humanos la ha expuesto a constantes ataques que cuestionan su legitimidad y pertenencia. Si bien las plataformas digitales han permitido visibilizar temas ignorados, como la historia colonial, la esclavitud y la violencia policial, también han intensificado el acoso, la intimidación y las amenazas, tanto en línea como fuera de ella. Con demasiada frecuencia, las mujeres que desafían las narrativas dominantes se ven relegadas al silencio, la exclusión o situaciones aún peores.
Lamentablemente, mis experiencias no son aisladas. Demasiadas mujeres en todo el mundo han sido demonizadas, excluidas, obligadas a guardar silencio y, en ocasiones, asesinadas por alzar la voz. Estamos presenciando un ataque a los derechos duramente conquistados en el último siglo, no solo por las mujeres, sino también por las personas negras, morenas, indígenas, con discapacidad, LGBTQI y otros grupos históricamente marginados.
Rokhaya DialloPeriodista, escritora, activista de derechos humanos y autora francesa del Capítulo 3 del Informe “Periodismo: Alzando la voz de todos”
Este clima de hostilidad alimenta una tendencia más amplia: la autocensura. Ante la presión legal, el abuso en línea, la vigilancia y el peligro físico, muchos periodistas evitan por completo temas delicados, principalmente la corrupción, los derechos humanos o el daño ambiental, lo que debilita el debate público y la rendición de cuentas democrática.
Informar la verdad conlleva un riesgo creciente
Los riesgos son especialmente graves para quienes informan sobre cuestiones ambientales. Periodistas, científicos y activistas que cubren el cambio climático y la destrucción del medio ambiente se enfrentan a una creciente intimidación. Desde 2009, cientos de personas han sido atacadas y 46 han sido asesinadas, con solo seis condenas.
El mundo solo puede actuar colectivamente si los ciudadanos y los gobiernos conocen la magnitud y el impacto de las calamidades inminentes y qué hacer para evitar el peor riesgo. Esa información solo puede provenir de medios de comunicación libres y un ecosistema en línea que no sea utilizado como arma por negacionistas.
Kunda DixitPeriodista ambiental, editor y autor del Capítulo 4 del Informe “Periodismo: Protegiendo el Planeta”
Estos ataques no solo silencian a las personas, sino que privan a las sociedades de información esencial sobre la crisis climática en un momento en que el debate público informado es crucial. Al mismo tiempo, el periodismo independiente se encuentra bajo una grave presión económica. Las plataformas digitales acaparan la mayor parte de los ingresos publicitarios, y tres empresas controlan actualmente alrededor de la mitad de la inversión publicitaria global. Este desequilibrio económico amenaza el pluralismo mediático y erosiona aún más la independencia de las redacciones en todo el mundo.
Razones para la esperanza y la acción
Entre 2020 y 2025, 1.500 millones de personas accedieron a redes sociales y plataformas de mensajería, lo que amplió la participación ciudadana y abrió nuevas vías de expresión. El periodismo de investigación colaborativo está en auge, a medida que equipos transfronterizos descubren irregularidades y fortalecen la rendición de cuentas. También avanzan los esfuerzos para mejorar la transparencia en el ámbito digital. En 2024, la UNESCO contribuyó a la creación del Foro Mundial de Redes de Reguladores, que reunió a más de 120 reguladores de todo el mundo. Hoy en día, casi la mitad de los países reconocen legalmente los medios comunitarios, lo que contribuye a construir ecosistemas de comunicación más inclusivos y confiables.
La disyuntiva que se nos presenta es decisiva: continuar por una senda de erosión y crisis, o tomar medidas decisivas para reconstruir la confianza, proteger la información como bien público y restablecer el diálogo como base de la paz. Foro Global para el Desarrollo de los Medios , una de las organizaciones que contribuyeron al Informe. La libertad de expresión es la base de todos los demás derechos. Fortalece la democracia, promueve el desarrollo sostenible e impulsa la paz. Revertir las peligrosas tendencias actuales requerirá acción colectiva: defender a los periodistas, apoyar a los medios independientes, exigir responsabilidades a las plataformas digitales y defender el derecho a estar informado y a expresarse.
El Informe sobre Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios es publicado por la UNESCO cada cuatro años. La edición 2022-2025, «Periodismo: Construyendo un Mundo en Paz», se basa en las contribuciones, perspectivas y datos proporcionados por más de 100 expertos en libertad de expresión y desarrollo de los medios, y proviene de cientos de fuentes académicas e institucionales. Es el único informe global que analiza las tendencias en libertad de expresión y periodismo a lo largo de varios años. La mayoría de los datos se recopilaron entre enero de 2022 y diciembre de 2025.
Fuente de la Información: https://www.unesco.org/en/articles/silenced-voices-why-freedom-expression-receding-worldwide
Este viernes 26 de diciembre en el Senado, el gobierno de Javier Milei aspira a poder aprobar su proyecto de Presupuesto 2026, el que cuenta con la media sanción de Diputados, en una sesión que dejó niveles de crisis y ciertos escándalos.
Este proyecto consagraría el mayor ajuste educativo desde mediados del siglo pasado, ya que no se trata de un recorte más ni de un mero debate contable, sino que enfrentamos un ataque estructural al derecho social y humano a la educación, de aprobarse su funesto Artículo 30°.
Allí se prevé una caída real del 47,3% para el área de Educación y Cultura respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023. La misma suerte sufrirá el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un recorte del 48,8% en términos reales frente al presupuesto ejecutado en 2023 (ver cuadros del CEPA, Centro de Economía Política Argentina). A partir de ese nefasto Artículo 30° se eliminará de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad en los fondos asignados al área de ciencia y tecnología, los que debían ir aumentando hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032.
Además, implicará un golpe mortal a las escuelas Técnicas, que no tendrían razón de ser para el proyecto de apertura económica de la ultraderecha “libertaria”, que destruye toda industria nacional. Al licuarse en los hechos el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP, creado por el Artículo 52° de la Ley 26.058), que sufrirá un recorte de niveles históricos, con un 93% menos en lo proyectado para 2026, frente al presupuesto ejecutado en 2023.
Esto profundiza el vaciamiento que viene sufriendo ese Fondo para las Técnicas que, pese a estar vigente por ley, se viene desplomando desde que asumió Milei: “en 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía, en 2024 apenas 9,4%, en 2025 10,8% y, para 2026, el proyecto reduce la cifra a un ínfimo 3,5%” (informe CEPA N° 553, 20/12/2025), con lo que el gobierno suprime en la práctica el FoNETP. También implicaría un desfinanciamiento al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que sufrirá un recorte del 84,5%.
De igual gravedad es el Artículo 12° de este Presupuesto nacional 2026, que implica caída real del 33,8% de las partidas universitarias, contra lo ejecutado 2023, profundizando el ajuste en todo el sistema educativo. Además de autorizar a la Secretaría de Educación que comanda el clerical y privatista Carlos Torrendel y en particular al siniestro Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a congelar el envío de fondos a una universidad si considera que sería insuficiente la información brindada sobre qué uso tendrán esos fondos por parte de cualquier universidad (ver [1]). Una discrecionalidad total para asegurarse, de una u otra forma, el recorte universitario.
Senado: otra sesión con tensiones
Si este viernes 26 el oficialismo lograra la aprobación definitiva en el Senado, se abriría una etapa que puede implicar un retroceso histórico en materia educativa. Aunque hay preocupación en parte de la oposición para aprobar esos artículos 12° y 30° desde sectores del PJ, la UCR y fuerzas provinciales en el tratamiento en particular. Aunque eso está por verse ya que, de haber un rechazo, debería volver a Diputados para su sanción definitiva.
Por eso Patricia Bullrich ejerce todas las presiones dado que el gobierno necesita el Presupuesto aprobado para cumplir con el FMI y las exigencias del mercado, ante los pagos la estafa de la deuda, a saldar en enero próximo y en todo el 2026.
Ya la media sanción en la Cámara baja fue escandalosa. En la madrugada del jueves 18, La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales funcionales —aceitados con millonarios fondos de los ATN para gobiernos del PJ de Catamarca, Tucumán y de Salta, así como a fuerzas provinciales de Misiones, Neuquén y Santa Cruz— impusieron una votación por capítulos, negándose a debatirlo por artículo. Una maniobra antidemocrática que impidió rechazar también estos puntos críticos para la educación pública. La sesión estuvo a poco de no lograr el quorum necesario y solo pudo arrancar porque diputados peronistas de Córdoba que responden a Llaryora se sentaron en sus bancas, junto a Pichetto y Massot. Sin ese auxilio, el tratamiento de este recorte presupuestario se trababa.
¿Qué dice el funesto artículo 30 del Presupuesto?
El mayor ajuste educativo en las últimas ocho décadas
El corazón del ataque anti educativo son los Artículos 12 y también el 30, con el que pretenden derogar aspectos claves de leyes que hacen al presupuesto de la escuela pública, más allá de su escaso cumplimiento efectivo por los gobiernos capitalistas del PJ, la UCR, Macri y menos aún Milei, funcionaban como referencia y un supuesto piso de derechos.
Como el compromiso del Estado de garantizar como mínimo el 6% del PBI en educación (Ley de Educación Nacional 26.206 al eliminar su Artículo 9°), el financiamiento de la Educación Técnico Profesional (Artículo 52 de la Ley Nº 26.058) y el recorrido de aumento presupuestario previsto para ciencia y tecnología (Artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). En el proyecto presentado para el 2025 proponían “suspender” estos artículos por un año, ahora los quieren derogar directamente. Una barbaridad.
La conducción Celeste de la CTERA denuncia que utilizar una ley de Presupuesto para derogar derechos permanentes viola abiertamente la Ley de Administración Financiera 24.156, que prohíbe modificar o derogar leyes vigentes mediante disposiciones presupuestarias anuales. Así lo expresa el Artículo 20° de esa ley: “No podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”. Esta violación constituye una grave irregularidad institucional.
Esta política de ajuste permanente como forma de gestión y gobierno liberfacho viene marchando: la inversión educativa acumula un recorte cercano al 50% y este proyecto de Presupuesto 2026 lo consolidaría. Como explicamos, la educación técnica es una de las más golpeadas: el ajuste supera el 90% y se elimina el Fondo para la Educación Técnica que financiaba la infraestructura, talleres, laboratorios, maquinaria, insumos y capacitación docente. Más de 1.700 escuelas técnicas, agro técnicas y rurales quedarán así a la deriva, desde la Puna al sur del país.
El resultado resultaría devastador: la inversión educativa nacional caería así a niveles de catástrofe, del 1.41% del PBI en 2023 y del 1,66% que tuvo en 2015, se pasa a tan solo el 0,68% del PBI, el registro más bajo en los últimos 22 años (CTERA: Presupuesto para 2026. Un análisis desde el punto de vista del Sector Educativo, 12/9).
Los recortes incluyen infraestructura escolar (-84,4%), formación docente (-71,2%), educación técnica (-84,5%), eliminación del FONID, programas de conectividad casi anulados, becas estudiantiles (-75%) y un millón de estudiantes sin asistencia. Se profundiza la deserción en profesorados, cae la matrícula, la planta docente y se habla hipócritamente de “calidad educativa” mientras los salarios permanecen en la pobreza.
Este ajuste económico se complementa con un proyecto ideológico regresivo. La llamada “libertad educativa” propone un Estado subsidiario, prioriza el “rol de la familia” y el “ideario institucional”, fragmentando el sistema, vaciando la escuela pública como espacio común y reforzando la privatización. No hay diagnóstico serio ni respuestas reales a los problemas de aprendizaje: se rompe el tejido social y se retrocede a un esquema previo a la institución del sistema educativo nacional con la ley 1420 (1882).
Es posible enfrentarlo, nuestras propuestas
Desde Alternativa Docente, ANCLA y el MST en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este ataque histórico y planteamos una salida de fondo. Para que haya verdadera educación pública es necesario destinar como mínimo el 10% del PBI al presupuesto educativo, cortar los subsidios a la educación privada y a la Iglesia, imponer impuestos reales y progresivos a las grandes riquezas y dejar de pagar la estafa de la deuda al FMI y los bonistas buitres. Plata hay: mientras ajustan a la escuela y la universidad pública, para 2026 el proyecto prevé destinar 60% más a pagar los intereses de la estafa de la deuda que a Educación y Cultura.
Luchamos por un sistema educativo nacional, único y estatal, con un nomenclador salarial único nacional sostenido íntegramente con fondos del presupuesto nacional, salarios igual a la canasta familiar, becas y una inversión masiva en infraestructura, útiles, mobiliario, conectividad y dispositivos. Por una educación obligatoria, gratuita, científica y laica, democrática, con perspectiva de género y ecosocialista. Con funcionarios que ganen como una docente y manden a sus pibes a la escuela y el hospital público.
Nada de esto se logrará en los pasillos del Congreso ni en los Tribunales, como aspira la conducción Celeste de CTERA y de gremios poderosos como el SUTEBA. Como demostró la heroica lucha del hospital Garrahan, que logramos transformar en causa nacional, es posible enfrentar y derrotar al gobierno, el FMI y sus cómplices. El camino es la calle, el paro y un plan de lucha nacional.
Así derrotamos la Ley Ómnibus y así podemos frenar este Presupuesto de saqueo y ajuste permanente. La Celeste de CTERA se ha negado a convocar al paro nacional y a una verdadera Marcha Federal Educativa, expresan una corriente derrotada, escéptica, que milita la resignación y se adaptan a la agenda capitalista y al “posibilismo” o el “malmenorismo” del PJ y de gobernadores como Kicillof, con quien se alinean incondicionalmente.
Es una tarea pendiente a exigir y reclamar, pero a la vez a impulsar y organizar de cara a un no inicio de clases 2026 y un plan de lucha desde los sectores que integramos la Coordinación Nacional Docente, con los gremios, la FND (Federación Nacional Docente), las seccionales y agrupaciones docentes combativas, independientes, multicolor y antiburocráticas. Sumate a este desafío colectivo para defender y transformar la educación pública.
[1] El Artículo 12 del Presupuesto 2026 establece que “las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
En los últimos años, la “educación socioemocional” o “bienestar socioemocional” se fue instalando con fuerza en las agendas educativas argentinas. La Ciudad de Buenos Aires la incorporó como eje prioritario en el plan Buenos Aires Aprende 2025; la Provincia de Buenos Aires está a punto de convertirla en ley con media sanción casi unánime. Misiones, Jujuy, Corrientes y Chaco ya cuentan con normativas similares. Todas las propuestas coinciden en un diagnóstico alarmante: altos niveles de ansiedad, depresión y pérdida de sentido entre estudiantes y docentes. Y todas las propuestas acuerdan en entrenar “habilidades” como autorregulación emocional, resiliencia, empatía y trabajo en equipo mediante talleres, recurseros y “cajas de herramientas” que los docentes deberán aplicar en contextos disímiles.
La importancia de la dimensión emocional en los procesos de aprendizaje es indudable, el asunto es debatir qué se entiende por ello, dado que en la mayor parte de propuestas sobre “educación socioemocional, éstas quedan reducidas a la biología de un individuo. La dimensión afectiva de los vínculos y las tramas escolares, tan reparadoras como subjetivantes en muchos casos, son fundamentales en cualquier horizonte político con sentido comunitario, pero parecen quedar por fuera de los “nuevos” enfoques.
Al respecto, los textos del Ministerio de Educación porteño son elocuentes: El bienestar socioemocional aparece como “condición fundamental” para el aprendizaje, por encima incluso de los contenidos disciplinares y de la propuesta pedagógica.
El material porteño se organiza en tres dimensiones —“soy”, “somos”, “actuamos”— que incorporan el uso de la primera persona del plural, pero que rápidamente se revelan como una suma de individuos que, en el mejor de los casos, cooperan. Lo grupal no trasciende la interacción interpersonal y no incluye la institución escolar: sus normas, sus desigualdades de poder, sus códigos disciplinarios quedan fuera de escena. Los problemas diagnosticados —soledad, ansiedad, depresión, polarización— se presentan como fallas en la gestión emocional de cada uno/a, nunca como efectos de condiciones materiales, de pobreza estructural, de precarización laboral docente o de un currículum que expulsa sentido.
La propuesta es profundamente instrumental: se ofrecen “herramientas” (semáforo de los conflictos, mapa interno, circuito del yo) que supuestamente cualquier docente puede aplicar para modificar la biología emocional de sus estudiantes. Se cita, con ligereza, que la plasticidad cerebral permitirá “mejorar competencias como la empatía o la resiliencia” mediante mindfulness o entrenamiento en inteligencia emocional. Así, el cerebro pasa a ser el protagonista del aprendizaje, reducido a un órgano que se reconfigura con recetas didácticas, ignorando que incluso la neuroplasticidad está mediada cultural e históricamente desde el nacimiento.
El sujeto que emerge de esta matriz es un sujeto adaptable, flexible, capaz de regular sus emociones “negativas” (ira, frustración, tristeza) para mantener la productividad en contextos de amenaza permanente. Un sujeto que no cuestiona las condiciones que generan su malestar, sino que aprende a gestionarlo individualmente. Un sujeto resiliente ante la precariedad, empático pero no solidario en el sentido político, colaborativo pero no colectivo. En definitiva, un sujeto funcional al mercado laboral actual y a la naturalización de la desigualdad.
Comparado con la Educación Sexual Integral (ESI), la diferencia es abismal. La ESI parte de una unidad de análisis relacional y sistémica: los cuerpos, los géneros, las sexualidades se constituyen en tramas de poder atravesadas por dinámicas de clase, raza y patriarcado. Propone una subjetividad que se construye reconociendo al/a otro/a como sujeto de derecho, habilitando legalidades que promueven el cuidado colectivo y la crítica a las desigualdades. La escuela aparece como lugar de ampliación simbólica, donde la sexualidad deja de ser tabú familiar para inscribirse en una red más democrática de saber y reconocimiento.
La educación socioemocional, en cambio, parte de una unidad de análisis individual-cerebral. El malestar no es efecto de relaciones asimétricas de poder, sino de una mala gestión emocional. No interpela la institución escolar ni sus prácticas cotidianas; al contrario, refuerza el disciplinamiento al convertir al docente en un aplicador de técnicas y al alumno en un auto-entrenador de su propia docilidad.
Mientras la ESI habilita la politización del sufrimiento, la educación socioemocional lo despolitiza y cae en la ilusión de que se puede auto-regular.
En un país donde más del 66% de niños y adolescentes viven en la pobreza, donde el suicidio juvenil es la segunda causa de muerte y donde la Ley de Salud Mental sigue sin presupuesto suficiente, la respuesta estatal no puede ser enseñar a respirar profundo o dibujar un “mapa interno”. Necesitamos más equipos de orientación escolar, más trabajadores sociales, implementación plena de la ESI y de la Ley de Salud Mental, presupuesto educativo real y, sobre todo, un debate colectivo con docentes, estudiantes y familias sobre qué sujetos se forjan en nuestras aulas.
Porque la escuela sigue siendo un organizador simbólico de gran centralidad en nuestras sociedades, aún con sus dinámicas conflictivas y su crisis histórica. La cuestión es si ésta es capaz de producir sujetos críticos, solidarios y con derecho a la indignación, o sujetos resilientes que aprendan a sonreír en un mundo en crisis.
Carolina Dome es psicóloga. Magíster en psicología educacional. Docente e investigadora en UBA.
Los docentes venezolanos reportaron que el aguinaldo de diciembre de 2025 resultó insuficiente. Con la canasta básica familiar por encima de los $500, este ingreso no cubrió ni el 25% de las necesidades del hogar, lo que imposibilitó los gastos navideños tradicionales.
Caracas. Mientras que el pago de los aguinaldos para cualquier trabajador en el mundo es un alivio económico, para el docente venezolano implica un ejercicio de supervivencia, en una situación marcada por salarios anclados en bolívares, la moneda nacional, que pierde valor frente al dólar.
Tras el cierre del cronograma de bonificaciones de fin de año este 15 de diciembre, el balance gremial es unánime: el ingreso desapareció entre el mostrador de la carnicería y el pago del transporte público, dos de los gastos más inmediatos y difíciles de postergar, sin margen para cubrir necesidades básicas ni tradiciones navideñas.
De acuerdo con datos registrados por el sector educativo, para este fin de año, un docente promedio recibió por concepto de aguinaldo montos que oscilaron entre los Bs. 4680 y Bs. 5400, equivalentes a entre $17 y $20 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
A esto se sumó el bono contra la guerra económica, equivalente a $120 o Bs. 32.400, una asignación extraordinaria que no forma parte del salario base.
Pese a que el ingreso total parece superior al de años anteriores, educadores consultados por Crónica Uno señalaron que, con la canasta alimentaria familiar por encima de los $500, el ingreso navideño no alcanzó ni para cubrir una cuarta parte de las necesidades básicas de un hogar; mucho menos para estrenos, regalos y cena familiar.
Gremio de docentes exige a las autoridades mejoras salariales. Foto: Manuel Díaz
Aguinaldos chucutos por la inflación
La principal denuncia de los gremios universitarios y de educación básica se centra en el fraccionamiento del pago. A través de esta modalidad se divide el ingreso en partes, lo que reduce su impacto real.
Los aguinaldos se cancelaron en cuatro cuotas a partir de octubre y, según dirigentes sindicales, para cuando se depositó la última parte, el 15 de diciembre, el poder de compra de los primeros bolívares ya se había erosionado por el alza del dólar oficial, que pasó de Bs. 199 a finales de octubre a superar los Bs. 270 en diciembre, un reflejo directo de la inflación y la devaluación de la moneda.
En un intento por paliar el desplome del poder adquisitivo y la brecha cambiaria, el sector docente solicitó a finales de noviembre una bonificación navideña de $400. No obstante, denunciaron el silencio administrativo de las autoridades.
Maestros pidieron al Ejecutivo el pago de un bono de $400, pero no obtuvieron respuesta. Foto: Manuel Díaz
Según representantes gremiales, la única contestación llegó semanas después bajo la forma de un denominado “bono hallaquero” de Bs.12,50, un pago simbólico asociado a la tradición navideña venezolana de preparar hallacas.
Esta asignación, que representa unos $0,20 a la tasa oficial, fue recibida como una afrenta por el gremio. Fuentes aseguraron que el monto no alcanzó ni para comprar el pabilo de las hallacas.
Lejos de constituir un alivio, el aporte profundizó el malestar del sector educativo, que manifestó su rechazo e indignación a través de las redes sociales.
El drama de la mesa vacía
Elena Moya, de 45 años, es docente especializada en educación especial y acumula dos décadas de servicio en la administración pública. Madre de dos adolescentes de 16 y 17 años, relata que este año no habrá olor a hallaca en su hogar porque sus ingresos no lo permiten, una ausencia que simboliza la imposibilidad de celebrar.
Tampoco pudo comprar los estrenos de sus hijos, ropa nueva que tradicionalmente se usa en Navidad.
la crisis salarial profundiza el déficit de profesionales.
Con sus aguinaldos y el bono de guerra apenas logró adquirir un kilo de pollo picado, dos kilos de carne y algunos víveres, alimentos básicos de consumo cotidiano. También pudo saldar cuentas de servicios que se acumulan mes a mes.
Quedaron fuera de su alcance renovar el guardarropa, pintar su casa y comprar el tratamiento para su glaucoma, una enfermedad ocular crónica que puede causar ceguera.
Calcula que los que compró apenas le alcanza para comer unos cinco días de forma racionada. Se vio obligada a recurrir a la caridad de amigos y familiares en el exteriorpara obtener los medicamentos necesarios para evitar el avance de su enfermedad.
«Cuando vi la notificación del banco por el pago del bono hallaquero, pensé que era un error. Me senté a sacar la cuenta y noté que esos Bs.12,50 del hallacazo no me alcanzaban ni para comprar el pabilo. Es una burla que nos llamen ‘forjadores del futuro’ y nos depositen lo que cuesta un caramelo. Nos están empujando a renunciar o a morir de hambre»
Salto inflacionario
Un recorrido realizado por Crónica Uno constató en noviembre cómo la inflación y la devaluación diaria del bolívar deterioraron la capacidad de compra de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores del sector público, al momento de adquirir los ingredientes para las hallacas y la cena navideña, platos centrales de la tradición venezolana.
Fotografía: Armando Díaz
Mientras que en noviembre de 2024 preparar 50 hallacas costaba Bs. 5302,80, o $120 al cambio oficial, para noviembre de este año el costo ascendió a $140 o Bs. 34.392,40, lo que representa un incremento de 548 %, una subida abrupta explicada por la inflación acumulada y el aumento del dólar oficial.
Ricardo*, profesor de bachillerato de 36 años, nivel educativo equivalente a la secundaria, relató que estas navidades hacer 25 hallacas le costó aproximadamente $62. Para cubrir los ingredientes buscó ingresos adicionales mediante clases particulares de inglés y castellano. Aun así estima que destinó 60 % de todo su ingreso de diciembre —incluidos los bonos— solo para garantizar el plato tradicional a su familia de tres integrantes.
Hacer 50 hallacas sobrepasa los $100. Fotografía: Tairy Gamboa
Sin embargo, los estrenos quedaron fuera de su alcance; tampoco pudo viajar a Táchira para pasar las festividades con sus padres.
“Estos aguinaldos fueron un golpe duro porque se volvieron sal y agua ante los altos precios. Me siento humillado como profesional porque como gremio pedimos una bonificación para pasar una navidades decentes y por respuesta obtuvimos una migaja de Bs.12 con el bono hallaquero”.
A juicio del gremio de educadores, la crisis salarial profundiza el déficit de profesionales. Según datos de la Federación Venezolana de Maestros, el país cerró el 2025 con una falta de más de 200.000 docentes en el sistema público.
Éxodo y suspensión de nóminas
Para Carlis*, maestra de educación preescolar desde hace seis años, recibir $20 de aguinaldo y Bs.12 para hacer la hallacas. Para la docente, después de un año de trabajo, el monto representa una burla a su esfuerzo.
“Tengo tres trabajos para poder sobrevivir. Hago uñas y vendo ropa en línea los fines de semana porque mi labor como maestra no me sustenta. Los pagos que recibo en la cuenta me hacen sentir burlada y he pensado en abandonar mi ejercicio profesional, pero amo mi trabajo. Si no hay maestros ¿quién forma al futuro del país?”.
Carmen Teresa Márquez, presidenta del gremio, alertó que miles de docentes quedaron excluidos de los pagos de fin de año sin procedimientos administrativos previos, lo que dejó a familias enteras en total desamparo a pocos días de la Nochebuena, una de las fechas más importantes del calendario familiar venezolano.
El país cerró el 2025 con una falta de más de 200.000 docentes en el sistema público. Foto: Cronica.Uno
El año 2025 concluye con una educación pública sostenida por la resiliencia de profesionales que, lejos de planificar vacaciones, terminan el año calculando cuántos kilos de harina o carne pueden adquirir con unos aguinaldos que resultaron insuficientes incluso para cubrir lo más básico. Esta postal resume la crisis salarial del sector educativo en Venezuela.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
Tras casi un mes de angustia, el gobierno de Nigeria confirmó la liberación de 130 niños que permanecían cautivos tras secuestro en una escuela católica.
Escrito por: Jimena Romero
Con información de: Agencias
Este domingo, las familias de Nigeria recibieron la noticia que tanto esperaban. El portavoz presidencial, Sunday Dare, anunció que el último grupo de 130 alumnos secuestradosen el estado de Níger ha sido liberado. «Ya no queda ninguno en cautiverio», publicó el funcionario en sus redes sociales junto a una fotografía de los niños sonrientes.
Aunque el gobierno no dio detalles específicos sobre cómo se logró la liberación o si se pagó algún rescate, el alivio es inmenso. Los menores habían pasado semanas bajo el control de «bandidos», como se les conoce localmente a los grupos armados que aterrorizan el centro y norte del país.
Ataque a la escuela St. Mary en Nigeria
La pesadilla comenzó en noviembre, cuando un grupo de hombres armados irrumpió con violencia en la Escuela Privada Católica St. Mary. En ese ataque inicial, los delincuentes se llevaron a un total de 303 niños y 12 maestros.
Entre las víctimas había tanto niños como niñas, algunos de apenas 10 años de edad. Desde el primer momento, la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN)denunció la vulnerabilidad de estos centros educativos ante bandas que utilizan los secuestros masivos como una herramienta para exigir dinero o presionar a las autoridades. Algunos de estos secuestros también son realizados por grupos terroristas como Boko Haram.
Fugas y rescates en Nigeria
El camino hacia la libertad total fue por etapas. Menos de 48 horas después del secuestro, 50 estudiantes lograron escapar valientemente de sus captores y regresaron con sus familias. A principios de diciembre, el gobierno anunció que las fuerzas de seguridad habían rescatado a otros 100 alumnos.
Con el anuncio de este domingo, las cifras se ajustan a los reportes oficiales, indicando que todos los sobrevivientes han vuelto a casa. No obstante, las organizaciones internacionales mantienen su preocupación por el trauma psicológico que enfrentan estos menores tras haber sido retenidos en la selva por grupos criminales.
Por qué ocurren estos secuestros en Nigeria
Nigeria sufre una ola constante de violencia que ha convertido a las escuelas en blancos fáciles. Los grupos armados aprovechan las tensiones étnicas y las disputas por recursos como la tierra y el agua para sembrar el caos.
Estos secuestros masivossuelen tener fines económicos, buscando cobrar rescates millonarios. Sin embargo, también son una demostración de fuerza ante un gobierno que lucha por mantener el control en las zonas rurales. Las escuelas, al estar a menudo desprotegidas, se han convertido en el escenario preferido para estos crímenes que indignan al mundo.
El plan de trabajo propuesto en el Consejo Universitario abarca desde despidos a docentes y no docentes, hasta el cierre de carreras. ¿Nos queda sólo resignarnos y administrar la reestructuración o hay otro camino?
Por: Akemi Matsubara
En el último pleno universitario del día 18 de diciembre de 2025, se presentó un borrador de propuesta de trabajo para el desarrollo del plan de reestructuración. Los argumentos esgrimidos son que la universidad está a dos meses de la quiebra y es insostenible. Es decir, no es “rentable”.
La Superintendencia de Educación (SES) ya había sugerido estos meses 5 medidas que la Universidad no tomó, las cuales se concentraban en aumentar la carga docente para no contratar docentes a honorarios, desfinanciar la investigación y cortar becas internas de la universidad. Una de las premisas que se señaló es que, o aceptamos este plan de reestructuración o la SES iba a intervenir y decidir.
Sin embargo, este plan de reestructuración de la Universidad no sólo aborda todas las medidas propuestas por la SES sino que va más allá. Mediante una “comisión de reestructuración” busca hacer revisión de la planta docente y no docente para despedir a académicos y funcionarios; plantea explícitamente la decisión de cerrar carreras, congelar incentivos para el desarrollo de investigación y publicaciones, ver la viabilidad de Centros e Institutos de la Universidad, entre otros.
Es decir, un ataque en toda regla a la única Universidad estatal de la Región de Antofagasta. El déficit, producto del abandono del Estado y de la lógica del autofinanciamiento de las universidades, lo pagaremos la comunidad educativa. Estas medidas no buscan fortalecer la educación pública, sino desmantelarla completamente, abriendo paso a los privados para extender aún más su negocio frente a la precariedad de las universidades estatales.
Todo lo que quieren recortar, son cosas indispensables para el desarrollo de una universidad pública. Nuestros docentes ya cuentan con una alta carga laboral, faltan profesores que tomen prácticas (como lo vimos con obstetricia hace un par de años, que no podían hacer prácticas porque no les pagaban a sus docentes), hay carreras que están profundamente precarizadas como música y artes escénicas, que son necesarias para el desarrollo humano en torno a las artes, sobretodo en una ciudad como Antofagasta donde la producción está primero. A la par, los funcionarios no docentes, sobre todo quienes son del área de aseo, son los más precarizados. Quieren hacer un muerto en vida de la Universidad de Antofagasta, transformándola en una máquina de producción de profesionales lo más rentable posible, lejos de una concepción de universidad destinada a crear conocimientos que resuelvan las necesidades de la población.
¿Por qué digo que quieren abrir paso a los privados desmantelando la universidad estatal? Porque muchos escuchamos a jóvenes que, buscando una buena educación, prefieren estudiar en universidades privadas donde aceptan beneficios estatales -como gratuidad y otros- porque ven que la UA está completamente precarizada. Que faltan laboratorios, docentes, salas, equipos, etc. Que la infraestructura es un desastre y más. ¿Quién querría estudiar en esas condiciones? La Universidad hoy la sostienen los académicos y funcionarios que con mucho esfuerzo hacen lo que pueden, a pesar de que la institución constantemente les retrasa los pagos, los precariza con honorarios, etc. De esta forma, los estudiantes con beneficios estatales se van a las instituciones privadas, buscando algo “mejor”, y las privadas se llenan los bolsillos al recibir todo el financiamiento estatal.
En el pleno estudiantil, se discutió cómo los estudiantes podríamos “incidir” en el plan de reestructuración exigiendo la participación en la “comisión de reestructuración”, para resguardar la continuidad académica de quienes ya están estudiando (es decir, aceptar el cierre de carreras a través de que no entren más estudiantes pero que quienes sigan puedan terminar) , los criterios para cerrar y/o fusionar carreras y que se ajuste en asignaciones y gastos a nivel central antes de afectar a los estudiantes. Es decir, aceptar el plan de reestructuración pero con reparos.
La crisis no es técnica: es política y tiene responsables
La Universidad de Antofagasta este 2025 recibió de Aporte Fiscal Directo (que es la más importante fuente de financiamiento de las instituciones) un monto de $4.831.834 millones, mientras que la privada tradicional Universidad Católica del Norte recibió $10.433.562 millones de pesos. Esto no es una excepción local, sino un patrón nacional, consolidado también bajo el actual gobierno. La mayor parte del Aporte Fiscal Directo y de la matrícula con gratuidad termina en instituciones privadas, profundizando un modelo heredado que el gobierno de Boric no sólo mantuvo, sino que administró sin cuestionar. La gratuidad, pactada en su origen con Michelle Bachelet y defendida por quienes hoy gobiernan, se transformó en un verdadero negocio educativo para los privados, mientras las universidades estatales continúan precarizadas y endeudadas.
Ahora bien, la propia Universidad ha informado que enfrenta un déficit operativo proyectado cercano a los $9.000 millones, no una quiebra inminente ni una deuda consolidada imposible de manejar. Este déficit debe analizarse en el contexto de un presupuesto anual superior a los $70.000 millones (como se señala en el presupuesto 2025).
El presupuesto permite identificar con claridad prioridades presupuestarias que no están siendo discutidas. Solo en remuneraciones de la alta dirección (Rectoría, Vicerrectorías, Contraloría y direcciones centrales) la Universidad destina aproximadamente $2.831 millones anuales, una cifra superior al pago anual efectivo del servicio de la deuda, que asciende a $2.813 millones. Es decir, la Universidad gasta más en sueldos de la cúpula de alta dirección que en cumplir sus compromisos financieros del año, siendo este sector una minoría dentro de la Universidad.
Como “gesto” el Rector de la Universidad dejó de percibir aprox. 9,5 millones a este mes cobrar 8,5. La reducción salarial del rector opera como un simbolismo de austeridad, pero no como una política redistributiva ni estructural. No modifica las relaciones salariales internas ni el diseño del ajuste propuesto. Es un gesto comunicacional, que busca legitimar decisiones regresivas aplicadas a otros estamentos de la comunidad universitaria, la gran mayoría bordeando el millón de pesos de salario.
A partir de los propios registros de Transparencia Activa, es posible realizar un ejercicio simple y revelador: una reducción uniforme del 31% en las remuneraciones de la alta dirección, sin eliminar cargos ni despedir a nadie (Y todos, además, seguirían ganando sobre los 3 millones), permitiría generar un ahorro anual cercano a los $878 millones. Este monto equivale a aproximadamente un 31% del servicio anual efectivo de la deuda y a cerca de un 10% del déficit operativo proyectado. No se trata de una “solución mágica”, pero sí de una demostración clara de que existen márgenes internos de ajuste antes de recurrir a despidos, cierres de carreras o recortes a la investigación.
Estos datos desmienten el relato de que “no hay alternativa” al ajuste regresivo que hoy se intenta imponer. La reestructuración no es un destino inevitable dictado por las cifras, sino una decisión política sobre quién debe pagar el costo del déficit. Y, hasta ahora, esa decisión apunta de forma sistemática a los sectores más precarizados de la comunidad universitaria, mientras la estructura directiva permanece prácticamente intacta, pues sólo discutieron bajar ciertas asignaciones.
Por eso, aceptar participar en una comisión de reestructuración bajo estos términos no es incidir: es legitimar un proceso cuyo marco ya está definido en contra de la educación pública. Los estudiantes no podemos ser parte de un plan que preserva los privilegios y sueldos de gerentes de la alta dirección y sacrifica el carácter público de la universidad.
El debate no debe ser cómo administrar el desmantelamiento de la Universidad de Antofagasta, sino cómo defenderla, exigiendo que cualquier discusión parta por desconocer completamente las deudas que tiene la Universidad con los bancos, deudas que fueron creadas por el abandono del Estado; Que el Estado inyecte recursos de forma inmediata a la Universidad para infraestructura, proyectos educativos, contratación de docentes, etc.
De resistir el ajuste a disputar el sentido de la universidad
En el fondo, lo que hoy ocurre en la Universidad de Antofagasta no es una anomalía ni un error de gestión aislado. Es la expresión de un modelo de educación superior profundamente mercantilizado, que atraviesa tanto a las universidades privadas como a las estatales (como vimos con los despidos y cierre de jardín en la UCN). Un modelo que reproduce la desigualdad de clases, donde el acceso al conocimiento no es un derecho social garantizado, sino un privilegio condicionado por la capacidad de pago, el endeudamiento y la rentabilidad de las carreras.
Bajo esta lógica, incluso las universidades públicas dejan de responder a las necesidades sociales y pasan a organizarse en función de la rentabilidad. Se privilegian aquellas áreas que sirven directamente al gran capital (en el caso de Antofagasta, la industria minera y extractiva) mientras se precarizan o eliminan disciplinas críticas, artísticas, humanistas y científicas que no generan ganancias inmediatas, pero que son fundamentales para pensar un desarrollo del pensamiento crítico, humano, social y cultural. No es casualidad: es la expresión de un sistema que pone el conocimiento al servicio de una minoría económica, y no de las grandes mayorías sociales.
Primero se abandona a las instituciones estatales, luego se las empuja al endeudamiento y al autofinanciamiento, y finalmente se utiliza el déficit como chantaje para justificar despidos, cierres de carreras y recortes, mientras se desatiende los problemas estructurales que afectan a las grandes mayorías: la salud, la educación pública, la vivienda, el medioambiente, la cultura, la precarización laboral y la desigualdad territorial.
Nuestra tarea no es administrar el desmantelamiento ni negociar cómo se reparte el daño, sino organizar una respuesta colectiva que cuestione de raíz este modelo. Lo que está en juego es qué universidad necesitamos y para quién. Una universidad al servicio de las grandes mayorías, orientada a producir conocimiento crítico, científico y humanista para resolver los problemas sociales reales, una universidad donde todas y todos podamos estudiar, sin restricciones.
Desde esta perspectiva, resistir el plan de reestructuración no es solo una defensa frente a los ataques actuales, sino una oportunidad para pensar colectivamente una universidad distinta, democrática, con financiamiento basal 100% pagado por el Estado, gratuita, al servicio de la población y no del mercado. Una universidad donde el conocimiento no esté subordinado a la rentabilidad, donde estudiar no sea un privilegio de clase y donde la educación pública deje de ser un negocio. Y sobretodo, porque el próximo Gobierno de Kast prepara un ajuste fiscal de 6.000 millones, que seguramente afectará en derechos sociales como educación, salud, pensiones, etc. Organizarse para resistir los ataques es una tarea de primer orden, por lo que se hace urgente levantar una campaña contra la reestructuración, por ningún despido a docentes y funcionarios; contra el cierre de carreras, por el desconocimiento de la deuda y por una inyección de recursos urgente a la Universidad por parte del Estado.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 144
Total Users : 35480983
Views Today : 183
Total views : 3583857