De acuerdo a los últimos informes de evaluación realizados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y como Fundación Vida Silvestre Argentina plantea en su reciente documento de posición, la industria pesquera descarta anualmente más de 110.000 toneladas de merluza en buen estado al mar, lo que pone en riesgo la conservación a largo plazo de los recursos pesqueros del país.

El descarte de merluza es la cara visible de un déficit de manejo mucho mayor: presenta un problema biológico, pone en riesgo las exportaciones y avala una pesca ilegal.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2020 – La pesca marítima es una de las principales actividades económicas de la Argentina, con exportaciones que superaron los 2000 millones de dólares anuales en los últimos 3 años, y que se encuentra a la par de otras actividades productivas más tradicionales como la ganadería.

Sin embargo, y de acuerdo a los últimos informes de evaluación disponibles realizados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), cada año la industria pesquera descarta más de 110 mil toneladas de merluza en buen estado que son devueltas sin vida al mar.

Y a pesar de que estos registros podrían sufrir variaciones en las estimaciones de este año, estos valores reflejan un déficit de manejo histórico en la industria pesquera, que pone en riesgo los recursos pesqueros del país.

A nivel global, y de acuerdo a datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), alrededor del 33.1% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas y el 60% se está pescando hasta su límite biológicamente sostenible.

La FAO define además a la pesca ilegal como aquellas actividades pesqueras realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un estado, sin el permiso de éste o contraviniendo sus leyes y reglamentos; o aquellas que no han sido declaradas o lo fueron de modo inexacto a la autoridad nacional competente.

Como establece la Ley Argentina en su artículo 1º del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), la pesca debe ser una actividad desarrollada de manera sostenible y con buenas prácticas, que promueva el “máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos”, con el objetivo de asegurar “la conservación a largo plazo de los recursos”.

Así mismo, en su artículo 21,  indica que está expresamente prohibido arrojar descartes y desperdicios al mar, en contra de prácticas de pesca responsables. Es en este contexto en el que es claro que la ley de pesca prohíbe el descarte, y que Argentina está avalando una pesca ilegal,  permitiendo un uso irracional del patrimonio natural y generando impactos directos sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Presenta, además, un problema político y ético: es un aprovechamiento que perjudica los recursos naturales y un desperdicio de alimentos, contrario a la administración responsable y a la utilización sostenible de los recursos.

El descarte pesquero (el de la merluza es el caso más emblemático) consiste en la devolución al mar sin vida de aquellos ejemplares que no serán comercializados porque son de menor tamaño o porque tienen menor valor comercial. Es un proceso complejo que involucra una diversidad de actores, con distinto grado de responsabilidad (autoridades, empresas, capitanes y tripulantes).

Estas prácticas, habituales en la pesca marítima, responden en gran medida a una motivación clara: la búsqueda de maximizar los beneficios económicos en el corto plazo. Entonces, lo que tiene más valor comercial se guarda y lo que tiene menos valor se tira, lo que ocurre en varias pesquerías argentinas, pero que se ha documentado tanto en la pesquería de merluza como en la de langostino.

Es en este sentido que Guillermo Cañete, Especialista en Pesca Sustentable y Planificación Espacial Marina de Fundación Vida Silvestre, profundiza “En este problema todos los actores tienen su cuota de responsabilidad, las autoridades, empresas, capitanes y tripulantes. Obviamente la mayor responsabilidad la tiene la autoridad de aplicación, que según la ley tiene la obligación de realizar una administración racional de nuestro patrimonio.

Sin embargo, se ha naturalizado el dejar de lado el marco normativo, incorporando a la cultura del sector que el descarte “está bien”, a pesar de ser ilegal. Lamentablemente,  no hay un plan de manejo que establezca reglas claras para resolver el problema con transparencia.

Enfrentamos grandes desafíos para llegar a la necesaria transformación del sector pesquero para lograr la sustentabilidad ambiental, social y económica, que  asegure el acceso a mercados internacionales, cada vez más exigentes. ”

Entendemos que el descarte no solo es un problema biológico, también pone en riesgo las exportaciones y el empleo, por eso desde Fundación Vida Silvestre Argentina planteamos en el documento de posición “El descarte de merluza no solo es un problema biológico, también pone en riesgo las exportaciones y el empleo”  la urgencia de  aplicar correctamente la Ley Federal de Pesca,  mejorar el desempeño de las pesquerías para incorporar mayor transparencia y trazabilidad, y minimizar la captura incidental de otras especies, el descarte y el impacto sobre el hábitat marino.

Por su parte Fernando Miñarro, Director de Conservación de Fundación Vida Silvestre, reflexiona sobre el contexto actual porque “Cuando todo esto pase y empiecen a reactivarse las actividades, muchos países (incluido el nuestro) van a necesitar un fuerte estímulo a la producción. Y resulta lógico que así sea. Pero en este punto es clave que, para evitar seguir cometiendo los mismos errores, nos preguntemos cómo hacerlo y revisemos los actuales esquemas productivos.

La reactivación económica no puede ser a cualquier costo, existen otras formas de producir y es momento de redefinirlas. Es importante que busquemos alternativas sustentables que nos permitan compatibilizar la producción con la conservación de nuestros ambientes naturales. Existen posibilidades de satisfacer las necesidades económicas y las expectativas razonables de crecimiento y, a la vez, garantizar que nuestros recursos naturales estén disponibles para nosotros y para las generaciones futuras. La recuperación económica post pandemia no debe retomar las actividades económicas pesqueras  sostenidas en sistemas que presentan un déficit de manejo histórico”

Ante esta problemática, es preciso que el Estado genere las condiciones habilitantes, con la participación del sector privado, para avanzar hacia una trasformación responsable de la pesca, en cumplimiento de la legislación vigente y con el objetivo de desarrollar un modelo que incluya buenas prácticas en la pesca argentina.