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Universidad de Chapman otorga premio de Justicia Social a Luis Bonilla-Molina

OVE / 6 de diciembre 2020

 

El Proyecto Democrático Paulo Freire (PFDP por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chapman, ubicada en Los Ángeles, EEUU, decidió nominar y otorgar al Dr. Luis Bonilla-Molina, el Premio Anual de Justicia Social 2020, el cuál será entregado por el Attallah College of Educational Studies, de esa universidad. El premio será otorgado el 19 de febrero de 2021 en acto formal del Proyecto Democrático Paulo Freire (PFDP) y consiste en un pergamino certificado por la Universidad de Chapman

 

Este reconocimiento se debe a su trabajo pedagógico crítico realizado a nivel internacional usando modos virtuales durante el año 2020, que permitió unir a lo/a/es educadores más afectado/as durante esta pandemia histórica. En particular se aplaudió la incorporación en ese trabajo de temas relevantes sobre la educación popular, los abusos de género, y otros temas sociopolíticos y económicos que impactan al bienestar de educandos y sus maestra/o/es y profesores.

 

El trabajo en el que participó el profesor Luis Bonilla-Molina esta accesible en el YouTube del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación y consta de más de doscientos foros, encuentros y diálogos realizados en el año 2020 entre educadores/as y populares, pedagogos críticos y defensores de la educación. Actividades que se realizaron gracias al trabajo mancomunado de los equipos de CII-OVE (Venezuela), la CEIP-H (Argentina) y el MAECC (Oaxaca, México), por lo cual es también un reconocimiento al trabajo en equipo.

 

Este trabajo permitió impulsar y realizar por medios virtuales el I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo los días 25, 26 y 27 de septiembre en el cual expusieron líderes y lideresas de 92 federaciones y sindicatos de todos los continentes, colectivos de educación popular y pedagogos críticos y contó con más de 12.000 participantes. Congreso Mundial que ahora organiza la marcha global por el derecho a la educación.

 

Luis Bonilla-Molina es Doctor en Ciencias Pedagógicas, con más de cuarenta años de experiencia educativa Ha dirigido importantes instancias internacionales como el Centro Internacional Miranda (CIM) de Venezuela, el Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO y es fundador del portal Otras Voces en Educación (OVE), así como del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE).

 

El Proyecto Democrático Paulo Freire (PFDP) son un conjunto de iniciativas locales, regionales e internacionales desarrolladas desde la Facultad de Estudios Educativos Attallah de la Universidad Chapman. Estas iniciativas reflejan los imperativos políticos, pedagógicos y éticos del gran educador brasileño Paulo Freire y capturan su lucha democrática por la justicia social. Originalmente apoyado por la Cátedra Jack H. y Paula A. Hassinger en Educación, el PFDP comenzó en Chapman’s Attallah College en 1996. Es el efecto vivo y duradero de la inspiración de Paulo Freire en los corazones, mentes y trabajo de académicos y activistas comunitarios. La conciencia crítica de la injusticia y la opresión, así como las fuerzas materiales y epistemológicas que la perpetúan en la educación, se convierten en el tema central de interés del proyecto.

 

Algunos de quienes han recibido este premio son:

2019    Dr. George Sefa Dei

2018    Dr. Pedro Pedraza

2017    Dr. Sandy Grande

2016    Antonia Darder

2015    Dr. Henry Giroux

2014    Donaldo Macedo

2013    Jeff Duncan-Andrade

2012    Dr. Christine Sleeter

2011    Shirley Steinberg

2010    Russell Bishop

2009    Sonia Neito

2007    George Wood

2004    Rubén Martinez

2002    Dr. Peter McLaren

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Chile: Exjefe de Carabineros declaró ante la Fiscalía por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH

Exjefe de Carabineros declaró ante la Fiscalía por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH

Rozas declara por más de 3 horas como imputado ante Fiscalía por casos de violaciones a DDHH

Por Emilio Lara

Este lunes y por más de tres horas declaró como imputado ante la fiscal Claudia Perivancich Mario Rozas, el exgeneral director de Carabineros que enfrenta 36 querellas por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos tras el levantamiento social del viernes 18 de octubre de 2019.

Pasadas las 19:10 horas, el otrora uniformado dejó la Fiscalía de Valparaíso a bordo de un auto, sentado en la parte trasera, sin dar declaraciones a la prensa apostada en el lugar.

A los minutos hizo abandono del recinto su defensor, Gabriel Zaliasnik, un conocido abogado en el mundo político que ha defendido a figuras como los exministros Jaime Mañalich y Víctor Pérez.

El jueves 19 de noviembre, Rozas llegó a La Moneda para comunicarle su renuncia al presidente Sebastián Piñera. Esto tras el escándalo que generó el baleo de niños de un hogar dependiente del Sename en Talcahuano por parte de dos carabineros.

En concreto, las querellas contra Rozas apuntan a establecer el nivel de conocimiento de las actuaciones policiales que tenían los altos mandos y si hubo o no acciones para exculpar de responsabilidades a los autores.

La última acción judicial en su contra fue presentada en octubre luego de la formalización del carabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar a un adolescente al río Mapocho desde el Puente Pío Nono.

Esa querella contra Rozas invocó el delito de homicidio frustrado, pero en calidad de cómplice o encubridor.

En este proceso judicial también se ven involucrados Piñera junto a Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, ambos exministros del Interior.

Bio Bio

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/12/exjefe-de-carabineros-declaro-ante-la-fiscalia-por-crimenes-de-lesa-humanidad-y-violaciones-a-los-ddhh/

 

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Venezuela: Trabajadores de Ferroven denunciaron ser excluidos del reajuste de tabla salarial anunciado por Onapre

Trabajadores de Ferroven denunciaron ser excluidos del reajuste de tabla salarial anunciado por Onapre

Laura Clisánchez

Al no haber una publicación en Gaceta Oficial del aumento salarial, no hay base legal para reclamar el reajuste de salario, ni instrumento que obligue a la empresa a modificarlo.

Trabajadores, jubilados y dirigentes sindicales de Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven), denunciaron que fueron excluidos como sector privado del reajuste de tablas salariales anunciado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) en noviembre, en el marco de la Ley Antibloqueo.

Este reajuste es aplicado a los funcionarios del sector público, empleados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y, en teoría, a sus empresas afiliadas.

“A los trabajadores del sector privado nos colocaron en un estado de indefensión laboral (…) estamos conscientes de que no es el mejor momento de nuestra empresa debido a que ya tiene cuatro años paralizada (…) Nosotros dejamos los mejores años de vida en esa fábrica”, manifestó Gustavo Barrios, secretario de trabajo y reclamos de Unisintraferroven y miembro principal de la Interseccional de Trabajadores de Guayana (ITG).

Esta empresa privada -antigua planta de CVG Fesilven-, producía ferroaleaciones como insumos para los sectores de acero y aluminio. La crisis energética y falta de materia prima provocó que la producción fuese insustentable y sumió a la compañía en la improductividad desde hace cuatro años, dejando al 60% de sus obreros fuera de planta y al 100% de los trabajadores sin beneficios, tras desconocer el contrato colectivo.

Los trabajadores también exigen a la empresa y al Gobierno nacional un reajuste salarial que considere la cada vez mayor brecha para costear, al menos, la canasta básica alimentaria.

“Le hago un llamado de solidaridad y sensibilidad humana, a los representantes de Ferroven, para que tomen en cuenta esta difícil situación que estamos sufriendo los trabajadores”, dijo Barrios.

Barrios asegura que la única respuesta que han recibido los trabajadores ante la exigencia es que -efectivamente- el aumento del salario mínimo no ha sido publicado en Gaceta Oficial por lo que no hay basamento legal para reclamarlo, aunque algunos sectores laborales ya lo han recibido.

Juan Rojas, técnico electricista de la empresa con más de 20 años de servicio, informó que ya pautó una entrevista con el director del Ministerio del Trabajo en el estado Bolívar, Alfredo Spooner, para intentar llegar a un acuerdo luego de las elecciones parlamentarias. “Es necesario llegar a un acuerdo porque, en realidad, siempre la empresa se ha manejado por un decreto, y como no hay, no lo han hecho pues…”, aclaró.

“Mis compañeros de trabajo no cancelaron el 30 de noviembre con el sueldo nuevo (…) Excluyendo a un sector laboral, no se logra la mayor suma de felicidad posible”, expresó por su parte Barrios.

Con 40 años de servicio en el área de producción, el trabajador Celso Rojas tampoco fue incluido en los reajustes de tabla salarial, por lo que el 30 de noviembre tampoco percibió el pago. “No es justo que la empresa todavía esté pagando 400 mil bolívares mensuales vale, nadie puede vivir con ese monto, el gobierno nos dejó por fuera”, reclamó.

Francisco Polo, con 35 años de servicio en el área de producción, informó que el contrato colectivo -que la empresa desconoció desde que paralizó sus operaciones-, estipula que la compañía no solo está obligada a acatar el reajuste salarial, sino que debe pagar un monto 45% mayor.

“Lo que nosotros recibimos de salario es de hambre, que no cubre ni un jabón. Con 100 dólares Ferroven pagaban la nómina de todos los trabajadores. Dejaron a los trabajadores, a la deriva, a la ley de Dios”, dijo.

En noviembre, la oenegé Acceso a la Justicia alertó vía redes sociales que el gobierno de Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo para el sector público y privado, pensionados y jubilados a 1.200.000 bolívares sin anuncios ni publicación en Gaceta Oficial.

En ese momento se basó en dos indicios: el ajuste de tabla salarial de la administración pública que fijó como monto mínimo esa cantidad y que publicó Onapre, y el hecho de que entidades parafiscales sociales no permiten pago de salario menor a 1.200.000 bolívares. Cifra que continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

Sin anuncio oficial, el sector privado queda excluido del aumento. “Si la empresa no nos va a pagar, entonces que cierren de una vez”, sentenció Celso Rojas.

Fuente de la Información: http://www.correodelcaroni.com/laboral/7747-trabajadores-de-ferroven-denunciaron-ser-excluidos-del-reajuste-de-tabla-salarial-anunciado-por-onapre

 

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Uruguay: Fallece el expresidente uruguayo Tabaré Vazquez

Fallece el expresidente uruguayo Tabaré Vazquez

SFE 6 Diciembre 2020

Montevideo.- El ex presidente uruguayo Tabaré Vazquez ha fallecido a los 80 años tras una larga enfermedad, confirmó hoy en un tuit su formación política, el Frente Amplio.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente de honor”, se lee en el tuit, en el que se subraya que Tabaré Vazquez fue “un ejemplo de integridad política».

Vázquez anunció en agosto de 2019, cuando todavía era presidente, que le fue detectado un nódulo pulmonar con “características muy firmes” y que podía tratarse de “un proceso maligno».

Cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno, aunque tras un tratamiento médico, en principio se dio a conocer que estaba curado.

Vázquez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones como candidato del Frente Amplio, y ocupó la jefatura del Estado durante dos mandatos no consecutivos- de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.

El pasado 1 de marzo, tras finalizar su segundo período como mandatario, entregó la banda presidencial a Lacalle Pou, del Partido Nacional (de centroderecha), con quien en diciembre había viajado a Argentina para la toma de posesión de Alberto Fernández en un gesto de estabilidad institucional, pese a su diferente ideología.

EFE

Fuente de la Información: https://hoy.com.do/fallece-el-expresidente-uruguayo-tabare-vazquez/

 

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COVID-19 study will let some Medicare patients receive at-home antibody treatment

COVID-19 study will let some Medicare patients receive at-home antibody treatment

More than 5,000 Medicare beneficiaries will have access to at-home infusions.

UnitedHealth Group is launching a study that will let thousands of Medicare patients receive in their homes a new COVID-19 treatment that could prevent hospitalizations.

In partnership with the drug company Eli Lilly, Minnetonka-based UnitedHealth said Friday it would enroll in the study up to 500,000 people across 46 states, including Minnesota, with at least 5,000 patients expected to receive the monoclonal antibody treatment. In high-risk patients with mild or moderate disease, the treatment is thought to reduce the risk of hospitalization or serious illness.

Last month, Mayo Clinic became the first health system in Minnesota to begin administering the drug therapy, which is similar to a treatment received earlier this year by President Donald Trump. Vaccines for COVID-19 have been getting a lot of attention in recent weeks, but the development of effective treatments remains crucial, said Ken Ehlert, the chief scientific officer at UnitedHealth Group.

“In most diseases, the way these things work is, even if you have a vaccine you still need treatments that actually can help avoid the consequences of some of these diseases,” Ehlert said.

The treatment is manufactured by Indiana-based Eli Lilly and called bamlanivimab. It must be infused and is thought to work best when administered to patients early in their disease.

The study will let patients track their symptoms on a daily basis and get tested quickly if it looks like they might have been infected by the virus that causes COVID-19. UnitedHealth’s division for health care services would then send a nurse to a patient’s home to administer the treatment, which includes a one-hour infusion.

The process of developing the treatment, which is being made available without charge to patients through a federal contract, has been challenging from the start, said Dr. Daniel Skovronsky, the chief scientific officer at Lilly.

In February, the National Institutes of Health obtained blood from a patient who was among the first in North America to recover from the disease, Skovronsky said. Researchers from Lilly and a biotech company looked in the patient’s blood to identify antibodies that could bind the spike protein and neutralize the virus.

In March and April, the companies found “a very potent antibody that could fully neutralize the virus” and is the basis for the therapy, Skovronsky said. The companies then launched studies in patients before receiving emergency use authorization from federal regulators last month.

“That was an incredibly busy 10 months from identifying the virus to the first authorization of the first therapy that was built to fight the virus,” he said. “That process normally takes us about 10 years across the pharmaceutical industry.”

UnitedHealth Group is the parent company of UnitedHealthcare, which is the nation’s largest health insurer. The study will be open to people with Medicare Advantage health plan coverage through the company, which will help identify those with a health history that puts them at greatest risk from COVID-19.

“Intercepting the disease before it escalates may help to keep people out of the hospital and reduce the overwhelming burden on the health care system,” Ehlert said in a statement.

While bamlanivimab has been approved for emergency use, it is not yet known if the drug is safe and effective for the treatment of COVID-19, although results so far are encouraging. One goal of the study, Ehlert said, is to help learn if there are subgroups of patients who could benefit most.

This is a developing story. Check back for updates.

Fuente de la Información: https://www.startribune.com/unitedhealth-group-launches-covid-19-at-home-treatment-study/573289011/

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Starving In A Pandemic

Starving In A Pandemic

Athira Nortajuddin

This file photo shows impoverished Filipino children eating cups of soup during a feeding program by a child advocate group in Manila. (AFP Photo)

One of the 17 targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) include Zero Hunger, which is Goal 2 after Goal 1: No Poverty. The SDGs, also known as Global Goals were adopted in 2015 as a call to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030.

Unfortunately, the world is not on track to achieve Zero Hunger by 2030. The problem is now even further exacerbated by the COVID-19 pandemic.

According to the “State of Food Security and Nutrition in the World” report published last July by the United Nations (UN), it is estimated that nearly 690 million people went hungry in 2019, or 8.9 percent of the world’s population. This is an increase of 10 million from 2018, and 60 million in five years. However, the report forecasts that the pandemic could tip over 130 million more people into chronic hunger by the end of 2020.

Moreover, COVID-19 has increased food security risks in some parts of the world such as in the Asia-Pacific as strict quarantine measures and export bans on basic food items have affected all stages of food supply.

For example, in Cambodia, where there’s wide-spread poverty, consumers have been hit hard by lack of food supplies, a rise in prices of staple foods and also a halt of income due to the crisis. In April, Cambodia’s premier Hun Sen even announced that the country will halt rice exports to protect food security during the COVID-19 outbreak.

An article published by non-profit organisation, OneWorld Foundation last June titled, “Cambodia’s Food Insecurity Rises Due to COVID-19” states that “despite the government working towards ensuring a continuous operation of supply chains, food security is affected by lack of safety income-net for these Mekong delta inhabitants who are at the mercy of natural events and weather.”

The United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) has also warned that in the absence of timely action, the number of wasted children under-five could increase globally by about 15 percent this year due to COVID-19.

“COVID-19 has hit vulnerable families the hardest,” said Debora Comini, a UNICEF Representative. “Unless we urgently scale up prevention and treatment services for malnourished children, we risk seeing an increase in child illness and deaths linked to malnutrition.”

ASEAN member state Indonesia is already facing high levels of malnutrition. According to UNICEF, more than two million children in the country suffer from severe wasting, a condition characterised by low weight for height, and more than seven million children under-five are stunted. Indonesia is one of the countries hardest-hit by the COVID-19 virus in Southeast Asia. Overburdened health facilities, disrupted food supply chains and income loss due to the pandemic could lead to a sharp rise in the number of malnourished children in the archipelago stated UNICEF.

Death From Hunger

The UN World Food Programme (WFP) said seven million people have died of hunger as of October this year and the pandemic could double world hunger.

In an urgent call in July from the UN, the organisation said that COVID-19-linked hunger is leading to the deaths of 10,000 more children per month over the first year of the pandemic. Based on a worst-case scenario by the UN, nearly 180,000 children could die this year alone. In addition, the pandemic could also lead to young children missing 50 percent of their nutritional care and treatment services.

Hunger Index

Worldwide hunger and undernutrition, when calculated as a global average, can be classified as moderate. However, different countries face different challenges and situations on a yearly basis. According to the recently released Global Hunger Index (GHI) 2020, three countries surveyed have “alarming” levels of hunger (Madagascar, Timor-Leste, Chad), while more than 30 countries have “serious” levels of hunger based on the GHI Severity Scale. ASEAN member states Myanmar and Cambodia fall in this category.

Global hunger index ranking

Despite the aforementioned Southeast Asian countries’ “serious” levels of hunger, they have actually made significant improvement over the years. Both ASEAN member states were classified as having “alarming” levels back in 2000.

Vietnam, the Philippines and Indonesia have also made progress over the years in terms of combatting hunger as all three countries had “serious” levels of hunger a few years ago, but are now deemed “moderate.”

While some countries have made achievements and numerous efforts in reducing chronic hunger and poverty, the pandemic may cause setbacks, hampering some countries’ ability to make progress toward meeting the SDGs.

 

Fuente de la Información: https://theaseanpost.com/article/starving-pandemic

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India: Police in India Make First Arrest Under New Interfaith Marriage Law

Police in India Make First Arrest Under New Interfaith Marriage Law

A Muslim man was held under a state law passed to address accusations by Hindu nationalists that women are being lured into marriage in order to convert them to Islam.

The police in northern India have made their first arrest under a new anti-conversion law intended to curb “love jihad” — a highly contentious term used by Hindu nationalists who accuse Muslim men of luring Hindu women to marry them in order to convert them to Islam.

The arrest in the northern state of Uttar Pradesh came days after state legislators there approved the law aimed at curbing interfaith marriage, which makes forced religious conversion by marriage an offense punishable by up to 10 years in prison.

The law is the latest in a series of measures that have steadily marginalized the country’s Muslim minority, one of the world’s largest, since Prime Minister Narendra Modi and his Hindu nationalist party came to power in 2014.

Muslims have faced a wave of violence at the hands of Hindu nationalists and last year, the Modi government enacted a blatantly anti-Muslim citizenship law that critics said was the most alarming indication yet that it was trying to turn India into a Hindu-centric state.

The man arrested on Wednesday, Owais Ahmad, was accused of pressuring a Hindu woman who was married to another man to leave her husband and convert to Islam so she could marry him. The police said the woman’s father had previously filed and later withdrawn a kidnapping case, after his daughter had eloped with Mr. Ahmad in 2019 but then returned.

The recent complaint was filed by the father a few days before Wednesday’s arrest, which the district police said was the first under the new law.

“I have no link with the woman,” Mr. Ahmad, who is in his early 20s, told reporters. “I am innocent.”

One of the main proponents of the anti-conversion law is a firebrand Hindu monk, Yogi Adityanath, who is the head of Uttar Pradesh state and a member of Mr. Modi’s Hindu nationalist Bharatiya Janata Party.

Similar bills have been considered in other states controlled by the party, including Haryana, KarnatakaAssam and Madhya Pradesh.

In Madhya Pradesh, Netflix recently came under fire after Hindu nationalists demanded that the authorities investigate a scene in the television series “A Suitable Boy” depicting a Hindu girl and a Muslim boy kissing against the backdrop of a Hindu temple.

Mr. Adityanath has long been accused of rousing anti-Muslim sentiments. Electoral officials reprimanded him for hate speech and he once called Muslims “a crop of two-legged animals that has to be stopped.”

Since coming to power in his home state, a post often seen as a springboard for future prime ministers, Mr. Adityanath has made efforts to make the term “love jihad” mainstream and he has openly called for India to be enshrined as a Hindu nation, which has deeply worried many of the country’s 200 million Muslims.

He once created a volunteer vigilante organization, the Hindu Youth Brigade.

In 2007, following the death of a Hindu youth in clashes between Hindus and Muslims in Mr. Adityanath’s home state, he said, “If one Hindu is killed, we won’t go to the police. Instead we will make sure we will kill 10 Muslims.”

He was later arrested and held in custody for 15 days.

Intermarriage between Muslims and Hindus is relatively rare in India because of conservative norms.

While the country remains overwhelmingly Hindu, nearly 80 percent, the focus on interfaith relationships by anti-Muslim forces has been criticized as an attack on the country’s secular Constitution, which guarantees equal rights to all citizens regardless of religion. Issues involving marriage, divorce, alimony and inheritance are handled differently among religious populations.

To bolster secular ideals, India in 1954 overturned a British colonial-era law that required either the bride or groom in an interfaith marriage to renounce his or her faith.

Faizan Mustafa, an academic and a Muslim, said he was horrified at the speed with which many states with Hindu nationalist governments were racing to legislate against allegedly forced religious conversions.

He said this law was against the very idea of India and that the governing party was trying to divert the attention of people from rising unemployment, an ailing economy and its failure to stop the spread of coronavirus.

“They are taking away freedom of people to choose,” said Mr. Mustafa, “which has been given to us by the Constitution of this country.”

Fuente de la Información: https://www.nytimes.com/2020/12/03/world/asia/india-muslims-interfaith-marriage-arrest.html

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